David Ian Plourde Highland

Expediente 176/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
176/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
08/06/2022

Partes del expediente

  • David Ian Plourde Highland

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, por el que comunica el auto seis de junio del año en curso, dictado en el juicio de amparo directo *** del índice del tribunal en cita, del que se advierte que causó estado el diverso proveído de diez de marzo del presente año, en el que se declaró infundado en recurso de reclamación interpuesto por ***, devuelve el original del expediente principal del juicio de amparo *** del índice de este órgano jurisdiccional. Acúsese a la superioridad el recibo correspondiente. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, glósense al expediente principal devuelto únicamente las constancias originales que obran en autos del cuaderno de antecedentes que se integró con motivo del envío de aquél al tribunal colegiado, destruyéndose el resto. Comuníquese lo anterior a las partes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Sin que haya lugar a ordenar el archivo de los presentes autos, en razón de que ya fue ordenado en auto de once de marzo del actual.

  2. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que ya feneció el plazo de cinco días, sin que la parte quejosa hubiere recurrido el auto de veintiuno de febrero de dos mil veintidós; en consecuencia, se declara que dicho auto que desechó parcialmente la demanda de amparo, ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Comuníquese lo anterior a la parte quejosa y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otro lado, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, por medio del cual transcribe el auto diez de marzo del presente año, del que se advierte que dicho tribunal aceptó la competencia planteada por este órgano jurisdiccional; circunstancia de la que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Atento a lo anterior, remítase el presente sumario constitucional a la superioridad, para los efectos legales conducentes dentro del juicio de amparo directo *** de su índice, solicitando el acuse de recibo respectivo; fórmese cuaderno de antecedentes con las constancias conducentes. Una vez que obren en autos las constancias de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, archívese el presente expediente como asunto concluido. Se establece que el presente expediente carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el citado numeral; lo anterior, hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. Finalmente, procédase a la destrucción del presente expediente, una vez que haya transcurrido el plazo de tres años.

  3. Principal

    Visto el oficio de cuenta, en atención a su contenido, se tiene al actuario judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, transcribiendo el auto de cuatro de marzo de dos mil veintidós, dictado dentro del amparo directo *** de su índice, del que se advierte que dicho tribunal requirió al Juez Octavo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, la causa judicial *** de su registro, a efecto de estar en aptitud de determinar lo procedente; circunstancia de la se toma conocimiento para los efectos legales conducentes.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo que promueve ***. Fórmese expediente impreso y electrónico, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el libro de gobierno con el número 176/2022-L. Ahora bien, procede desechar la demanda de derechos fundamentales por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del suscrito y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Así las cosas, del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que el quejoso reclama: El auto de vinculación a proceso de veinte de septiembre de dos mil diecinueve, dictado dentro de la causa judicial *** del índice del Juez de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer. La sentencia condenatoria dictada el diecisiete de noviembre de dos mil veinte, dictada dentro de la causa judicial ***, emitida por el Juez Octavo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer. Con relación al acto reclamado marcado con el inciso a), se estima se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." De la interpretación del precepto legal parcialmente descrito, permite establecer que el motivo de improcedencia descansa en la inobservancia al principio rector del juicio de amparo, relativo a la presentación de la demanda de amparo, puesto que se entiende que un acto es consentido tácitamente por la parte quejosa cuando no promueve dentro del plazo establecido en los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo. Al respecto, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". En este orden de ideas, el artículo 17 antes transcrito prevé que por regla general el plazo para promover la demanda de amparo es de quince días con las únicas excepciones allí previstas, a saber: a) Treinta días, cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición. b) Hasta ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión. c) Siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. d) En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Luego, el plazo para promover la demanda de amparo se contará de la siguiente manera: 1. A partir del día siguiente al en que surta efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución reclamado; 2. A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución, y 3. A partir del día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de tales actos, salvo lo establecido en la fracción I del artículo 17, relativo a las normas de carácter heteroaplicativo. Entonces, de no instaurarse el juicio de garantías dentro de ese plazo, se entiende que el acto reclamado se ha consentido y, por consiguiente, que se surte la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XIV, de la Ley de la materia. Cabe precisar que, en ese sentido, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 57/2008, estableció que para poder tener consentido el acto reclamado, debe de existir en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo conocimiento completo del acto reclamado. Conforme a lo anterior, el plazo para promover el presente juicio de amparo es de quince días, en cualquiera de las hipótesis previstas en el artículo 18 de la Ley de Amparo, toda vez que el acto aquí reclamado no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación, destierro, cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, o la incorporación forzosa al servicio del ejército o armada nacionales, así también, dicho acto reclamado no involucra inconstitucionalidad de leyes reclamadas como autoaplicativas; en consecuencia, la demanda debió presentarse dentro del plazo de quince días que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo. Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa señala como acto reclamado -en lo que interesa- el consistente en: El auto de vinculación a proceso de veinte de septiembre de dos mil diecinueve, dictado dentro de la causa judicial *** del índice del Juez de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer. Ahora bien, el quejoso en su demanda de amparo manifestó, bajo protesta de decir verdad, que el veinte de septiembre de dos mil diecinueve, se le dictó auto de vinculación a proceso dentro de la referida causa judicial. "(.) 2.- El día dieciocho de septiembre del año dos mil diecinueve, se celebró audiencia inicial, ampliándose el término constitucional, por el término de setenta y dos horas, reanudándose la misma el día veinte del mismo mes y año antes referido, día en el cual se me dictó auto de vinculación a proceso por el delito de abuso sexual, dentro de la causa judicial ***." Lo anterior, constituye una confesión expresa, misma que no admite prueba en contrario de conformidad con los artículos 95, 96, 123 y 199, fracciones I, II y II, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Articulo 95.- La confesión puede ser expresa o tácita: expresa, la que se hace clara y distintamente, ya al formular o contestar la demanda, ya absolviendo posiciones, o en cualquier otro acto del proceso; tácita, la que se presume en los casos señalados por la ley." "Artículo 96.- La confesión sólo produce efecto en lo que perjudica al que la hace; pero si la confesión es la única prueba contra el absolvente, debe tomarse íntegramente, tanto en lo que lo favorezca como en lo que lo perjudique." "Artículo 123.- Contra la confesión expresa de hechos propios no se admitirá, a la parte que la hubiere hecho, prueba de ninguna clase; a no ser que se trate de demostrar hechos ignorados por ella al producir la confesión, debidamente acreditados, o de hechos posteriores, acreditados en igual forma." "Artículo 199.- La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran, en ella, las circunstancias siguientes: I.- Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II.- Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y III.- Que sea de hecho propio o, en su caso, del representado o del cedente, y concerniente al negocio". Como se puede ver de los artículos anteriormente transcritos, la confesión puede ser expresa o tácita: expresa, la que se hace clara y distintamente, ya al formular o contestar la demanda, ya sea al absolver posiciones, o en cualquier otro acto del proceso. La confesión expresa hará prueba plena cuando sea hecha por persona capacitada para obligarse, así como con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia y que sea de hecho propio; además, la confesión expresa es admisible en controversia constitucional, con carácter específico pues, de las pruebas contrarias a derecho, no puede admitirse la de posiciones, que consiste en que el absolvente (actor o demandado) realice manifestaciones a preguntas expresas de la contraparte. Ahora bien, si el veinte de septiembre de dos mil diecinueve, se celebró la audiencia en la cual se le dictó auto de vinculación a proceso por el delito de abuso sexual, dentro de la causa judicial ***, el peticionario de amparo contaba a partir del día siguiente con quince días para promover la demanda que nos ocupa, sin que lo haya hecho dentro de dicho plazo. Lo anterior, tomando en consideración que de conformidad con el artículo 63 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que las resoluciones de los Órganos Jurisdiccionales serán dictadas en forma oral, con expresión de sus fundamentos y motivaciones, quedando los intervinientes en ellas y quienes estaban obligados a asistir formalmente notificados de su emisión. En efecto, el plazo previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, transcurrió del veintitrés de septiembre al once de octubre de dos mil diecinueve, descontando de dicho cómputo los días inhábiles, en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. Por lo que resulta evidente que la presentación de la demanda que nos ocupa, se realizó fuera del plazo de quince días que al efecto prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, ya que se hizo el dieciocho de febrero de dos mil veintidós, según se desprende del sello de recepción inserto en la parte superior de la primera foja de la demanda, por lo que es inconcuso que transcurrió en exceso el plazo en mención. De lo anterior se colige que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, del propio ordenamiento legal. Por tanto, si el solicitante de amparo no ejerció en el plazo legal estipulado para ello, la acción de amparo, es evidente que consintió tácitamente los actos reclamados, y en esas condiciones, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los artículos 17, 18 y 113 de la Ley de Amparo; y, por consiguiente, es procedente DESECHAR LA DEMANDA LA DEMANDA DE AMPARO por lo que hace al referido acto reclamado. Respecto al diverso acto reclamado marcado con el inciso b), se advierte que este órgano jurisdiccional carece de competencia para conocer y resolver el asunto, acorde con lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 170, fracción I, de la Ley de Amparo y, 38, fracción I, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. De los aludidos numerales, se aprecia que el juicio de amparo directo procede en los siguientes casos: a) Cuando el acto reclamado es una sentencia definitiva o un laudo; y, b) Cuando el acto reclamado es una resolución que pone fin al juicio. Por su parte, el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, precisa que debe entenderse por sentencia definitiva cuando decida el juicio en lo principal, y por resolución que pone fin al juicio cuando sin decidirlo en lo principal, lo da por concluido. Por otra parte, los numerales 107, fracción V, del Pacto Federal; 170 de la Ley de Amparo; y, 38, fracción I, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, refieren a un Tribunal Colegiado de Circuito como órgano jurisdiccional competente para conocer de amparos promovidos contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, siempre que en todos los casos sean dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Finalmente, el artículo 47 de la Ley de Amparo, prescribe que cuando ante un Juez de Distrito se presente una demanda de amparo en la que se reclamen actos que se estimen sean materia de amparo directo, se declarará incompetente de plano y mandará remitir la demanda al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, en cuyo caso, este último órgano constitucional decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. Asimismo, dispone el referido arábigo 47 que si la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito apareciere del informe previo o justificado de la autoridad responsable, el Juez de Distrito se declarará incompetente en los términos indicados en el párrafo anterior, y comunicará tal circunstancia a la autoridad responsable para los efectos de la suspensión. Como se ve, el artículo 47 de la Ley de Amparo, autoriza al Juez de Distrito para que declare su incompetencia legal si estima que un Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer del asunto. Precisado lo anterior, este órgano jurisdiccional determina que resulta legalmente incompetente para conocer del acto reclamado marcado con el inciso b), consistente en la sentencia condenatoria dictada el diecisiete de noviembre de dos mil veinte, dictada dentro de la causa judicial ***, emitida por el Juez Octavo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, toda vez que constituye una sentencia definitiva. En ese contexto, el amparo directo es la vía idónea a la que puede acudir por ser éste el medio eficaz en el que se podrá resolver en definitiva sobre la constitucionalidad de la resolución impugnada. En las relatadas circunstancias, se declara que este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, carece de competencia legal para resolver el juicio de amparo promovido contra la sentencia condenatoria dictada el diecisiete de noviembre de dos mil veinte, dictada dentro de la causa judicial ***, emitida por el Juez Octavo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer. En esas condiciones, y en atención a que la competencia para conocer y resolver el presente asunto, se surte a favor de un Tribunal Colegiado, conforme a lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, inciso a), V, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 170 de la Ley de Amparo; y, 38, fracción I, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y con apoyo en lo previsto en el artículo 47 de la Ley de Amparo, remítase los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, en turno, para que resuelva si acepta o no la competencia planteada. En consecuencia, una vez que sea notificada la presente resolución, remítase copia certificada de la presente demanda a la superioridad, para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y como autorizados para tales efectos a las personas que refiere por así solicitarlo de manera expresa. Asimismo, se le tiene proporcionando los teléfonos y correo electrónico que indica para efecto de entablar comunicaciones no procesales. En cumplimiento al artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis; el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación, en el entendido de que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Asimismo, se instruye al secretario encargado del expediente para que una vez dictada la resolución que corresponda, se ingrese en el módulo Sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, en su caso, cuide los datos personales a que se refiere el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales" aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve. En el entendido de que es responsabilidad del secretario la elaboración y digitalización de la versión pública de la resolución con la que culmine el presente juicio, en términos de lo establecido por los artículos 118 a 120 de la aludida Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala · 10,983 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano