David Hugo Hernández Tapia
Expediente 717/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 717/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 14/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- David Hugo Hernández Tapia
Actuaciones
- Principal
Téngase por recibido el oficio vía electrónica procedente del JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN EL CIUDAD DE MEXICO y toda vez que se evidencia criptografía de la firma electrónica de la autoridad certificadora intermedia del Consejo de la Judicatura Federal; conforme a lo establecido en los artículos 107 a 110, del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; mediante el cual acusa recibo del diverso 12954/2017 e informa que acepta la competencia declinada en su favor y al efecto se avoca al conocimiento de la demanda promovida por --que le fue remitida con motivo de la incompetencia planteada. Ahora bien, hágase del conocimiento que se le envió el original del oficio 12954/2017 y el escrito original de la demanda de amparo promovida por -, toda vez que en fecha siete de diciembre de dos mil veinte, únicamente se le remitió vía interconexión la impresión de dicho oficio y del escrito de la demanda. Notifíquese.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que mediante circulares SECNO/29/2020, SECNO/01/2021, SECNO/04/2021, SECNO/06/2021, SECNO/9/2021 y SECNO/10/2021 se ordenó llevar a cabo las actividades jurisdiccionales del cinco de diciembre de dos mil veinte al diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, conforme al esquema de trabajo previsto en el acuerdo general 13/2020, esto es, únicamente en los juicios en línea, así como en los casos calificados como urgentes, por lo que en los asuntos que no se ubiquen en dichos supuestos, no corrieron plazos ni términos procesales, como es el caso del juicio en que se actúa. En consecuencia, a efecto de no retrasar la pronta administración de justicia, consagrada en el artículo 17 constitucional, se procede a acordar el presente asunto atendiendo al estado procesal en que se encuentra, en los términos siguientes: Vistas las constancias que obran en el juicio de amparo en que se actúa, así como el cuaderno de prueba, de los que se advierte que no obran las constancias necesarias para resolver el presente sumario; en consecuencia, requiérase al Juez Décimo Octavo Civil de la Ciudad de México, para que en el plazo de cinco días remita copia certificada, completa y legible de los documentos base de la acción del juicio especial hipotecario expediente número 149/2019, seguido por el tercero interesado en contra de la quejosa y otro, toda vez que son necesarias para resolver y analizar en su integridad el acto reclamado; ello, en razón de que las constancias que remitió el juez responsable en apoyo a su informe justificado fueron remitidas de manera incompleta, apercibido que de no hacerlo se hará acreedor a una multa de cincuenta días de salario mínimo general vigente en el la Ciudad de México, de conformidad con los artículos 237, fracción I, y 259 de la señalada ley de la materia. Por otro lado, del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encontraban señaladas las nueve horas con diez minutos del siete de diciembre de dos mil veinte, para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, fecha comprendida en el lapso señalado en líneas precedentes, por lo que no fue posible llevarla a cabo. En consecuencia, a efecto de no vulnerar derechos procesales de las partes y al haberse actualizado un caso fortuito o de fuerza mayor, se señalan las NUEVE HORAS CON NUEVE MINUTOS DEL SIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el presente juicio. En la inteligencia que los plazos legales no se reinician, sino continúan su curso, los cuales se computarán a partir de los días y horas transcurridos antes de la suspensión del procedimiento, lo cual deberá hacerse del conocimiento de las partes por medio de lista con base en las razones que se expresan a continuación. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, durante la vigencia de la Ley de Amparo de diez de enero de mil novecientos treinta y seis -abrogada por la vigente legislación reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, publicada el dos de abril de dos mil trece-, sostuvo en su momento el criterio de que el entonces artículo 30 de la referida normatividad, relacionado con el arbitrio que concede dicho precepto al juzgador para ordenar que se haga personalmente una determinada notificación, no puede quedar a la voluntad del juez, sino que tiene que ajustarse a los dictados de la razón, de acuerdo con las circunstancias de tiempo y lugar y con la trascendencia del acto a que la notificación se refiera, a efecto de que todas aquéllas resoluciones de trascendencia para las partes, lleguen a su conocimiento dándoles oportunidad de interponer las defensas procedentes o de cumplir con lo que ordenen las determinaciones judiciales. En ese sentido, dispuso que la resolución que ordena reanudar un procedimiento que se encuentra suspendido y fija además fechas para la recepción de las pruebas ofrecidas por las partes, es de gran trascendencia para estas, por lo mismo, debe estimarse que la notificación de dicha resolución debe hacerse personalmente y no por medio de lista -criterio que se emitió por la entonces Tercera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, bajo el epígrafe: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO (PROCEDIMIENTO EN EL AMPARO, REANUNDACIÓN DEL). Sin embargo, ese criterio debe entenderse desde la lógica de cuando el órgano jurisdiccional ha emitido una determinación que suspende el procedimiento y con motivo de tal circunstancia es trascendente que ordene la notificación personal cuando se reanude el mismo, para no dejar en estado de indefensión o en incertidumbre jurídica a alguna de las partes. A manera de ejemplo de ese tipo de resoluciones dictadas por el juzgador que paralizan el procedimiento dentro del procedimiento constitucional -en la vía de amparo-, pueden enunciarse las siguientes: En materia penal, cuando el amparo se promueve por persona distinta al agraviado -por imposibilidad de éste-, caso en el que el órgano jurisdiccional decretará la suspensión del procedimiento hasta que se logre la comparecencia de aquél -artículo 15 de la Ley de Amparo-. En la hipótesis de fallecimiento del quejoso o tercero interesado, cuando el "de cujus" no tiene representación legal en el juicio -numeral 16 del ordenamiento aludido-. Cuando no se puedan realizar las notificaciones por vía electrónica por fallas que interrumpan el sistema de envío y recepción de promociones -arábigo 30, fracción III de la legislación en comento-. Luego de que se suscite una cuestión de competencia -ordinal 42 de la ley de la materia-. En los incidentes, atento a la naturaleza del asunto, el órgano jurisdiccional podrá determinar si se suspende el procedimiento -dispositivo 67 de la invocada norma reglamentaria-. En los casos de resoluciones dictadas durante la tramitación del amparo indirecto que por su naturaleza trascendental y grave puedan causar un perjuicio no reparable a alguna de las partes, con la interposición de la queja el juez de distrito o tribunal unitario de circuito está facultado para suspender el procedimiento, hecha excepción del incidente de suspensión, siempre que a su juicio estime que la resolución que se dicte en ella pueda influir en la sentencia, o cuando de resolverse en lo principal, se hagan nugatorios los derechos que pudiera hacer valer el recurrente en el acto de la audiencia -precepto 102 de la aludida legislación-. En esos supuestos, si el juzgador dentro del juicio constitucional en forma particularizada hubiera emitido una determinación en la que dispusiera la suspensión del sumario de que se trata, lógicamente, al reanudarlo, de existir la posibilidad de dejar en estado de indefensión a cualquiera de las partes por desconocimiento de la continuación del procedimiento y si ello pudiera provocarles que no puedan ejercer su derecho a demostrar lo que a su interés convenga, debe ordenar por su trascendencia la notificación personal para las partes, por así permitirlo la fracción I, inciso k), arábigo 26 de la vigente Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 constitucionales, que dispone que en los juicios de amparo se harán las notificaciones en forma personal, cuando se trate de resoluciones que a juicio del órgano jurisdiccional lo ameriten. Pero no existe obligación de notificar personalmente la continuación de un juicio en forma particular, cuando la suspensión y reanudación de labores se dispuso para todos los procedimientos que se ventilan en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, con base en acuerdos generales precisos y claros, emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal -para el adecuado ejercicio de sus funciones y de la organización de los juzgados y tribunales que se sujetan a disposiciones de carácter administrativo de acuerdo con lo previsto en el artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 81, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación-, ya que con motivo de ese evento, basta con que estén publicados en el Diario Oficial de la Federación, para que en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, las partes con motivo de la publicidad de los mismos, no puedan argüir su desconocimiento de cuándo se restablecen efectivamente los plazos para el ejercicio de sus derechos. Por las razones que la informan, se trae a la palestra la Jurisprudencia 2a./J. 65/2000, emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal de la Nación, que a la letra dice: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." En ese sentido, el presente acuerdo en el que se señala la nueva fecha de la audiencia constitucional se ordena notificarlo a las partes por medio de lista, ya que no existe ningún precepto de la Ley de Amparo que imponga el deber al juzgador de comunicar personalmente el nuevo día y hora que se señala para que tenga verificativo la audiencia de ley. Se reitera, porque el procedimiento se suspendió -no con motivo de una determinación judicial- y se reanudó en cumplimiento a la circular SECNO/10/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19; y en concordancia con el Acuerdo General 21/2020, reformado mediante los Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020, ello, a partir del dieciocho de febrero de dos mil veinte, acuerdos cuya observancia general deriva del conocimiento que tienen los gobernados por haber sido publicados en los medios de difusión autorizados, en este caso en el Diario Oficial de la Federación, sin que correspondiera a una decisión emanada del quehacer particular jurisdiccional derivada del planteamiento de la problemática surgida entre las partes. Ilustran el sentido de lo razonado, los criterios emitidos por la Primera y Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo epígrafe y texto son los siguientes: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NOTIFICACION DE LA. NO EXISTE OBLIGACION LEGAL DE HACERLA PERSONALMENTE. Conforme al artículo 28, fracción III, de la Ley de Amparo, las notificaciones en los juicios de amparo que se tramiten en Juzgados de Distrito, se harán a los agraviados no privados de la libertad personal, a los terceros perjudicados, a los apoderados, procuradores, defensores, representantes, personas autorizadas para oír notificaciones y al Ministerio Público, por medio de lista. Así, si en el caso particular, el quejoso no se encuentra privado de su libertad, conforme al artículo mencionado las notificaciones que se le practiquen serán por lista, salvo que se tratase de un requerimiento o de algún acuerdo que, por sus características especiales, deba notificársele en forma personal. En consecuencia, tratándose del auto en el que se determina el día y hora de celebración de la audiencia constitucional, debe estarse a la regla general contemplada por el citado precepto, por lo que resulta correcto notificarlo por lista, correspondiendo al agraviado estar al pendiente de los autos que se dicten en la secuela del procedimiento y que se hacen del conocimiento de las partes por medio de lista, sin que exista razón lógica o jurídica para que, en estos casos, el citado proveído se tenga que notificar en forma personal, de acuerdo al artículo 30 de la Ley de Amparo." "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NOTIFICACION POR LISTA DEL ACUERDO QUE DIFIERE DE OFICIO LA. Ni el artículo 219, ni ningún otro precepto de la Ley de Amparo, impone a los Jueces de Distrito la obligación de notificar personalmente al quejoso el acuerdo en que se señala nuevo día y hora para la celebración de la audiencia constitucional cuando ésta ha sido diferida de oficio en atención a que la parte tercera perjudicada no había sido emplazada, de tal manera que es obligación del quejoso cerciorarse de la fecha en cuestión a través de la notificación que se le haga del acuerdo mencionado, por lista que para el efecto se fije en los estrados del juzgado; por consiguiente, no se deja en estado de indefensión al quejoso por no notificársele personalmente dicho acuerdo." A mayores datos, el criterio que se adopta no es por voluntad caprichosa de quien resuelve, sino en términos de los dictados de la razón de acuerdo con las circunstancias de tiempo y lugar, así como con la trascendencia del acto a que la notificación se refiere, cuenta habida que este órgano jurisdiccional no soslaya que se debe cumplir con la finalidad que persiguió el propio Consejo de la Judicatura Federal en los diversos acuerdos generales que se enlistaron, a efecto velar por la salud de las personas -actuarios y justiciables- que pudieran interactuar al momento de llevar a cabo una notificación personal. Aunado a que considerarlo de otro modo, retrasaría seriamente la impartición de justicia, pues implicaría hacer notificaciones personales en todos los asuntos de este juzgado, que como ya se vio, resulta innecesario, dada la publicidad que específicamente se le dio a la reanudación de las labores que quedó puesta de relieve en la circular SECNO/10/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Además, sería una labor titánica que se sumarían a la carga que se acumularía a este juzgado de distrito con motivo de los asuntos nuevos que se lleguen a recibir, que requieren de notificaciones personales, lo que podría colapsar en el sistema de notificaciones del propio juzgado, en una época en la que es factible privilegiar las comunicaciones por la vía electrónica. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Vista la demanda de garantías promovida; fórmese expediente y regístrese como juicio de amparo 717/2020-II. Ahora bien, del estudio integral de la demanda de cuenta se advierte que el acto reclamado lo constituye: "El auto de fecha veintiuno de octubre del año dos mil veinte, que me fue notificado el día diez de noviembre, mediante correo electrónico, donde la autoridad responsable determino cambiar la guarda y custodia provisional que ostento de mis menores hijos de nombres ***, en el juicio de Controversia del Orden Familiar Guarda y Custodia del expediente número 2088/2017, que se encuentra radicado en el Juzgado Trigésimo Noveno Familiar, con residencia en la Ciudad de México; es decir, la autoridad responsable determinó cambiar la guarda y custodia provisional del suscrito mediante el proveído en comento, por no cumplir con el régimen de visitas de cada quince días en los Centros de Convivencia con los abuelos maternos, pese a que en el mes de febrero de esta anualidad informe a la autoridad responsable que me habían cambiado de sede de trabajo a la Ciudad de Querétaro, por tanto no podía cumplir con su mandamiento de régimen de visitas, asimismo en el mes de septiembre referí el domicilio exacto donde desarrollaba la guarda y custodia provisional de mis hijos, además que no podía trasladarme hasta la Ciudad de México con mis hijos porque sale fuera de mi presupuesto familiar aunado que con la pandemia sanitaria era muy complicado cumplir con el mandato judicial impuesto de régimen de visitas y convivencias; siendo así las cosas, pido muy atentamente a esta autoridad DECRETE LA SUSPENSIÒN DEL ACTO PROVISIONAL Y EN SU MOMENTO LA SUSPENSIÒN DEL ACTO DEFINITIVO DE LA DETERMINACIÒN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN COMENTO para que continúen las cosas como se encuentran durante dicho juicio, porque no existen indicios, elementos ni mucho menos prueba y/o valoración psicológica que evidencie maltrato familiar entre mis menores hijos de nombres *** y el quejoso." Ahora bien, del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se observa la existencia, de los juicios de amparo 1087/2018, 248/2018 y 56/2018 promovidos por Agustín Ortega Cruz, contra actos del Juez Trigésimo Noveno de lo Familiar de la Ciudad de México, derivados del expediente 2088/2017, cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México. Es aplicable para el caso la Tesis: I.10o.C.2 K (10a.), sustentado por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 18, Tomo III, Página 2187, que dice: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS RESOLUCIONES DE LOS ÓRGANOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL QUE SE REGISTRAN EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE).El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la a P./J. 74/2006, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, junio de 2006, página 963, de rubro: "HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO.", sostuvo que conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, un hecho notorio en su aspecto jurídico, se conceptúa como cualquier acontecimiento de dominio público que es conocido por todos o por casi todos las miembros de un círculo social en el momento en que se pronuncie la decisión judicial, el cual no genera duda ni discusión y, por tanto, la ley exime de su prueba. Por otra parte, con la finalidad de estar a la vanguardia en el crecimiento tecnológico, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de Judicatura Federal, emitieron el Acuerdo General Conjunto 1/2014, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de septiembre de dos mil catorce, y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 10, Tomo III, septiembre de 2014, página 2769, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la firel, a través del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, con el objeto de generar una infraestructura suficiente para salvaguardar el derecho fundamental de una administración de justicia pronta, expedita, completa e imparcial, por lo que se implementaron las bases para el uso eficiente de las tecnologías de la información disponibles, con miras a generar en los juicios de amparo certeza a las partes de los mecanismos, mediante los cuales se integra y accede a un expediente electrónico; lo anterior, en congruencia con el contenido de los diversos Acuerdos Generales 29/2007 y 28/2001, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicados en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos XXVI, septiembre de 2007, página 2831 y XIII, mayo de 2001, página 1303, respectivamente, que determinan el uso obligatorio del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En ese sentido, se concluye que las resoluciones de los órganos del Consejo de la Judicatura Federal que se registran en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en términos del precepto legal en cita, constituyen un hecho notorio para resolver los juicios de amparo, en tanto genera un conocimiento completo y veraz de la emisión y sentido en que se dictó un auto o una sentencia que, además, son susceptibles de invocarse para decidir en otro asunto lo que en derecho corresponda." Con base a lo anterior y a efecto de aprovechar el conocimiento previo que el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, tuvo con anterioridad en los juicios de amparo1087/2018, 248/2018 y 56/2018, se considera que el titular de dicho órgano jurisdiccional es el competente para conocer de cuestiones, posteriores derivadas del aludido juicio de origen 2088/2017, del índice del Juez Trigésimo Noveno de lo Familiar de la Ciudad de México, y evitar posibles sentencias contradictorias, que versan sobre temas derivados de tal juicio natural, es que este Juzgado Federal no debe conocer de la presente demanda. De manera que, este Juzgador carece de competencia legal para pronunciarse respecto del presente asunto promovido por Hugo David Hernández Tapia, contra actos del Juez Trigésimo Noveno de lo Familiar de la Ciudad de México, derivados del juicio 2088/2017, seguido por ***, ya que por cuestión de turno y último antecedente relacionado debe conocer el titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. Lo anterior en términos, del artículo 45, fracción II, en relación con el artículo 46 fracción II, que establece las disposiciones materia administrativa de los órganos jurisdiccionales del Acuerdo General, los cuales exponen: "Artículo 45..¨ II. Forma Relacionada: Sí al capturar los datos de registro del asunto, el sistema computarizado arroja un antecedente que lo vincule con otro registrado con anterioridad, ya sea por disposición expresa de la ley o conforme a un criterio de relación, general o específico, de los contenidos en el propio sistema, se turnará al mismo órgano jurisdiccional que conoce o conoció de aquél." "Artículo 46. . [.] II. El juicio de amparo directo o indirecto promovido contra actos provenientes de un expediente administrativo o jurisdiccional, averiguación previa o ejercicio de la acción penal, se turnara al órgano jurisdiccional que haya conocido de otro amparo promovido contra actos derivados de esos mismos asuntos; Cuando se turne un asunto al órgano jurisdiccional y éste estime que es a otro al que corresponde conocer del asunto por razón de turno, lo remitirá con sus anexos, al juzgado o tribunal que considere debe conocer; recibido dicho asunto por el órgano requerido éste decidirá si acepta o no el conocimiento de mismo. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación a las partes que dará aviso a la oficina de correspondencia común a fin de equilibrar las cargas de trabajo. En caso contrario de no aceptar, devolverá el asunto al requirente, quien resolverá si insiste en no conocer del asunto por razón de turno, si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido. Si persiste en ello, sin suspender el trámite y únicamente con copia certificada de las constancias que acrediten lo argumentado; así como, la propuesta que se planteé, formulará consulta a la comisión de Creación de Nuevos Órganos, la que resolverá de plano." De la interpretación sistemática de los preceptos transcritos, se advierte que el turno de las demandas, en su modalidad relacionada, se realizará cuando el sistema arroje un antecedente que vincule el asunto con otro registro con anterioridad; entre los criterios generales de relación, la fracción II del artículo 46 de la normativa invocada refiere, que uno de ellos, se actualizará cuando el juicio constitucional se promueva contra actos provenientes de un expediente jurisdiccional, del que otro órgano federal ya hubiese conocido, tal y como acontece en la especie. Por tanto, tales circunstancias actualizan la hipótesis de relación contenida en la fracción II, del artículo 46, del acuerdo general en cita, ya que los actos que ahora se reclaman tienen como origen el juicio 2088/2017, del índice del Juzgado Trigésimo Noveno de lo Familiar de la Ciudad de México, del que ya conoció en última instancia el homólogo Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en los diversos juicios de amparo 1087/2018, 248/2018 y 56/2018; de modo que por cuestión de turno por conocimiento previo, será ese órgano jurisdiccional quien debe avocarse al conocimiento del presente asunto. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 2ª./J. 129/2010 aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del ocho de septiembre de dos mil diez, visible en el tomo XXXII, Septiembre de 2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 163865, relativo a la Novena Época, página 189 cuyo rubro y texto es el siguiente: "COMPETENCIA POR TURNO. EL INCISO B) DEL ARTICULO 9 DEL ACUERDO GENERAL 48/2008 DEL POLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL QUE REGULA LA ASIGNACIÓN DE ASUNTOS MEDIANTE EL SISTEMA DE RELACIÓN, NO CONTIENE EXCEPCIÓN ALGUNA EN CUANTO AL TIPO DE CONOCIMIENTOS PREVIO PARA EL RETURNO DE LOS ASUNTOS." En virtud de lo anterior, y en cumplimiento al referido Acuerdo, remítase al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, el juicio de amparo 717/2020-II, promovido por Hugo David Hernández Tapia, contra actos del Juez Trigésimo Noveno de lo Familiar de la Ciudad de México, y diez copias de demanda, a efecto de que provea lo que en derecho corresponda, y se le solicita respetuosamente, el acuse de recibo, e informe sobre su determinación. Fórmese el cuaderno de antecedentes con las constancias necesarias para formar la historia procesal completa, del presente sumario constitucional, y en su oportunidad archívese este expediente como asunto concluido. De conformidad con el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por señalado el domicilio que cita para oír y recibir notificaciones en su ocurso, asimismo, se le tiene por autorizado en términos amplios que le confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo a ***, quien tiene registrada debidamente su cédula en el sistema computarizado que para tales efectos lleva el Consejo de la Judicatura Federal, no así a los profesionistas ***, a quienes se les autoriza únicamente en términos de la última parte del segundo párrafo del citado numeral, hasta en tanto acredite ante este Juzgado contar con la autorización a que refiere dicho precepto, debiendo exhibir cédula profesional o autorización para actuar como licenciado en derecho para satisfacer los artículos 26 y 29 de la Ley Reglamentaria del artículo 5° Constitucional relativo al Ejercicio de las Profesiones; sin embargo, si ya tiene reconocida, expresa o implícitamente dentro de otro juicio de amparo el carácter de autorizado en los términos amplios, dicha autorización continuará surtiendo todos los efectos legales en esta instancia y por autorizada para los mismos efectos a la diversa persona que menciona. En consecuencia, se le exhorta al promovente para que continúe con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", y como herramienta adicional se hace de su conocimiento que el correo oficial de este juzgado es 8jdo1ctoc@correo.cjf.gob.mx, medio electrónico por el cual, también podrán promover lo relativo al presente juicio, tratándose de actuaciones no procesales. Asimismo, proporcione su correo electrónico para que se les realicen las notificaciones de mérito por esa vía o solicite que éstas se le realicen vía electrónica, pues de lo contrario no se cumpliría con la finalidad del juicio en línea.
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