David Horacio Chapa Melo
Expediente 825/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 825/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 21/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- David Horacio Chapa Melo
Actuaciones
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo, a veintiuno de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos y desprendiéndose de la certificación secretarial que antecede, se advierte que no se recurrió el auto de siete de julio de dos mil veintiuno, dentro del término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo según lo refiere el artículo 2, se declara que, HA CAUSADO ESTADO la determinación por la cual se desechó de plano por improcedente la demanda de amparo promovida por David Horacio Chapa Melo, para todos los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental, porque no está en el catálogo de los señalados en su artículo 15. Por otra parte, en términos de los artículos 12, 14 y 21, inciso d) del indicado Acuerdo General, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se desechó el presente juicio de amparo. Por tanto, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. Finalmente, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo. Notifíquese.
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo, a diecinueve de julio de dos mil veintiuno. Agréguense a los presentes autos los escritos signados por Nicolás Miguel Hernández, en su carácter de autorizado de la parte quejosa. En atención a su contenido, solicita la devolución de documentos que exhibió en su escrito inicial de demanda; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, procédase a devolver dichos documentos, dejando copia certificada, previa razón de recibo que obre en autos. Notifíquese.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por ***, contra actos que reclama del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 825/2021-III, del índice de este Juzgado Federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E.-. DESECHAMIENTO Ahora bien, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de derechos, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que, de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda en cuestión. Asimismo, de conformidad con el artículo 113 de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano. Lo anterior es así, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiere la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situación que en el caso a estudio acontecen. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Dicho precepto autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Apoya la anterior consideración la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/4, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Ahora bien, de la lectura íntegra que se realiza a la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, es: El oficio DH/AC/V/046/2021 de trece de mayo de dos mil veintiuno, emitido por la Gerente de Cobranza Delegación Hidalgo del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en el que, esencialmente, aclara al aquí quejoso que su crédito está basado en "VSM" (veces de salario mínimo) vigente en la Ciudad de México, al haberse otorgado el once de septiembre de dos mil ocho, en el que devenga una tasa de interés del 9.5% anual, por lo que está contemplado a terminarse en el lapso de 360 pagos, equivalente a treinta años, sin contar reestructuraciones o prórrogas, la cuales se le sumarían al período ya establecido, por lo que su adeudo total es de $235,714.00 (doscientos treinta y cinco mil setecientos catorce pesos 00/100 M.N.). Precisado lo anterior, este Juzgado estima que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I y 5, fracción II, interpretados estos últimos en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo. Primeramente, es importante destacar que el artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 103. Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o la autonomía de la Ciudad de México, y III. Por normas generales o actos de las autoridades de las entidades federativas que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal." Por su parte, la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, así como el diverso numeral 1, fracción I de la citada legislación, señalan lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De lo anterior es dable concluir, fundadamente, que el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo será improcedente en los casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la ley de la materia. En tanto que la fracción I, del artículo 1 de la misma legislación, establece que el juicio de amparo tiene por objeto, resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte. Así las cosas, el acto reclamado en esta instancia constitucional no fue emitido en una relación de supra a subordinación -entre una autoridad y el gobernado-, sino en una relación de coordinación, es decir, en un plano de igualdad entre el quejoso y la autoridad responsable; por tanto, no le reviste el carácter de autoridad para los efectos del amparo, pues en el caso que nos ocupa, se advierte que la parte quejosa, esencialmente, se duele del oficio DH/AC/V/046/2021 de trece de mayo de dos mil veintiuno, emitido por la Gerente de Cobranza Delegación Hidalgo del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en el que, esencialmente, aclara al aquí quejoso que su crédito está basado en "VSM" (veces de salario mínimo) vigente en la Ciudad de México, al haberse otorgado el once de septiembre de dos mil ocho, en el que devenga una tasa de interés anual del 9.5%, por lo que está contemplado a terminarse en el lapso de 360 pagos, equivalente a treinta años, sin contar reestructuraciones o prórrogas, la cuales se le sumarían al período ya establecido, por lo que su adeudo total es de $235,714.00 (doscientos treinta y cinco mil setecientos catorce pesos 00/100 M.N.). Asimismo, es de advertirse que la finalidad del juicio de amparo es restituir a los gobernados en el goce de las garantías individuales vulneradas por un acto de autoridad. En principio, para determinar si en el presente juicio de garantías la acción constitucional es procedente, es necesario determinar qué debe entenderse por autoridad para efectos del juicio de amparo. A su vez, el artículo 5, fracción II, del citado ordenamiento, refiere que es autoridad responsable quien, con independencia de su naturaleza formal, es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, tal y como se advierte del transcrito numerario. "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Ahora, al respecto es preciso tener en cuenta diversas puntualizaciones que se vinculan necesariamente con tal premisa, como son las relativas a los conceptos de "autoridad responsable", "acto de autoridad" y a la clasificación teórica de las relaciones jurídicas de coordinación y supra a subordinación; a partir de las cuales se entiende a plenitud la conformación de un acto de autoridad, y sus diferencias con los actos de particulares. La definición del concepto "autoridad responsable" a que se refiere el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, ha sido delimitada con precisión por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete de la Constitución General de la República, tal como se puede observar en la tesis visible en la página 118, del Tomo V, correspondiente al mes de febrero de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO." Al tomar en cuenta las consideraciones contenidas en el criterio invocado, es dable concluir que es autoridad aquella persona física o moral perteneciente a la Federación, los Estados o los Municipios, que con facultades de facto o de jure, en uso del poder público de decisión o ejecución, o bien de ambas, de manera unilateral y obligatoria, crea, modifica o extingue situaciones generales o concretas, de hecho o jurídicas, en perjuicio del gobernado; todo lo cual, válidamente, permite estimar, a su vez, que los elementos necesarios para la conformación de un acto de autoridad, son los siguientes: a) Que su emisor tenga características de órgano público; b) Que las normas jurídicas le otorguen potestad para actuar; c) Que sea dictado unilateralmente afectando la esfera jurídica del gobernado. En ese tenor, el concepto de autoridad para efectos del amparo excluye los actos de particulares, siempre y cuando no realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos en términos de la fracción II del artículo 5 de la Ley de Amparo, sobre los cuales, la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo determinan que éste resulta improcedente. Ahora, en relación con esta distinción entre actos de autoridad y actos de particulares, tiene injerencia y relevancia el análisis de la clasificación de las relaciones jurídicas de coordinación y de supra a subordinación que, como se dijo líneas arriba, resulta necesario tener en cuenta para demostrar plenamente que el acto reclamado en el presente juicio al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, consistente en la emisión del oficio DH/AC/V/046/2021 de trece de mayo de dos mil veintiuno, emitido por la Gerente de Cobranza Delegación Hidalgo del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en el que, esencialmente, aclara al aquí quejoso que su crédito está basado en "VSM" (veces de salario mínimo) vigente en la Ciudad de México, al haberse otorgado el once de septiembre de dos mil ocho, en el que devenga una tasa de interés del 9.5% anual, por lo que está contemplado a terminarse en el lapso de 360 pagos, equivalente a treinta años, sin contar reestructuraciones o prórrogas, la cuales se le sumarían al período ya establecido, por lo que su adeudo total es de $235,714.00 (doscientos treinta y cinco mil setecientos catorce pesos 00/100 M.N.), lo cual no constituye un acto de autoridad. Sobre el particular, se tiene que las relaciones de coordinación presuponen un plano de igualdad, en el que las partes, generalmente particulares, se encuentran en un mismo nivel, teniendo que acudir a los procedimientos ordinarios establecidos en las leyes respectivas para dirimir sus controversias; de tal manera que dentro de este tipo de relaciones se encuentran, verbigracia, las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. Por su parte, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público, que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado, entre los que destacan, a guisa de ejemplo, el contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos. Este último tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Carta Magna establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, siendo entonces las que se vinculan con el entendimiento de los actos de autoridad. Aclarado lo anterior, cabe afirmar que, en la especie, el derechohabiente, aquí quejoso, obtuvo el crédito hipotecario individual 1308022477, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, por la cantidad de $286,351.20 (doscientos ochenta y seis mil trecientos cincuenta y un pesos 20/100 M.N.), a un plazo de treinta años, del cual solicitó por escrito el desglose detallado de su estatus, así como la forma en que se distribuyen los pagos mensuales que realiza, la descripción detallada de los montos que corresponden a cada una de sus aportaciones, el monto total que se ha cubierto y el monto pendiente; en respuesta a dicha petición, la responsable, por conducto de la Gerente de Cobranza Delegación Hidalgo de su adscripción, emitió el oficio DH/AC/V/046/2021 de trece de mayo de dos mil veintiuno, en el que, esencialmente, aclara que su crédito está basado en "VSM" (veces de salario mínimo) vigente en la Ciudad de México, al haberse otorgado el once de septiembre de dos mil ocho, en el que devenga una tasa de interés del 9.5% anual, por lo que está contemplado a terminarse en el lapso de 360 pagos, equivalente a treinta años, sin contar reestructuraciones o prórrogas, la cuales se le sumarían al período ya establecido, por lo que su adeudo total es de $235,714.00 (doscientos treinta y cinco mil setecientos catorce pesos 00/100 M.N.) -como se advierte en la demanda de derechos-. Luego, de lo anterior se pone de manifiesto que la relación jurídica entablada con motivo del acto reclamado, consistente en la omisión de dar cumplimiento a la minuta del acuerdo de referencia, únicamente se ubica dentro de las denominadas de coordinación, que, como se ha visto, excluye la idea de un "acto de autoridad" que es la que impera en las relaciones de supra a subordinación. Esto es, el acto aquí combatido no puede considerarse un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, dado que deriva de una relación jurídico procesal entablada en un plano de igualdad y coordinación; aunado a que tal dependencia no ha emitido un acto unilateral a través del cual cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectaran la esfera legal del gobernado, ahora quejoso, que pudiera exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. Es aplicable al caso por las razones que informa y similitud jurídica, la tesis aislada de datos de localización, de rubro: "AMPARO. EN EL JUICIO RELATIVO NO ES PROCEDENTE RECLAMAR ACTOS DERIVADOS DE RELACIONES DE SUPRAORDINACIÓN O DE COORDINACIÓN, SÓLO DE SUPRA A SUBORDINACIÓN ENTRE AUTORIDADES Y PARTICULARES." En estas circunstancias, con base a lo antes expuesto es inconcuso que la acción por parte del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, de dar respuesta a la petición del quejoso en cuanto a su crédito hipotecario individual mediante el oficio DH/AC/V/046/2021 de trece de mayo de dos mil veintiuno, no constituye un acto de autoridad y, por ende, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia en examen, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción II, de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo promovida por David Horacio Chapa Melo, contra actos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Máxime que, a nada práctico conduciría admitir a trámite la demanda, pues al dictarse la sentencia correspondiente irremediablemente se sobreseería en el juicio, por ello, resulta conveniente desechar de plano, desde este momento la demanda de cuenta, con objeto de que la parte quejosa tenga conocimiento con expeditez, del resultado de la promoción de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional. Además, la particular circunstancia de que se deseche la presente demanda de garantías al actualizarse la causal de improcedencia descrita, no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los órganos de amparo no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses de los solicitantes, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento; de tal suerte que, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para resolver un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negarse que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no se comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico. Encuentra sustento lo anterior, en la tesis identificada con el número CCLXXV/2012, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página quinientos veinticinco, Tomo 1, Libro XV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de dos mil doce, Materia Constitucional, Décima Época, que dispone: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano.". DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda. Asimismo, se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Nicolás Miguel Hernández (3372050), así como únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, a la otra persona señalada, toda vez que no acreditó contar con el registro de su cédula profesional en el Módulo de Consulta Jurídica del Consejo de la Judicatura Federal; sin perjuicio de que durante la tramitación del presente juicio acredite lo anterior y previa manifestación de la parte quejosa para tenerla como autorizada en términos amplios. En otro tenor, en atención a la petición del quejoso, no ha lugar a tener como medios para llevar a cabo las notificaciones relativas al presente juicio, los correos electrónicos que proporciona, debido a que dichas vías no se encuentran contempladas en el artículo 26 de la Ley de Amparo; sin embargo, se tienen como formas especiales y expeditas de contacto, a través de las cuales se podrán entablar comunicaciones no procesales, conforme a lo dispuesto en la fracción II del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. Además, dígasele que la consulta de las listas de publicación de los acuerdos y/o resoluciones emitidos por este órgano jurisdiccional, pueden ser consultadas vía internet, a través del Portal del Consejo de la Judicatura Federal, desde donde, también, puede obtener la impresión correspondiente, dado que contienen las firmas electrónicas de los funcionarios públicos que lo suscribieron, la cual para efectos jurídicos es el equivalente a la firma manuscrita, que da validez al contenido del acuerdo correspondiente, ya que es el conjunto de datos en forma electrónica, consignados junto a otros o asociados con ellos, que son utilizados como medio de identificación del firmante. SE HABILITAN DIAS Y HORAS Igualmente y en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio de derechos deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas, así como para el caso de que una vez que se haya cerciorado el funcionario judicial, que el domicilio en el que se actúa es el señalado en autos como de la persona a notificar, proceda en los términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo levantar acta circunstanciada con las razones conducentes. MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento queda autorizada la toma de fotografías de constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, por persona previamente autorizada para ello; en el entendido de que el uso de dichas fotografías será responsabilidad de quien las obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. Notifíquese personalmente.
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