David Honorio Jiménez Núñez

Expediente 339/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 19 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
339/2022
Año
2022
Actuaciones
19
Última actuación
06/06/2023

Partes del expediente

  • David Honorio Jiménez Núñez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, seis de junio de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito signado por José A. Priego Miranda, en su carácter de autorizado de la parte quejosa, recibido en línea recibido en línea, en virtud de que dicho escrito cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, provéase lo conducente. En atención a su contenido, y con fundamento en el artículo 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoria a la Ley de Amparo, que prevé el derecho de las partes para pedir, en cualquier asunto judicial en todo tiempo y a su costa copias certificadas de cualquier constancia o documento que obre en autos y la correlativa obligación del órgano jurisdiccional de expedirlas, sin audiencia previa de las demás partes. Asimismo, en relación a los artículos 22 y 36 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en términos de los cuales, las constancias firmadas electrónicamente cuentan con validez legal suficiente y no requieren firma autógrafa o certificación para ser añadidas al expediente físico, pues basta para ello que cuenten con la evidencia criptográfica correspondiente. En esas condiciones como lo solicita el promovente remítase las constancias que cita en su escrito de cuenta, al correo electrónico josepriego@hotmail.com, para los efectos legales conducentes. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, primero de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Secretaria de Acuerdos de la Quinta Sala del Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en Xalapa, Veracruz; atento a su contenido, téngasele acusando recibo del oficio 33901, por el cual se le notificó el proveído de once de noviembre del año en curso, por el cual este órgano jurisdiccional declaró cumplido el fallo protector dictado en el presente asunto. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    IV. Con esta fecha se notifica por este conducto a las partes quejosa y tercera interesada el proveído tres de noviembre de dos mil veintidós, mismo que a la letra dice: Atento a la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a las partes quejosa y tercero interesado mediante proveído de tres de noviembre de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que las partes hicieran manifestación alguna. Ahora, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, o no existe materia para la ejecución. En primer término, cabe decir que en sentencia de seis de septiembre de dos mil veintidós (fojas 51 a 64), se concedió el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa David Honorio Jiménez Núñez, para los efectos siguientes: "[.] se concede el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto que: a) La Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, deje insubsistente la resolución de ocho de marzo de dos mil veintidós, dictada en el Toca Penal 187/2021 de su índice. b) En su lugar emita otra resolución, en la que reasuma la jurisdicción que le corresponde y con plenitud resuelva la apelación interpuesta por la defensa, dirimiendo en su integridad la cuestión planteada. [.]" Mediante proveído de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós (foja 89 a 90), causó ejecutoria la sentencia y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa. Por auto de tres de noviembre de la presente anualidad, se acordó y ordenó dar vista a las partes quejosa y tercero interesada con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las citadas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo anterior es así, debido a que mediante oficio 2614 C/A la secretaria de acuerdos de la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, remitió copia certificada de la resolución de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, de la que se advierte que dejó insubsistente la diversa de ocho de marzo del citado año, que resolvió el recurso de apelación interpuesto en contra de la determinación de once de mayo de dos mil veintiuno, pronunciada por el Juez Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz, en los autos de la causa penal 191/2019 de ese índice. Ahora bien, en la ejecutoria de amparo se indicó a la autoridad responsable, que debía reasumir la jurisdicción que le correspondía y con plenitud de jurisdicción realizara lo siguiente: Dirimir en su integridad la cuestión planteada, es decir, resolver si el Juzgador de primer grado estuvo en lo correcto al considerar que los medios de prueba tomados en cuenta para dictar formal prisión al ahora quejoso fueron desvanecidos por datos obtenidos con posterioridad al dictado del auto de plazo constitucional. Analizar las manifestaciones realizadas por la apoderada legal de la víctima. En relación al inciso a), la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, determinó que el resolutor primario atendió a la regla de valoración de las pruebas y el arbitrio judicial previsto en el artículo 277 del Código 590 de Procedimientos Penales para el Estado de Veracruz, ya que de forma individual y en conjunto, apreció las pruebas que le fueron puestas en su consideración con motivo del incidente planteado, las cuales no sólo atienden a las del actor incidentista sino a las que obran dentro de la causa penal 191/2019, que sirvieron para sujetar a proceso a David Honorio Jiménez Núñez, es decir, las que se tomaron en consideración para acreditar el cuerpo del delito de falsedad ante la autoridad y que resultan las mismas que sirvieron para justificar la probable responsabilidad del inculpado. Así, valoró que en el presupuesto procesal de fondo se fijaron las bases para la continuación del procedimiento en contra de la parte quejosa, al haberse variado el delito de fraude procesal por el que inicialmente se había ejercitado acción penal en su contra al de falsedad ante la autoridad, coincidiendo con el juzgador primario que una de las pruebas directas que se encuentran desvanecidas y que sirvieron para acreditar la corporeidad material del ilícito de referencia, lo es la documental pública consistente en el certificado número 225149 signado por el Encargado del Registro Civil de Tuxpan, Veracruz. Además, consideró que se tomaron en consideración las restantes pruebas que sustentaron oportunamente la corporeidad jurídica del delito de falsedad ante la autoridad previsto en el artículo 333 del Código Penal vigente para el Estado de Veracruz al momento de los hechos, con las que la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado dentro de la resolución del toca 2372/2014, de siete de marzo de dos mil dieciocho, tuvo por comprobado el ilícito de referencia. Seguidamente, consideró que se determinó que la conducta humana del agente activo se adecuaba a la descripción típica descrita, porque en fecha veinticuatro de septiembre de dos mil ocho, presentó un escrito ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tuxpan, Veracruz, promoviendo diligencias de información testimonial ad perpetuam con el objeto de obtener título supletorio de dominio respecto de la fracción de terreno rústico con la superficie de 2-84-71-51 hectáreas, ubicado en la Ex Hacienda Asunción y Santiago del Municipio de Tuxpan, Veracruz, basando su acción en el Certificado de no gravamen de dos de septiembre de dos mil ocho, expedido por el Registro Público de la Propiedad de dicho Municipio, en el cual se hizo constar que el inmueble en cuestión no se encontraba inscrito a nombre de persona alguna así como en los testimonios de Leonardo Ortíz Vargas y Sabas Ortiz Vargas, cuyo documento base, según los datos de investigación de la causa penal número 191/2019 resultó inexistente. Ello, con base en el certificado número 225149 de ocho de marzo de dos mil doce, expedido por el Encargado del Registro Público de la Propiedad de Tuxpan, Veracruz, en el que se hizo constar que no se encontró en el legajo de certificados correspondientes al mes de septiembre de dos mil ocho, archivo alguno del certificado de no inscripción exhibido dentro de las diligencias testimoniales ad perpetuam antes referidas; por tanto, se estimó que el promovente faltó a la verdad ante una autoridad jurisdiccional, al afirmar que no existía registro de inscripción de dicho inmueble a nombre de persona alguna y en base a ello obtuvo el título supletorio de dominio a su favor respecto del citado inmueble. En esa línea, bajo su óptica jurídica, fue correcto que el juzgador de origen, estimara que la prueba directa que sostuvo la corporeidad jurídica del delito en estudio conforme la resolución de siete de marzo de dos mil dieciocho dentro del toca 2372/2014, se desvanece por cuanto al alcance probatorio que inicialmente se le otorgó, pues se dispone de las copias certificadas del expediente 356/2013 del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, en Tuxpan, Veracruz, consta el oficio 1473 de veintitrés de abril de dos mil trece, signado por el Encargado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esa Ciudad, con el que se corrobora la autenticidad del certificado base ofrecido en las diligencias de información ad perpetuam promovidas por David Honorio Jiménez Núñez, que dieron lugar a la radicación del expediente 970/2008 del citado índice. Luego entonces, la autoridad responsable concordó en que el promovente no faltó a la verdad o afirmó hechos falsos al momento de la presentación de su promoción de diligencias de información testimonial, al considerar claro que el documento exhibido es irrefutable, pues si bien en un principio se dijo no fue localizado en el archivo correspondiente a los registros del año dos mil ocho, esto se debido a que el mismo se encontraba extraviado y posteriormente fue localizado, por lo que se reconoció su existencia, así como el contenido, firma y sello oficial; aunado a que fue exhibido el Formato Único de Solicitud y Expedición de Certificado de dos septiembre de dos mil ocho, que sustenta la veracidad con la que se condujo al momento de presentar su promoción, al no tratarse de un documento falso exhibido, al haber realizado los trámites de rigor para su expedición. Por ende, la autoridad responsable determinó que ha quedado desvanecido el alcance jurídico del certificado número 225149 de siete de marzo de dos mil doce, cuya prueba fue valorada por el tribunal ad quem al momento de integrar el delito de falsedad ante la autoridad, pues a través de ella se había considerado que el certificado expedido por el activo era inexistente pues no se encontraba en los archivo de la registradora y ahora ha demostrado la defensa sí existe tal documento como ha quedado precisado. Por otra parte, en relación al inciso b), la autoridad responsable dio contestación a las manifestaciones realizadas por la apoderada legal de la víctima, tal como se advierte a continuación: En esas condiciones, se concluye que la autoridad responsable cumplió con lineamientos señalados en la ejecutoria de mérito, toda vez que emitió una nueva resolución, en la que reasumió la jurisdicción y con plenitud resolvió la apelación interpuesta por la defensa, dirimiendo en su integridad la cuestión planteada. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. Transcurridos tres años a partir de la fecha del presente proveído, previa acta que se elabore, transfiérase el juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que transcurra el plazo antes referido, Centro de Documentación y Análisis proceda a la depuración. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado, como se advierte de resolución emitida en data de doce de abril de dos mil veintidós (fojas 25 a 27 del original del incidente de suspensión relativo al presente asunto), con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.

  4. Incidental

    Boca del Río, Veracruz, once de noviembre de dos mil veintidós. Es un hecho notorio para el suscrito que en los autos del juicio de amparo 339/2022, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: Boca del Río, Veracruz, once de noviembre de dos mil veintidós. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a las partes quejosa y tercero interesado mediante proveído de tres de noviembre de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que las partes hicieran manifestación alguna. Ahora, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, o no existe materia para la ejecución. En primer término, cabe decir que en sentencia de seis de septiembre de dos mil veintidós (fojas 51 a 64), se concedió el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa David Honorio Jiménez Núñez, para los efectos siguientes: "[.] se concede el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto que: a) La Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, deje insubsistente la resolución de ocho de marzo de dos mil veintidós, dictada en el Toca Penal 187/2021 de su índice. b) En su lugar emita otra resolución, en la que reasuma la jurisdicción que le corresponde y con plenitud resuelva la apelación interpuesta por la defensa, dirimiendo en su integridad la cuestión planteada. [.]" Mediante proveído de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós (foja 89 a 90), causó ejecutoria la sentencia y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa. Por auto de tres de noviembre de la presente anualidad, se acordó y ordenó dar vista a las partes quejosa y tercero interesada con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las citadas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo anterior es así, debido a que mediante oficio 2614 C/A la secretaria de acuerdos de la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, remitió copia certificada de la resolución de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, de la que se advierte que dejó insubsistente la diversa de ocho de marzo del citado año, que resolvió el recurso de apelación interpuesto en contra de la determinación de once de mayo de dos mil veintiuno, pronunciada por el Juez Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz, en los autos de la causa penal 191/2019 de ese índice. Ahora bien, en la ejecutoria de amparo se indicó a la autoridad responsable, que debía reasumir la jurisdicción que le correspondía y con plenitud de jurisdicción realizara lo siguiente: Dirimir en su integridad la cuestión planteada, es decir, resolver si el Juzgador de primer grado estuvo en lo correcto al considerar que los medios de prueba tomados en cuenta para dictar formal prisión al ahora quejoso fueron desvanecidos por datos obtenidos con posterioridad al dictado del auto de plazo constitucional. Analizar las manifestaciones realizadas por la apoderada legal de la víctima. En relación al inciso a), la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, determinó que el resolutor primario atendió a la regla de valoración de las pruebas y el arbitrio judicial previsto en el artículo 277 del Código 590 de Procedimientos Penales para el Estado de Veracruz, ya que de forma individual y en conjunto, apreció las pruebas que le fueron puestas en su consideración con motivo del incidente planteado, las cuales no sólo atienden a las del actor incidentista sino a las que obran dentro de la causa penal 191/2019, que sirvieron para sujetar a proceso a David Honorio Jiménez Núñez, es decir, las que se tomaron en consideración para acreditar el cuerpo del delito de falsedad ante la autoridad y que resultan las mismas que sirvieron para justificar la probable responsabilidad del inculpado. Así, valoró que en el presupuesto procesal de fondo se fijaron las bases para la continuación del procedimiento en contra de la parte quejosa, al haberse variado el delito de fraude procesal por el que inicialmente se había ejercitado acción penal en su contra al de falsedad ante la autoridad, coincidiendo con el juzgador primario que una de las pruebas directas que se encuentran desvanecidas y que sirvieron para acreditar la corporeidad material del ilícito de referencia, lo es la documental pública consistente en el certificado número 225149 signado por el Encargado del Registro Civil de Tuxpan, Veracruz. Además, consideró que se tomaron en consideración las restantes pruebas que sustentaron oportunamente la corporeidad jurídica del delito de falsedad ante la autoridad previsto en el artículo 333 del Código Penal vigente para el Estado de Veracruz al momento de los hechos, con las que la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado dentro de la resolución del toca 2372/2014, de siete de marzo de dos mil dieciocho, tuvo por comprobado el ilícito de referencia. Seguidamente, consideró que se determinó que la conducta humana del agente activo se adecuaba a la descripción típica descrita, porque en fecha veinticuatro de septiembre de dos mil ocho, presentó un escrito ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tuxpan, Veracruz, promoviendo diligencias de información testimonial ad perpetuam con el objeto de obtener título supletorio de dominio respecto de la fracción de terreno rústico con la superficie de 2-84-71-51 hectáreas, ubicado en la Ex Hacienda Asunción y Santiago del Municipio de Tuxpan, Veracruz, basando su acción en el Certificado de no gravamen de dos de septiembre de dos mil ocho, expedido por el Registro Público de la Propiedad de dicho Municipio, en el cual se hizo constar que el inmueble en cuestión no se encontraba inscrito a nombre de persona alguna así como en los testimonios de Leonardo Ortíz Vargas y Sabas Ortiz Vargas, cuyo documento base, según los datos de investigación de la causa penal número 191/2019 resultó inexistente. Ello, con base en el certificado número 225149 de ocho de marzo de dos mil doce, expedido por el Encargado del Registro Público de la Propiedad de Tuxpan, Veracruz, en el que se hizo constar que no se encontró en el legajo de certificados correspondientes al mes de septiembre de dos mil ocho, archivo alguno del certificado de no inscripción exhibido dentro de las diligencias testimoniales ad perpetuam antes referidas; por tanto, se estimó que el promovente faltó a la verdad ante una autoridad jurisdiccional, al afirmar que no existía registro de inscripción de dicho inmueble a nombre de persona alguna y en base a ello obtuvo el título supletorio de dominio a su favor respecto del citado inmueble. En esa línea, bajo su óptica jurídica, fue correcto que el juzgador de origen, estimara que la prueba directa que sostuvo la corporeidad jurídica del delito en estudio conforme la resolución de siete de marzo de dos mil dieciocho dentro del toca 2372/2014, se desvanece por cuanto al alcance probatorio que inicialmente se le otorgó, pues se dispone de las copias certificadas del expediente 356/2013 del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, en Tuxpan, Veracruz, consta el oficio 1473 de veintitrés de abril de dos mil trece, signado por el Encargado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esa Ciudad, con el que se corrobora la autenticidad del certificado base ofrecido en las diligencias de información ad perpetuam promovidas por David Honorio Jiménez Núñez, que dieron lugar a la radicación del expediente 970/2008 del citado índice. Luego entonces, la autoridad responsable concordó en que el promovente no faltó a la verdad o afirmó hechos falsos al momento de la presentación de su promoción de diligencias de información testimonial, al considerar claro que el documento exhibido es irrefutable, pues si bien en un principio se dijo no fue localizado en el archivo correspondiente a los registros del año dos mil ocho, esto se debido a que el mismo se encontraba extraviado y posteriormente fue localizado, por lo que se reconoció su existencia, así como el contenido, firma y sello oficial; aunado a que fue exhibido el Formato Único de Solicitud y Expedición de Certificado de dos septiembre de dos mil ocho, que sustenta la veracidad con la que se condujo al momento de presentar su promoción, al no tratarse de un documento falso exhibido, al haber realizado los trámites de rigor para su expedición. Por ende, la autoridad responsable determinó que ha quedado desvanecido el alcance jurídico del certificado número 225149 de siete de marzo de dos mil doce, cuya prueba fue valorada por el tribunal ad quem al momento de integrar el delito de falsedad ante la autoridad, pues a través de ella se había considerado que el certificado expedido por el activo era inexistente pues no se encontraba en los archivo de la registradora y ahora ha demostrado la defensa sí existe tal documento como ha quedado precisado. Por otra parte, en relación al inciso b), la autoridad responsable dio contestación a las manifestaciones realizadas por la apoderada legal de la víctima, tal como se advierte a continuación: En esas condiciones, se concluye que la autoridad responsable cumplió con lineamientos señalados en la ejecutoria de mérito, toda vez que emitió una nueva resolución, en la que reasumió la jurisdicción y con plenitud resolvió la apelación interpuesta por la defensa, dirimiendo en su integridad la cuestión planteada. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. Transcurridos tres años a partir de la fecha del presente proveído, previa acta que se elabore, transfiérase el juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que transcurra el plazo antes referido, Centro de Documentación y Análisis proceda a la depuración. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado, como se advierte de resolución emitida en data de doce de abril de dos mil veintidós (fojas 25 a 27 del original del incidente de suspensión relativo al presente asunto), con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe. En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.Boca del Río, Veracruz, once de noviembre de dos mil veintidós. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a las partes quejosa y tercero interesado mediante proveído de tres de noviembre de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que las partes hicieran manifestación alguna. Ahora, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, o no existe materia para la ejecución. En primer término, cabe decir que en sentencia de seis de septiembre de dos mil veintidós (fojas 51 a 64), se concedió el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa David Honorio Jiménez Núñez, para los efectos siguientes: "[.] se concede el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto que: a) La Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, deje insubsistente la resolución de ocho de marzo de dos mil veintidós, dictada en el Toca Penal 187/2021 de su índice. b) En su lugar emita otra resolución, en la que reasuma la jurisdicción que le corresponde y con plenitud resuelva la apelación interpuesta por la defensa, dirimiendo en su integridad la cuestión planteada. [.]" Mediante proveído de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós (foja 89 a 90), causó ejecutoria la sentencia y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa. Por auto de tres de noviembre de la presente anualidad, se acordó y ordenó dar vista a las partes quejosa y tercero interesada con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las citadas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo anterior es así, debido a que mediante oficio 2614 C/A la secretaria de acuerdos de la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, remitió copia certificada de la resolución de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, de la que se advierte que dejó insubsistente la diversa de ocho de marzo del citado año, que resolvió el recurso de apelación interpuesto en contra de la determinación de once de mayo de dos mil veintiuno, pronunciada por el Juez Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz, en los autos de la causa penal 191/2019 de ese índice. Ahora bien, en la ejecutoria de amparo se indicó a la autoridad responsable, que debía reasumir la jurisdicción que le correspondía y con plenitud de jurisdicción realizara lo siguiente: Dirimir en su integridad la cuestión planteada, es decir, resolver si el Juzgador de primer grado estuvo en lo correcto al considerar que los medios de prueba tomados en cuenta para dictar formal prisión al ahora quejoso fueron desvanecidos por datos obtenidos con posterioridad al dictado del auto de plazo constitucional. Analizar las manifestaciones realizadas por la apoderada legal de la víctima. En relación al inciso a), la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, determinó que el resolutor primario atendió a la regla de valoración de las pruebas y el arbitrio judicial previsto en el artículo 277 del Código 590 de Procedimientos Penales para el Estado de Veracruz, ya que de forma individual y en conjunto, apreció las pruebas que le fueron puestas en su consideración con motivo del incidente planteado, las cuales no sólo atienden a las del actor incidentista sino a las que obran dentro de la causa penal 191/2019, que sirvieron para sujetar a proceso a David Honorio Jiménez Núñez, es decir, las que se tomaron en consideración para acreditar el cuerpo del delito de falsedad ante la autoridad y que resultan las mismas que sirvieron para justificar la probable responsabilidad del inculpado. Así, valoró que en el presupuesto procesal de fondo se fijaron las bases para la continuación del procedimiento en contra de la parte quejosa, al haberse variado el delito de fraude procesal por el que inicialmente se había ejercitado acción penal en su contra al de falsedad ante la autoridad, coincidiendo con el juzgador primario que una de las pruebas directas que se encuentran desvanecidas y que sirvieron para acreditar la corporeidad material del ilícito de referencia, lo es la documental pública consistente en el certificado número 225149 signado por el Encargado del Registro Civil de Tuxpan, Veracruz. Además, consideró que se tomaron en consideración las restantes pruebas que sustentaron oportunamente la corporeidad jurídica del delito de falsedad ante la autoridad previsto en el artículo 333 del Código Penal vigente para el Estado de Veracruz al momento de los hechos, con las que la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado dentro de la resolución del toca 2372/2014, de siete de marzo de dos mil dieciocho, tuvo por comprobado el ilícito de referencia. Seguidamente, consideró que se determinó que la conducta humana del agente activo se adecuaba a la descripción típica descrita, porque en fecha veinticuatro de septiembre de dos mil ocho, presentó un escrito ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tuxpan, Veracruz, promoviendo diligencias de información testimonial ad perpetuam con el objeto de obtener título supletorio de dominio respecto de la fracción de terreno rústico con la superficie de 2-84-71-51 hectáreas, ubicado en la Ex Hacienda Asunción y Santiago del Municipio de Tuxpan, Veracruz, basando su acción en el Certificado de no gravamen de dos de septiembre de dos mil ocho, expedido por el Registro Público de la Propiedad de dicho Municipio, en el cual se hizo constar que el inmueble en cuestión no se encontraba inscrito a nombre de persona alguna así como en los testimonios de Leonardo Ortíz Vargas y Sabas Ortiz Vargas, cuyo documento base, según los datos de investigación de la causa penal número 191/2019 resultó inexistente. Ello, con base en el certificado número 225149 de ocho de marzo de dos mil doce, expedido por el Encargado del Registro Público de la Propiedad de Tuxpan, Veracruz, en el que se hizo constar que no se encontró en el legajo de certificados correspondientes al mes de septiembre de dos mil ocho, archivo alguno del certificado de no inscripción exhibido dentro de las diligencias testimoniales ad perpetuam antes referidas; por tanto, se estimó que el promovente faltó a la verdad ante una autoridad jurisdiccional, al afirmar que no existía registro de inscripción de dicho inmueble a nombre de persona alguna y en base a ello obtuvo el título supletorio de dominio a su favor respecto del citado inmueble. En esa línea, bajo su óptica jurídica, fue correcto que el juzgador de origen, estimara que la prueba directa que sostuvo la corporeidad jurídica del delito en estudio conforme la resolución de siete de marzo de dos mil dieciocho dentro del toca 2372/2014, se desvanece por cuanto al alcance probatorio que inicialmente se le otorgó, pues se dispone de las copias certificadas del expediente 356/2013 del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, en Tuxpan, Veracruz, consta el oficio 1473 de veintitrés de abril de dos mil trece, signado por el Encargado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esa Ciudad, con el que se corrobora la autenticidad del certificado base ofrecido en las diligencias de información ad perpetuam promovidas por David Honorio Jiménez Núñez, que dieron lugar a la radicación del expediente 970/2008 del citado índice. Luego entonces, la autoridad responsable concordó en que el promovente no faltó a la verdad o afirmó hechos falsos al momento de la presentación de su promoción de diligencias de información testimonial, al considerar claro que el documento exhibido es irrefutable, pues si bien en un principio se dijo no fue localizado en el archivo correspondiente a los registros del año dos mil ocho, esto se debido a que el mismo se encontraba extraviado y posteriormente fue localizado, por lo que se reconoció su existencia, así como el contenido, firma y sello oficial; aunado a que fue exhibido el Formato Único de Solicitud y Expedición de Certificado de dos septiembre de dos mil ocho, que sustenta la veracidad con la que se condujo al momento de presentar su promoción, al no tratarse de un documento falso exhibido, al haber realizado los trámites de rigor para su expedición. Por ende, la autoridad responsable determinó que ha quedado desvanecido el alcance jurídico del certificado número 225149 de siete de marzo de dos mil doce, cuya prueba fue valorada por el tribunal ad quem al momento de integrar el delito de falsedad ante la autoridad, pues a través de ella se había considerado que el certificado expedido por el activo era inexistente pues no se encontraba en los archivo de la registradora y ahora ha demostrado la defensa sí existe tal documento como ha quedado precisado. Por otra parte, en relación al inciso b), la autoridad responsable dio contestación a las manifestaciones realizadas por la apoderada legal de la víctima, tal como se advierte a continuación: En esas condiciones, se concluye que la autoridad responsable cumplió con lineamientos señalados en la ejecutoria de mérito, toda vez que emitió una nueva resolución, en la que reasumió la jurisdicción y con plenitud resolvió la apelación interpuesta por la defensa, dirimiendo en su integridad la cuestión planteada. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. Transcurridos tres años a partir de la fecha del presente proveído, previa acta que se elabore, transfiérase el juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que transcurra el plazo antes referido, Centro de Documentación y Análisis proceda a la depuración. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado, como se advierte de resolución emitida en data de doce de abril de dos mil veintidós (fojas 25 a 27 del original del incidente de suspensión relativo al presente asunto), con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe.

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