David Herrera Ulloa
Expediente 409/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 409/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 16/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- David Herrera Ulloa
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de los autos se advierte que transcurrió el término legal a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera el auto de cinco de julio de dos mil veintiuno, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por *****; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, según su artículo 2°, se declara que dicho acuerdo ha causado estado para todos los efectos legales conducentes. Archivo y clasificación del expediente. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 21, inciso b) del citado Acuerdo General, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años -contados a partir de esta fecha en que se ordenó su archivo- puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión. Devolución de documentos. Toda vez que en el presente expediente obran documentos originales exhibidos por la parte quejosa, de conformidad con el antepenúltimo párrafo del artículo 21 del aludido Acuerdo General, requiérasele para, previa cita que obtenga, que dentro del término de noventa días hábiles, ocurra a recogerlos, apercibida que en caso de no hacerlo los documentos podrán ser destruidos conjuntamente con el expediente, lo anterior de conformidad con el artículo 21 antepenúltimo párrafo del citado acuerdo.
- Principal
Por este medio se tiene por notificada a la parte quejosa, respecto del proveído de dieciséis de julio de dos mil veintiuno, que a la letra dice: Visto el estado de los autos se advierte que transcurrió el término legal a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera el auto de cinco de julio de dos mil veintiuno, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por *****; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, según su artículo 2°, se declara que dicho acuerdo ha causado estado para todos los efectos legales conducentes. Archivo y clasificación del expediente. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 21, inciso b) del citado Acuerdo General, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años -contados a partir de esta fecha en que se ordenó su archivo- puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión. Devolución de documentos. Toda vez que en el presente expediente obran documentos originales exhibidos por la parte quejosa, de conformidad con el antepenúltimo párrafo del artículo 21 del aludido Acuerdo General, requiérasele para, previa cita que obtenga, que dentro del término de noventa días hábiles, ocurra a recogerlos, apercibida que en caso de no hacerlo los documentos podrán ser destruidos conjuntamente con el expediente, lo anterior de conformidad con el artículo 21 antepenúltimo párrafo del citado acuerdo.
- Principal
Escrito registrado con número 5344. Visto el escrito signado por ***, quejoso en el presente juicio, mediante el cual, desahoga la prevención formulada en autos y al efecto da respuesta a los puntos contenidos en el proveído de veintidós de junio de la presente anualidad. Con lo anterior, se tiene por cumplida en tiempo y forma, la prevención formulada en el citado proveído. Ahora bien, de la lectura integral del escrito inicial de demanda y escrito aclaratorio, se deprenden como actos reclamados: 1. El acuerdo de fecha doce de mayo de dos mil veintiuno, emitido por la Agencia número 3 de Tramitación Común de la Fiscalía Región C, con sede en esta ciudad, en el que se niega la recepción, presentación y desahogo de la prueba solicitada desde el veintitrés de enero de dos mil veinte; determinación, que bajo protesta de decir verdad, señala le fue notificada el catorce de mayo de la presente anualidad. 2. El acuerdo de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, dictado por el juez de control señalado como autoridad responsable, en el que no cita a la audiencia de tutela de derechos. 3. El acuerdo de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, dictado por el juez de control señalado como autoridad responsable, en el que cita a una audiencia inicial para el día veintiséis de julio de la presente anualidad. Decisión sobre la instancia constitucional (DESECHAMIENTO). Ahora, conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, y lectura integral del libelo constitucional y escrito aclaratorio, se advierte que procede desecharlo de plano. Al respecto, cabe precisar que para desechar de plano una demanda de amparo, es requisito indispensable que desde su presentación, se demuestre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio protector de derechos fundamentales, entendiéndose por lo primero, lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, por lo segundo, que se tenga la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese contexto, este Juzgado Federal advierte que en el caso se evidencia un motivo de improcedencia que reúne las diversas características exigibles para su desechamiento por ser manifiesto e indudable, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica (...)" Del precepto transcrito se advierte que la acción constitucional ejercida contra actos que emanen de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio será improcedente, cuando con posterioridad a los actos reclamados, se produzca un acto distinto que deje irreparablemente consumada la violación alegada, de manera que no sea posible analizar los actos combatidos sin que al hacerlo se afecte la situación creada por el nuevo acto. - Caso concreto, respecto del acto precisado en el punto uno. Ahora bien, en el particular, de la lectura integral de la demanda de amparo y escrito aclaratorio se advierte que el accionante de la tutela federal reclama el acuerdo de doce de mayo de dos mil veintiuno, consistente en la omisión o negativa que atribuye al agente del Ministerio Público de Tramitación número 3 de esta ciudad, de recibir las pruebas ofrecidas por éste, dentro de los autos de la carpeta de investigación *** de su índice (violación al derecho de contradicción en etapa de investigación). Sin embargo, de las propias manifestaciones que bajo protesta de decir verdad vertió el promovente en su escrito de demanda y aclatorio, se advierte que existe un cambio de situación jurídica respecto de los citados actos reclamados que se atribuyen a la Representación Social responsable, en los autos de la citada indagatoria; lo anterior, al haber solicitado dicha autoridad ministerial al Juez de Control de Oralidad de esta ciudad el señalamiento de la audiencia inicial para formular imputación al aquí quejoso David Herrera Ulloa -audiencia que a decir del propio quejoso, se encuentra señalada para el día veintiséis de julio de la presente anualidad, con lo cual los actos reclamados fueron sustituidos jurídica y procesalmente, ya que al momento de que tal autoridad ejerció acción penal se transitó de una fase de investigación no judicializada a una judicializada; por tanto, es claro que los actos atribuidos a la autoridad ministerial han quedado consumados formal e irreparablemente. Apoya a lo anterior, por analogía y por las razones que expone la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con número de registro 2013315, Materia: Común, visible en la página 1702, del Libro 37, Diciembre de 2016, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA POR CESACIÓN DE EFECTOS DERIVADA DE LA SECUENCIACIÓN DE ETAPAS EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO, CON INDEPENDENCIA DE LA CONDICIÓN QUE GUARDE EL QUEJOSO EN CUANTO A SU LIBERTAD PERSONAL. Dada la naturaleza del procedimiento de tipo acusatorio seguido en México, para los efectos del amparo, la expresión "cambio de situación jurídica" no puede entenderse sólo desde la perspectiva de la condición del sujeto a quien se inicia un procedimiento penal (sujeto pasivo de la relación jurídico procesal en materia penal), esto es, dependiendo únicamente del carácter de indiciado, imputado, procesado o acusado, como otrora se aducía conforme al procedimiento tradicional, sino que también resulta del ineludible reconocimiento de la sustitución y secuenciación de los actos o etapas procesales del nuevo sistema, en sí mismas y con independencia de la condición que guarde el quejoso en cuanto a su libertad personal, pues la continuidad de las etapas del proceso actual no depende sólo de ello. Por tanto, si se transita de una fase de investigación no judicializada a una judicializada, como efecto del ejercicio de la acción procesal penal, es claro que los actos atribuidos a la autoridad ministerial quedan consumados formal e irreparablemente para los efectos del amparo, en virtud del cambio de la condición jurídica de las fases procesales subsecuentes. Lo resaltado es nuestro. En efecto, al haberse judicializado la carpeta de investigación que dio origen a los actos materia de reclamo, se tuvo por consumada la etapa de investigación inicial, haciendo improcedente el juicio biinstancial en contra de aquellos, pues, no podría decidirse sobre la constitucionalidad de los actos reclamados sin afectar la nueva condición jurídica de las fases procesales subsecuentes. En esas condiciones, resulta inconcuso que al ejercitarse la acción penal quedaron consumadas de modo irreparable las posibles violaciones acaecidas en la etapa de la investigación inicial, porque de ahora en adelante, la situación jurídica del impetrante se encuentra sometida a la potestad del Juez de Control quien tiene a su cargó la continuación de la etapa de investigación complementaria y la substanciación de la causa penal hasta antes del auto de apertura a juicio oral. Al respecto, se invoca por las razones que la informan la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con número de registro 2015112, Materia: Común, visible en la Página 1809, Libro 46, Septiembre de 2017, Tomo III, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo contenido es del tenor siguiente: "CARPETA DE INVESTIGACIÓN. SI EN EL AMPARO SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL PARA QUE EL MINISTERIO PÚBLICO SE ABSTENGA DE DETERMINAR EN DEFINITIVA AQUÉLLA, ELLO NO IMPLICA LA PARALIZACIÓN DE SU FACULTAD DE INDAGAR E INTEGRAR DICHA CARPETA. La suspensión provisional otorgada en el amparo a efecto de que el Ministerio Público se abstenga de determinar en definitiva la carpeta de investigación, no implica la paralización de su facultad de indagar e integrar ésta, sino que la medida cautelar así decretada tiene como fin que no se dé un cambio de situación jurídica, pues en caso de que se judicialice la carpeta de investigación, el quejoso puede verse afectado en su derecho de defensa, al quedar consumada la etapa de investigación inicial, haciendo improcedente el juicio biinstancial." Lo resaltado es nuestro. En esas condiciones, al haber quedado acreditada la actualización de la causa de improcedencia en examen, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo intentada. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que el solicitante del amparo también haya señalado como autoridad responsable ejecutora al juez de Control de Oralidad de esta ciudad; en principio, porque como ya quedó precisado, las omisiones y/o negativas impugnadas tuvieron lugar durante la etapa de investigación informal o no judicializada, la cual corre a cargo de la autoridad ministerial -también señalada como responsable-, pues es ésta a quien le corresponde la investigación y persecución de los delitos, por lo que, es evidente que la autoridad judicial citada con antelación no tuvo injerencia alguna en los actos que aquí se combaten. Además de que, si bien, virtud al cambio de situación jurídica derivado de la judicialización de la carpeta de investigación de origen, la situación jurídica del quejoso ahora se encuentra sometida a la potestad del juez de control, no menos cierto es, que el solicitante de amparo señaló a dicha autoridad judicial con el carácter de ejecutora de los actos de autoridad atribuidos a la representación social responsable, respecto de los cuales, como ya se indicó, se actualiza la causa de improcedencia en comento, por lo que se insiste, lo procedente en el caso es desechar de plano la demanda de amparo presentada. Ello, además porque la causa de improcedencia advertida no es susceptible de superarse con el material probatorio que se llegue a aportar al juicio, dado que su demostración se acredita con los propios actos reclamados y los términos de su demanda, lo anterior con el objeto de que el promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional. En el entendido de que la demostración del motivo indudable y manifiesto de improcedencia advertido en el presente asunto, además se tiene por acreditado con las manifestaciones bajo protesta de decir verdad de la parte quejosa, expresadas en la demanda de amparo, las cuales constituyen una confesión que para este Juzgador es un medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. - Caso concreto, respecto de los actos precisados en el punto dos y tres. Por los mismos motivos, resulta improcedente el juicio de amparo en contra de los actos reclamados al juez de Control de Oralidad de esta ciudad, que hace consistir en el acuerdo de fecha veintiocho de mayo de dos mil veintiuno. Ello es así, porque el quejoso refiere que en el citado proveído el juez de control se niega a impartir justicia completa al no citar a la audiencia de tutela de derechos que le solicitó para exponer los motivos y fundamentos violatorios de su derecho de defensa en contra de la negativa de la Agencia número 3 de Tramitación Común Fiscalía Regional "C", de esta ciudad, de no recibir las pruebas que ofreció para su defensa. Sin embargo, en el escrito aclaratorio transcribe el acuerdo de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, de cuya transcripción se desprende que el juez de control negó la audiencia de tutela de derechos antes referida, en atención a que el Ministerio Público ya había tomado la determinación de no desahogar los medios probatorios ofertados por la defensa del imputado, consistentes en la entrevista de manera personal y no por conducto de apoderado de cada uno de los ofendidos, por lo que resultaba improcedente la solicitud de tutela de derechos, porque lo resuelto por el órgano investigador ya no es materia de tutela de derechos, sino de impugnación a través de los medios legales a su alcance, por lo que dejó a salvo sus derechos. De igual forma, señala que en diverso acuerdo de veintiocho de mayo de la presente anualidad, se citó a la audiencia inicial para el día veintiséis de julio de dos mil veintiuno para imputarle hechos delictuosos que no cometió y sin haberle recibido los datos de prueba que ofreció que ofreció el veintitrés de enero de dos mil veinte. Sin embargo, como quedó evidenciado con antelación, se tuvo por consumada la etapa de investigación inicial, haciendo improcedente el juicio biinstancial en contra de aquellos, pues, no podría decidirse sobre la constitucionalidad de los actos reclamados sin afectar la nueva condición jurídica de las fases procesales subsecuentes; máxime que de la narración de los hechos se desprende que la audiencia de tutela de derechos le fue negada al quejoso en virtud que lo solicitado es materia de impugnación a través de los medios ordinarios de defensa y no de tutela de derechos, de ahí que el juicio de amparo resulte improcedente por lo que a dicho acto concierne. Además, en contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 1a./J. 78/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 61, diciembre de 2018, tomo I, página 239, registro digital 2018828; de rubro y texto siguientes: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo". Finalmente, se precisa que la anterior determinación no implica una denegación de justicia en perjuicio del quejoso; pues atento a la naturaleza de los actos reclamados y a los antecedentes que narra de los mismos, éste tiene expeditos sus derechos para hacerlos valer en la audiencia inicial señalada para el día veintiséis de julio de la presente anualidad, en donde, podrá alegar y ofrecer los datos de prueba que a su derecho convengan. Por tanto, al actualizarse las hipótesis previstas en las fracciones XVII y XXIII del artículo 61, ésta última en relación con la fracción IV, del numeral 107, ambos de la Ley de Amparo, conforme lo dispone el precepto 63, fracción V, de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo.
- Principal
Recepción de la demanda de amparo. Vista la demanda de amparo presentada por ******, en contra de actos del juez de Control de Oralidad de esta ciudad y otras autoridades responsables. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 409/2021-II. Prevención Para estar en aptitud de acordar sobre la admisión o desechamiento de la demanda, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 108, fracciones IV y V, 112 y 114, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, requiérase al promovente, para que dentro del término de cinco días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, aclare su demanda, la subsane y bajo protesta de decir verdad: Indique en forma precisa y exacta qué acto en concreto le reclama a la autoridad señalada como responsable agente del Ministerio Público de Tramitación de Litigación de Tramitación Común, de esta ciudad, toda vez que omitió especificar el acto que le atribuye, pues al efecto solo señaló: De lo que se sigue que omitió especificar qué acto le reclama al agente del Ministerio Público de Tramitación de Litigación de Tramitación Común, de esta ciudad. En relación con lo anterior, deberá precisar la fecha del acto que se le atribuye a la citada autoridad, en qué procedimiento lo emitió, cuándo le fue notificado y por conducto de quién. Respecto al acto reclamado al agente del Ministerio Público de Tramitación número 3 de esta ciudad, consistente en el acuerdo de doce de mayo de la presente anualidad, indique el contenido del citado acuerdo, la fecha en que le fue notificado o tuvo conocimiento del mismo y por conducto de quién. Toda vez que al juez de control de esta ciudad, lo señala como autoridad ordenadora y ejecutora, de quien reclama: "[.] la negativa de impartir justicia completa al no citar a audiencia de tutela de derechos para exponer los motivos y fundamentos violatorios de nuestros derechos de defensa contra el acto de la negativa de la Agencia número 3 de Tramitación Común Fiscalía Regional C, se está ciudad, de no recibirme las pruebas que ofrecí para mi defensa oportunamente [.]"; así como: "[.] autoridad ejecutora responsable juez de control de esta ciudad, también reclamó el acuerdo de fecha 28 de mayo de 2021 consistente en la citación a audiencia inicial para el día 26 de julio del 2021 a las 12:45 horas, para imputarme hechos delictuosos [.]". De lo transcrito se desprende que por una parte el quejoso le reclama el auto de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno que ordena la citación para la audiencia inicial y por otro lado la negativa u omisión de no citar a audiencia de tutela de derechos. En ese sentido deberá especificar cuándo solicitó audiencia para la tutela de derechos que refiere en los actos reclamados, si lo hizo por escrito o en forma oral; la fecha del acuerdo que le recayó a tal solicitud, el sentido de esa determinación, la fecha en que le fue notificada y por conducto de quién; y en su caso si interpuso algún medio de defensa en su contra y el estado procesal del mismo. Lo anterior, por constituir requisitos que toda demanda debe contener, conforme al artículo 108 de la Ley de Amparo. En la inteligencia que esta prevención deberá ser desahogada por el propio quejoso, no así por los profesionistas que autoriza en su escrito de demanda, toda vez que los hechos que le incumben son de carácter personal, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 88/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, julio de dos mil seis, pagina trescientos cuarenta y ocho, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN 'BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD' REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA." En el entendido de que conforme a lo dispuesto en los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo, este juzgado dará vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la ley de la materia, a fin de que la representación social investigue de inmediato. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 13/2017, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 45, agosto de 2017, tomo I, página 5, de rubro: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA." De igual forma, de ser posible, deberá exhibir copias suficientes del escrito aclaratorio y anexos, para correr traslado a cada una de las partes, de conformidad con el artículo 110, de la ley de la materia; es decir, una para cada una de las autoridades responsables, dos par el incidente de suspensión y una para la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado. Apercibido el quejoso que en caso de no cumplir con lo ordenado dentro del término indicado, se tendrá por no presentada la demanda de que se trata, en los términos del artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Relativo a lo anterior, se aplica la jurisprudencia número 36/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XIII, de abril de dos mil uno, página setenta y nueve, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO." Domicilio y autorizados. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle **** número ****, colonia ***** en esta ciudad. Luego, como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las persona que menciona en su escrito inicial de demanda, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a la persona que menciona en su ocurso, por no haber proporcionado mayores datos que justifiquen que cuenta con facultad legal para ejercer la profesión de licenciada en derecho -tales como su número de cédula profesional o de registro ante el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito-, sin perjuicio que en caso de acreditar dichos extremos, se acuerde su autorización en los términos amplios a que alude el invocado numeral. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.
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