David Hernandez Valle

Expediente 355/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
355/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
14/04/2023

Partes del expediente

  • David Hernandez Valle

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, catorce de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre únicamente como constancia el oficio de cuenta, toda vez que en proveído de diez de abril pasado, se tuvo al Tribunal Colegiado de Apelación con sede en Guanajuato, Guanajuato, por informando que se avocó al conocimiento del juicio de amparo II-355/2023-1, por lo que se ordenó el archivo del presente asunto. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, diez de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, a través del cual, la Actuaria Judicial del Tribunal Colegiado de Apelación con sede en Guanajuato, Guanajuato, a través del cual informa que en proveído treinta y uno de marzo pasado, dicho Tribunal se avocó al conocimiento del juicio de amparo II-355/2023-1, del índice de este Juzgado Federal, y como de la constancia secretarial se advierte que no existe acuerdo pendiente por dictar, diligencia por practicar ni documentos que devolver; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que es susceptible de DESTRUCCIÓN, de conformidad con lo establecido en los artículos 12, 14 y 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo general en cita ni este juzgador, atendiendo a la importancia del asunto, lo considera de trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Háganse las anotaciones del caso en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Notifíquese.

  3. Principal

    Morelia, Michoacan, veinticuatro de marzo de dos mil veintitres. Vista la demanda de amparo promovida por -, contra actos del Tribunal Colegiado de Apelación del Décimo Primer Circuito; regístrese en el libro de gobierno bajo el número II-355/2023-1. En efecto, y de un análisis minucioso del libelo constitucional, se advierte, que la parte quejosa señala como autoridad responsable ordenadora al Tribunal Colegiado de Apelación del Décimo Primer Circuito, contra el acto reclamado que hace consistir en la resolución de quince de marzo de dos mil veintitrés, en la que modifica la resolución dictada por la jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, en la continuación de la audiencia inicial verificada el dos de diciembre de dos mil veintidós en la causa penal-. Ahora, el artículo 36 de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 36. Los tribunales colegiados de apelación sólo conocerán de los juicios de amparo indirecto promovidos contra actos de otros tribunales de la misma naturaleza. Será competente otro tribunal del mismo circuito, si lo hubiera, o el más próximo a la residencia de aquél que haya emitido el acto reclamado." Por su parte, el numeral 35 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establece lo siguiente: "Artículo 35.- Los tribunales colegiados de apelación conocerán: I.- De los juicios de amparo promovidos contra actos de otros tribunales colegiados de apelación, que no constituyan sentencias definitivas, en términos de lo previsto por la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos respecto de los juicios de amparo indirecto promovidos ante juzgados de distrito. En estos casos, el tribunal colegiado de apelación competente será el más próximo a la residencia de aquél que haya emitido el acto impugnado." Asimismo, el artículo 107, fracción XII, de la Constitución Federal, señala: "XII. La violación de las garantías de los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 se reclamará ante el superior del tribunal que la cometa, o ante el Juzgado de Distrito o Tribunal Colegiado de Apelación que corresponda, pudiéndose recurrir, en uno y otro caso, las resoluciones que se pronuncien, en los términos prescritos por la fracción VIII. Si el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado de Apelación no residieren en el mismo lugar en que reside la autoridad responsable, la ley determinará el juzgado o tribunal ante el que se ha de presentar el escrito de amparo, el que podrá suspender provisionalmente el acto reclamado, en los casos y términos que la misma ley establezca." De la interpretación literal de lo dispuesto por los artículos transcritos se pone de manifiesto que los Tribunales Colegiados de Apelación son competentes para conocer de los juicios de amparo indirectos promovidos contra actos de otros Tribunales de la misma naturaleza, siempre y cuando no se trate de resoluciones que tengan el carácter de definitivas. Asentado lo anterior, es evidente que la demanda de cuenta, es de la competencia de un Tribunal Colegiado de Apelación, salvo la mejor opinión de éste, en términos de los preceptos legales invocados, pues como ya se indicó, se impugna en esta instancia constitucional un acto emitido por el Tribunal Colegiado de Apelación, y atento al principio de supremacía constitucional, quien debe conocer del amparo indirecto en contra de actos que no tengan el carácter de definitivo, cuya autoridad responsable es un Tribunal Colegiado de Apelación, lo es otro Tribunal Colegiado de Apelación. En ese orden de ideas, con apoyo en el artículo 36 de la Ley de Amparo, el numeral 35, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y fracción XII, del artículo 107 Constitucional, este Juzgado determina carece de competencia legal para conocer de la demanda de garantías. Por consiguiente, como el promovente señala como autoridad responsable ordenadora al Tribunal Colegiado de Apelación del Décimo Primer Circuito, y es el único con residencia en Michoacán; en consecuencia, se ordena remitir el escrito de demanda, junto con sus copias al Tribunal Colegiado de Apelación de Guanajuato, con residencia en la ciudad de Guanajuato, para lo que tenga a bien determinar la superioridad, en términos del artículo 36 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número a las jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito, y de los Juzgados de Distrito, compete el conocimiento de la demanda de amparo promovida por -, por ser el órgano jurisdiccional más cercano a la residencia de esta ciudad; solicitando acusar el recibo de estilo correspondiente. Tiene aplicación por analogía la Jurisprudencia 14/2017 emitida por la 1°Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 45, Agosto de 2017, tomo I, página 442, del rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS O RESOLUCIONES EMITIDOS POR TRIBUNALES UNITARIOS DE CIRCUITO. PARA DETERMINARLA, DEBE APLICARSE LA REGLA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE AMPARO (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR. Conforme al precepto citado, cuando en el juicio de amparo indirecto se impugnan actos o resoluciones de un Tribunal Unitario de Circuito, deberá conocer del asunto otro Tribunal de la misma naturaleza (jerarquía y circuito), si lo hubiera, o bien, el que se encuentre más próximo de aquel que haya emitido el acto reclamado, sin necesidad de fundar esa decisión en la aplicación supletoria del artículo 29, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que la regla normativa que rige dicha competencia, se encuentra establecida en el artículo 36 de la Ley de Amparo, en el que expresamente se indican los criterios que la definen: a) igualdad jerárquica; y, b) proximidad. Lo anterior, con independencia de que los actos o resoluciones reclamados pudieran o no tener ejecución material, toda vez que ello no fue considerado por el legislador como parámetro para delimitar la indicada competencia". Así como la diversa Jurisprudencia 14/2012 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro VI, Marzo 2012, tomo I, página 79, que a la letra dice: "COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES UNITARIOS DE CIRCUITO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN RECLAMADA DE OTRO TRIBUNAL DE IGUAL JERARQUÍA QUE CONFIRMA UN AUTO DE FORMAL PRISIÓN. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LA REGLA ESPECIAL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 29, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. El citado precepto prevé que los tribunales unitarios de circuito conocerán de los juicios de amparo promovidos contra actos de otros tribunales unitarios de circuito, que no constituyan sentencias definitivas, en términos de lo previsto por la ley de la materia respecto de los juicios de amparo indirecto promovidos ante juez de distrito; en estos casos, el tribunal unitario de circuito competente será el más próximo a la residencia de aquel que haya emitido el acto impugnado. Lo anterior implica que el precepto citado establece una regla especial en cuanto a la competencia de dichos tribunales para conocer de los actos reclamados de otro de la misma jerarquía, en el sentido de que debe ser el más próximo a su residencia, siendo innecesario determinar si el acto reclamado requiere o no ejecución material para fincar la competencia del órgano jurisdiccional, pues donde la ley no distingue, no corresponde hacerlo al juzgador." Fórmese el cuaderno correspondiente, háganse las anotaciones del caso en el Libro de gobierno de este Juzgado y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En otro aspecto, con fundamento en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el referido Acuerdo. Se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento el artículo 257 del citado Acuerdo General. En obvio de mayores dilaciones procesales, se ordena hacer la notificación por medio de lista, virtud a que el Tribunal competente que se avoque al conocimiento del presente asunto ordenará la notificación de manera personal del proveído respectivo. Finalmente, se tienen por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a -, virtud a que como se desprende de la constancia secretarial, tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales Notifíquese.

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