David Hernández Hernández
Expediente 1183/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de enero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1183/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 27/01/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- David Hernández Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Por recibido el oficio número 1609, mediante el cual, la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, devuelve los autos del juicio de amparo número 1183/2016-II-A y remite testimonio de la ejecutoria pronunciada en el recurso queja civil número 263/2016, en la que se resolvió: "PRIMERO. Se confirma el auto recurrido.- - - SEGUNDO.- Se desecha la demanda de amparo promovida por David Hernández Hernández, en contra del acuerdo admisorio de siete de septiembre de dos mil dieciséis, así como el emplazamiento al juicio de divorcio incausado 984/2016 promocido por Concepción Betancourt Monter en contra del ahora quejoso."; acúsese recibo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto concluido. Asimismo, requiérase a la parte quejosa, a fin de que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente en que queden debidamente notificado del presente proveído, comparezca ante este tribunal federal, debidamente identificado, a fin de que les sean devueltos los anexos que exhibió en el presente juicio de amparo, apercibido que de no hacerlo, serán destruidos conjuntamente con el presente expediente transcurrido el término de ley. Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto en el Punto Vigésimo del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo fijado en dicho ordenamiento, posterior a la notificación legal del presente proveído, ya que a criterio del suscrito no es de relevancia documental, jurídica e histórica. Finalmente, agréguese a sus autos el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de queja interpuesto por DAVID HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a sus autos el oficio 18613 que suscribe el Actuario Judicial adscrito al Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo circuito en el Estado, por el que comunica a este juzgado que se admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por David Hernández Hernández, contra la resolución de veinte de octubre del año en curso, dictada por este jugado, registrándose con el número de recurso de queja 263/2016; lo anterior para los efectos legales correspondientes. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a sus autos el oficio de cuenta suscrito por el Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras; atento a su contenido, remítase copia del oficio en cuestión a la Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, así como copia certificada de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; para su conocimiento. Notifíquese.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por DAVID HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, contra actos de la Juez Familiar del Distrito Judicial de Hidalgo y Diligenciario Par Adscrito al Juzgado Familiar del Distrito Judicial de Hidalgo, fórmese expediente y anótese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número que le corresponda, como lo es el 1183/2016-II-A Ahora bien, del examen de la demanda de garantías se advierte que el juicio de amparo es improcedente, y por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. El artículo 113 de la nueva Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". De la interpretación gramatical de esta disposición legal se desprende que la demanda de amparo debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de garantías. Por otra parte, los artículos 107, Constitucional, fracción III, inciso b) y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y. "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ..." De estas disposiciones se colige, entre otras cosas, que se refieren al juicio de amparo promovido contra actos dictados en un procedimiento jurisdiccional, además establecen que el juicio de amparo indirecto procede contra actos dictados dentro de dicho procedimiento cuando producen una afectación de imposible reparación. A contrario sensu, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no produce una afectación de esa naturaleza. Y, como el artículo 62 de la nueva Ley de Amparo, establece que las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo, entonces se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, pues dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Ahora bien, sobre el concepto de ejecución de imposible reparación, debe señalarse que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que son aquellos actos dictados dentro del juicio que afectan de modo directo e inmediato alguno de los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y no los que sólo afectan derechos adjetivos o procesales. Así se desprende de la tesis de jurisprudencia 189, que aparece publicada en la página 154, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.- El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Lo anterior significa que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, entre otras, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia o laudo definitivo favorable a sus pretensiones en el juicio. En cambio, las meras violaciones procesales no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. Luego, el prototipo de los primeros (actos irreparables) está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que estos constituyen especies de los que la ley fundamental preserva al gobernado como géneros, citándose a guisa de ejemplo, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, el auto que ordena la intercepción de la correspondencia de alguna de las partes en las oficinas de correos, el que se conmina a una parte a que forzosamente desempeñe un trabajo, el arraigo, pues en los primeros casos se puede afectar la propiedad y posesión, en el cuarto la libertad personal, en el quinto el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, en el sexto la libertad de trabajo y en el séptimo la de tránsito; afectaciones éstas que no podrían repararse en ninguna actuación posterior del juicio. En tanto que el supuesto de los segundos (actos reparables), se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Esto es, en el supuesto de que la parte quejosa obtenga un laudo favorable a sus intereses en el expediente de origen, los efectos de la violación procesal de que se duele desaparecerían, y sólo trascenderán en el caso de que la sentencia fuese contrario, afectando de esta manera sus derechos sustantivos, y en ese momento será cuando la violación de que se duele deberá de combatirla mediante el juicio de amparo directo. Ahora bien, en el caso, del análisis integral de la demanda de garantías se advierte que el acto reclamado es el acuerdo de siete de septiembre de dos mil dieciséis, dictado en el expediente 984/2016, en el que se admitió a tramite el juicio de divorcio encausado, promovido por Concepción Betancourt Monter en contra del hoy quejoso. De lo anterior, se desprende que los elementos de las definiciones de ejecución irreparable no se actualizan en el acto reclamado, por lo siguiente: Con dicho acto sólo se pueden afectar los derechos procesales de la parte quejosa, pero en modo alguno los de naturaleza sustantiva como serían la vida, la libertad, la propiedad, la posesión, entre otros, pues si la resolución que constituye el acto reclamado es el acuerdo de siete de septiembre de dos mil dieciséis, dictado en el expediente 984/2016, en el que se admitió a tramite el juicio de divorcio encausado, promovido por Concepción Betancourt Monter en contra del hoy quejoso, es evidente que los efectos de tal determinación no se traducen al exterior del procedimiento en el que se dictó, tal situación únicamente implica base para la emisión de la sentencia definitiva. Luego, será, en su caso, hasta el pronunciamiento del fallo, cuando pudiera influir o no en el sentido de la decisión del Juez responsable, y por ello, hasta entonces se podrá actualizar la posibilidad de que la pretendida violación procesal llegara a trascender al resultado del fallo, y dar lugar así a una afectación de derechos sustantivos, si la sentencia definitiva es adverso a los intereses de la parte quejosa. En tales condiciones, como ya se dijo, al no ser un acto que afecte derechos sustantivos, es inconcuso que no se actualiza la hipótesis contemplada por el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor, para poder ser impugnado de inmediato a través del juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, en la especie respecto del acto reclamado consistente en el acuerdo de siete de septiembre de dos mil dieciséis, dictado en el expediente 984/2016, se actualiza de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo en vigor, y con apoyo en el dispositivo 113 transcrito, se desecha de plano la demanda en estudio. Asimismo, respecto del acto reclamado consistente en la notificación o emplazamiento del proveído de siete de septiembre de dos mil dieciséis, dictado en el expediente 984/2016, reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 61, del invocado ordenamiento legal, mismo que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento.- Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]." De esta disposición se advierte, entre otras cosas, que el juicio de amparo es procedente contra actos dictados en un procedimiento jurisdiccional, una vez agotados los recursos o medios de defensa que con arreglo a la ley aplicable al caso en concreto procedan. A contrario sensu, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando no se hayan agotado los recursos ordinarios que procedan contra el acto reclamado, dado que a través de estos puede ser revocado, modificado o nulificado. Ahora bien, el principio de definitividad rector del juicio de amparo, y a que se alude en líneas anteriores, debe cumplirse al promoverse el juicio de amparo, y consiste en que se agoten todos los recursos ordinarios o medios de defensa que señala la ley que rija el acto que se reclama, salvo las excepciones que la misma establezca. Al respecto el artículo 109 fracción I, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala, dispone lo siguiente: "Artículo 109.- Las notificaciones que se hicieren en forma distinta a la prevenida en este capítulo serán nulas; y son aplicables a ellas las reglas siguientes: I.- La parte agraviada podrá promover ante el Juez o Tribunal que conozca del negocio, incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, a partir de la notificación hecha indebidamente; [...]". Ahora bien, tomando en consideración que la peticionario del amparo reclama el ilegal emplazamiento al juicio de origen, previamente a acudir a esta vía constitucional, debió agotar el incidente de nulidad de actuaciones previsto por el artículo transcrito en el párrafo que antecede; habida cuenta que no existe constancia en autos de que en el juicio de origen se haya dictado sentencia definitiva, por lo que la quejosa está obligado a agotar dicho incidente antes de promover el juicio de garantías. En efecto, al prever el artículo 109 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, un incidente para combatir en este caso el acto reclamado, previamente a la interposición del juicio de amparo, el ilegal emplazamiento al juicio de origen; es evidente que el impetrante del juicio de garantías debió de interponer en tiempo el medio de defensa de referencia, no siendo por lo mismo procedente el juicio de amparo, al actualizarse al caso la causal de improcedencia en estudio. En las apuntadas condiciones, es claro que al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la demanda de amparo en términos de lo dispuesto por el artículo 113 del mismo ordenamiento legal. Tiene aplicación al respecto la tesis de jurisprudencia visible en la página 356, Tomo II Segunda Parte-2, Octava Época, Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto y rubro es el siguiente: "NULIDAD DE ACTUACIONES, INCIDENTE DE. NECESIDAD DE AGOTARLO PARA CUMPLIR CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Aunque es verdad que el incidente de nulidad de actuaciones no está catalogado como recurso, ello no significa que, para cumplir con el principio de definitividad en que descansa el juicio de garantías pueda omitirse su tramitación previamente a la de dicho juicio, dado que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, no sólo estatuye que se deben agotar recursos antes de intentar el juicio de garantías, sino también medios de defensa, y es obvio que el incidente que se comenta encaja dentro de esta última denominación, puesto que mediante él puede lograrse la modificación, revocación o nulificación del acto materia de tal incidente, esto es, el objetivo de cualquier medio de defensa.". Es oportuno hacer notar que el quejoso estaba obligado a interponer el incidente de nulidad, no obstante que se ostente como persona extraña por equiparación al procedimiento de origen y aleguen la ilegalidad del emplazamiento, puesto que el criterio sustentado en la jurisprudencia número 40/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en la página 81, Tomo XIII, abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "EMPLAZAMIENTO. LA FALTA O ILEGALIDAD DEL MISMO SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN, NO OBSTANTE QUE TENGA CONOCIMIENTO DE LA SENTENCIA, LAUDO O RESOLUCIÓN DEFINITIVA DURANTE EL TRANSCURSO DEL TÉRMINO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 21 Y 22 DE LA LEY DE AMPARO."; se refiere a procedimientos laborales en los que se trata de laudos o sentencias firmes en los cuales el afectado no tuvo oportunidad de impugnar a través de un recurso y ofrecer pruebas para demostrar la ilegalidad del emplazamiento antes de acudir al amparo directo y alegarlo como violación procesal; sin embargo, en la especie la solicitante del amparo goza de un medio de defensa que tiene por efecto nulificar el ilegal emplazamiento tal y como se indicó con anterioridad, además en el supuesto caso que el incidente de que se habla les resultara desfavorable a su interés podría reclamarlo en el momento de interponer el recurso de apelación y posteriormente en el juicio de amparo directo como una violación procesal, cumpliéndose con la finalidad y espíritu a que se refiere la jurisprudencia de mérito. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado En Materia Civil Del Primer Circuito, número I.11o.C.54 C, visible en la página 1778, Tomo XVII, Enero de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone lo siguiente: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. ES ATACABLE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE CONOCE DESPUÉS DE QUE SE DICTÓ SENTENCIA DEFINITIVA, PERO ÉSTA NO HA CAUSADO EJECUTORIA.- Si la quejosa fue parte demandada en el juicio de donde provienen los actos reclamados y señala que tuvo conocimiento del juicio después de que se dictó sentencia definitiva, pero antes de que ésta haya causado ejecutoria, en tal caso se encuentra obligada a agotar el recurso de apelación contra dicha sentencia, para que a través de los agravios atacara la ilegalidad del emplazamiento e inclusive las violaciones de fondo cometidas en la sentencia, ya que existe la posibilidad de que a través del recurso se pueda nulificar el emplazamiento o revocar la sentencia condenatoria, y en caso de que no se hubiese reparado la violación cometida, se podía atacar vía conceptos de violación en el amparo directo que se promueva contra el fallo de segundo grado; de manera que al no haberlo hecho así, debe estimarse que consintió tácitamente las violaciones que ahora reclama. No es obstáculo a lo anterior el actual criterio jurisprudencial número 40/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se encuentra publicado en la página 81, Tomo XIII, abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "EMPLAZAMIENTO. LA FALTA O ILEGALIDAD DEL MISMO SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN, NO OBSTANTE QUE TENGA CONOCIMIENTO DE LA SENTENCIA, LAUDO O RESOLUCIÓN DEFINITIVA DURANTE EL TRANSCURSO DEL TÉRMINO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 21 Y 22 DE LA LEY DE AMPARO.", en el que se sostiene, en esencia, que cuando el quejoso se ostenta como persona extraña por equiparación al procedimiento y alega la falta o ilegalidad del emplazamiento, puede acudir a reclamarlo en amparo indirecto aun cuando conozca del laudo, sentencia o resolución definitiva durante el término para acudir al amparo, puesto que dicho criterio jurisprudencial surgió de asuntos en los que se trata de laudos o sentencias firmes en los cuales el afectado no tuvo oportunidad de impugnar a través de un recurso y ofrecer pruebas para demostrar la ilegalidad del emplazamiento antes de acudir al amparo directo y alegarlo como violación procesal. En efecto, si se toma en cuenta que en contra de los laudos dictados por las Juntas Locales o Federales la ley no otorga recurso o medio de defensa alguno mediante el cual pueda ser atacado como violación de procedimiento la ilegalidad o falta de emplazamiento, entonces, para no dejar en estado de indefensión al quejoso, dicho acto es atacable en amparo indirecto, para que el quejoso pueda ofrecer pruebas y demostrar la ilegalidad del emplazamiento. Por ende, cuando el quejoso tiene conocimiento del juicio seguido en su contra en el que reclama el ilegal emplazamiento, antes de que cause ejecutoria la sentencia dictada, en ese supuesto, podrá apelar la sentencia y en los agravios alegar la violación cometida, inclusive está en posibilidad de ofrecer pruebas en segunda instancia, conforme a lo dispuesto por el artículo 706 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, lo cual da la oportunidad y medios de defensa al afectado, cumpliéndose con la finalidad y espíritu a que se refiere la jurisprudencia número 40/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cabe agregar que estando en ese supuesto en el que se conozca de la ilegalidad del emplazamiento y la sentencia no se haya declarado ejecutoriada, al apelar el fallo y alegar en los agravios esa violación procesal, el tribunal de alzada está obligado a examinarlo, por ser la violación más grave en el proceso, y si su estudio es de oficio por el juzgador, al ser una cuestión de orden público, con mayor razón debe examinarlo cuando se haga valer como agravio, de manera que la violación pueda ser reparada por el tribunal de apelación.". Es aplicable al respecto, la Jurisprudencia 2a./J. 47/2011 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1627, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 2, Décima Época, Registro 2000293, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA.- Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo.". En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, de su Reglamento, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber al promovente que puede manifestar si está de acuerdo con que dichas determinaciones que, en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se le hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, puede manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. Asimismo, de conformidad con el artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. Por otra parte, se tiene por señalado el domicilio que indica la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de cuenta. Asimismo, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de amparo, se tiene por autorizados a los letrados Salvador Hernández Morales y Alejandra Portillo Portillo, no así a la letrada Rubí Linda Bautista Muñoz, en razón de no tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, por lo tanto, se le tiene por autorizada únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos. Notifíquese personalmente
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