David Hernández Garcia
Expediente 13/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 6 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 13/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 19/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado. Ciudad.
- David Hernández Garcia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, diecinueve de abril de dos mil veintitrés. Visto el escrito signado por ********************en su carácter de autorizada del quejoso; en atención a su contenido, téngase desahogada la vista dada en auto de diez de abril del año en curso, y por hechas las manifestaciones que vierte, sin perjuicio de que sean tomadas en consideración, una vez que este Juzgado Federal, se pronuncie respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo.
- Principal
Visto el estado de los autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente asunto; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del numeral 2° de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia que AMPARA ha causado EJECUTORIA; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Ahora bien, toda vez que se aprecia que la autoridad laboral responsable Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, mediante oficio 2072/2023, informó el cumplimiento dado a la sentencia de amparo, dentro del expediente laboral 319/2009; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio de cuenta, dese vista a la parte quejosa, por el término de tres días para que manifieste lo que a su derecho convenga; con el apercibimiento que de no hacerlo así, este Juzgado Federal emitirá pronunciamiento respecto si se encuentra o no cumplida dicha ejecutoria. Finalmente, visto el escrito signado por Minerva Colon Trujillo, autorizada del quejoso David Hernández García; atento a su contenido, dígasele que deberá estarse a lo acordado en párrafos que anteceden.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, tres de marzo de dos mil veintitrés. Glósese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por la Presidenta Encargada del Despacho por Ministerio de Ley del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, sin que sea necesario hacer mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que en auto de uno de marzo de dos mil veintitrés, se dictó sentencia en el juicio de garantías que nos ocupa.
- Principal
V I S T O S, los autos para resolver del juicio de amparo indirecto número 13/2023-II, promovido por David Hernández Garcia, por propio derecho, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad; y otra autoridad responsable. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el seis de enero de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad y turnado el seis de enero de dos mil veintitrés a este Juzgado Séptimo de Distrito, David Hernández Garcia, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y acto que a continuación se especifican: AUTORIDAD RESPONSABLE: Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, ciudad. ACTO RECLAMADO: ".La extrema omisión de dar contestación a mis peticiones formuladas los días 17 de Agosto y 09 de Noviembre del 2022." SEGUNDO. Derechos fundamentales violados. En el escrito de demanda se señalaron como derechos fundamentales transgredidos los contenidos en los artículos 8°, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se expusieron los antecedentes y el concepto de violación que se consideró pertinente. TERCERO. Admisión y Trámite. Por auto de nueve de enero de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda, misma que quedó registrada con el número 13/2023-II, se solicitó a la responsable su informe con justificación, se ordenó emplazar al tercero interesado, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano de control constitucional, la intervención que legalmente le compete, corriéndole traslado con copia de la demanda, quien no formuló pedimento legal alguno, y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, 35 y 37 de la Ley de Amparo, y el Acuerdo General 3/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el cual fue reformado y adicionado por el diverso 51/2015, publicado en el medio de difusión citado, el veintisiete de noviembre de dos mil quince, porque el acto reclamado le es atribuido a una autoridad que actúa dentro del ámbito territorial en que este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de litis. Previo a abordar lo relativo a la certeza del acto reclamado, resulta necesario precisar cuál es este, en términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo señalarse que para tales efectos se analiza en su integridad la demanda de amparo, atendiendo a la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese sentido, de un íntegro estudio al escrito de demanda de amparo, se advierte que el peticionario de amparo se duele de: La dilación procesal que incurre la responsable al no acordar las promociones que le presentó el diecisiete de agosto y nueve de noviembre de dos mil veintidós, dentro del expediente laboral ********************. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Por razón de método debe en principio analizarse si en realidad el acto reclamado existe, es decir, resolver respecto de su certeza; lo anterior, porque de no existir el acto combatido resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia o, en su caso del propio estudio de fondo del acto reclamado; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia del amparo o de la materia de fondo sometida a la consideración implica, en el primer caso, que el acto reclamado sea cierto y, en el segundo, que además de ello, el juicio de amparo sea procedente. Es aplicable al caso la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, de texto y rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Es cierto el acto reclamado al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad (foja 38 de autos), al así manifestarlo al rendir su informe justificado, por lo que se tiene plenamente probada su existencia. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice 1917-Septiembre 2011,. Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto, Materia Común, Tesis: 749, visible a página 830, que dice textualmente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Circunstancia que se corrobora de las constancias adjuntas al informe justificado, emitidas dentro del juicio laboral ******************** del índice del Tribunal responsable; documentales que tienen valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de actuaciones tramitadas ante autoridad con facultades materialmente jurisdiccionales. Sustenta a lo anterior la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno del más Alto Tribunal de Justicia en el país, que aparece publicada en la página 153, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, del rubro y contenido: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTO. Causales de improcedencia. Previamente al estudio de los aspectos de fondo vinculados con la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, deben analizarse las causas de improcedencia por ser esa una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, ya sea de oficio o bien a petición de parte, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62, de la Ley de Amparo. No obstante, al no existir causa de improcedencia invocada por las partes ni alguna que este Juzgador advierta de oficio, se pasa al estudio de la cuestión debatida. QUINTO. Análisis de fondo. En ese tenor, se procede a examinar el fondo del debate planteado a la luz de los conceptos de agravio vertidos por la parte quejosa. Como conceptos de violación, la parte quejosa expresó los contenidos en su escrito inicial de demanda, cuya transcripción se omite en obvio de innecesarias repeticiones, y además, porque en la Ley de Amparo no existe ningún artículo que obligue a hacerlo. Encuentra apoyo lo anterior, en la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, Página 830, de rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." El peticionario de amparo se duele de la dilación procesal en que incurre la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, al no acordar las promociones que le presentaron el diecisiete de agosto y nueve de noviembre de dos mil veintidós, dentro del expediente ********************. Es fundado el concepto de violación esgrimido por la quejosa, atendiendo a las siguientes consideraciones: Del examen de las constancias allegadas por la propia autoridad responsable a este juicio constitucional, mismas que se les otorgo valor probatorio con antelación, de las que se advierte que le fueron presentadas las promociones en fecha diecisiete de agosto y nueve de noviembre de dos mil veintidós, dentro del juicio laboral ********************, sin que la autoridad responsable haya proveído al respecto, quien refirió en su informe justificado que dichas promociones se encontraban en estudio para un mejor proveer; incurriendo así en una dilación que sin lugar a dudas repercute en las demás etapas del procedimiento, vulnerando con su actuar lo establecido en el segundo parágrafo del precepto 17 Constitucional, que establece: "Artículo 17 (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." Ahora bien, del análisis del citado precepto constitucional se advierte lo siguiente: a) Un derecho a la jurisdicción que tiene todo gobernado de acudir ante los órganos jurisdiccionales previamente establecidos para el efecto de obtener una resolución sobre una pretensión. b) La obligación por parte de las autoridades jurisdiccionales de conocer, substanciar y resolver los juicios que se diriman ante ellas. c) Que dicha impartición de justicia deberá efectuarse dentro de los plazos previamente establecidos en las leyes adjetivas aplicables al caso, es decir, que tanto los actos procesales que practiquen los órganos jurisdiccionales, como las resoluciones que éstos emitan, ya sean acuerdos o sentencias, se deben realizar dentro de los términos establecidos en las legislaciones procesales y de manera completa e imparcial. En efecto, el precepto en análisis pertenece a la especie de las garantías de seguridad jurídica, que en lo atinente, establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. Estos cuatro atributos de la garantía concerniente a la administración de justicia han sido definidos por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis L/2002, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XV, mayo de 2002, página doscientos noventa y nueve, de rubro y texto: "ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si dicha garantía está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." Por su parte el numeral 838, de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria a la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del estado de Guerrero, número 248, establece los términos y plazos para la tramitación del procedimiento laboral burocrático estatal, el cual dispone lo siguiente: "Artículo 838.- El Tribunal dictará sus resoluciones en el acto en que concluya la diligencia respectiva o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquellas en la que reciba promociones por escrito, salvo disposición en contrario de esta Ley." De la transcripción anterior se advierte que la autoridad laboral está obligada a proveer respecto de las peticiones formuladas por la parte quejosa dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a que reciba la promoción respectiva. Sin embargo, consta en autos que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, recibió dos escritos que le presentó el aquí quejoso, el diecisiete de agosto y nueve de noviembre de dos mil veintidós, de los que se advierte que no ha dictado pronunciamiento alguno al respecto. Todo lo anterior pone en evidencia que desde la fecha en que se presentó la primer promoción, el diecisiete de agosto de dos mil veintidós, han transcurrido más de seis meses, sin que a la fecha exista constancia alguna de que se haya emitido la determinación respectiva, lo que sin lugar a dudas hace patente la dilación en que ha incurrido la responsable para dictar el acuerdo respectivo en el expediente origen. Dilación que evidentemente se traduce en una violación de las garantías de legalidad y seguridad jurídica que engloba el precepto 17 Constitucional, en perjuicio de ********************, al inobservar la autoridad de mérito los plazos y términos que fija la Ley Federal del Trabajo, en aplicación supletoria a la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, número 248. SEXTO. Efectos de la sentencia de amparo. Con fundamento en los artículos 74, fracción V, y 77, fracción II, de la Ley de Amparo, debe precisarse que en virtud de lo relatado en el considerando que antecede, procede conceder la protección federal solicitada, contra el acto reclamado al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad capital, para el efecto de que: A la brevedad posible, esto es, dentro de los plazos establecidos en el artículo 838, de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria a la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del estado de Guerrero, número 248, emita el acuerdo respectivo a las promociones presentadas el diecisiete de agosto y nueve de noviembre de dos mil veintidós, dentro del expediente natural ********************. SÉPTIMO. Orden de publicación. En otro orden, atento a la inclusión del nombre y datos personales de las partes, por auto de nueve de enero de dos mil veintitrés, se hizo del conocimiento de las partes, lo establecido en los artículos 1°, 3°, 4°, 9° y 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 6º, segundo párrafo, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la precitada Ley, mediante notificación por lista el diez de enero de dos mil veintitrés, que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es pública, accesible a cualquier persona y solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. Por lo antes expuesto y fundado, y además con apoyo en los artículos 103 y 107 de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a ********************, contra el acto que reclama del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, en términos de lo razonado en el considerando QUINTO y para los efectos señalados en el SEXTO considerativo de esta resolución. SEGUNDO. Se tiene hecho del conocimiento de las partes que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es pública, accesible a cualquier persona y solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial, en términos del considerando SÉPTIMO de esta sentencia. Notifíquese a todas las partes por lista, en los estrados de este órgano jurisdiccional en términos del artículo 26 fracción III de la Ley de Amparo, por tratarse de una sentencia dictada en audiencia constitucional, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE y anótese en el libro de registro.
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