David Hernández Farfán

Expediente 1321/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1321/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
08/12/2016

Partes del expediente

  • David Hernández Farfán
  • Visitador General de la Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad

Actuaciones

  1. Principal

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, ocho de diciembre de dos mil dieciséis. Visto; el estado que guardan los autos del juicio de amparo 1321/2016, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por David Hernández Farfán, por propio derecho, contra actos del Visitador General de la Fiscalía General del Estado, con residencia en esta ciudad, y otra autoridad, por violación a sus derechos humanos, contenidos en los artículos 1, 14 y 16 constitucionales; así como el escrito de cuenta, del que se advierte que el quejoso cumplió en tiempo y forma con la prevención formulada por este Juzgado mediante proveído de cinco de diciembre último. En el caso, es necesario indicar el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. " El citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, por lo que, a continuación se efectúa el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS." Esencialmente la tesis de mérito interpreta que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del ocurso y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ahora bien, de la lectura de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio, se advierte que en este juicio constitucional el promovente señaló en su escrito de demanda como acto reclamado: ".El procedimiento administrativo de Responsabilidad número 133/2015, mismo que ya celebró audiencia y no ha dictado resolución. así como el oficio del diverso número FGE/VG/8850/2016 que fue enviado al correo electrónico de mi esposa C. Araceli Morales Vela..." Asimismo, en el escrito aclaratorio manifestó su deseo de ampliar el mismo, respecto de: ".que la responsable no emitió su resolución en tiempo y forma, por lo que ha operado la caducidad dentro del juicio, pues ha transcurrido en exceso el termino previsto por la ley para resolver, omitiendo la autoridad este acto procesal." Ahora, este órgano de control constitucional estima que tales actos no constituye la última dictada en el Procedimiento Administrativo de Responsabilidad 113/2015, por lo que tomando en consideración que sólo puede promoverse el amparo indirecto contra la última resolución, pudiendo reclamarse en esa misma demanda, las demás violaciones cometidas durante ese periodo, que hubieren dejado sin defensa al quejoso, es evidente que el juicio que se intenta resulta improcedente. Para una mejor comprensión del asunto, es conveniente reproducir el contenido textual de del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción III, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Carta Magna, que dicen: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 107.- El amparo indirecto procede: (.) III. (.) Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte...". El último precepto transcrito es claro al establecer que en un procedimiento que no provenga de tribunales judiciales, administrativos y de trabajo, seguido en forma de juicio, como el procedimiento administrativo de responsabilidad 113/2015, sólo será procedente el amparo cuando el acto que se reclame sea la resolución definitiva dictada en el mismo, pudiendo reclamarse en la demanda las demás violaciones cometidas durante ese periodo que hubieran dejado sin defensa al quejoso; o bien, contra las violaciones surgidas durante ese procedimiento que afecten derechos sustantivos del gobernado. Ahora, si en el caso, David Hernández Farfán, afirma ser parte en el procedimiento administrativo de responsabilidad de que se trata, al que dijo compareció oportunamente y que de lo que medularmente se duele es que la autoridad responsable se excedió en el tiempo con que contaba para emitir la resolución correspondiente, tan es así, que la suspensión pretende le sea concedida para el efecto de que la responsable no emita resolución en el procedimiento o sobresea en el mismo; lo que pone de relieve, que se trata de actos dentro del procedimiento administrativo de responsabilidad que en modo alguno vulneran derechos sustantivos del aquí quejoso, sino meramente procesales. Así pues, los actos impugnados en opinión del suscrito tienen efectos únicamente dentro del procedimiento, dado que la violación que llegare a cometerse con la omisión de la responsable de resolver en definitiva, o el citatorio enviado vía electrónica, puede quedar subsanada con posterioridad, si la resolución que ponga fin al procedimiento administrativo de que se trata, resulta finalmente favorable a los intereses del quejoso, lo que presupone que se han satisfecho las garantías de previa audiencia y legalidad; Lo anterior, se explica por qué el legislador plasmó en el contenido de la fracción III, del artículo 107, de la Ley de Amparo, su intención de evitar que se abuse del juicio de garantías, pues condiciona la procedencia de éste, contra las violaciones sufridas en la substanciación de un procedimiento que no emane de tribunales judiciales, administrativos y de trabajo, a la impugnación de la "resolución definitiva", que se dicte en esa fase, la cual ha de entenderse, como ya se dijo, como aquella que resuelve en definitiva el procedimiento administrativo de que se trata, la cual tiene la calidad de culminar el procedimiento en el que se otorgó al condenado la garantía de audiencia y se cumplieron con las formalidades esenciales del mismo. Tiene aplicación al caso, la tesis jurisprudencial número 2ª/J.22/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, visible en la página 196, Tomo XVII, Abril de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente: "PROCEDIMIENTOS EN FORMA DE JUICIO SEGUIDOS POR AUTORIDADES DISTINTAS DE TRIBUNALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. SU CONCEPTO COMPRENDE TANTO AQUELLOS EN QUE LA AUTORIDAD DIRIME UNA CONTROVERSIA ENTRE PARTES CONTENDIENTES, COMO LOS PROCEDIMIENTOS MEDIANTE LOS QUE LA AUTORIDAD PREPARA SU RESOLUCIÓN DEFINITIVA CON INTERVENCIÓN DEL PARTICULAR. La Ley de Amparo establece que tratándose de actos dentro de un procedimiento, la regla general, con algunas excepciones, es que el juicio constitucional sólo procede hasta la resolución definitiva, ocasión en la cual cabe alegar tanto violaciones de fondo como de procedimiento, sistema que tiene el propósito de armonizar la protección de las garantías constitucionales del gobernado, con la necesidad de asegurar la expeditez de las diligencias procedimentales. Tal es la estructura que dicha Ley adopta en el amparo directo, así como en los procedimientos de ejecución y en los procedimientos de remate, como lo establece en sus artículos 158 y 114, fracción III, respectivamente. Por tanto, al establecer el segundo párrafo de la fracción II del artículo 114 acabado de citar, que cuando el acto reclamado de autoridades distintas de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, emanen de un procedimiento en forma de juicio, el amparo sólo procede en contra de la resolución definitiva, debe interpretarse de manera amplia la expresión "procedimiento en forma de juicio", comprendiendo aquellos en que la autoridad dirime una controversia entre partes contendientes, así como todos los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara su resolución definitiva, aunque sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia, pues si en todos ellos se reclaman actos dentro de procedimiento, en todos debe de aplicarse la misma regla, conclusión que es acorde con la interpretación literal de dicho párrafo.". Sirve de apoyo a lo anterior, por su contenido, la jurisprudencia P./J. 32/2001, visible en la página treinta y uno, Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 27/99, con rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Congruente con ello, si la resolución con la que culmine el procedimiento administrativo de que se trata, no llegare a resultar favorable a los intereses del aquí quejoso, podrá instar la acción constitucional pudiendo reclamar en la demanda respectiva las violaciones al procedimiento que se hubieren cometido y que estime afectaron su defensa. En razón de lo expuesto con anterioridad y con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Apoya lo anterior, la jurisprudencia número 749, publicada en la página 505, del Tomo VI, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de voz y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA. El motivo manifiesto e indudable de improcedencia a que se refiere el artículo 145 de la Ley de Amparo, debe ser tan claro, evidente, notorio e indiscutible, que sin necesidad de ulterior comprobación haga inejercitable la acción constitucional." Los criterios que se citan en esta determinación, aun cuando se refieren a la interpretación de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, cobran vigencia en este asunto, ya que sobre el tema que se analiza en particular, el ordenamiento que regula el juicio de garantías no sufrió modificación que provoque la pérdida de su vigencia, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del decreto por el que fue expedida la Ley de Amparo. Ahora, respecto de la solicitud del citado Hernández Farfán, de que se tenga por autorizado de su parte en los amplios términos que establece el artículo 12 de la ley de la materia a Nahúm Mizrain Palestino Hernández, dígasele que ho ha lugar a acordar de conformidad, toda vez que no tiene cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, tal como se corrobora de la constancia que se adjunta. Finalmente, para un mejor manejo del expediente, consérvese por separado en la Secretaría de este juzgado, las siete copias del escrito de demanda anexas al escrito aclaratorio de cuenta. Notifíquese por lista de acuerdos al promovente. Así lo proveyó y firma, el licenciado Arnulfo Moreno Flores, Juez Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el licenciado Alberto Arbea Pérez, Secretario quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, cinco de diciembre de dos mil dieciséis. Vista; la demanda de amparo presentada por David Hernández Farfán, por propio derecho, contra actos del Visitador General de la Fiscalía General del Estado, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades, por violación a sus derechos humanos, contenidos en los artículos 1, 14 y 16 constitucionales. Fórmese expediente y anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 1321/2016. Ahora, antes de proveer lo que en derecho proceda sobre la admisión de la demanda, este Órgano Federal analizó la demanda atendiendo a las disposiciones de la Ley de Amparo; y específicamente el artículo 114, que en lo referente establece: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: --- I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; --- II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; ---III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; ---IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y --- V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. --- Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. --- En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." El normativo anterior impone al suscrito la obligación, previa a acordar sobre la admisión de la demanda, de estudiar el escrito inicial para verificar que se hayan colmado los requisitos que marca la ley en cita, entre los que se encuentran los previstos en su artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo, que establece para el efecto lo siguiente: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; (.)." Como se advierte del artículo mencionado, es obligación del gobernado manifestar bajo protesta de decir verdad cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto; ello, con la finalidad de reunir los requisitos que establece el artículo citado. En ese contexto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, 110 y 114 de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, exhiba escrito aclaratorio al que deberá acompañar una copia para cada una de las partes, ya que junto con el escrito inicial, integra la demanda de amparo, que en el particular deberán ser cinco, en virtud de que dos son para correr traslado a las autoridades señaladas como responsables; dos para tramitar el incidente de suspensión que solicita, y, una más para dar vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 5º, fracción IV del citado ordenamiento. Tiene aplicación al caso concreto por sus consideraciones jurídicas, la jurisprudencia P./J.36/2001, publicada en la página setenta y nueve, del Tomo XIII, Abril de dos mil uno, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 9/2000, cuyo tenor es: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo". Ahora, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se aprecia que el promovente David Hernández Farfán, reclama: ".El procedimiento administrativo de Responsabilidad número 133/2015, mismo que ya celebró audiencia y no ha dictado resolución. así como el oficio del diverso número FGE/VG/8850/2016 que fue enviado al correo electrónico de mi esposa C. Araceli Morales Vela..." Asimismo, se advierte que el quejoso manifiesta: "Quiero Aclarar que ya había sido requerido anteriormente pero por mi situación de salud me fue imposible comparecer." En consecuencia, a fin de fijar la litis sobre la que versará el juicio constitucional de que se trata, en el escrito aclaratorio la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad: a) Precise la fecha de la notificación en la que se le había solicitado comparecer en el Procedimiento Administrativo de Responsabilidad 113/2015, o bien en la que tuvo conocimiento de la misma. b) Manifestar si tuvo algún tipo de intervención en el Procedimiento Administrativo de Responsabilidad 113/2015, si fue emplazado a juicio, si dio contestación a la demanda instaurada en su contra; esto es, deberá ampliar su apartado de antecedentes del acto reclamado y reseñar la intervención que tuvo en el procedimiento de que se trata. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 161/2013, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1079, Libro 3, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. SI EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Y DICHO DATO NO DERIVA DE SUS ANEXOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE SUBSANE ESA DEFICIENCIA. De los artículos 116, 145 y 146 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, deriva que la omisión de señalar en la demanda la fecha en que se tuvo conocimiento del acto reclamado, cuando ello no se desprenda de los anexos con que se acompañe, constituye una irregularidad de aquélla al tratarse de un dato indispensable para que el juzgador de amparo pueda verificar su presentación oportuna y, en este sentido, se comprende en la fracción IV del primer numeral citado, que no sólo se refiere a la narración de acontecimientos ocurridos con anterioridad al acto reclamado, sino también a los aspectos que influyan en la procedencia del juicio, por ser ésta una cuestión de orden público y estudio oficioso. Por tanto, el Juez de Distrito debe prevenir al quejoso para que subsane esa deficiencia, y de no hacerlo, incurrirá en violación a las disposiciones fundamentales que norman el procedimiento, que podrá dar lugar a ordenar su reposición en términos del numeral 91, fracción IV, del ordenamiento legal citado." Finalmente, se apercibe al quejoso que de no cumplir cabalmente con lo ordenado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, los estrados de este juzgado, por así estar precisado en el proemio de su demanda, y por autorizado en los amplios términos que señala el artículo 12 de la Ley de la materia a Víctor Manuel Palestino Carreón; y con las restricciones que impone tal precepto a Nahúm Mizrain Palestino Hernández, toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que no tiene cédula profesional registrada ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Finalmente, para un mejor manejo del expediente, consérvense por separado en la Secretaría de este juzgado, las copias de la demanda de amparo, que anexó el promovente. Notifíquese... Así lo proveyó y firma, el licenciado Arnulfo Moreno Flores, Juez Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el licenciado Alberto Arbea Pérez, Secretario quien autoriza y da fe.

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