David Hernández Cedeño

Expediente 837/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
837/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
09/10/2023

Partes del expediente

  • David Hernández Cedeño
  • Juez Cívico de la Delegación Poniente de Policía del Municipio de León, Guanajuato En Turno

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Se califica cumplimiento. Visto el estado procesal de autos del que se advierte que en auto de once de septiembre del año que trascurre (fojas 94-95), causó ejecutoria la sentencia dictada el veintitrés de agosto de la presente anualidad, en la que, por una parte se sobreseyó en el juicio de amparo, y por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso********************, para el efecto de que la autoridad responsable juez Cívico de la Delegación Poniente de esta ciudad, realizara lo siguiente: ".1) Dejar insubsistente la resolución de quince de julio del año en curso, dentro del procedimiento administrativo sancionador que impuso veinte horas de arresto al quejoso********************; así como sus consecuencias legales, como son la infracción, retención de licencia de conducir, tarjeta de vinculación, vehículo, o cualquier documento u objeto, que se dejó en garantía de dicha sanción. 2) En caso de que la autoridad responsable -en ejercicio de su facultad potestativa- decida emitir un nuevo acto, éste deberá atender a las consideraciones que fueron expuestas en el presente fallo; así como fundarse y motivarse debidamente. El presente considerando no es limitativo, exhaustivo ni taxativo de la concesión y ejecución de esta sentencia de amparo, la cual deberá cumplimentarse hábilmente y en la forma restitutiva más amplia posible para restablecer al impetrante en sus derechos fundamentales." Ahora, mediante oficio 15320/2023, de once de septiembre de dos mil veintitrés (foja 94), dirigido a la autoridad responsable, se le comunicó la ejecutoria dictada en el presente juicio y, por tal motivo, se le requirió su cumplimiento. Luego, el dieciocho de septiembre del año en curso (fojas 99-107), se recibió el oficio suscrito por el juez Cívico en Turno, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y acompañó las constancias respectivas, por lo que en auto de diecinueve de septiembre de la presente anualidad, se ordenó dar vista al quejoso, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera. El solicitante del amparo no hizo manifestaciones en torno al cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de amparo, por lo que con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procederá a resolver si la sentencia dictada en el presente juicio se encuentra o no cumplida, o bien, si la autoridad responsable incurrió en exceso, defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia 2a./J. 26/2000 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 192174, consultable en la página 243, Tomo XI, correspondiente a marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." En principio, se considera necesario hacer las siguientes precisiones. El defecto en el cumplimiento de una ejecutoria se actualiza cuando las autoridades responsables dejan de hacer algo o de cumplir en su integridad lo ordenado en la resolución de cuya ejecución se trata; mientras que el exceso se verifica cuando las responsables se extralimitan en su cumplimiento, al ir más allá del alcance de la ejecutoria que concedió la protección constitucional. Del mismo modo, se estima cumplida una sentencia de amparo, cuando las responsables acatan todos y cada uno de los aspectos definidos en el juicio de amparo como violatorios de derechos fundamentales. Ahora, de las constancias que la autoridad responsable remitió en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, a las que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º, tienen pleno valor probatorio, se obtiene que se atendieron todos y cada uno de los aspectos definidos en el fallo protector, lo anterior, con base en lo siguiente: En la sentencia amparadora se precisó que la mencionada potestad debía dejar jurídicamente insubsistente la resolución de quince de julio de dos mil veintitrés, en la que determinó sancionar a********************, con veinte horas de arresto administrativo por conducir un vehículo en estado de ebriedad, así como sus consecuencias legales y en caso de que decidiera emitir un nuevo acto, debería atender lo expuesto en el fallo protector; así como fundarse y motivarse. Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que en lo medular, se ha restituido al impetrante en el goce de sus derechos fundamentales violados, porque de la copia autógrafa de la boleta de control ********************, que fue remitida por la autoridad responsable, se obtiene que en acato a la ejecutoria de amparo se dejó insubsistente la resolución de quince de julio de dos mil veintitrés, en la que se sancionó al quejoso********************, con arresto administrativo, por conducir en estado de ebriedad; asimismo, en la mencionada boleta de control la responsable determinó no emitir un nuevo acto administrativo en contra del impetrante. Además, en cuanto a las consecuencias legales del acto reclamado, como son la retención de licencia de conducir, tarjeta de circulación, vehículo o cualquier documento u objeto que se hubiere dejado en garantía de dicha sanción; el juez cívico responsable informó que, si bien es cierto, fue retenido el vehículo del solicitante del amparo, también lo es que ello aconteció con motivo de que el quejoso infringió el artículo 103, fracción XIV del Reglamento de Policía y Vialidad para el Municipio de León, Guanajuato; lo que de suyo hace que el mismo no le haya sido retenido con motivo de la sanción materia del fallo protector, sino por una diversa. En consecuencia, después de analizar la sentencia protectora en este proceso constitucional, se observó que todos y cada uno de los efectos de la misma fueron cumplidos por la autoridad responsable. Del mismo modo, se aprecia que no se incurrió en defecto, puesto que no se omitió dar cumplimiento a alguna parte del fallo constitucional, pues como se dijo, se observaron todos los aspectos sobre los que se concedió el amparo; como tampoco se advierte extralimitación de funciones (exceso), porque el proceder de la responsable se ajustó a los lineamientos establecidos en la ejecutoria de mérito, restituyendo al impetrante en su derecho fundamental violado. Así, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo en su totalidad; ordenándose hacer del conocimiento del quejoso este proveído, para los efectos de los numerales 201 y 202 de la ley de la materia, y una vez transcurrido el plazo legal de quince días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, sin manifestación al respecto, procédase a determinar lo conducente en relación al caso particular. Asimismo, dígasele a la autoridad responsable y a las demás partes de este juicio constitucional que, transcurrido el plazo legal para intentar el recurso de inconformidad en contra de la presente calificación de cumplimiento, de no recibir notificación formal por parte de este tribunal, deberá presumirse que no se promovió el medio de impugnación aludido, y que por esa razón la determinación asumida en este proveído adquirió firmeza procesal, sin necesidad de comunicación oficial al respecto.

  2. Principal

    Autoridad responsable informa cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, agréguense a los autos el oficio y anexos de cuenta que remite el juez Cívico en turno, de esta ciudad, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Vista con cumplimiento de ejecutoria de amparo. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la legal notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su interés legal convenga en cuanto al cumplimiento dado por la autoridad responsable; transcurrido el aludido plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este Juzgado Federal dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla; entendiéndose que la ejecutoria está cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos.

  3. Principal

    Sentencia causa ejecutoria. Visto el estado procesal de autos, del que se advierte que en el presente asunto, por un lado se sobreseyó en el juicio de amparo, y por el otro se concedió la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, sin medio de impugnación interpuesto, por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria en sus términos dicha resolución. Efectos del fallo protector. En la presente ejecutoria se concedió la protección constitucional. Se requiere cumplimiento. Luego, como el juez Cívico de la Delegación Poniente, de esta ciudad, fue quien incurrió en la violación a los derechos fundamentales de la parte quejosa; en consecuencia, requiérasele para que dentro del término de tres días, contado a partir de que reciba el oficio con el cual se le notifica el contenido de este proveído, cumpla con la ejecutoria de amparo, manifieste expresamente el impedimento legal o material que tenga para ello, o bien, informe las gestiones que realiza a fin de cumplimentar el fallo, en virtud de que es a esa autoridad, a quien corresponde hacer que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de la trasgresión a los derechos fundamentales del peticionario del amparo. Lo anterior, en el entendido de que en términos del artículo 194 de la Ley de Amparo, en este asunto no existe superior jerárquico al que resulte necesario notificar y requerir, toda vez que de conformidad con el artículo 26 del Reglamento de Justicia Cívica para el Municipio de León, Guanajuato, el juez Cívico de la Delegación Poniente, de esta ciudad, señalado como responsable, es una unidad administrativa con autonomía técnica y de gestión, de manera que el ejercicio de sus funciones materialmente jurisdiccionales en materia de calificación de sanciones administrativas son paralelas y análogas a las de un órgano jurisdiccional; es decir, no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, y por lo mismo, no tiene superior inmediato a quién requerirle que la conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo, tal como en un caso análogo fue interpretado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al sustentar la siguiente jurisprudencia: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo". [Décima Época. Instancia: Segunda Sala. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro IV, Enero de 2012, Tomo 4. Materia(s): Común. Tesis: 2a./J. 36/2011 (10a.). Página: 3515]. Apercíbase a la autoridad responsable que de no cumplimentar el fallo en sus términos, sin causa justificada, se seguirá en su contra el procedimiento sancionatorio previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, esto es, se les aplicará una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, y se remitirán los presentes autos al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para los efectos del numeral 193 del ordenamiento legal citado, lo que puede culminar con su consignación ante un Juzgado Federal, respectivamente. En la inteligencia de que se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. Una vez cumplimentado lo anterior, informen a este órgano jurisdiccional sobre el particular, con las respectivas constancias que acrediten todo lo anterior, con el fin de deducir, que las cosas ya se encuentran en el estado en que se hallaban antes de la violación cometida a los derechos fundamentales de la parte quejosa.

  4. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PRIMERO. SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO. SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE.

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