David Hanono Tawil
Expediente 377/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 7 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 377/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 30/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- David Hanono Tawil
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; treinta de junio de dos mil veintiuno. Vista; la certificación secretarial de cuenta y del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ya feneció el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia de treinta y uno de mayo del año en curso; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que NO AMPARA NI PROTEGE al quejoso****, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo y, en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, déjese por separado el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión relativos al juicio de amparo de que se trata. Asimismo, es preciso mencionar que conforme al artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente es DEPURABLE por virtud de que en el mismo SE NEGÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. En consecuencia, transcurrido el periodo de conservación de tres años a que alude el mencionado numeral, dentro de los noventa días siguientes, se procederá a su depuración y hecho que sea, habrá de solicitarse su transferencia a la dirección antes mencionada para su depósito. En relación al original del cuaderno incidental que deriva del presente, en términos del artículo 21, inciso C) del invocado cuerpo normativo, es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que en la especie se NEGÓ la suspensión provisional y definitiva; en consecuencia, transcurrido el periodo de conservación de tres años descrito en líneas precedentes, dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción previa formulación del acta y relación correspondiente. Respecto del duplicado del incidente de suspensión, es DESTRUIBLE de conformidad con lo dispuesto en el numeral 20, fracción II inciso a) del Acuerdo General precisado, se ordena que dentro del término de treinta días siguientes a que haya transcurrido el plazo de conservación de seis meses, contado a partir del presente proveído, se proceda a su destrucción, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del cuaderno. Agréguese copia simple del presente proveído a los cuadernos del incidente de suspensión relativos al juicio de amparo de que se trata. ?????????? Por otra parte, se destaca que a juicio del suscrito, el expediente en que se actúa carece de relevancia documental para su conservación, ya que no se ubica en alguna de las hipótesis previstas en el último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto invocado. Notifíquese.
- Principal
V I S T O S; los autos para pronunciar sentencia en el juicio de amparo 377/2021, promovido por ****, por derecho propio, contra actos de la Directora de Catastro e Impuesto Predial del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero; y RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito depositado el veintidós de marzo de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, validado el trece de abril siguiente, por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, y turnado en esa misma data a este Juzgado Cuarto de Distrito, DAVID HANONO TAWIL, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por el acto que a continuación se transcriben: "[.] III. AUTORIDADES RESPONSABLES. Directora de Catastro e Impuesto Predial, del Ayuntamiento de Acapulco, Guerrero. IV. ACTO RECLAMADO. 1. De la Directora de catastro e Impuesto Predial, del Ayuntamiento de Acapulco, Guerrero, se reclama lo siguiente: La omisión de elaborar y notificar un Acuerdo y/o Avalúo dentro de un procedimiento de revaluación en el cual se me otorgara mi derecho de audiencia, para efecto de modificar la base gravable de $1,055,787.23 a la cantidad de $4,223,148.92 al predio catastrado a nombre de la parte quejosa, clasificado con la Cuenta Catastral 030-001-005-0128." SEGUNDO. Transgresión y narración de antecedentes. La parte quejosa invocó como derechos humanos transgredidos los contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 constitucionales, y transcribió los antecedentes del acto reclamado. TERCERO. Trámite del juicio. Mediante acuerdo de catorce de abril de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional registró la demanda de amparo en el Libro de Gobierno con el número 377/2021 y la admitió a trámite; solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete y señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, una vez debidamente integrado el expediente, tuvo verificativo con el resultado asentado en el acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y decidir el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 33 fracción IV, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; así como conforme al Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 36/2016, que modificó aquél y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el acto es atribuido a una autoridad administrativa que reside dentro del territorio en el que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Jurisprudencia aplicable. En el presente asunto se aplicará aquélla integrada con anterioridad, en lo que no se oponga a la Ley de Amparo vigente, en términos de lo señalado en su artículo 6º transitorio.1 TERCERO. Precisión del acto reclamado. De acuerdo con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo se debe precisar el acto reclamado, atendiendo al contenido de la demanda, el informe justificado y las pruebas aportadas en el juicio, así como la totalidad de la información que obra en el expediente2; por lo que, el suscrito concluye que el acto reclamado consiste en: La omisión por parte de la Directora de Catastro e Impuesto Predial del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, de elaborar y notificar un Acuerdo y/o Avalúo dentro de procedimiento para modificar la base gravable del predio con cuenta catastral 030-001-005-0128. CUARTO. Oportunidad en la demanda. La demanda de amparo es oportuna si se parte de que el quejoso manifestó, bajo protesta de decir verdad, que el ocho de marzo de dos mil 1 SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley. 2 Cobra aplicación la Jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Abril de 2000, página 32, Registro digital: 192097, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 377/2021 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO 5 veintiuno al acudir ante la Directora de Catastro e Impuesto Predial del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, le fue informado de la inexistencia de obligación alguna de elaborar y notificar un Acuerdo y/o Avalúo dentro de procedimiento para modificar la base gravable del predio con cuenta catastral 030-001-005-0128, sin que tal hecho haya sido controvertido por las partes; motivo por el cual, se colige que ésta la presentó en el noveno día del plazo que disponía para ello.3 QUINTO. Certeza del acto reclamado. Conforme a la técnica que rige al juicio de amparo, el tribunal que conozca del mismo, en primer lugar, debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar de manera oficiosa las causas de improcedencia que advierta se actualicen en el particular, para, de ser procedente el juicio, pronunciar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Esta situación es así, entre otras razones, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y, en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente sería imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o de la parte substancial del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos, el juicio de garantías sea procedente, tal como se advierte de la jurisprudencia número XVII.2o. J/10, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO", visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Materia Común, Número 76, Abril de 1994, página sesenta y ocho. Debe tenerse por cierto el acto que se reclama a la Directora de Catastro e Impuesto Predial del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, puesto que al rendir su informe justificado, aceptó 3 Los quince días hábiles a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, corrieron del nueve al treinta de marzo de dos mil veintiuno. haber modificado el valor catastral y la base gravable del inmueble propiedad de la quejosa, y al formular manifestaciones que se encuentran encaminadas a sostener su constitucionalidad, siendo así evidente la existencia del acto reprochado y que se le atribuye. En ese sentido, tiene aplicación la Jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo VI, Materia Común, página 206, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Octava Época, Registro: 211004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Julio de 1994, consultable en su página 391, del tenor: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." SEXTO. Causales de improcedencia. Previo a examinar el fondo de la cuestión constitucional planteada, procede analizar la procedencia de este juicio de amparo con independencia de que las partes hayan o no hecho valer causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público, conforme lo dispuesto por el del artículo 62 de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia 814, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que señala: PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 377/2021 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO 7 "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." (Localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Apéndice de 1995, tomo VI, página 553) En ese tenor, se tiene que en la especie la autoridad responsable municipal sostiene que en el presente juicio se actualizan la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo4. Dicha causal de improcedencia invocada por la responsable no se actualiza en el caso, porque, contrario a lo que aduce, el quejoso sí tiene interés jurídico para acudir al juicio biistancial. En efecto, si bien ésta establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de la citada Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; lo cierto es que en autos obra la factura folio 2100225482, con sello digital, de donde se advierte que el quejoso es titular del predio identificado con la clave catastral 030-001-005-0128; prueba documental a la que se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, por lo que resulta inconcuso que se acredita su interés jurídico para instar el presente juicio de amparo. Resulta aplicable en lo conducente la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, Décima Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV, Registro digital: 2015428, página 2434, que dice: 4 "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)". "DOCUMENTO ELECTRÓNICO. SI CUENTA CON CADENA ORIGINAL, SELLO O FIRMA DIGITAL QUE GENERE CONVICCIÓN EN CUANTO A SU AUTENTICIDAD, SU EFICACIA PROBATORIA ES PLENA. De conformidad con el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología, constituye un medio de prueba que debe valorarse conforme a las reglas específicas contenidas en el propio precepto y no con base en las reglas generales aplicables a las copias simples de documentos públicos o privados impresos. Así, para establecer la fuerza probatoria de aquella información, conocida como documento electrónico, debe atenderse a la fiabilidad del método en que se generó, comunicó, recibió o archivó y, en su caso, si es posible atribuir su contenido a las personas obligadas e, igualmente, si es accesible para su ulterior consulta. En congruencia con ello, si el documento electrónico, por ejemplo, una factura, cuenta con cadena original, sello o firma digital que genere convicción en cuanto a su autenticidad, su eficacia probatoria es plena y, por ende, queda a cargo de quien lo objete aportar las pruebas necesarias o agotar los medios pertinentes para desvirtuarla." En efecto, se advierte que el quejoso es contribuyente del municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, y se encuentra obligada al pago del impuesto predial, lo que pone en evidencia su interés jurídico para reclamar el mecanismo de cobro que aplicó la autoridad municipal, que por esta vía alega. Por lo cual, contrario a lo señalado por la autoridad responsable, el promovente del amparo sí tiene interés jurídico, pues es titular del bien inmueble identificado con clave catastral 030-001- 005-0128; de ahí que deba declararse infundada la causal de improcedencia. Por otro lado, se tiene que en la especie la autoridad responsable municipal también sostiene que en el presente juicio se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, la última en relación con la fracción VIII, del artículo 108, del mismo ordenamiento legal, y 63, fracción V de la misma Ley5, toda vez que -aduce- la parte quejosa en sus conceptos de violación no hace razonamientos lógico jurídicos, ni señala el perjuicio que le causan los preceptos legislativos que reclama. 5 "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito, o por los medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] VIII. Los conceptos de violación [.]" PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 377/2021 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO 9 Los artículos en mención refieren que la demanda de amparo debe contener, entre otros, el concepto o conceptos de violación, y este requisito debe estimarse como una de las precisiones esenciales del juicio de amparo, en virtud de que es en el concepto de violación en el que la parte promovente, mediante los hechos, argumentos y razonamientos, establece las violaciones de derechos fundamentales que le causan los actos reclamados. En consecuencia, la ausencia o falta de tales conceptos, hace legalmente imposible que el Juez del conocimiento conceda o niegue el amparo que se le solicita, toda vez que no está en posibilidad de analizar y resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes o actos que se reclaman porque se cometan o no violaciones de derechos fundamentales, pues no basta que la parte quejosa en la parte relativa de la demanda señale determinados preceptos constitucionales que estime infringidos, si no expresa en qué consiste la infracción que imperativamente debe quedar razonada en el concepto correspondiente, para que se satisfaga el requisito exigido por la citada fracción VIII del artículo 108, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 232306, Semanario Judicial de la Federación. Volumen 187-192, Primera Parte, página 108, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACION EN EL AMPARO ANTE JUZGADOS DE DISTRITO. El artículo 116 de la Ley de Amparo, en su fracción V, establece que la demanda de amparo contendrá, entre otros, el concepto o conceptos de violación. De aquí que no basta señalar como violados los preceptos constitucionales si no se expresa por qué se violan dichos preceptos. Este requisito debe estimarse como uno de aquellos que son esenciales del juicio de garantías, en virtud de que es el concepto de violación en el que el promovente, mediante hechos, argumentos y razonamientos, establece las violaciones de garantías que le causan los actos reclamados. En consecuencia, la ausencia o falta de tales conceptos hace legalmente imposible que el Juez del conocimiento conceda o niegue el amparo que se solicita." En el caso, en contraposición a lo que sostiene la autoridad responsable municipal, de la lectura integral de la demanda de amparo, sí se advierte motivo de inconformidad suficiente para estimar que en el particular, se cumple con la exigencia que toda demanda de amparo administrativa debe contener, pues basta imponerse de su lectura para advertir que el aquí quejoso, de manera literal dejó asentado, entre otras cosas, que el agravio que la conducta reclamada le genera, se traduce en que la modificación de la base gravable del predio con cuenta catastral 030-001-005-0128, debió estar precedida de un procedimiento administrativo, en el que se respetara su derecho fundamental de audiencia, púes no fue notificado del mismo, manifestación que es suficiente para tenerlo como un concepto de violación, de acuerdo a la causa de pedir. De ahí, que resulte infundada la presente causal de improcedencia. SÉPTIMO. Estudio de fondo del asunto. Al no advertirse la actualización de alguna otra causal de improcedencia del juicio de amparo, procede examinar el fondo materia del debate planteado, estudio que se efectuará a la luz de los conceptos de violación vertidos por la parte quejosa en su demanda de amparo, los que no habrá necesidad de transcribir por no haber en la ley de la materia precepto que así lo exija. Resulta aplicable al respecto la Jurisprudencia número 58/2010, visible en la página 830, del Tomo XXXI, Mayo de 2010, correspondiente al mes de mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 164618, de rubro: "CONCEPTOS DEVIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Los conceptos de violación que propone el peticionario del amparo son infundados, tal como se verá a continuación. De manera sintetizada el promovente del amparo manifiesta que el veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, procedió al pago del impuesto predial y, que el ocho de marzo siguiente acudió ante la Directora de Catastro e Impuesto Predial del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, solicitando se le indicara porqué en el comprobante de pago de factura 2100225482, la base PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 377/2021 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO 11 gravable era mayor a la del año dos mil veinte, si no le había sido notificado ningún procedimiento administrativo de revaluación; manifestándosele al respecto, que había sido aumentado sin que existiera obligación alguna de elaborar y notificar un Acuerdo y/o Avalúo dentro de procedimiento para llevarlo a cabo. Así, aduce que no se atendió a lo que la garantía de audiencia exige, puesto que no se le dio noticia de procedimiento alguno que concluyera con la modificación de la base gravable del predio con cuenta catastral 030-001-005-0128, privándosele así de la oportunidad de manifestar lo que a su representación correspondiera. Señala que la falta de elaboración y notificación de un procedimiento de avalúo, trajo como consecuencia que desconociera el motivo del aumento de la base gravable que impera en el cobro del impuesto predial que realizó, impidiéndole que pudiera inconformarse contra tal determinación. Alega que el avalúo no puede producir efectos legales, hasta en tanto se haga del conocimiento del interesado, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley de catastro Municipal del Estado de Guerrero, a fin de que estuviera en condiciones de inconformarse. Sostiene que la emisión de un acto materialmente administrativo, debe estar precedido de un procedimiento en el que se permita desarrollar plenamente su defensa, en salvaguarda a la garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional, cuya violación está considerada como de mayor magnitud y de carácter grave dada su trascendencia, pues afecta las defensas, la oportunidad de ofrecer pruebas, así como de alegar. Como se anticipó, el suscrito juzgador determina que resultan infundados los referidos conceptos de violación, pues como puede verse, de manera medular, el quejoso aduce que la determinación de la autoridad municipal de incrementar la base gravable que impera para el cobro del impuesto predial, viola su garantía de audiencia; porque tal prerrogativa -modificar la base gravable-, aduce, debe contenerse en un Acuerdo y/o Avalúo que le debe ser previamente notificado y precedido de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio en el que se le permita oponer su defensa, ofrecer pruebas, así como de alegar. Así, resulta oportuno destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre el tópico, se ha pronunciado en torno al avalúo catastral y ha establecido: ? Que es el acto mediante el cual se determina el valor fiscal de los predios y construcciones adheridas a éstos. ? Que dicho valor fiscal generalmente sirve de sustento para establecer la base gravable del impuesto predial y, en consecuencia, para fijar la obligación tributaria a cargo del particular. ? Que la valuación del predio constituye un requisito indispensable para que la autoridad administrativa pueda emitir la liquidación correspondiente. ? Que por ende, resultaba claro que la simple elaboración y, en su caso, notificación del avalúo genera un perjuicio inmediato al particular, pues si aquél se elabora en forma incorrecta o ilegal, tendrá como consecuencia la determinación, también incorrecta o ilegal, de un crédito por concepto de impuesto predial. ? Que de ahí la importancia de que se reconozca que tal acto administrativo afecta de modo cierto e inmediato el interés jurídico del particular, quien puede acudir al juicio de amparo, en términos del artículo 114, fracción II, párrafo primero, de la Ley de Amparo -abrogada-. Las consideraciones que anteceden se contienen en la jurisprudencia 2a./J. 22/94, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, correspondiente julio de 2010, página 267, de contenido siguiente: "AVALÚO CATASTRAL. SU ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN AFECTA EL INTERÉS JURÍDICO DEL GOBERNADO POR LO QUE ES SUSCEPTIBLE DE IMPUGNARSE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 22/94). El avalúo catastral es el acto mediante el cual se determina el valor fiscal de los predios y construcciones adheridas a éstos. Dicho valor fiscal PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 377/2021 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO 13 generalmente sirve de sustento para establecer la base gravable del impuesto predial y, en consecuencia, para fijar la obligación tributaria a cargo del particular. Así, la valuación del predio constituye un requisito indispensable para que la autoridad administrativa pueda emitir la liquidación correspondiente. En este orden de ideas, es claro que la simple elaboración y, en su caso, notificación del avalúo genera un perjuicio inmediato al particular, pues si aquél se elabora en forma incorrecta o ilegal, tendrá como consecuencia la determinación, también incorrecta o ilegal, de un crédito por concepto de impuesto predial. De aquí la importancia de que se reconozca que tal acto administrativo afecta de modo cierto e inmediato el interés jurídico del particular, quien puede acudir al juicio de garantías en términos del artículo 114, fracción II, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Es importante apuntar que el hecho de que se reconozca que el avalúo catastral afecta de modo cierto e inmediato el interés jurídico del particular, no significa que cuando se reclame en un juicio de amparo indirecto, éste indefectiblemente será procedente, pues el juzgador deberá verificar, en cada caso, que no se actualice alguna causa de improcedencia concreta. Así por ejemplo, podría darse el supuesto de que en contra del avalúo existiera un medio ordinario de defensa que tuviera que agotarse previamente a acudir al juicio de amparo, o que la demanda se hubiera presentado fuera del plazo que establece el artículo 21 de la Ley de Amparo". Expuesto lo anterior, se concluye que los avalúos catastrales, tienen la calidad de actos materialmente administrativos, como ha sido definido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque constituye la determinación que de manera unilateral realiza -en el caso- la Dirección de Catastro e Impuesto Predial del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, a fin de establecer el valor catastral de un inmueble mediante la aplicación de las tablas de valores unitarios del suelo y/o construcciones, la cual sirve de sustento para establecer la base gravable del impuesto predial y, por ende, para fijar la obligación tributaria a cargo del particular. En suma, la modificación de la base gravable puede calificarse como un acto materialmente administrativo al tratarse de una declaración de voluntad unilateral y concreta, dictada por un órgano de la administración pública en ejercicio de su competencia administrativa, cuyos efectos son directos e inmediatos para el contribuyente. Resulta a cita la jurisprudencia 2a./J. 23/2015, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, materias común y administrativa, Libro 16, marzo de 2015, Tomo II, página 1239, que dice: "ACTOS MATERIALMENTE ADMINISTRATIVOS. EL SUPUESTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 124, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, SÓLO SE ACTUALIZA RESPECTO DE LOS EMITIDOS EN FORMA UNILATERAL. La porción normativa que establece: 'En los asuntos del orden administrativo, en la sentencia se analizará el acto reclamado considerando la fundamentación y motivación que para complementarlo haya expresado la autoridad responsable en el informe justificado. Ante la falta o insuficiencia de aquéllas, en la sentencia concesoria se estimará que el referido acto presenta un vicio de fondo que impide a la autoridad su reiteración.', debe entenderse referida exclusivamente a los actos materialmente administrativos emitidos en forma unilateral por un órgano de la administración pública, cuyos efectos son directos e inmediatos, toda vez que cualquier acto administrativo, que recae a una solicitud de parte interesada, o bien, al ejercicio de un derecho de acceso a la información, de acceso a la justicia y de audiencia y defensa, invariablemente -de considerar que contiene un vicio que lo torna inconstitucional- debe subsanarse (a través de un nuevo acto) en la parte que corresponde a la afectación del derecho relativo, pues de lo contrario, quedaría inaudita la violación alegada bajo el argumento de que la autoridad responsable, al rendir su informe de ley, no complementó la fundamentación y motivación del acto reclamado y que, por tanto, existe 'un impedimento para reiterarlo', lo que no es acorde con el objetivo del juicio de amparo de restituir al gobernado en el pleno goce del derecho violado y obligar a la autoridad responsable a respetarlo". Ahora bien, es importante hacer referencia a lo que el Máximo Tribunal del País ha considerado en relación con la garantía de audiencia tratándose de contribuciones. Se ha sostenido que, en materia tributaria, la garantía de audiencia que se debe otorgar a los contribuyentes es siempre posterior a la determinación del crédito, multa, contribución o determinación fiscal, pues es cuando existe la posibilidad de que los interesados impugnen, en el caso concreto, ante el tribunal contencioso que corresponda el nuevo avalúo catastral, así como el incremento de la base gravable. En este orden de ideas, para que en materia hacendaria se cumpla con el derecho de audiencia, basta que la ley otorgue a los causantes el derecho de combatir la fijación de la contribución, una vez que ha sido determinada por la autoridad; es decir, en la materia de que se trata el referido derecho fundamental se concede a los particulares con posterioridad a la emisión del acto correspondiente. Es aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 233084, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 66, Primera Parte, que dice: "AUDIENCIA, GARANTIA DE, EN MATERIA IMPOSITIVA. NO ES NECESARIO QUE SEA PREVIA. Teniendo un gravamen el carácter de impuesto, por definición de la ley, no es necesario cumplir con la garantía de previa audiencia establecida en el artículo 14 constitucional, ya que el impuesto es una prestación unilateral y obligatoria y la audiencia que se puede otorgar a los causantes es siempre posterior a la aplicación del impuesto, que es cuando existe la posibilidad de que los interesados impugnen, ante las propias autoridades, el monto y cobro correspondiente, y basta que la ley otorgue a los causantes el derecho a combatir la fijación del gravamen, una vez que ha sido determinado, para que en materia hacendaria se cumpla con el derecho fundamental de audiencia, consagrado por el artículo 14 constitucional, precepto que no requiere necesariamente, y en todo caso, la audiencia previa, sino que, de acuerdo con su espíritu, es bastante que los afectados sean oídos en defensa antes de ser privados de sus propiedades, posesiones o derechos." Como se ve, contrario a lo que sostiene la parte quejosa, en la materia impositiva no rige la garantía de audiencia previa establecida en el artículo 14 constitucional, es decir, no es necesario que se tramite un procedimiento seguido en forma de juicio previamente a la emisión del acto privativo. Esto se justifica porque dicha facultad constituye una atribución de la autoridad que le permite hacer efectiva la recaudación a favor de la hacienda pública, en otras palabras, es un medio que tiene el Estado para obtener ingresos y cuya existencia se justifica por la necesidad que tiene aquél de afrontar el gasto que le significa satisfacer las necesidades colectivas o sociales. De ahí se sigue lógicamente que los actos o determinaciones que constituyan la materialización de la referida facultad económica impositiva pueden ser emitidos por la autoridad sin necesidad de sujetarse a la garantía de audiencia previa, ni de tramitar un procedimiento en el que se observen las formalidades esenciales, pues precisamente por estar dirigidos a hacer efectivas la recaudación a favor de la hacienda pública, debe prevalecer la subsistencia del Estado y sus instituciones por encima del derecho de los particulares a ser escuchados, máxime cuando éstos pueden impugnar el acto correspondiente una vez que tenga conocimiento del mismo mediante los recursos y juicios procedentes, en los que incluso pueden ofrecer los elementos de convicción que estimen necesarios para desvirtuar el hecho en el que aquél se sustenta. Lo expuesto en párrafos anteriores revela que la garantía de audiencia no es absoluta, sino que encuentra su límite en lo que dispone la propia Constitución, pues existen supuestos previstos en ésta, en los que dicho derecho fundamental no debe observarse o, en su caso, debe acatarse con ciertas modalidades, ya que la audiencia que se otorgue al interesado puede válidamente ser posterior a la emisión del acto de autoridad correspondiente, mediante el recurso que resulte procedente. Como se ha visto, las determinaciones en materia de recaudación se encuentran relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones fiscales, ya sean sustantivas -que tienen un contenido económico que se traduce en el pago de las sumas que el poder público determina por medio de una contribución-, o formales que son medios de control en la recaudación, que tienen por objeto facilitar la gestión tributaria por parte de las autoridades. De este modo, resulta indudable que, contrario a lo que sostiene la parte quejosa respecto de la determinación de la autoridad municipal de incrementar la base gravable para el pago del impuesto predial, en relación con el inmueble de su propiedad, no rige la garantía de previa audiencia, como ya se dijo, las disposiciones establecidas en dichos preceptos se encuentran vinculadas en forma directa o con la obligación de pagar las contribuciones que el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, establece de manera imperativa y unilateral. Lo anterior es así, ya que si la determinación de incrementar la base gravable para el cobro del impuesto predial, constituye un acto derivado de la facultad económica coactiva del Estado, es incuestionable que el derecho fundamental establecido en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional se respeta si el particular es escuchado en su defensa con posterioridad al acto de autoridad, pues una vez determinada la base y efectuado el pago de acuerdo con el incremento de la base, los contribuyentes podrán acudir a impugnarlo ante la Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, vía juicio de nulidad para desvirtuar el mecanismo empleado para incrementar la citada base gravable. Incluso, sobre el tópico, el artículo 84, fracción IV de la Ley número 266 de Catastro para los Municipios del Estado de Guerrero, establece: "Artículo 84.- El recurso de inconformidad procederá por: (.) IV.. Cualquier otro error u omisión que modifique la valuación del predio, y que el contribuyente considere le afecta a sus intereses." Así, el acto que se impugna puede tener remedio ante la autoridad del orden común que lo emitió, a través del recurso de inconformidad ante la Directora de Catastro e Impuesto Predial del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, para combatir su determinación, habida cuenta que con tal medio de defensa pueden ser modificados, revocados o nulificados. Así, tratándose de la determinación de la autoridad municipal para incrementar la base para el cobro del gravamen relacionado con el inmueble propiedad del quejoso, es suficiente para que el contribuyente, posteriormente a la emisión del acto administrativo, en el juicio contencioso, demuestre la ilegalidad de tal decisión, para estimar satisfecha la garantía de audiencia. Es aplicable, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 18/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos, registro digital 187385, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Marzo de 2002, que dice: "SEGURO SOCIAL. EL ARTÍCULO 22 DEL REGLAMENTO PARA EL PAGO DE CUOTAS RELATIVO, QUE ESTABLECE QUE EL INSTITUTO DETERMINARÁ EN CANTIDAD LÍQUIDA LAS CUOTAS OMITIDAS Y FORMULARÁ LA CÉDULA DE LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE, NO TRANSGREDE LA GARANTÍA DE AUDIENCIA. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido reiteradamente el criterio de que en materia tributaria la garantía de audiencia consagrada en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no necesita ser previa, de lo que se infiere que, cuando la autoridad hacendaria determina un crédito derivado del incumplimiento en el pago de una contribución, la referida garantía puede otorgarse a los gobernados con posterioridad al dictado de la liquidación correspondiente. Ahora bien, si las cuotas que se enteran al Instituto Mexicano del Seguro Social revisten la naturaleza de aportaciones de seguridad social, según lo dispuesto en los artículos 2o., fracción II, del Código Fiscal de la Federación y 287 de la Ley del Seguro Social y, por ende, éstas tienen el carácter de contribuciones, de conformidad con lo señalado por el Pleno de este Alto Tribunal en la tesis P./J. 18/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, septiembre de 1995, página 62, de rubro: "SEGURO SOCIAL, CUOTAS DEL. SON CONTRIBUCIONES Y SE RIGEN POR LOS PRINCIPIOS DE EQUIDAD Y PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIAS.", es claro que cuando el instituto de seguridad social en cita determina en cantidad líquida las cuotas obreropatronales omitidas y formula la cédula de liquidación correspondiente, en términos de lo previsto en el artículo 22 del Reglamento para el Pago de Cuotas del Seguro Social, no transgrede la garantía en mención, pues ésta puede otorgarse con posterioridad a la emisión de la respectiva cédula, en virtud de que el crédito deriva del incumplimiento por parte del patrón de la obligación de que se trata y su cobro debe agilizarse mediante actos ejecutivos y unilaterales, que si bien pueden ser sometidos a una revisión posterior, a través de la aclaración o del recurso de inconformidad previstos, respectivamente, en los artículos 51 y 294 del reglamento y ley citados, no pueden quedar paralizados por el requisito de audiencia previa, pues ello se traduciría en que el Instituto Mexicano del Seguro Social no contara con los recursos económicos y materiales necesarios para cubrir los gastos que implica la prestación de un servicio en beneficio de los asegurados. Sirve de apoyo de igual forma, el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Registro digital: 232856, Semanario Judicial de la Federación. Volumen 78, Primera Parte, página 15, que dice: "CATASTRO, LEY DEL, ESTADO DE BAJA CALIFORNIA NORTE. NO VIOLA LA GARANTIA DE AUDIENCIA. La Ley del Catastro del Estado de Baja California Norte, no concede a los causantes audiencia previa a la práctica de los avalúos, sino posterior a ellos, pero esto no implica que se viole el artículo 14 constitucional, puesto que el mismo, al señalar "que nadie puede ser privado... de sus posesiones", se refiere a una afectación definitiva y en el caso la fijación unilateral de los avalúos por parte de las autoridades no "priva" a los quejosos de sus propiedades o posesiones, sino que simplemente se les está fijando una nueva base impositiva predial, debiendo distinguirse entre la creación del impuesto y la fijación de la base para cobro que es el efecto de los avalúos; en este último caso si los particulares no están de acuerdo con los avalúos pueden inconformarse en los términos del artículo 26 de la ley en este caso al concederse la garantía de audiencia posterior a la realización de los avalúos, pero previa al cobro del impuesto, está la ley cumpliendo con los supuestos del artículo 14 constitucional, puesto que concede la garantía de audiencia previa a la afectación definitiva de los intereses de los causantes, y tan es así que la notificación de los avalúos no indica un requerimiento de pago, pues del propio artículo 26 en su párrafo final se desprende que ni aun a los causantes que estén conformes con el avalúo, se les está exigiendo el pago inmediato, sino simplemente se les notifica la nueva base del impuesto. Por todo lo anterior, debe concluirse que la Ley del Catastro de Baja California no es inconstitucional por conceder la garantía de audiencia, con posterioridad a la realización de los avalúos." Y por último, el criterio sustentado en la tesis XV.4o.41 A, Registro digital: 165200, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXI, Febrero de 2010, página 2887, del tenor siguiente: "PREDIAL. LA DETERMINACIÓN DE LOS VALORES UNITARIOS CATASTRALES BASE DEL IMPUESTO RELATIVO, QUE ESTABLECE EL AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, POR CONDUCTO DE SU CONSEJO MUNICIPAL DEL CATASTRO INMOBILIARIO, NO VIOLA LA GARANTÍA DE AUDIENCIA. Como lo estableció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la garantía de audiencia tratándose de actos legislativos, incluso cuando se combate una ley autoaplicativa, se respeta al establecer el legislador los procedimientos necesarios para que se escuche a los interesados y se les dé oportunidad de defensa en aquellos casos en que resulten afectados sus derechos. En tal contexto, la determinación de los valores catastrales unitarios base del impuesto predial, que establece el Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, por conducto de su Consejo Municipal del Catastro Inmobiliario, no viola la citada garantía, ya que, por una parte, contra dicha resolución procede el recurso de revisión que prevé el artículo 48 de la Ley del Catastro Inmobiliario de la entidad y, por otra, porque la última parte del artículo 2o. del Decreto 192 de la Legislatura Estatal, publicado en el Periódico Oficial el 26 de diciembre de 2008, establece el procedimiento a seguir cuando el contribuyente no esté de acuerdo con el valor catastral unitario determinado en la tabla relativa, contenida en el propio precepto." Con base en lo anterior, se consideran infundados los conceptos de violación que hizo valer la parte quejosa, pues respecto del acto combatido, no rige la garantía de previa audiencia. Por otro lado, a mayor abundamiento, resulta oportuno destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversas ocasiones, ha sustentado el criterio en el sentido de que tratándose de actos materialmente administrativos o jurisdiccionales que tienen como finalidad desincorporar, en forma definitiva, algún derecho de la esfera jurídica de los gobernados debe estar precedida, de un procedimiento en el que se les permita desarrollar plenamente sus defensas, conforme a lo dispuesto en el artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque constituyen actos privativos de derechos fundamentales. Ahora, para determinar si un acto de molestia respeta la referida garantía de audiencia previa, resulta necesario, en principio, precisar si el ejercicio de la potestad conferida en aquélla conlleva la definitiva disminución, menoscabo o supresión de un derecho que se encuentra incorporado en la esfera jurídica de los gobernados, ya que si el acto de autoridad permite la oportunidad de cumplir determinadas condiciones, debe estimarse que aquel acto no tiene efectos privativos y, por ende, constituye un acto de molestia, sin necesidad de que antes de su emisión se escuche al sujeto afectado. Los actos privativos son aquellos que tienen por efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, y que se autoriza solamente a través del cumplimiento de los requisitos precisados en su artículo 14; mientras que los segundos sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, siempre y cuando se cumpla con lo dispuesto por el artículo 16 de la propia Carta Magna. Con base en lo anterior es jurídicamente válido sostener que la modificación de la base gravable no constituye un acto privativo de derechos fundamentales sino que se trata de un acto de molestia, porque contiene una expectativa de derechos a favor del municipio, que se encuentra sujeta a que el contribuyente demuestre que el procedimiento que realizó la autoridad, para obtener la nueva base gravable contraviene alguna norma secundaria, pues de ser así, el acto reclamado quedará insubsistente. Por lo que la modificación de la base gravable se rige solamente por la garantía de seguridad jurídica (fundamentación y motivación) que establece el artículo 16 constitucional. Es aplicable por analogía la jurisprudencia P./J.40/1996 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IV, Julio de 1996, novena época, registro 200080, bajo el rubro y texto: "ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCION. El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional." No obstante lo anterior, si bien la modificación de la base gravable se rige solamente por la garantía de seguridad jurídica (fundamentación y motivación) que establece el artículo 16 constitucional; debe decirse que aun cuando pudiera estimarse que constituye un acto materialmente administrativo, de todas formas sólo a aquellos respecto de los cuales se aduzca en la demanda la falta o insuficiencia de motivación, le es aplicable lo dispuesto en el octavo párrafo del artículo 117 (y, en su caso, el tercer párrafo del 124, ambos de la Ley de Amparo), en el sentido de que en el informe justificado debe la autoridad complementar en esos aspectos el acto reclamado (fundamentación y motivación), a fin de que el quejoso esté en posibilidad de ampliar su demanda específicamente en lo tocante a las cuestiones derivadas de la referida complementación. Sin embargo, en este caso, la parte quejosa adujo únicamente que se vulneraba en su detrimento el derecho fundamental de audiencia (no así la carencia de fundamentación y motivación en la modificación de la base gravable), por lo que, en sí, solo los argumentos encaminados a la vulneración a la garantía de audiencia constituyeron la litis respecto del acto reprochado. Tan es así que en el auto en el que solicitó informe justificado a la autoridad, no se citó el último párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, para prevenir a la autoridad en el sentido de complementar en él la insuficiente fundamentación y motivación, ni se la apercibió con aplicar el último párrafo del 124 de la misma ley, para el caso de que no complementara aquello. Salta a la vista, entonces, que no fue materia de la Litis en el presente asunto si debían o no citarse en la modificación de la base gravable los artículos de la Ley de Catastro; si se motivó o no la aplicación de los valores unitarios; y si las tablas deben o no insertarse en los documentos; y que impide a este juzgador llevar de oficio su análisis. Todo esto pone de manifiesto que en el informe justificado no tenía por qué complementarse la pretendida insuficiencia de fundamentación y motivación que en su caso pudiera estar revestida la modificación de la base gravable, ya que la necesidad de ellas estaba supeditada al examen que de los temas propuestos en el escrito inicial de demanda, lo cual, en la especie no aconteció, pues conforme a ésta, el examen del acto reclamado se hace considerando la vulneración a la garantía de audiencia que se consideró trastocada, pues la real pretensión de los demandantes no fue combatir aspectos inherentes a la garantía de seguridad jurídica (fundamentación y motivación) que establece el artículo 16 constitucional. Consecuentemente, al resultar infundados los conceptos de violación, lo procedente es negar el amparo solicitado. En mérito de lo expuesto, fundado y motivado, y con apoyo, además, en los artículos 61, fracción XXI, 62, fracción V, 73, 74, 75, 76, 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo se: R E S U E L V E : ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********, contra el acto que reclama de la autoridad señalada como responsable, precisado aquél y ésta en el considerando tercero de este fallo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; catorce de mayo de dos mil veintiuno. Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra señalada para el día de hoy la audiencia constitucional en el presente asunto; sin embargo, no se puede celebrar, toda vez que en proveído de diez de mayo de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el informe justificado de la autoridad responsable Directora de Catastro e Impuesto Predial del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, y con su contenido se dio vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, acuerdo que se notificó por lista el once de mayo actual, y surtió efectos el doce siguiente, lo que evidencia que aún no fenece el término de ocho días que señala el párrafo segundo del artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan de su contenido. Por tanto, resulta procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar, se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, para su celebración. Finalmente, se ordena notificar por lista el presente acuerdo a las partes y a las autoridades responsables, en términos de la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS."
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; diez de mayo de dos mil veintiuno. Vista; el estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que se encuentra señalada para el día de hoy la audiencia constitucional en el presente asunto; sin embargo, no puede celebrarse toda vez que aún no se ha emplazado al tercero interesado ***; en consecuencia, a fin de dar oportunidad a lo anterior e integrar debidamente este sumario, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y para su verificativo se fijan las DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL OCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Por otra parte, se tiene por recibida y se ordena glosar a los autos la razón actuarial que antecede, en la que el fedatario adscrito a este órgano federal hace constar los motivos por los cuales no le fue posible emplazar al tercero interesado mencionado en el párrafo que antecede; asimismo, de las constancias que obran agregadas al presente sumario, se advierte que se han agotado las medidas de investigación decretadas por este Juzgado Federal a fin de conocer el domicilio del tercero interesado Guillermo Sánchez Valdez, sin que se hubiera logrado. En tal virtud, con apoyo en lo dispuesto en la fracción II del artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2° del último ordenamiento legal en cita, a fin de no dejar en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo y que la presente vía constitucional no resulte más gravosa para él, que aquella que suscitó este juicio, requiérasele a efecto de que dentro del plazo de tres días, mismo que comenzará a transcurrir a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación del presente auto, manifieste si se encuentra en la posibilidad de cubrir un gasto de la naturaleza de la publicación de los edictos que se ordenen en la presente contienda constitucional y en caso contrario, deberá acreditar fehacientemente su imposibilidad. Lo anterior es con el apercibimiento, que de no realizar manifestación alguna, dentro del lapso indicado, se acordará lo que en derecho corresponda, toda vez que con ello incumpliría con el presupuesto procesal, que rige en forma esencial el procedimiento y haría que este juzgado federal no pudiera pronunciarse sobre el fondo de lo planteado, quedando paralizado el juicio, con el que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpecería la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto. Sirve de apoyo a lo anterior, lo sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2ª./J. 108/2010, del rubro siguiente: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO." Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por lista a las demás partes.
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