David Guzman Barbosa

Expediente 949/2015 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 8 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
949/2015
Año
2015
Actuaciones
8
Última actuación
10/11/2015

Partes del expediente

  • David Guzman Barbosa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Juicio de Amparo Directo

    A SUS AUTOS EL ESCRITO DE ***, AUTORIZADA DEL QUEJOSO; COMO LO SOLICITA, DEVUELVASE AL PROMOVENTE LA COPIA CERTIFICADA RELATIVA AL INSTRUMENTO NOTARIAL CIENTO UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS, PASADO ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO NUMERO CINCUENTA Y UNO, CON EJERCICIO EN MONTERREY, NUEVO LEON, Y ENTREGUESE A ESTE O A LAS PERSONAS QUE INDICA, PREVIA RAZON QUE POR SU RECIBO OTORGUE EN AUTOS. FINALMENTE, DEVUELVASE AL ARCHIVO EL JUICIO EN QUE SE ACTUA.

  2. Juicio de Amparo Directo

    AGREGUESE EL OFICIO DE CUENTA SIGNADO POR LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE, MEDIANTE EL CUAL ACUSA RECIBO DE LO QUE REFIERE, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. ASIMISMO, AL NO EXISTIR DOCUMENTO ORIGINAL QUE DEVOLVER, ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE. POR OTRA PARTE, EL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTUA ES DESTRUIBLE Y CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL.

  3. Juicio de Amparo Directo

    VISTO EL ESTADO PROCESAL QUE GUARDAN LOS PRESENTES AUTOS Y LA CERTIFICACIÓN DE CUENTA, DE LOS CUALES SE ADVIERTE QUE EL TERMINO DE TRES DÍAS PREVISTO EN EL PARRAFO SEGUNDO, DEL ARTICULO 104, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, HA TRANSCURRIDO SIN QUE LA PARTE QUEJOSA, HAYA IMPUGNADO EL PROVEIDO POR LA CUAL ESTE TRIBUNAL DESECHO DE PLANO LA DEMANDA DE GARANTIAS PROMOVIDA; EN CONSECUENCIA, SE TIENE POR CONSENTIDA DICHA RESOLUCIÓN. EN MERITO DE LO ANTERIOR, DEVUELVANSE LOS AUTOS DEL TOCA PENAL 836/2015 Y CAUSA PENAL 255/2014, EN DOS TOMOS A SU LUGAR DE ORIGEN, SOLICITANDO EL ACUSE DE RECIBO Y EN SU OPORTUNIDAD, ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE.

  4. Juicio de Amparo Directo

    EN CUMPLIMIENTO A LA RAZON ACTUARIAL DE CATORCE DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, PRECISADA EN EL CITATORIO QUE SE AGREGA A LOS PRESENTES AUTOS, EL AUTO DE FECHA SIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE, EL CUAL ES DEL TENOR SIGUIENTE: PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, SIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE. Visto el oficio 3091 de la Magistrada Presidenta de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, registrado en la oficialía de partes bajo el número el número 6105/2015, con el cual remite original con tres copias de demanda de amparo promovida por David Guzmán Barbosa, por conducto de su apoderada legal Nely Damián Castro, con un anexo certificado y tres copias; original de diverso escrito del amparista en comento con un anexo y tres copias del mismo; constancias de emplazamiento; original con copia del oficio 3092, mediante el cual la sala penal responsable rinde su informe justificado; un anexo certificado; toca penal 836/2015; y, causa penal 255/2014 en dos tomos; en consecuencia, téngasele a la autoridad oficiante, dando cumplimiento a lo ordenado en proveído de veinticinco de septiembre del año actual; acúsese recibo. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 47 de la Ley de Amparo, se confirma la resolución de veinticuatro de septiembre del año en curso, en la cual el Juez Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo, se declaró incompetente para conocer del juicio de amparo indirecto 1139/2015-IV-A, en virtud de que tal y como lo adujo la autoridad federal oficiante, de un análisis de la demanda promovida por el quejoso David Guzmán Barbosa, por conducto de su apoderada legal Nely Damián Castro, el acto reclamado se hizo consistir en la resolución de segunda instancia de catorce de julio de dos mil quince, emitida por la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, dentro del toca penal 836/2015, que confirmó el auto de diecisiete de febrero del año en curso, dictado dentro de la causa penal 255/2014, por el Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tizayuca, Hidalgo, donde se decretó el sobreseimiento de dicha causa penal y como consecuencia la libertad absoluta de Oswaldo Navarrete Caballero u Oswaldo Navarrete Cervantes. Así las cosas, como así lo advirtió el juez federal oficiante, resultó evidente la actualización de la hipótesis prevista en el artículo 170 de la Ley de Amparo, al ser procedente el juicio de amparo directo y no el indirecto, pues no se colmaron ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 107 de la mencionada ley. En ese orden, con fundamento en el artículo 47 de la ley de la materia, el juez constitucional se declaró incompetente para conocer del juicio de garantías subyacente; en consecuencia, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento del asunto. No obstante a lo anterior, el suscrito advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuyo estudio es de oficio y aun preferente, por ser una cuestión de orden público, en términos de lo dispuesto por el numeral en cita. En efecto, primeramente cabe apuntar que el ordinal 17 de la Ley de Amparo, establece como término para la interposición del juicio constitucional el de quince días, los cuales se computarán de acuerdo a lo que dispone el diverso numeral 18 que textualmente refiere lo siguiente: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor.". De lo anterior, se deduce que dicho término debe contarse a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación del acto reclamado, conforme a la ley que lo rige; es decir, para realizar el cómputo mencionado en el caso a estudio, la ley aplicable resulta ser el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Hidalgo, ya que el acto reclamado se hace consistir en la resolución de catorce de julio de dos mil quince, dictada por la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, dentro del toca penal 836/2015. Por otra parte, de las constancias integrantes del toca en mención, las que por ser documentos públicos merecen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su ordinal 2º, se advierte a foja ciento dieciséis vuelta que la notificación del acto reclamado se realizó al ahora quejoso por medio de lista el diecisiete de julio de dos mil quince, misma que surtió sus efectos a partir del día siguiente al de la publicación de la lista, atento a lo establecido por el ordinal 78 del código adjetivo del Estado, que a continuación se transcribe: "ARTICULO 78.- Los servidores públicos a quienes corresponda hacer las notificaciones que no sean personales, fijarán diariamente en los estrados del tribunal, juzgado o agencia del ministerio público, a primera hora del despacho, una lista de los asuntos acordados el día hábil anterior, expresando el número del expediente, el nombre del inculpado y una relación brevísima del acuerdo, y asentarán constancia de ese hecho en los expedientes respectivos. Estas notificaciones surtirán sus efectos a partir del día siguiente al de la publicación de la lista". Asimismo, la certificación realizada en el escrito de demanda por la secretaria de amparos de la Sala emisora, conforme a lo ordenado por el numeral 178, fracción I, de la ley de la materia, indica como fecha de notificación del acto reclamado al ahora quejoso, el diecisiete de julio de dos mil quince, misma que coincide con la asentada en el toca referido; así como data de presentación de la demanda ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Hidalgo, el diez de septiembre de dos mil quince, mediando como días inhábiles entre ellas los días: dieciocho de julio al dos de agosto, así como el ocho, nueve, quince, dieciséis, veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de agosto, cinco y seis de septiembre del año que transcurre. Bajo ese orden de ideas y toda vez que la notificación del acto reclamado surtió sus efectos el tres de agosto de dos mil quince, el término de quince días para la presentación de la demanda de garantías empezó a transcurrir el cuatro de agosto del año en curso y concluyó el veinticuatro de agosto de dos mil quince, descontando los días inhábiles indicados en el párrafo que precede; por lo tanto, si la demanda fue presentada ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Hidalgo, hasta el diez de septiembre de dos mil quince, es inconcuso que la misma se presentó extemporáneamente, razón por la que el acto reclamado fue tácitamente consentido por el quejoso, amén de que no se encuentra en ninguno de los casos excepcionales contenidos en el numeral 17 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61, en relación con el diverso 62, ambos del ordenamiento legal anteriormente invocado, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por David Guzmán Barbosa, por conducto de su apoderada legal Nely Damián Castro, en contra de la resolución de catorce de julio de dos mil quince, dictada por la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, dentro del toca penal 836/2015, por existir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 179 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. Apoya la anterior determinación, en vía de orientación, la jurisprudencia 403, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, criterio que también comparte este órgano colegiado, consultable a fojas doscientos veintinueve, del Tomo II, Octava Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AMPARO EN MATERIA PENAL. EXTEMPORANEIDAD DE LA DEMANDA. Cuando el acto reclamado consiste en una sentencia en la que se condena al quejoso únicamente al pago de una sanción pecuniaria el término para impugnarla mediante el juicio de garantías es el de quince días fijado en el artículo 21 de la Ley de Amparo, puesto que dicho acto no constituye ninguno de los casos de excepción a que alude el artículo 22 fracción II de la misma ley; en tal virtud, si la demanda de amparo relativa se presenta después de dicho término, el acto reclamado debe tenerse como consentida tácitamente y por tal motivo sobreseer el juicio.". Con apoyo en el artículo 26, fracción I, inciso j) y III; de la Ley de Amparo, notifíquese el presente acuerdo a las partes para su conocimiento. Para el solo efecto de notificar la presente resolución, ténganse como domicilio para oír y recibir notificaciones, así como autorizados para tales efectos, los indicados en la demanda de amparo. En su oportunidad archívese este asunto como totalmente concluido. De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, de treinta de marzo de dos mil cuatro, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de la misma anualidad y que entró en vigor al día siguiente de su publicación, última reforma publicada el doce de diciembre de dos mil siete, derogó en términos de su artículo cuarto transitorio, los Acuerdos Generales 9/2003 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 30/2003 del Consejo de la Judicatura Federal, así como las demás disposiciones derivadas de esos Acuerdos; así como con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, de veintinueve de enero de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero del mismo año, y cuya última reforma fue publicada el ocho de mayo de dos mil quince, en concordancia con lo preceptuado en el artículo Octavo Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se señala a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que de conformidad con lo dispuesto por los numerales 1º, 3º, 5°, 6°, 7° y 8° del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquellos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; por último, hágase del conocimiento de las partes que tienen derecho a oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, cuando la información contenida en las constancias procesales esté clasificada, de conformidad con los artículos 13, 14 y 18 de la citada ley federal, como reservada o confidencial. Igualmente, sólo podrán considerarse reservadas o confidenciales las pruebas aportadas por las partes, cuando se les hayan atribuido tal carácter al momento de ser allegadas al juicio y tal calificación se base en lo dispuesto en algún tratado internacional, ley federal o local.

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