David Gustavo Zamudio Navarro
Expediente 1665/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1665/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 14/11/2016
Partes del expediente
- David Gustavo Zamudio Navarro
Actuaciones
- Principal
De la certificación que antecede se advierte que la parte quejosa no interpuso el recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo en el plazo de cinco días señalado en el numeral 98 de la citada legislación; en consecuencia, con fundamento en los ordinales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el auto de veintiocho de octubre de dos mil dieciséis en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por Emmanuel Chávez Pérez, HA QUEDADO FIRME. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. De conformidad con los puntos décimo primero y vigésimo primero, fracción I del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del quince de octubre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que este expediente no tiene valor jurídico o histórico trascendental, ni es de relevancia documental; por tanto, es susceptible de destrucción. En razón de lo expuesto, una vez transcurridos más de tres años a partir de esta fecha, trasládese este expediente al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Notifíquese.
- Principal
en esta fecha se notifica por medio de lista a la parte tercero interesada ekl auto de veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis que dice: Con las copias de la demanda de amparo promovida por Uble Mejía Mora, por propio derecho, contra actos de la Tercera Sala Ordinaria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México y otra autoridad, fórmese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio 1582/2016 y háganse las anotaciones en el sistema correspondiente. Pídase a las autoridades responsables su informe previo, el que deberán rendir dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, enviándoles para tal efecto copia simple de la demanda, con apoyo en los artículos 138 y 140 de la Ley de Amparo. Se fijan las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del tres de noviembre de dos mil dieciséis para la celebración de la audiencia incidental. La demanda de amparo se admitió a trámite respecto a los actos y autoridades siguientes: "(.) III. AUTORIDAD RESPONSABLE. 1.- En su carácter de Ordenadora, la Tercera Sala Ordinaria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México. 2.- En su carácter de Ejecutora: la Dirección Ejecutiva De Cobranza de la Subsecretaría de Fiscalización de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México. IV. ACTOS RECLAMADOS 1.- De la autoridad responsable la Tercera Sala Ordinaria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México se reclama el proveído del de dos mil dieciséis (sic), emitido en el Juicio de Nulidad III-66308/2013 notificado el veintisiete de septiembre del año en curso por el cual se hace efectivo el apercibimiento decretado en la resolución de queja del veintinueve de abril del año en cita imponiendo a este quejoso una multa equivalente a CINCUENTA VECES LA UNIDAD DE CUENTA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 2.- De la Dirección Ejecutiva De Cobranza de la Subsecretaría de Fiscalización de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, reclamo la EJECUCIÓN de dicha sanción pecuniaria en perjuicio del patrimonio de este quejoso. (.)". Asimismo, se solicitó la concesión de la medida cautelar para el efecto de que: ". las autoridades responsables se abstengan de materializar la MULTA de CINCUENTA VECES LA UNIDAD DE CUENTA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.". De lo trascrito se advierte que la parte quejosa solicita la suspensión a efecto de que no se haga efectivo el cobro de la multa de cincuenta veces la unidad de cuenta de la Ciudad de México; por tanto, el pronunciamiento de la suspensión atenderá exclusivamente a tal solicitud. Es aplicable al caso, por identidad de razón, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 111/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVIII, diciembre de 2003, página 98, cuyo rubro a la letra dice: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA, CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS". Para determinar si procede o no conceder la medida cautelar debe analizarse si concurren las condiciones relativas a la existencia del acto y que su naturaleza permita su paralización; además de la satisfacción de los requisitos previstos en los numerales 128 y 138 de la Ley de Amparo, en atención a que la falta de alguno, implica que deba negarse y, por ende, que sea innecesario el estudio de los restantes. En ese sentido, se cumple con la presunción de certeza de los actos reclamados en atención a las manifestaciones de la parte quejosa realizadas bajo protesta de decir verdad, es posible sustentar de manera indiciaria que la condición de certeza se encuentra satisfecha en este momento. ...Corresponde ahora analizar la naturaleza del acto reclamado, para lo cual, es preciso considerar que la previsión de la figura de la suspensión en la Ley de Amparo, se traduce en una garantía a favor de los particulares para detener la ejecución de determinados actos que estiman contrarios a la constitución a efecto de mantener viva la materia del amparo e impedir que su ejecución cause perjuicios de difícil reparación jurídica; por ende, atento a las características esenciales que identifican la suspensión del acto reclamado, es posible desprender que sólo puede paralizarse o suspenderse aquello que, jurídicamente, no ha acontecido plenamente. En este contexto, atendiendo a la naturaleza del efecto para el que se solicita la suspensión, consistente en que no se le haga efectivo el cobro de la multa de cincuenta veces la unidad de cuenta de la Ciudad de México que le fue impuesta por la Sala responsable, ésta permite su paralización dado que se trata de un acto positivo susceptible de suspenderse. Asimismo, se cumple con el requisito establecido en la fracción I del artículo 128 de la Ley de Amparo, en virtud de que la suspensión fue solicitada por la parte quejosa en su escrito de demanda. En lo relativo al segundo requisito, los artículos 128, fracción II, y 138 de la Ley de Amparo, establecen que la suspensión es procedente cuando no se afecta el orden público o el interés social. A través de la ley y la jurisprudencia se ha asentado la teoría de que aun cuando el acto reclamado existe plena y jurídicamente y revista el carácter de consumado, existen elementos que vinculan su ejecución material que no se agotan simplemente con el dictado de aquél, los efectos jurídicos que el acto consumado puede provocar en la esfera constitucionalmente tutelada a favor del particular son susceptibles de ser suspendidos, pues esos efectos también constituyen la materia del amparo y de la suspensión, en cuanto a que están vinculados con el acto consumado. En este sentido, atendiendo a la naturaleza de la violación alegada, el estudio que respecto a la solicitud de la suspensión se hace no se limita a considerar la aparente inconstitucionalidad o constitucionalidad del acto de autoridad controvertido, sino que conlleva, inclusive, a valorar si con ella se pretende preservar una prerrogativa de la parte quejosa o incorporar o constituir a través de esa medida cautelar un derecho cuyo ejercicio no se le había conferido legalmente. Ante esta exigencia constitucional, a fin de pronunciarse respecto a la procedencia de la suspensión del acto reclamado y previamente al análisis de si el otorgamiento de la suspensión causaría perjuicios al interés social, debe verificarse la existencia del derecho cuya preservación se pretende obtener a través de la suspensión del acto reclamado, ya que siendo el objeto de esa medida cautelar conservar derechos y no constituir prerrogativas a favor de los gobernados, el presupuesto lógico del que debe partir el estudio de procedencia de la suspensión, debe ser, precisamente, el acreditamiento de que el derecho afectado por el acto de autoridad que se reclama se ubica dentro de la esfera jurídica de la parte quejosa, pues de lo contrario, de no constatar tal circunstancia, la medida cautelar tendría por efecto constituir el derecho cuya tutela se pretende. Para determinar sobre la procedencia de la suspensión se debe ponderar el perjuicio que podría sufrir la parte quejosa con la ejecución del acto reclamado y la afectación a sus derechos en disputa. Lo anterior se sustenta en la jurisprudencia 1049, visible en la página 726, del tomo VI, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1995, cuyo rubro es: "SUSPENSIÓN. INTERÉS SOCIAL O INTERÉS PÚBLICO. SU DEMOSTRACIÓN." El orden público y el interés social han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de manera ejemplificativa y, en ese matiz, ha sostenido que se afectan esas instituciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. Da sustento a lo anterior la jurisprudencia quinientos veintidós, consultable en la página trescientos cuarenta y tres, Tomo VI, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, cuyo rubro dice: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA." De la citada jurisprudencia se observa que se estableció que el orden público y el interés social resultan conceptos jurídicos indeterminados, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración. En todo caso, para darles significado, el juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución. Así, en este asunto se cumple el requisito en análisis, dado que en este momento procesal no se advierte que con el otorgamiento de esta medida respecto de la imposición de la multa que reclama, se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público, debido a que esa sanción sólo repercute en el patrimonio de la parte quejosa. Entonces en aplicación de la apariencia del buen derecho, en términos de lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley de Amparo, debe otorgarse a la parte quejosa la suspensión del acto reclamado que solicita. En mérito de lo expuesto, al haberse colmado los requisitos que establecen los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional solicitada, en contra de los efectos y consecuencia de los actos reclamados, para el efecto de que las autoridades responsables se abstengan de ejecutar la multa impuesta a la parte quejosa. De conformidad con los artículos 132, 135 y 136 de la Ley de Amparo, la medida seguirá surtiendo efectos hasta en tanto se resuelva en definitiva la suspensión, sin que se exima a la parte quejosa de garantizar el interés fiscal, ante la autoridad exactora, en cualquiera de las formas permitidas por la legislación fiscal aplicable, por la cantidad equivalente al importe total de la multa impuesta en la resolución reclamada, debiendo exhibir ante este órgano jurisdiccional el comprobante correspondiente dentro del término de cinco días. ... De igual modo, en caso de que la parte quejosa no exhiba la garantía en el término señalado, se le apercibe que se emitirá un acuerdo en el que se determine que la medida cautelar dejó de surtir efectos y, por ende, que la autoridad responsable podrá ejecutar el acto reclamado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 de la ley de la materia; en la inteligencia que tal circunstancia no impide que la parte quejosa exhiba la garantía correspondiente, con lo cual, de inmediato, volvería a surtir efectos la medida suspensional, siempre y cuando en ese momento aún no se hubiere ejecutado el acto reclamado. Dado que en auto de esta fecha, dictado en el cuaderno principal del que deriva este incidente, se tuvo como tercera interesada a Josefina Sandoval Rodríguez, notifíquesele de manera personal esta determinación. En términos de los artículos 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 12 de la Ley de Amparo, respectivamente, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado y como autorizado en términos amplios a Bacilio Sebastián López González y a los restantes únicamente en los términos establecidos en el segundo párrafo, parte final del último precepto invocado. Por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las diligencias que deban realizarse a las partes en este juicio, en términos del artículo 21 de la ley de la materia. Se autoriza el uso de medios electrónicos y digitales, en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, pero las partes podrán oponerse a la publicación de los datos personales, en términos del artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y al tercero interesado.
- Principal
De la certificación que antecede se deduce que ya transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia de veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis en la que se negó el amparo a la parte quejosa; por tanto, dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, comuníquese lo anterior a las partes y archívese este asunto como totalmente concluido. De conformidad con los puntos décimo y vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del quince de octubre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que este expediente no tiene valor jurídico o histórico trascendental, ni es de relevancia documental; por tanto, es susceptible de depuración. Una vez transcurridos más de tres años a partir de la fecha trasládese este cuaderno al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por otra parte, el cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, toda vez que la medida cautelar solicitada por la parte quejosa fue concedida, por lo que una vez transcurridos más de tres años a partir de la fecha, el juicio principal y el original del incidente de suspensión trasládense al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos del punto vigésimo primero, fracción III, párrafo primero, de la normatividad en consulta. Por lo que hace al duplicado del incidente de suspensión, éste es susceptible de destrucción, por lo que una vez transcurridos más de seis meses a partir de esta fecha, procederá este Juzgado conforme a los lineamientos que establece el punto vigésimo, fracción III, del acuerdo en cuestión. Por otro lado, de autos se advierte que obra el expediente original relativo al juicio de nulidad II-55105/2011 remitido por la autoridad responsable Segunda Sala Ordinaria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en la Ciudad de México; por tanto, al ser innecesaria su retención se ordena su devolución, en la inteligencia de que el acuse de recibo lo constituirá la constancia de notificación de este auto. Notifíquese.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · 14,205 expedientes
- David Flores Quiroz1407/2017
- David Fonseca Palomares1053/2017
- David Francisco Villareal Gallardo2379/2014
- David Galindo García718/2016
- David Gallardo Ramos1607/2016
- David Gerardo Ochoa Patiño224/2016
- David Gutiérrez Saavedra108/2018
- David Hernández Colapa578/2023
- David Hernández Morales348/2015
- David Hernández Pérez1675/2021
- David Jasso Cortés1358/2017
- David Jehovan Arriola Cohen1525/2015