David Guillermo Prieto Rubio
Expediente 1356/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán. 13 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1356/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 28/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- David Guillermo Prieto Rubio
- Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatan
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
MESA V - Mérida, Yucatán, veintiocho de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado de los autos y la certificación que antecede, toda vez que mediante proveído veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, se dio vista a las partes con el cumplimiento dado a la sentencia ejecutoria en este juicio y se les apercibió que en caso de que no hicieran manifestación alguna en el término de tres días, este Tribunal acordaría lo que en derecho procediera; sin que las partes hicieran manifestación alguna al respecto. Por tanto, conforme al artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo vigente, se procede a resolver si dicha sentencia se encuentra cumplida o no. En ese tenor debe decirse que en el presente asunto se AMPARÓ Y PROTEGIÓ A DAVID GUILLERMO PRIETO RUBIO, contra la omisión reclamada al Director Jurídico de la Secretaría Seguridad Pública del estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, para que: a) deje insubsistente la resolución correspondiente al arresto administrativo efectuado el cinco de agosto de dos mil veintiuno, así como todas sus consecuencias. En cumplimiento a lo anterior, la autoridad responsable, remitió copia certificada de los oficios SSP/DJ/34778/2021 de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, mediante el cual se dejó insubsistentes la resolución de fecha cinco de agosto del presente año, en el que se calificó un arresto administrativo de treinta y seis horas a la parte quejosa del presente juicio de amparo, así como dejo sin efectos las horas pendientes por compurgar y sus consecuencias. Por tanto, es evidente que con ello se colma la garantía de legalidad por cuya infracción se concedió el amparo y protección de la justicia federal y se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales violados, por lo que debe concluirse que resulta procedente declarar que LA SENTENCIA DE AMPARO HA QUEDADO CUMPLIDA, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo vigente. Notifíquese personalmente.
- Principal
MESA V - Mérida, Yucatán, veintiuno de octubre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede, se acuerda: agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente el oficio de Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en ausencia del Titular de dicha dependencia, con residencia en esta ciudad, con anexo; por lo que, con fundamento en el primer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, dese vista a las partes, con el oficio de cuenta, por el término de TRES DIAS, contado a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento que de transcurrido dicho plazo, con desahogo de la vista o sin él, este Juzgado de Distrito dictará la resolución que en derecho corresponda. NOTIFÍQUESE personalmente.
- Principal
MESA V - Mérida, Yucatán, trece de octubre de dos mil veintiuno. CAUSA EJECUTORIA RESOLUCIÓN: Vista la certificación de cuenta y como de la misma se desprende, que la parte a quien pudiera causarle perjuicio la sentencia de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, no interpuso el recurso de revisión en su contra, en la que, en su único punto resolutivo, AMPARÓ Y PROTEGIÓ a David Guillermo Prieto Rubio, contra actos del Director Jurídico de la Secretaria de Seguridad Pública del estado de Yucatán, para los efectos precisados en el considerando sexto de la sentencia; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE HA CAUSADO EJECUTORIA en sus términos dicha sentencia. Ahora bien, en el fallo protector que amparó a la referida quejosa, se determinó que la autoridad obligada al cumplimiento y los actos que debe realizar son: El Director Jurídico de la Secretaria de Seguridad Pública del estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, para que, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, deje insubsistente la resolución correspondiente al arresto administrativo efectuado el cinco de agosto de dos mil veintiuno, así como todas sus consecuencias. Con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, prevéngase a la autoridad responsable, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, cumpla con la ejecutoria de mérito, restituyendo a la parte agraviada en el goce de sus derechos fundamentales violados; con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa equivalente a cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será el que tenga a la fecha del presente auto), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero Constitucional, en relación con el tercer transitorio del Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con los preceptos 238 y 258 de la Ley de Amparo; asimismo, si este juzgado califica que la autoridad actuó injustificadamente en su actitud omisa y por el contrario, advierta una actitud evasiva o el uso de procedimientos ilegales que hayan propiciado un retardo en el cumplimiento en las ejecutorias concesorias de amparo; se iniciara el procedimiento de incumplimiento a la ejecución de las sentencias de amparo indirecto. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, publicada el catorce de noviembre de dos mil catorce, que a la letra dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Finalmente, agréguese el escrito signado por la parte quejosa, mediante el cual solicita cause ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio constitucional y que se le impongan los medios de aprehemio a la responsable y en atención a lo que pide, estese a lo acordado en párrafos precedentes, en virtud de que se está requiriendo el cumplimiento de la sentencia a la multicitada responsable. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA V - Mérida, Yucatán, veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno Vista la cuenta que antecede, agréguese a los presentes s autos para que obre como legalmente corresponda el oficio signado por *** parte quejosa en el presente asunto, mediante el cual realiza manifestaciones a manera de alegatos, sin que sea necesario realizar mayor pronunciamiento al respecto por parte de este órgano jurisdiccional, toda vez que en fecha veintiuno de septiembre del año en curso se dictó sentencia en el presente asunto. NOTIFÍQUESE.
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