David Guillermo Muñoz Holguin y otros

Expediente 2765/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2765/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
29/06/2022

Partes del expediente

  • David Guillermo Muñoz Holguin y otros

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, veintinueve de junio de dos mil veintidós. Visto el oficio del Decimoséptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mediante el cual acusa recibo del juicio de amparo en que se actúa, asimismo, informa que admitió a trámite el incidente de inejecución de sentencia, el cual fue registrado con el expediente incidente de inejecución de sentencia 7/2022. De lo anterior se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese; en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  2. Principal

    Ciudad de México, veinte de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta procedente del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, mediante el cual remite los autos originales del juicio de amparo en que se actúa, así como el expediente relativo al amparo en revisión 292/2017 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, en el que obra copia certificada de la resolución de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, dictada en el expediente auxiliar 660/2021 de su índice, no obstante, se ordena obtener una impresión del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, que contiene firmas electrónicas, para que obre en el expediente en que se actúa. Acúsese recibo de estilo correspondiente y estese a lo resuelto por el Tribunal Auxiliar que determinó: (.) "PRIMERO. En la materia de la revisión se MODIFICA la sentencia de veintinueve de septiembre de dos mil quince, dictada en el juicio de amparo indirecto 314/2014, del índice del Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a *****, en contra de los actos que reclamó de las autoridades responsables, consistentes en la inconstitucionalidad de los artículos 17-K, 28, fracción IV, 42, fracción IX, 134, fracciones I y III, del Código Fiscal de la Federación, 61 y 62 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, 22, fracción IV, de la Ley de Ingresos de la Federación, resolutivos Tercero y Cuarto de la Séptima Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil catorce, las reglas 2.2.6., 2.8.1.5. y 2.8.1.9., de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil quince, los resolutivos Cuarto y Décimo de la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil quince, así como el resolutivo primero de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil quince, en la parte relativa a la reforma del primer párrafo de la referida regla 2.8.1.5; así como respecto del artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación, con excepción del segundo párrafo de la fracción IV de dicho ordenamiento legal. TERCERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a *****, en contra del acto que reclamó de las autoridades responsables, consistentes en la inconstitucionalidad del segundo párrafo de la fracción IV del artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación, para los efectos precisados en la parte final del último considerando de la presente sentencia." (.)". De lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales conducentes, hágase del conocimiento de las partes la resolución emitida y realícense las anotaciones en el libro que corresponda. Se ordena notificar a las partes la ejecutoria dictada en el cuaderno auxiliar 660/2021, del índice del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, derivado del amparo en revisión 292/2017 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, y con fundamento en el punto nueve de la circular CAR 06/CCNO/2017 emitida por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal una vez que se cuente con las constancias de notificación, previa copia certificada que se deje en autos, glósense al expediente original relativo al recurso de revisión del Tribunal Colegiado de Circuito, y sin ulterior acuerdo, remítase al Tribunal de Alzada que tramitó el recurso, a fin de que provea lo conducente, solicitándole el acuse de recibo respectivo. Cabe señalar que el uno de abril de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el escrito presentado por Jair Isaac Anzures Ornelas, como representante legal de las quejosas en el juicio de amparo en que se actúa, personalidad que acreditó en términos del instrumento notarial veintisiete mil novecientos veinticuatro, de doce de mayo de dos mil veinte, pasado ante la fe del Notario Público 231, de la Ciudad de México, e informó que *****, se fusionó con *****, como quejosa dentro del presente asunto y en su lugar se reconoció dicho carácter a *****. Ahora bien, a efecto de atender lo resuelto por el citado Tribunal Colegiado en la resolución emitida en sesión ordinaria virtual de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno en el cuaderno auxiliar 660/2021 de su índice, formado con motivo del recurso de revisión 292/2017 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, modificó la sentencia dictada en el presente asunto y concedió la protección constitucional a *****, para el efecto de que: (.) En tales condiciones, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, respecto del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo. Efectos del amparo. La concesión del amparo es para que en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no haya ejercido el derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Lo anterior, sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente, en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, se determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho de la parte quejosa para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación para desvirtuar esos hechos u omisiones, o en su caso, el monto de las contribuciones omitidas. (.)". ANÁLISIS RESPECTO DEL ARTÍCULO 53-B FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Ahora bien, del análisis de la ejecutoria dictada por el Tribunal de Alzada, se advierte que en el resolutivo tercero, concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a las quejosas Levaduras y Avíos Azteca, sociedad anónima de capital variable y a Levaduras Industriales del Golfo, sociedad anónima de capital variable, ahora Fermentaciones Mexicanas, Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra del acto que reclamó de las autoridades responsables, consistentes en la inconstitucionalidad del segundo párrafo de la fracción IV del artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación, para el efecto de que, en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y éstas no hayan ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Esto deviene así, dado que, el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación, publicado el 9 de diciembre de 2013, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015 violan el derecho fundamental de audiencia que consagra el artículo 14 constitucional, ya que la preliquidación constituye una propuesta de pago para el caso de que el contribuyente decida ponerse al corriente de sus obligaciones fiscales, mas no un requerimiento de pago cuya inobservancia de lugar a sus ejecución inmediata, a más de que se priva al contribuyente de sus bienes, derechos o posesiones, sin darle previamente la oportunidad de ofrecer en el recurso de revocación, los medios de prueba, que por cualquier circunstancia, no exhibió ante la autoridad fiscalizadora para desvirtuar los hechos u omisiones advertidos. Resulta aplicable al caso la Jurisprudencia 2a./J.157/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y contenido siguientes: "REVISIÓN ELECTRÓNICA. EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 53-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EN TANTO PREVÉ LA FACULTAD CONFERIDA A LA AUTORIDAD PARA HACER EFECTIVA LA CANTIDAD DETERMINADA EN LA PRELIQUIDACIÓN, TRANSGREDE EL DERECHO DE AUDIENCIA." SE REQUIERE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DE AMPARO. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 192, párrafo segundo, 193 y 194 de la Ley de Amparo, se requiere a la Jefa del Servicio de Administración Tributaria, para que en el plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, y dado que no se advierte ninguna complejidad o dificultad en el cumplimiento, ni se trata de caso urgente, cumpla con dichos efectos y remitan copia certificada de las constancias que lo acrediten. Es decir, deberá de informar si a las quejosas que se enuncian a continuación les fue instaurado el procedimiento de revisión electrónica a que se refiere el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación: QUEJOSA RFC Levaduras y Avíos Azteca, sociedad anónima de capital variable LAA080513DE1 Levaduras Industriales del Golfo, sociedad anónima de capital variable, ahora Fermentaciones Mexicanas, Sociedad Anónima de Capital Variable FME750221AP0 Precisado lo anterior, en relación con la concesión del amparo contra el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, el amparo se concedió para el efecto de que en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no hubiere ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tomará en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito se declare insubsistente. En su caso, si dicho procedimiento se efectuó durante la vigencia de la norma contra la cual se concedió el amparo, es decir, hasta antes del treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis. De haber instaurado el procedimiento de revisión electrónica, especifique si dicho procedimiento culminó con la ejecución del crédito fiscal a través del procedimiento administrativo de ejecución, derivado del supuesto específico de que el contribuyente fue omiso en aportar pruebas o realizar manifestaciones para desvirtuar los hechos y omisiones contenidos en la resolución provisional y el oficio de preliquidación, adjuntando las constancias respectivas. Cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que los efectos del amparo contra el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación se circunscriben a las revisiones electrónicas efectuadas por la autoridad administrativa durante la vigencia de la citada norma, lo que se advierte de la jurisprudencia 2a./J. 161/2016 (10ª), la cual establece: "REVISIÓN ELECTRÓNICA. EFECTO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 53-B, FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. La concesión del amparo contra la referida norma debe ser para el efecto de que, en caso de haberse instaurado un procedimiento de revisión electrónica al quejoso durante su vigencia y éste no hubiera ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con ese propósito debe declararse insubsistente. Lo anterior sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho del quejoso para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación a efecto de desvirtuar esos hechos u omisiones o, en su caso, el monto de las contribuciones omitidas." Para lo cual, remítaseles copia de la ejecutoria enviado por el tribunal Colegiado oficiante, así como de la sentencia de amparo. En el entendido de que: 1.- La autoridad responsable y su superior jerárquico deben cumplir la totalidad de lo requerido en la ejecutoria de amparo en el plazo fijado, pues en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 60/2014 (10a.) el cumplimiento extemporáneo injustificado no las exime de responsabilidad. 2.- Se considerará incumplimiento: a) el retraso por medio de evasivas, lo cual se actualizará cuando las autoridades lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo; b) los procedimientos ilegales de las autoridades responsables o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, entendidos por éstos cuando se lleven a cabo, -so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo-, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. Lo anterior, tiene fundamento el artículo 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.). 3.- No basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector, para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñirla al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues de lo contrario se hace acreedor a las sanciones previstas en la propia ley, esto es, la imposición de una multa y, en su caso, a la separación del cargo y su consignación ante un Juez de Distrito. APERCIBIMIENTOS POR INCUMPLIR LA SENTENCIA DE AMPARO En caso de no cumplir con la sentencia de amparo, sin causa justificada, se les apercibe que se realizará lo siguiente: Se les impondrá a cada autoridad, una multa de cien a mil veces el valor de la unidad de medida de actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 192, párrafo segundo y tercero, y 193, en relación con los diversos 238 y 258 de la Ley de Amparo. Se emitirá el pronunciamiento en el que se determinará por qué a juicio de este juzgado la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero del artículo 193 de la Ley de Amparo. Se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la primera Región con residencia en la Ciudad de México, en turno, para seguir con el trámite de inejecución a que se refiere la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los que en su caso, podría culminar en la separación inmediata del cargo por contumacia y su consignación penal ante el Juez de Distrito correspondiente por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. Lo anterior, con fundamento en los artículos 192, párrafos segundo y tercero, 193, párrafos primero, quinto y sexto, así como último párrafo del numeral 196 de la Ley de Amparo. Con independencia de lo anterior, se les hace del conocimiento que aun cuando dejen sus respectivos puestos seguirán siendo responsables del desacato al fallo constitucional durante el tiempo que duró su encargo y, por tal razón, podrán ser consignadas en términos de la fracción XVI del precepto 107 constitucional y 198 de la mencionada ley. Notifíquese; en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y personalmente a la parte quejosa.

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