David González Ramírez

Expediente 1240/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 1 actuación registrada, la última del 28 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1240/2018
Año
2018
Actuaciones
1
Última actuación
28/12/2018

Partes del expediente

  • David González Ramírez

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho. De la razón actuarial de cuenta se advierte la imposibilidad material que la fedataria de la adscripción tuvo para notificar al quejoso el proveído de once de diciembre pasado, en el domicilio procesal que éste señaló en su demanda identificado como el despacho jurídico ubicado en la calle 20 de Noviembre ciento diecisiete, interior cinco altos, de la colonia Centro, en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, ya que al recorrer la citada vialidad no localizó inmueble alguno con dicha numeración; además, señala que en diversas negociaciones le informaron que no conocían al disidente ni a sus autorizados y que tampoco existía despacho jurídico alguno en la cuadra donde indagó. Lo anterior revela que el domicilio procesal que el disidente señaló resulta inexacto; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo se instruye a la actuaria que notifique al justiciable el auto de once de diciembre de dos mil dieciocho, así como los subsecuentes que resulten de carácter personal por medio de lista de acuerdos que se fija en los estrados de este Juzgado Federal. Notifíquese personalmente a la parte quejosa en la forma precisada. Así lo determinó la licenciada Ana Gabriel Toral Peralta, secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado mediante oficio CCJ/ST/6121/2018 de veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el secretario licenciado Felipe Hernández López, quien autoriza y da fe. -----INSERCIÓN----- San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de diciembre de dos mil dieciocho. Téngase por recibida la demanda señalada en la cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo y regístrese con el consecutivo 1240/2018. Ahora bien, de la demanda de amparo se advierte que el quejoso David González Ramírez reclama de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca la resolución de veinticinco de octubre de dos mil dieciocho dictada en el recurso de revisión 202/2018. Incompetencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca carece de competencia legal por razón de la vía para conocer y resolver el presente juicio de amparo, por las razones que enseguida se expondrán. En principio, debe señalarse que la administración de justicia, como una de las tres funciones del Estado es realizada a través de los Tribunales a quienes se les ha dotado de poder de imperium para que sus resoluciones sean acatadas y de jurisdicción entendida ésta en su sentido técnico como la actividad aplicadora del derecho que tiene como finalidad dirimir conflictos intersubjetivos con trascendencia jurídica, en la cual el que juzga y manda es un tercero imparcial: un Juez público. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 17, segundo párrafo, consagra a favor de los gobernados el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción, en los términos siguientes: "[.] Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.". Sin embargo, aun cuando todos los órganos dotados de jurisdicción están expeditos para administrar justicia, cada uno de ellos tiene atribuidas de manera precisa una serie de facultades que le permiten avocarse tan sólo a determinado tipo de negocios, circunstancia que procesalmente lo convierte en el órgano jurisdiccional competente en un caso concreto. De esta forma surge la denominada competencia objetiva entendida como el límite y la medida de la jurisdicción. La competencia en un sentido jurídico general alude a una idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, esto es, en el ámbito jurídico el concepto de competencia se utiliza para referirse a la atribución legítima de una autoridad para el conocimiento o la resolución de un asunto. En el proceso, la competencia es la cualidad que legitima a un órgano judicial para conocer de un determinado asunto con exclusión de los demás órganos de la misma rama de la jurisdicción. El vocablo anterior está intrínsecamente ligado a la idea de jurisdicción, pero no son conceptos similares. La jurisdicción significa proclamar el derecho y se concibe como una potestad atribuida e impuesta a un órgano gubernamental para dirimir litigios de trascendencia jurídica, en el que aplica normas sustantivas e instrumentales por un oficio objetivamente competente y se constituye en un agente imparcial. Lo anterior pone de relieve que la jurisdicción abarca un concepto más global relativo a la impartición de justicia y la competencia obedece a razones más específicas de la distribución de la tarea de juzgamiento entre los diversos órganos judiciales; de ahí que la competencia es el fragmento de la jurisdicción atribuida a un Juez. En el sistema jurídico mexicano, la competencia de la autoridad constituye un derecho fundamental de legalidad y de seguridad jurídica consagrado en el numeral 16, primer párrafo, de la Carta Magna, al disponer que: "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento [.]". Así, acorde con lo estatuido en ese precepto constitucional es factible sostener que la competencia es un presupuesto de validez de los actos derivados del ejercicio de la función pública que deben satisfacer no sólo el Juzgador sino todas las autoridades. Trasladados los elementos anteriores al derecho procesal es factible sostener que la competencia es la suma de facultades que la ley da al Juzgador para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de litigios. De tal manera que el Juez por el solo hecho de serlo es titular de la función jurisdiccional; sin embargo, no puede ejercerla para resolver cualquier tipo de conflictos, sino sólo en aquellos para los que está facultado por la ley, es decir, en los que es competente legalmente. En esa línea argumentativa, el arábigo 14 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de lo establecido en su ordinal 2, señala que: "Ningún tribunal puede negarse a conocer de un asunto, sino por considerarse incompetente [.]". De ese dispositivo se advierte que el propio Juzgador debe verificar en cada litigio que se le plantee si tiene o no competencia para conocer de él y si considera que no debe negarse a conocer de ese asunto, puesto que de conformidad con el normativo 17 del código adjetivo civil federal invocado: "Es nulo de pleno derecho lo actuado por el tribunal que fuere declarado incompetente [.]". De lo anterior se sigue que la competencia es un presupuesto de validez del proceso. En ese contexto, al ser la competencia un presupuesto procesal, este órgano jurisdiccional debe analizarla de oficio previamente a resolver sobre cualquier otra cuestión relacionada con la materia de fondo del juicio constitucional, porque de no hacerlo contravendría las norman que rigen al procedimiento del juicio de amparo y propiciaría una violación adjetiva fundamental en perjuicio de las partes. Para evidenciar lo anterior es necesario establecer que los presupuestos procesales se han conceptualizado como los requisitos previos indispensables para la constitución válida de la relación jurídica procesal. Dicho en otras palabras, son aquellos requisitos previos imprescindibles para la existencia del proceso. Los referidos presupuestos determinan el nacimiento válido del proceso, su desenvolvimiento y su normal culminación con la sentencia; por consiguiente, su naturaleza jurídica se desdobla en dos vertientes: en un primer plano, se trata de supuestos previos al proceso o requisitos sin los cuales éste no puede iniciarse válidamente y deben por ello concurrir al momento de formularse la demanda a fin de que el Juez pueda admitirla o iniciar el proceso, por otro lado, atañen a los requisitos del procedimiento para que el juicio pueda ser adelantado válida y normalmente una vez que se ha iniciado. Asimismo, debe precisarse que los presupuestos procesales se han clasificado en la teoría general del proceso en dos categorías: a) Los presupuestos procesales previos al proceso, que a su vez se subdividen en dos grupos: Presupuestos procesales de la acción, los cuales se relacionan con el ejercicio válido del derecho subjetivo de acción por parte del demandante, es decir, son las condiciones para que el Juez oiga la petición que se le fórmula para iniciar un proceso, en estos presupuestos es factible ubicar a la personalidad y a la legitimación en el proceso o ad procesum del actor; y, Los presupuestos procesales de la demanda que deben reunirse para que el Juez la admita. Se definen como los requisitos necesarios para que se inicie el proceso o la relación jurídica procesal, los cuales debe examinar el órgano jurisdiccional antes de admitir la demanda; en estos presupuestos se ubica a la competencia del Juez y la demanda misma la cual debe colmar los requisitos formales y materiales que la ley adjetiva establece. Cabe precisar que en el juicio de amparo existen casos en los que no se puede hacer un análisis prima facie de la competencia al admitir la demanda, sino hasta el momento en el que se dicta la sentencia y en la ley de la materia no se advierte la existencia de alguna disposición que impida al órgano de control constitucional realizar el estudio de ese presupuesto procesal en esa fase y que dicte el pronunciamiento respectivo, dado que la única restricción detectada es la prevista en el numeral 48, último párrafo, de la Ley de Amparo en el sentido siguiente: "[.] Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva.". b) Los presupuestos procesales del procedimiento que atañen al válido desenvolvimiento del proceso hasta su culminación con la sentencia, cualquiera que sea el sentido de ésta, son definidos como aquellos requisitos que deben cumplirse una vez que el Juez admite la demanda o inicia el proceso con el objeto de constituir correctamente la relación jurídica procesal y de que el proceso continúe su curso, mediante la verificación de las distintas etapas que la ley señala como necesarias para que se llegue al dictado del fallo correspondiente. En otro punto, es necesario destacar que la falta de los mencionados presupuestos impide considerar la existencia válida del proceso, lo que a su vez provoca un impedimento técnico para que el órgano jurisdiccional pueda pronunciar una sentencia sobre el fondo de un asunto sometido a su consideración. En ese contexto, el Juez debe analizar esos presupuestos de oficio aun sin que las partes los objeten por vía de excepción, al considerarse de orden público, dado que el Estado interviene en la relación jurídica procesal. Se afirma lo anterior, porque la relación jurídica procesal es el vínculo de carácter público, autónomo y complejo que se establece entre los sujetos que someten a una autoridad jurisdiccional del Estado el conocimiento de un litigio, la cual tiene como principio una demanda, se perfecciona con la contestación a ésta y subsistirá mientras no se dicte una sentencia, que es el presupuesto necesario para el fin de todo proceso. Por tanto, dado que la competencia es un aspecto de orden público, cuyo estudio debe ser oficioso y preferente al constituir un presupuesto procesal es necesario establecer que en el caso no es factible realizar un pronunciamiento respecto de la admisibilidad o no de la demanda dado que al analizar ésta se advierte que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal por razón de la vía para conocer y resolver el presente asunto, en términos de lo dispuesto por los arábigos 107, fracciones III, inciso a), V y VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 2, 34, 47, 170 y 171 de la Ley de Amparo. Los preceptos citados establecen lo siguiente: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a) Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado; [.] V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: a) En materia penal, contra resoluciones definitivas dictadas por tribunales judiciales, sean éstos federales, del orden común o militares. b) En materia administrativa, cuando se reclamen por particulares sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio dictadas por tribunales administrativos o judiciales, no reparables por algún recurso, juicio o medio ordinario de defensa legal; c) En materia civil, cuando se reclamen sentencias definitivas dictadas en juicios del orden federal o en juicios mercantiles, sea federal o local la autoridad que dicte el fallo, o en juicios del orden común. En los juicios civiles del orden federal las sentencias podrán ser reclamadas en amparo por cualquiera de las partes, incluso por la Federación, en defensa de sus intereses patrimoniales, y d) En materia laboral, cuando se reclamen resoluciones o sentencias definitivas que pongan fin al juicio dictadas por los tribunales laborales locales o federales o laudos del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y sus homólogos en las entidades federativas; La Suprema Corte de Justicia, de oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito, del Fiscal General de la República, en los asuntos en que el Ministerio Público de la Federación sea parte, o del Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, podrá conocer de los amparos directos que por su interés y trascendencia así lo ameriten. VI. En los casos a que se refiere la fracción anterior, la ley reglamentaria señalará el procedimiento y los términos a que deberán someterse los Tribunales Colegiados de Circuito y, en su caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación para dictar sus resoluciones; [.]" Ley de Amparo "Artículo 2. El juicio de amparo se tramitará en vía directa o indirecta. Se substanciará y resolverá de acuerdo con las formas y procedimientos que establece esta Ley. A falta de disposición expresa se aplicará en forma supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles y, en su defecto, los principios generales del derecho." "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma." "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo." "Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. Tampoco será exigible el requisito cuando se alegue que, la ley aplicada o que se debió aplicar en el acto procesal, es contrario a la Constitución o a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De la norma inserta en primer orden se advierte que en el Pacto Federal se establecieron las bases fundamentales que rigen al juicio de amparo, entre las cuales destacan por su importancia, las siguientes: I. Tratándose del reclamo de actos de Tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo es procedente, entre otros supuestos, contra las sentencias definitivas, los laudos y las resoluciones que pongan fin al juicio. II. Al impugnarse las sentencias definitivas, los laudos y las resoluciones que ponen fin al juicio se pueden plantear violaciones cometidas en esas determinaciones, o bien, que cometidas durante el procedimiento afecten las defensas del quejoso y trascienda al resultado del fallo. III. Para la procedencia del juicio de amparo deberán agotarse previamente los recursos ordinarios respectivos, salvo que la ley permita la renuncia de recursos. IV. Al reclamarse las sentencias definitivas, los laudos y las resoluciones que pongan fin al juicio deben hacerse valer las violaciones procesales, con la condición de que el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o el medio de defensa ordinario, salvo las excepciones que en la norma constitucional transcrita se señalan. V. El amparo contra las sentencias definitivas, los laudos y las resoluciones que ponen fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de acuerdo con la ley, en los supuestos que el propio precepto constitucional dispone. VI. En el texto constitucional citado se encomendó al legislador ordinario la tarea de establecer en la ley reglamentaria los procedimientos a los que se sujetarían las controversias de amparo, a partir de las bases fundamentales fijadas en la Carta Magna. Por otra parte, de los dispositivos de la Ley de Amparo transcritos se desprenden, en lo que importa, las premisas siguientes: a) El juicio de amparo se tramitará en la vía directa o indirecta, en la forma que establezca la ley de la materia. b) Los Tribunales Colegiados de Circuito son competentes para conocer del juicio de amparo en la vía de tramitación directa. c) La vía de tramitación directa del amparo procede contra las sentencias definitivas, los laudos y las resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por los Tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos o que cometida durante el procedimiento afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. d) Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; y, por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. e) Para la procedencia del juicio de amparo deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo los casos en los que la ley permita la renuncia de esos mecanismos de impugnación. f) Para efectos de la Ley de Amparo el juicio se inicia con la presentación de la demanda. g) Cuando se reclame la sentencia definitiva, el laudo o la resolución que ponga fin al juicio deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o el medio de defensa que, en su caso, establezca la legislación ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. Tal requisito no será exigible en los amparos relativos a los asuntos que se especifican en el numeral 171 de la ley de la materia. h) Cuando se presente una demanda de amparo ante un Juez de Distrito en la que se reclamen actos que sean materia de amparo directo declarará carecer de competencia y de inmediato remitirá la demanda y sus anexos al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda. En ese supuesto el Presidente del Tribunal Colegiado de Circuito decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia; en la primera hipótesis mandará tramitar el expediente y concederá al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un lapso de diez días para que rinda el informe correspondiente; por otro lado, en el caso que decida no aceptar la competencia remitirá los autos al Juzgado que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre Jueces de Distrito. Si la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito aparece del informe justificado que la autoridad responsable rinda, entonces el Juez de Distrito se declarará incompetente y remitirá los autos al Tribunal Colegiado de Circuito que estime competente para el efecto de que el Presidente de este último órgano de control constitucional decida si acepta o no la competencia y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido por la Ley de Amparo. Lo anterior pone de relieve que las disposiciones citadas establecen por un lado la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer de los juicios de amparo en la vía directa y, por otro, la regla sobre la procedencia de la vía de amparo directo cuando se impugnen sentencias definitivas, laudos y resoluciones que ponen fin al juicio, supuestos en los que se pueden plantear violaciones cometidas en ellos o que cometidas durante el procedimiento afecten las defensas del quejoso y trasciendan al resultado del fallo. En este punto es preciso señalar que la vía procesal en el ámbito jurídico adjetivo alude al procedimiento que la ley dispone para la tramitación del juicio. Esa noción también se puede abordar desde el entendimiento de los llamados presupuestos procesales, pero con la variedad de que si bien los efectos de promover un juicio en una vía equivocada puede dar lugar a que no se dé trámite al juicio, también puede suceder que la prosecución del juicio ocurra en una vía equivocada, lo que técnicamente no generaría la improcedencia del juicio, sino que impediría que el Juzgador pueda emitir una sentencia de fondo; es decir, la falta de este presupuesto procesal cuando ya se ha tramitado el juicio constituye un obstáculo que impide el dictado de una sentencia de fondo del asunto. En ese contexto teórico básico se puede apreciar que la vía es el procedimiento que la ley dispone para la tramitación de un juicio. En respaldo de lo anterior se invoca la jurisprudencia 1a./J. 25/2005 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: "PROCEDENCIA DE LA VÍA. ES UN PRESUPUESTO PROCESAL QUE DEBE ESTUDIARSE DE OFICIO ANTES DE RESOLVER EL FONDO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA. El derecho a la tutela jurisdiccional establecido por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no es ilimitado, sino que está restringido por diversas condiciones y plazos utilizados para garantizar la seguridad jurídica. Así, las leyes procesales determinan cuál es la vía en que debe intentarse cada acción, por lo cual, la prosecución de un juicio en la forma establecida por aquéllas tiene el carácter de presupuesto procesal que debe atenderse previamente a la decisión de fondo, porque el análisis de las acciones sólo puede llevarse a efecto si el juicio, en la vía escogida por el actor, es procedente, pues de no serlo, el Juez estaría impedido para resolver sobre las acciones planteadas. Por ello, el estudio de la procedencia del juicio, al ser una cuestión de orden público, debe analizarse de oficio porque la ley expresamente ordena el procedimiento en que deben tramitarse las diversas controversias, sin permitirse a los particulares adoptar diversas formas de juicio salvo las excepciones expresamente señaladas en la ley. En consecuencia, aunque exista un auto que admita la demanda y la vía propuesta por la parte solicitante, sin que la parte demandada la hubiere impugnado mediante el recurso correspondiente o a través de una excepción, ello no implica que, por el supuesto consentimiento de los gobernados, la vía establecida por el legislador no deba tomarse en cuenta. Por tanto, el juzgador estudiará de oficio dicho presupuesto, porque de otra manera se vulnerarían las garantías de legalidad y seguridad jurídica establecidas en el artículo 14 constitucional, de acuerdo con las cuales nadie puede ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Luego entonces, el juzgador, en aras de garantizar la seguridad jurídica de las partes en el proceso, debe asegurarse siempre de que la vía elegida por el solicitante de justicia sea la procedente, en cualquier momento de la contienda, incluso en el momento de dictar la sentencia definitiva, por lo que debe realizar de manera oficiosa el estudio de la procedencia de la vía, aun cuando las partes no la hubieran impugnado previamente." Enseguida, para evidenciar que este Juzgado Federal carece de competencia legal por razón de la vía para conocer y resolver el presente asunto es necesario tener presente que el justiciable impugna de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca la resolución de veinticinco de octubre de dos mil dieciocho dictada en el recurso de revisión 202/2018. Ahora, de los hechos que el promovente manifestó bajo protesta de decir verdad que constituyen los antecedentes del acto combatido destacan los aspectos siguientes: 1. Que promovió juicio contencioso administrativo en contra de la resolución de nueve de enero de dos mil diecisiete dictada por el Fiscal General de esta entidad federativa en la que decretó su separación definitiva en el cargo que ostentaba como elemento de la Policía Ministerial adscrito a la Agencia Estatal de Investigaciones. 2. Ese juicio de nulidad se radicó ante la Sexta Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca bajo el expediente 51/2017, el cual fue substanciado en todas sus etapas. 3. El diecinueve de abril del año en curso se dictó sentencia en ese contradictorio, en la que se reconoció la validez de la resolución de nueve de enero de dos mil diecisiete pronunciada por el Fiscal General de esta entidad federativa en la que decretó su separación definitiva en el cargo que ostentaba como elemento de la Policía Ministerial adscrito a la Agencia Estatal de Investigaciones. 4. El veinticinco de mayo de esta anualidad, David González Ramírez interpuso recurso de revisión en contra del fallo anterior, el cual fue tramitado bajo el toca 202/2018 de la estadística de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, quien el veinticinco de octubre de dos mil dieciocho pronunció resolución en ese medio de impugnación. Cabe señalar que de la copia fotostática simple de ese fallo que se adjuntó a la demanda se advierte que la Sala Superior del Tribunal administrativo responsable desechó el aludido medio ordinario de defensa porque se interpuso de manera extemporánea. Con base en lo anterior es factible sostener que la resolución de veinticinco de octubre de dos mil dieciocho dictada por la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca en el recurso de revisión 202/2018 constituye una sentencia definitiva, porque aun cuando se desechó ese medio de impugnación porque se interpuso de manera extemporánea, lo cierto es que la determinación de primera instancia adquirió la calidad de un fallo definitivo en la medida en que en éste se reconoció la validez de la decisión de nueve de enero de dos mil diecisiete dictada por el Fiscal General de esta entidad federativa en la que decretó la separación definitiva del quejoso en el cargo que ostentaba como elemento de la Policía Ministerial adscrito a la Agencia Estatal de Investigaciones, lo cual implica que se trata de una sentencia definitiva que decidió el juicio en lo principal al examinar la legalidad del acto impugnado en el procedimiento contencioso administrativo de origen. Lo anterior revela que el fallo pronunciado en el medio ordinario de defensa indicado es impugnable a través del juicio de amparo directo en términos de lo dispuesto por los ordinales 107, fracciones III, inciso a), y V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 2, 34, primer párrafo, 170, fracción I, y 171 de la Ley de Amparo, al tratarse de una sentencia definitiva que decidió el juicio de origen en lo principal. En ese sentido, debe tenerse presente que por sentencias definitivas se entienden las que decidan el juicio en lo principal, es decir, las que establecen el derecho en cuanto a la acción y a la excepción que dieron lugar a la litis contestatio, lo que en la especie sucedió al analizarse la legalidad de la resolución atacada en el juicio de nulidad y reconocerse la validez de esa determinación; por tanto, en su contra es procedente el juicio de amparo en la vía directa, conforme a lo estatuido por los numerales 107, fracciones III, inciso a), y V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 2, 34, primer párrafo, 170, fracción I, y 171 de la Ley de Amparo; de ahí que este Juzgado Federal carece de competencia legal por razón de la vía para conocer y resolver el presente medio extraordinario de defensa. En atención a que el presupuesto procesal analizado se surte a favor del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, en turno, conforme a lo dispuesto por los preceptos 107, fracciones III, inciso a), y V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 2, 34, primer párrafo, 170, fracción I, y 171 de la Ley de Amparo; así como en los puntos Segundo, fracción XIII, numeral 1 y Tercero, fracción XIII, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito este órgano de control constitucional declara que carece de competencia legal por razón de la vía para conocer y resolver el presente juicio de amparo. En consecuencia, se declina la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con sede en esta localidad, en turno, por lo que remítanse los autos originales de este juicio de protección de derechos fundamentales 1240/2018 en los que obra glosada la demanda de amparo y su anexo, así como las copias de traslado del ocurso inicial, a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Décimo Tercer Circuito, con sede en esta municipalidad, para que ésta a su vez lo envíe al mencionado Tribunal Colegiado de Circuito, a efecto de que su Magistrado Presidente en términos de lo establecido por el numeral 47 de la Ley de Amparo se encuentre en aptitud de decidir si acepta o no la competencia declinada e informe a este Juzgado Federal su determinación, al cual se solicita también el acuse de recibo correspondiente. Lo anterior, previa formación del cuaderno de antecedentes respectivo con copia certificada de las actuaciones necesarias que deberá quedar como constancia en este órgano jurisdiccional. Con fundamento en lo previsto por los ordinales 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria y 21 de la Ley de Amparo se habilitan días y horas inhábiles para que la actuaria judicial adscrita a este órgano jurisdiccional realice la notificación de esta determinación. Domicilio y autorizados. Se tiene al quejoso señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica en su demanda y como autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Beatriz Lucía Angón Flores, quien se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, y a los restantes que menciona únicamente para oír y recibir notificaciones por así solicitarlo expresamente. Notifíquese personalmente. Así lo determinó el secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, Felipe Hernández López, encargado del despacho por licencia del Titular, en términos de lo dispuesto por el artículo 43, primer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria Lizeth Ortiz Segura, quien autoriza y da fe.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · 11,222 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano