David González Ortega

Expediente 838/2016 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 14 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
838/2016
Año
2016
Actuaciones
14
Última actuación
12/09/2018

Partes del expediente

  • David González Ortega

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Juicio de Amparo Directo

    Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de quince días a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes quejosa y tercera interesada se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se declara que la misma ha causado estado; con fundamento en el numeral 196 de la legislación en mención, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo, archívese este asunto como totalmente concluido. Finalmente, tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, atento a lo establecido en el Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General 2/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, se hace la declaratoria que es susceptible de depuración, por lo que, en su momento oportuno deberán desintegrarse materialmente las constancias, y conservarse sólo la demanda de garantías y la sentencia, tal como lo señala la fracción III del referido punto.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, así como que con el mismo se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (foja 108), sin que hayan hecho manifestación alguna al respecto (foja 113). En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión de catorce de diciembre de dos mil diecisiete, este órgano colegiado resolvió conceder a David González Ortega, la protección constitucional solicitada, en los siguientes términos (foja 66): ".para el efecto de que la responsable deje "insubsistente la sentencia reclamada y dicte una nueva "donde proceda en los siguientes términos: 1. Subsane "la incongruencia interna en que incurrió, para lo cual, en "primer término, debe establecer cuál es la naturaleza de "las tierras ejidales cuyo destino se otorgó en el acta de "asamblea, de la cual se demanda su nulidad parcial y, "con base en ello determine sobre la efectividad y "efectos del allanamiento producido por los demandados "y, en su caso, si ha lugar o no al análisis oficioso de la "prescripción de la acción entablada por la parte actora.- "2. Una vez establecido lo anterior, con libertad de "jurisdicción resuelva lo que en derecho proceda..." Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la responsable para dar debido cumplimiento a la ejecutoria de este tribunal colegiado, se aprecia que el doce de enero de dos mil dieciocho, dejó insubsistente la sentencia reclamada de quince de abril de dos mil dieciséis (fojas 74 y 75), y posteriormente, el veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, dictó otra en la cual realizó lo siguiente: 1. A fin de subsanar la incongruencia interna en que incurrió, estableció que las tierras ejidales tienen la naturaleza de tierras parceladas (foja 90 a 92). La responsable, estableció que la demandada María Dolores Ordóñez Munguía, como el Comisariado de bienes comunales del poblado de Xoxonacatla, Municipio de Zacatlán, Estado de Puebla, por conducto de su presidente, secretario y tesorero, manifestaron, en concreto, que eran ciertos todos y cada uno de los hechos narrados por el actor, pues por un error humano en la Asamblea del Programa de Certificación de Derechos Ejidales (PROCEDE), la parcela de David González Ortega quedó inmersa dentro de la parcela número 403, cuya titular es la citada demandada, teniendo cada uno la posesión de la fracción de terreno que les corresponde, con lo que se les considera como integrantes del comisariado y en representación de la Asamblea (fojas 92 y 93). Argumentó que el allanamiento por parte de los integrantes del comisariado de bienes comunales, no fue tomado motu proprio, sino que está respaldado por la Asamblea de comuneros de veinticinco de abril de dos mil quince en la que el órgano supremo de la comunidad autorizó expresamente a los integrantes de su mencionado órgano de representación a asumir la comentada actitud procesal, lo que fue acordado por unanimidad de votos de los comuneros asistentes (foja 93 a 96) La magistrada del tribunal agrario consideró que, como ambos demandados no expusieron expresamente que se allanaban a la demanda, en realidad, esa fue la postura que asumieron al dar contestación a la demanda, especialmente al tomar en cuenta que María Dolores Ordóñez Munguía se allanó en el juicio, aceptando que dentro de su parcela quedó inmersa la diversa perteneciente a David González Ortega; además, expuso no tener problema alguno por la posesión de la fracción de terreno; de ahí que la responsable concluyó que no existe Litis, es decir, no existe conflicto de intereses o de controversia judicial (fojas 92 a 99). La responsable, implícitamente consideró que no procedía el análisis oficioso de la prescripción de la acción entablada por el actor, pues consideró no tener por actualizada tal hipótesis (foja 101). 2. Con libertad de jurisdicción, y al considerar que son procedentes las pretensiones del actor, la responsable resolvió: a) Declarar la nulidad parcial del acta de Asamblea de veinticinco de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, celebrada al interior de la comunidad de Xoxonacatla, Municipio de Zacatlán, Estado de Puebla, únicamente por lo que se refiere a la asignación de la parcela número 403 Z-1 P1/1, con superficie de 0-90-44-88 hectáreas, en favor de José Gregorio Germán Aldana Ordoñez, hoy representada por su sucesora María Dolores Ordoñez Munguía, parcela de la cual deberá excluirse la superficie que reclama el actor David González Ortega, como parcela independiente (foja 102). b) Ordenar la cancelación del certificado parcelario número 17449, expedido a favor de María Dolores Ordoñez Munguía, en relación a la parcela antes citada, pues en ésta se incluyó la superficie de 00-29-09.822 hectáreas, que tiene en posesión el actor David González Ortega, misma que constituye una verdadera parcela y se le asigna de manera directa, sin que ello implique que se invadan las atribuciones propias de la Asamblea de comuneros del poblado denominado Xoxonacatla, del Municipio de Zacatlán, Estado de Puebla, en virtud de que se pronunció sobre el tema (foja 102). c) Requirió al Registro Agrario Nacional en el Estado de Tlaxcala, para que en términos del artículo 152, fracción I de la Ley de la materia, procediera a su inscripción y anotaciones de ley, así como a expedir el certificado parcelario a favor de David González Ortega, que le ampare la titularidad de la parcela en mención, previa cancelación del certificado parcelario número 17449 (foja 104). De lo anterior se concluye que, en el caso concreto, ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo.

  3. Juicio de Amparo Directo

    ASUNTO QUE SE LISTA POR SEGUNDA OCASION DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27, FRACCION I, inciso c) DE LA LEY DE AMPARO.Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, así como que con el mismo se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (foja 108), sin que hayan hecho manifestación alguna al respecto (foja 113). En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión de catorce de diciembre de dos mil diecisiete, este órgano colegiado resolvió conceder a David González Ortega, la protección constitucional solicitada, en los siguientes términos (foja 66): ".para el efecto de que la responsable deje "insubsistente la sentencia reclamada y dicte una nueva "donde proceda en los siguientes términos: 1. Subsane "la incongruencia interna en que incurrió, para lo cual, en "primer término, debe establecer cuál es la naturaleza de "las tierras ejidales cuyo destino se otorgó en el acta de "asamblea, de la cual se demanda su nulidad parcial y, "con base en ello determine sobre la efectividad y "efectos del allanamiento producido por los demandados "y, en su caso, si ha lugar o no al análisis oficioso de la "prescripción de la acción entablada por la parte actora.- "2. Una vez establecido lo anterior, con libertad de "jurisdicción resuelva lo que en derecho proceda..." Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la responsable para dar debido cumplimiento a la ejecutoria de este tribunal colegiado, se aprecia que el doce de enero de dos mil dieciocho, dejó insubsistente la sentencia reclamada de quince de abril de dos mil dieciséis (fojas 74 y 75), y posteriormente, el veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, dictó otra en la cual realizó lo siguiente: 1. A fin de subsanar la incongruencia interna en que incurrió, estableció que las tierras ejidales tienen la naturaleza de tierras parceladas (foja 90 a 92). La responsable, estableció que la demandada María Dolores Ordóñez Munguía, como el Comisariado de bienes comunales del poblado de Xoxonacatla, Municipio de Zacatlán, Estado de Puebla, por conducto de su presidente, secretario y tesorero, manifestaron, en concreto, que eran ciertos todos y cada uno de los hechos narrados por el actor, pues por un error humano en la Asamblea del Programa de Certificación de Derechos Ejidales (PROCEDE), la parcela de David González Ortega quedó inmersa dentro de la parcela número 403, cuya titular es la citada demandada, teniendo cada uno la posesión de la fracción de terreno que les corresponde, con lo que se les considera como integrantes del comisariado y en representación de la Asamblea (fojas 92 y 93). Argumentó que el allanamiento por parte de los integrantes del comisariado de bienes comunales, no fue tomado motu proprio, sino que está respaldado por la Asamblea de comuneros de veinticinco de abril de dos mil quince en la que el órgano supremo de la comunidad autorizó expresamente a los integrantes de su mencionado órgano de representación a asumir la comentada actitud procesal, lo que fue acordado por unanimidad de votos de los comuneros asistentes (foja 93 a 96) La magistrada del tribunal agrario consideró que, como ambos demandados no expusieron expresamente que se allanaban a la demanda, en realidad, esa fue la postura que asumieron al dar contestación a la demanda, especialmente al tomar en cuenta que María Dolores Ordóñez Munguía se allanó en el juicio, aceptando que dentro de su parcela quedó inmersa la diversa perteneciente a David González Ortega; además, expuso no tener problema alguno por la posesión de la fracción de terreno; de ahí que la responsable concluyó que no existe Litis, es decir, no existe conflicto de intereses o de controversia judicial (fojas 92 a 99). La responsable, implícitamente consideró que no procedía el análisis oficioso de la prescripción de la acción entablada por el actor, pues consideró no tener por actualizada tal hipótesis (foja 101). 2. Con libertad de jurisdicción, y al considerar que son procedentes las pretensiones del actor, la responsable resolvió: a) Declarar la nulidad parcial del acta de Asamblea de veinticinco de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, celebrada al interior de la comunidad de Xoxonacatla, Municipio de Zacatlán, Estado de Puebla, únicamente por lo que se refiere a la asignación de la parcela número 403 Z-1 P1/1, con superficie de 0-90-44-88 hectáreas, en favor de José Gregorio Germán Aldana Ordoñez, hoy representada por su sucesora María Dolores Ordoñez Munguía, parcela de la cual deberá excluirse la superficie que reclama el actor David González Ortega, como parcela independiente (foja 102). b) Ordenar la cancelación del certificado parcelario número 17449, expedido a favor de María Dolores Ordoñez Munguía, en relación a la parcela antes citada, pues en ésta se incluyó la superficie de 00-29-09.822 hectáreas, que tiene en posesión el actor David González Ortega, misma que constituye una verdadera parcela y se le asigna de manera directa, sin que ello implique que se invadan las atribuciones propias de la Asamblea de comuneros del poblado denominado Xoxonacatla, del Municipio de Zacatlán, Estado de Puebla, en virtud de que se pronunció sobre el tema (foja 102). c) Requirió al Registro Agrario Nacional en el Estado de Tlaxcala, para que en términos del artículo 152, fracción I de la Ley de la materia, procediera a su inscripción y anotaciones de ley, así como a expedir el certificado parcelario a favor de David González Ortega, que le ampare la titularidad de la parcela en mención, previa cancelación del certificado parcelario número 17449 (foja 104). De lo anterior se concluye que, en el caso concreto, ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo.

  4. Juicio de Amparo Directo

    SE DESPRENDE QUE HA TRANSCURRIDO EL TERMINO DE DIEZ DIAS, CONCEDIDO A LAS PARTES QUEJOSA Y TERCERO INTERESADA, PARA QUE MANIFESTARAN LO QUE A SU INTERES CONVINIERA, SIN QUE LO HAYAN HECHO; PROCEDASE A DICTAR LA RESOLUCION CORRESPONDIENTE.

Quedan 10 actuaciones en este expediente

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