David Gonzalez Montero
Expediente 261/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 261/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 16/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- David Gonzalez Montero
Actuaciones
- Principal
Visto lo de cuenta, se desprende de la certificación asentada por la Secretaría de este Juzgado de la Federación, que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 primer párrafo, de la Ley de Amparo, sin que haya sido interpuesto recurso de queja en contra del acuerdo dictado el veintinueve de marzo de dos mil diecinueve (f. 12-16), que desechó la demanda promovida por *** por su propio derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición del numeral 2°, del ordenamiento legal citado en último término, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Comuníquese lo anterior a la parte solicitante del amparo; háganse las anotaciones en el libro de control y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Por otra parte, toda vez que se desechó la demanda con que se formó este juicio de amparo; el expediente en que se actúa será susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo citado en el párrafo que antecede.
- Principal
Al no ser atendido el aviso por parte del quejoso, por este conducto se le notifica: Visto lo de cuenta, téngase por recibida la demanda de amparo promovida por *** por su propio derecho, contra actos de la autoridad que denominó como Subprocurador de Justicia de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, Región "C", con residencia en Celaya, y otras autoridades, que estima violatorios de las garantías que se encuentran consagradas en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivamente, bajo el número 261/2019-V-1, anótese su ingreso en el libro de Gobierno de este Juzgado, y procédase a la digitalización de las constancias referentes para la integración del expediente electrónico, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado Federal. Ahora bien, una vez analizada la demanda de amparo y anexo que se acompaña, se acuerda lo siguiente: El artículo 113 de la Ley de Amparo a la letra dice: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En el caso, una vez analizada la demanda y anexo que a ella se adjuntó, se desprende que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que resulta del artículo 61 fracción XXIII, en vinculación con el diverso numeral 5° fracción II, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que la resolución que se reclama se trata de un acto que no proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo. Los artículos mencionados en el orden apuntado a la letra dicen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. De la demanda de amparo, se desprende que la parte promovente, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de las autoridades que describió como Sub Procurador de Justicia de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, Región C, Director de Procesos, de la Fiscalía Regional "C", y Agente del Ministerio Público de Juicio Oral Penal IV, adscrito a la Dirección antes citada, todos con residencia en Celaya, Guanajuato; actos que describió, en lo conducente, de la forma siguiente: 4.- ACTO RECLAMADO.- Manifiesto en términos de lo establecido en la fracción IV del artículo 108 de la Ley de Amparo y bajo protesta de decir verdad, que lo constituyen, los siguientes: 4.1. La resolución emitida en fecha 14 de Marzo del año actual, mediante la que el Agente del Ministerio Público referenciado con el número 3.3; previo concierto con las diversas 3.1. y 3.2., establece la determinación ministerial de sanción a imponerme, de asumir procedimiento abreviado. Tal acuerdo me fue notificado de forma personal en esa misma fecha, 14 de Marzo del año 2018 (sic). 4.2. Por necesidad, también se reclama la ejecución de tal acto de molestia, atribuible de forma indistinta a las autoridades previamente definidas, con los numerales: 3.1., 3.2. y 3.3." Asimismo, como antecedentes del acto reclamado se desprende, en lo que aquí interesa, que el quejoso se encuentra interno en las instalaciones del Centro de Readaptación Social de Celaya, Guanajuato, por haber sido vinculado a proceso desde principios del mes de septiembre de dos mil dieciocho, en la causa penal 1P0418-133 del Juzgado de Oralidad Penal de la referida sede, por hechos que la Ley señala como delito de privación de la libertad agravada y contra la salud en la modalidad de posesión simple de narcótico, y haberle impuesto como medida cautelar la de prisión preventiva. Con la finalidad de acceder a una terminación anticipada en la causa que se le instruye, por conducto de su defensa, se generó comunicación con el Director de Procesos, de la Fiscalía Regional "C", de Celaya, Guanajuato, quien al parecer, informó que la sanción privativa de libertad a imponerle por la adopción del procedimiento abreviado sería de cuatro años; ofrecimiento que dice el quejoso se realizó de forma verbal, por lo que accedió e instruyó a su defensor para que se determinara el monto de la multa y la reparación del daño; sin embargo, previamente a la audiencia intermedia, el quejoso fue informado por su defensor que no se había autorizado la sanción de cuatro años por parte de la responsable Sub Procurador de Justicia de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, de Celaya, Guanajuato, y que el posicionamiento de la fiscalía era de una sanción privativa de cuatro años y un mes; circunstancias de las que quedó constancia en audiencia oral de doce de marzo de dos mil diecinueve. Por ello, el Juez de Oralidad ordenó a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de Juicio Oral Penal IV, adscrito a la Dirección de Procesos, de la Fiscalía Regional C, de Celaya, Guanajuato, que en el plazo de cuarenta y ocho horas, fundara y motivara la determinación ministerial respecto de la referida sanción, señalándose la audiencia para el veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, lapso que aprovechó la defensa del quejoso para entrevistarse con la responsable Procurador de Justicia de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, Región C, a fin de que reconsiderara la sanción propuesta a imponer; sin embargo, la cita con la mencionada autoridad se programó para el veintiséis de marzo de dicho mes y año, por lo que el Juez de Control determinó que la audiencia de procedimiento abreviado o en su caso, de preparación a juicio oral, se concretaría para el veintiocho de marzo del anotado año. Ahora, de la documental que se acompaña a la demanda de cuenta, consistente en la determinación ministerial de catorce de marzo de dos mil diecinueve (resolución reclamada), emitida por el Agente del Ministerio Público del Juicio Oral IV, en atención a la instrucción emitida por el Juez de Control Oral en Material Penal de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, sede Celaya, en audiencia de doce de marzo de dos mil diecinueve, en la causa penal ***, respecto de la solicitud planteada por la defensa; respuesta dirigida a ***, se aprecia, en lo conducente, que la autoridad ministerial consideró que se está en presencia de un concurso real de delitos, por lo que propone la sanción aplicable a cada uno de los delitos imputados que corresponda a la equidistante entre la mínima y la media y que sumadas las penas que corresponden a cada uno de los delitos, de acuerdo con el grado de culpabilidad, son superiores a los cuatro años de prisión; determinación que constituye en ese juicio de amparo el acto reclamado. Bajo este panorama, en relación con la referida determinación reclamada, se actualiza la causal de improcedencia en estudio, porque la resolución reclamada se trata de un acto que no proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo. Ello porque de conformidad con los artículos 61 fracción XXIII y 5° fracción II, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos que no provienen de una autoridad para efectos del juicio de amparo, y una de sus notas distintivas y esenciales de los actos de autoridad, es que se emiten de manera unilateral y obligatoria; tal y como se deprende de la Tesis de Jurisprudencia de rubro y texto que dice: Novena Época Registro digital: 161133 Instancia: Segunda Sala Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIV, Septiembre de 2011 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 164/2011 Página: 1089 AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Contradicción de tesis 76/99-SS. Entre las sustentadas por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, actualmente Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito. Contradicción de tesis 2/2005-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Décimo y Segundo, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. Contradicción de tesis 116/2005-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito (antes Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito) y Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito (antes Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito). Contradicción de tesis 212/2006-SS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito y el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, actualmente Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito. Contradicción de tesis 253/2011. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco (antes Primer Tribunal Colegiado Auxiliar de la misma región) y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito. Tesis de jurisprudencia 164/2011. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del siete de septiembre de dos mil once. Sobre el tema, cuando se reclama en el juicio de amparo indirecto una resolución de la autoridad ministerial en la que emite sus consideraciones en relación a porqué debe imponerse al acusado determinada sanción, para dar por terminado anticipadamente el proceso penal, a través de un procedimiento abreviado, se actualiza la referida causal de improcedencia de manera manifiesta e indudable, puesto que tal determinación no puede ser considerada como acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en la medida de que, la autoridad que la emitió, no cumple con los extremos que se necesitan para ser considerada como tal, concretamente, no emite dicha resolución de manera unilateral y obligatoria. En efecto, la institución del Ministerio Público es titular del ejercicio de la acción penal, y, en ese sentido, puede disponer de ella, de conformidad con los artículos 21 Constitucional, 127, 131, fracción XVI, y demás relativos y aplicables del Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, el Ministerio Público actúa como autoridad en la etapa de investigación inicial; empero, una vez que el procedimiento penal se judicializa, la autoridad es el Juez; mientras que el Ministerio Público actúa como parte, de conformidad con el artículo 105, fracción V, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Las premisas anteriores constituyen reglas generales, con las excepciones establecidas constitucional, legal y jurisprudencialmente, por ejemplo, la acción penal de particulares o los actos del Ministerio Público que no requieren control judicial. Ahora, en el procedimiento abreviado que regula el Código Nacional de Procedimientos Penales, derivado del momento procesal en que surge dicha institución jurídica, el Ministerio Público actúa como parte, porque se trata de una forma de terminación anticipada del proceso, cuya oportunidad es después de que se dicta el auto de vinculación a proceso, y hasta antes de la emisión del auto de apertura a juicio oral, de acuerdo con el artículo 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales; esto es, sólo se puede solicitar el procedimiento abreviado cuando el proceso penal está judicializado; de ahí que el Ministerio Público actúa como parte y no como autoridad para efectos del amparo. Luego, el facultado para proponer la sanción que habrá de aplicarse es precisamente, el Ministerio Público; sin embargo, tal facultad está supeditada a la existencia de un convenio previo con el imputado; es decir, ese tipo de determinaciones no son obligatorias para el imputado, pues de acuerdo con el artículo 201, fracción III, inciso c), del Código Nacional de Procedimientos Penales, éste tiene la facultad de consentir o no la aplicación del procedimiento abreviado. De ahí que la posición del Ministerio Público respecto de la proposición de la pena que considera habrá de imponerse al imputado por los delitos por los cuales se le vinculó a proceso, para efectos de la terminación anticipada del proceso penal, a través del procedimiento abreviado, no es un acto de autoridad para efectos del juicio constitucional, en síntesis, por las razones siguientes: a) Se trata de un acto de disposición de la acción penal, por parte del Ministerio Público como su titular. Esto es, el titular de la acción puede decidir en qué proporción ejercerla dentro de los límites legales. b) Se trata también de un acto entre partes, pues se emite en una etapa judicializada del procedimiento penal, donde el Ministerio Público e imputado son partes y el Juez la autoridad que rige el proceso penal. c) No es un acto unilateral ni obligatorio, puesto que deriva de un acuerdo entre Ministerio Público e imputado, tan es así, que el imputado tiene la facultad de aceptar o rechazar la aplicación del procedimiento abreviado. Así, la institución ministerial tiene el carácter de parte procesal dentro del proceso penal y cuando propone la sanción que habrá de aplicarse al acusado ante la aplicación del procedimiento abreviado que regula el Código Nacional de Procedimientos Penales, lo hace carente de imperio, obligatoriedad y coercitividad, pues esa determinación deriva de un convenio previo con el imputado, de tal manera que no es vinculante para éste, quien tiene la facultad de rechazar la aplicación de ese tipo de procedimiento. En conclusión, no se trata de un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, lo cual constituye una causa de improcedencia manifiesta e indudable, pues no va a variar en el trámite del juicio de amparo, ya que depende directamente de la naturaleza del acto y de la autoridad que lo emite, por lo que es factible desechar la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. Las anteriores consideraciones se obtuvieron de la ejecutoria génesis de la Tesis de Jurisprudencia de rubro y texto siguiente: Epoca: Décima Época Registro: 2017580 Instancia: Plenos de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 57, Agosto de 2018, Tomo II Materia(s): Común, Penal Tesis: PC.III.P. J/17 P (10a.) Página: 2222 REDUCCIÓN DE LA PENA PARA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PROCESO PENAL, A TRAVÉS DE UN PROCEDIMIENTO ABREVIADO. CUANDO SE IMPUGNA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL QUE LA NIEGA, SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. La resolución ministerial citada no es un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, lo que actualiza, de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5o., fracción II, ambos de la Ley de Amparo, por lo cual, procede desechar la demanda de amparo, en atención a que el solo análisis de la naturaleza del acto y de la autoridad permite arribar a esa conclusión, lo cual no variaría si se tramitara el juicio constitucional. Lo anterior es así, por tres razones: a) es un acto de disposición de la acción penal por parte de su titular, el Ministerio Público, conforme a los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 127, 131, fracción XVI, y demás relativos y aplicables del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, el titular de la acción tiene la facultad de decidir en qué proporción ejercerla dentro de los límites legales; b) se trata también de un acto entre partes, al emitirse en una etapa judicializada del procedimiento penal; y c) no es un acto unilateral ni obligatorio, pues deriva de un acuerdo previo entre las partes, toda vez que, el imputado tiene la facultad de aceptar o rechazar la aplicación del procedimiento abreviado, acorde con el artículo 201, fracción III, inciso c), del código referido. PLENO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO. Contradicción de tesis 4/2018. Entre las sustentadas por el Primer y el Tercer Tribunales Colegiados, ambos en Materia Penal del Tercer Circuito. Por todo ello, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que resulta del artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 5° fracción II, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que la resolución reclamada se trata de un acto que no proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por *** por su propio derecho, de conformidad con el numeral 113 del citado ordenamiento legal. En otro orden, con fundamento en los artículos 12 y 27 fracción I, de la Ley de Amparo, téngase por autorizado en amplios términos al licenciado ***, toda vez que su cédula profesional se encuentra inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito que lo autoriza a ejercer la profesión de abogado; y como domicilio para recibir notificaciones de carácter personal, el ubicado en calle ***. En observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el Actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, en las ocasiones que sean necesarias; esto último con fundamento el artículo 21 tercer párrafo, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece.
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