DAVID GOMEZ VASQUEZ y Otros.

Expediente 489/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
489/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
14/01/2022

Partes del expediente

  • DAVID GOMEZ VASQUEZ y Otros.
  • David Gomez Vasquez

Actuaciones

  1. Principal

    MESA II "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de enero de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales correspondientes el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la ciudad de México, por medio del cual transcribe el acuerdo de siete de enero del año en curso, del que se advierte que se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por DAVID GÓMEZ VÁSQUEZ Y OTROS, derivado de la incompetencia planteada por parte de este juzgado. En tal circunstancia, con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el asunto como concluido. En términos de lo dispuesto en el artículo 20 fracción I, inciso a) del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y atendiendo a que en el presente juicio éste órgano jurisdiccional declinó competencia legal a favor de diverso juzgado, el expediente es susceptible de destrucción, dentro de los seis meses. Se estima que el presente cuaderno de antecedentes carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15, del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    MESA III "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de mayo de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo de cuenta promovida por DAVID GÓMEZ VÁSQUEZ, SILVIA VÁSQUEZ MARTÍNEZ, JOSÉ FERNANDO GÓMEZ VÁSQUEZ Y JULIO DANIEL GÓMEZ VÁSQUEZ, contra actos del Congreso de la Unión, con sede en la ciudad de México, y otras autoridades, de conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 489/2021. Se instruye al secretario a cargo de este expediente para que de fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. Incompetencia. La competencia constituye un presupuesto procesal de orden público y de estudio preferente; de no analizarse así, se vulnerarían las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo. En ese contexto, el Juzgado de Distrito, antes de conocer un asunto, debe analizar si tiene o no competencia legal para ello, con la obligación de abstenerse de conocer del caso cuando considere que corresponde a otro órgano judicial hacerlo, porque la consecuencia de que se determine sobre un juicio respecto del cual no se tiene competencia legal, es declarar nulo lo actuado. En ese sentido, para que un Juez tenga competencia para el conocimiento de determinado negocio, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserva su conocimiento en forma preferente al resto de los jueces y tribunales del mismo grado; así, las leyes procesales señalan criterios para determinar la competencia y, normalmente, se habla de competencia por razón de materia, de cuantía, de grado y de territorio. De los criterios para la fijación de competencia, cobra relevancia aquel relativo a la materia; en efecto, existe un conjunto de reglas para la distribución de las competencias tratándose de Juzgados de Distrito especializados por diversas materias previstos en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como diversos criterios de jurisprudencia y Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por cuanto al primer criterio citado, las reglas de competencia determinan que en el Juzgado o Tribunal Especializado se radiquen asuntos de una misma rama del derecho -atendiendo a la naturaleza del reclamo y de la autoridad responsable- lo que permite que los juzgadores que los integran tengan un mayor conocimiento sobre la materia correspondiente y, en consecuencia, puedan resolver mejor y con mayor prontitud los asuntos que son sometidos a su conocimiento, a efecto de cumplir con la garantía de justicia pronta, completa e imparcial establecida constitucionalmente. En lo que interesa, debe indicarse que de los artículos 28 y 94, párrafo sexto, constitucionales, se advierte que en el ámbito del Poder Judicial de la Federación se creó una subespecialidad en materia administrativa, vinculada con temas en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, cuyo conocimiento, corresponde a los Órganos Jurisdiccionales en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones. Para tal fin, el nueve de agosto de dos mil trece, se publicó oficialmente el Acuerdo General 22/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal2, cuyos artículos segundo, sexto, octavo y décimo segundo, prevén la creación, atribuciones e inicio de funciones de dichos Órganos Jurisdiccionales en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones. Conforme a este marco normativo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido diversos criterios relacionados con actos que pueden ser reclamados ante dichos órganos judiciales; por ejemplo, en la contradicción de tesis 348/2017, la Segunda Sala del Máximo Tribunal, determinó: "(.) Al efecto, debe tenerse en cuenta que, al resolver la diversa contradicción de tesis 49/2015, esta Segunda Sala determinó que corresponde a los Juzgados de Distrito y a los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones conocer de los juicios de amparo y los recursos respectivos cuando el asunto de que se trata entraña el análisis de aspectos técnicos de la regulación de las materias de su especialidad, con independencia de la naturaleza del derecho que se aduce violado; tal como se advierte de la jurisprudencia 2a./J. 119/2015 (10a.), que se lee bajo el rubro: "ÓRGANOS JURISDICCIONALES EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LOS JUICIOS DE AMPARO O SUS RECURSOS CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA DECISIÓN ADOPTADA RESPECTO DE UNA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN."(2) Para arribar a tal conclusión, se precisó que, de acuerdo con la diversa jurisprudencia 2a./J. 24/2009,(3) la competencia por materia de los órganos jurisdiccionales especializados debe determinarse atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, la cual se puede establecer "mediante el análisis de las prestaciones reclamadas, los hechos narrados, las pruebas aportadas, la invocación de preceptos legales en que se apoye la demanda y, en todo caso, prescindir del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule a las partes." Asimismo, se estableció que "el derecho administrativo constituye el género relativo a la regulación del conjunto de normas jurídicas relacionadas con la organización, funcionamiento y atribuciones de la administración pública, en sus relaciones con los particulares y con otros organismos o instituciones de la administración; materia que, al ser sumamente amplia, requirió la creación de subespecialidades, como los son el derecho ambiental, propiedad intelectual, competencia económica, radiodifusión, telecomunicaciones, entre otras, respecto de las cuales se requieren conocimientos técnicos del juzgador para efecto de dilucidar la controversia." En ese contexto, se tomó en consideración que el objeto fundamental de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, acaecida en el mes de junio de dos mil trece, estriba en reglamentar el derecho económico regulatorio y dentro de éste el derecho de las telecomunicaciones, dejándose su aplicación a cargo de órganos autónomos, cuyas resoluciones sólo son impugnables vía juicio de amparo indirecto, destacándose la necesidad de que el conocimiento de esos asuntos corresponda a órganos jurisdiccionales especializados en la materia, "con el objeto de evitar criterios contradictorios que complican la aplicación de la ley y generan incertidumbre jurídica", lo que también "permitirá que los juzgadores que resuelvan estas impugnaciones puedan especializarse para conocer los aspectos técnicos de la regulación en materia de competencia, telecomunicaciones y radiodifusión que, de suyo, reviste una alta complejidad." Así, se sostuvo que las razones que motivaron la creación de los referidos órganos jurisdiccionales, son: a) Aplicación efectiva de la materia de competencia económica y telecomunicaciones para lograr su mejor regulación y cumplir con sus objetivos. b) Agilidad en la resolución de los medios de impugnación. c) Evitar el abuso del sistema de justicia para frenar la regulación que busca reducir las prácticas monopólicas anticompetitivas. d) Evitar que prevalezca el interés particular sobre el social. e) Decisiones congruentes, así como evitar criterios contradictorios que compliquen la aplicación de la ley y generen incertidumbre jurídica. f) Crear órganos que conozcan de aspectos técnicos de alta complejidad. (.)" Asimismo, en la contradicción de tesis 3/2018, dicha Sala concluyó: "(.) En ese orden de ideas, en cuanto a la especialización en competencia económica, esta Suprema Corte de la Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 84/2016 (10a.), que derivó de los conflictos competenciales 1/2014, 84/2014, 265/2015, 9/2016 y 27/2016 dispuso que en atención a la reforma constitucional del once de junio de dos mil trece, es posible establecer que la competencia por materia en favor de los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, se surte en aquellos casos en que se debe dirimir una controversia en la que está involucrado el proceso de competencia y libre concurrencia, conforme el contenido del numeral 28 constitucional. Apuntó que se entiende por la primera la rivalidad que se genera entre empresas que contienden en un mercado para vender sus bienes o servicios y, por la segunda, el libre acceso de consumidores y productores en un mercado en condiciones de igualdad. La jurisprudencia en comento es visible en la Décima Época, «Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Tomo II, agosto de 2016, materia común, página 1092, de rubro: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES. SON COMPETENTES PARA CONOCER, ENTRE OTROS SUPUESTOS, DE LOS ACTOS RECLAMADOS A LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA O AL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES." Por ende, los conflictos derivados de esta subespecialización de la materia administrativa deben ser analizados, estudiados y dirimidos por Jueces especializados en tal materia, en atención a la complejidad de los aspectos técnicos que ella implica, para dar consistencia y homogeneidad a los casos que se encuentren bajo la estipulación respectiva y así evitar criterios distintos y contradictorios. En ese sentido, en atención a la finalidad con la que se crearon dichos órganos especializados, para la resolución de esta contradicción de tesis se requiere determinar centralmente, la naturaleza de los actos reclamados, es decir, esclarecer si el análisis de la normatividad de tránsito mediante la que se regula el acceso y operación de las empresas de redes de transporte (ERT'S) al mercado de servicios de esa naturaleza, requiere conocimientos técnicos especializados en materia de competencia económica; al implicar en forma directa temas de libre concurrencia y competencia. (.)" Por otra parte, en la ejecutoria que resolvió el conflicto competencial 27/2016, fue puntual en cuanto a que, para que se actualice la competencia de un tribunal especializado, se requiere que el acto se vincule con aspectos relacionados con el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, con las redes y con la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, con la libre competencia y concurrencia y con actos relacionados con la prevención, investigación y combate de monopolios y prácticas monopólicas, concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados. De manera similar, en los asuntos que dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J. 84/2016, determinó que para fijar la competencia por materia en el juicio de amparo, debe atenderse a la naturaleza del acto y de la autoridad responsable, de modo que se surte la competencia en favor del tribunal especializado, cuando se impugnen, entre otros supuestos, actos emitidos por la Comisión Federal de Competencia Económica o por el Instituto Federal de Telecomunicaciones relativos al uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, a las redes y a la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, a la libre competencia y concurrencia, a los actos relativos a la prevención, investigación y combate de monopolios y prácticas monopólicas, concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados. En cambio, cuando se reclame una resolución derivada de actos realizados por una autoridad administrativa, y tanto la naturaleza de la autoridad responsable como la del acto reclamado son administrativas, corresponde conocer del asunto a un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa. Posteriormente, al resolver los conflictos competenciales 110/2016, 111/2016 y 177/2016, 323/2017, determinó, con apoyo en la citada jurisprudencia 2a./J. 84/2016, que si la resolución reclamada no se vincula con las materias de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, y fue emitida por una autoridad administrativa en aplicación de disposiciones que regulan procedimientos administrativos, entonces la competencia se surte en favor de los tribunales administrativos genéricos. También interesa señalar que el propio Pleno de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, al resolver la contradicción de tesis 5/2014, sustentó en el criterio jurisprudencial PC.XXXIII.CRT. J/4 A (10a.), que debe ponderarse la naturaleza del acto reclamado y, a partir de su objetiva constatación, podrá determinarse qué órgano jurisdiccional deberá conocer del asunto. Caso concreto. Del escrito de demanda y anexos, se advierte que la parte quejosa señala como autoridades responsables: a) El Congreso de la Unión, de quien reclama: la discusión y aprobación del decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en específico, el artículo 180 quater de la aludida ley. b) de Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a quien atribuye: la orden de mandar publicar el decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en específico, el artículo 180 quater de la referida ley. c) La Secretaría de Gobernación, de quien reclama: el refrendo y la orden de mandar publicar el decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en específico, el artículo 180 quater de la aludida ley; y, d) Del Instituto Federal de Telecomunicaciones, a quien atribuye: la inminente recepción de datos personales (biométricos) de los quejosos, derivado de la obtención e ingreso de los mismos al Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Ante ese estado de cosas, el acto reclamado a la autoridad responsable, encuadra en los asuntos de competencia exclusiva de los Juzgados Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, al ser un acto emitido por el Instituto Federal de Telecomunicaciones relativo al uso del espectro radioeléctrico, por tanto, se estima que el análisis constitucional del asunto, requiere de conocimientos técnicos especializados en materia de competencia en telecomunicaciones para su resolución, por lo que debe realizarlo un Juzgado Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones; resultando incompetente este Juzgado para conocer de la demanda de amparo. Conclusión. En ese contexto procesal, se advierte que la competencia por materia para conocer de la demanda en trato, se actualiza a favor del JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, Y JURISDICCIÓN TERRITORIAL EN TODA LA REPÚBLICA, EN TURNO. En tales condiciones, este Juzgado de Distrito se declara legalmente incompetente por materia, para conocer de la demanda de amparo indirecto que se trata; por tanto, remítase con sus anexos y demás constancias, a la OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO Y TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, Y DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO y fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Se solicita al Juzgado que por cuestión de turno le corresponda conocer del presente asunto, el acuse de recibo respectivo e informe lo que tenga a bien determinar sobre la competencia declinada. Suspensión. Dada la incompetencia decretada, no se provee en relación a la medida cautelar solicitada, en términos del artículo 48 de la Ley de Amparo, al no reclamarse actos del diverso 15 de la citada Ley. Como lo solicitan los peticionarios se les tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indican, y autorizando para recibirlas a las personas que para tal efecto facultan. Atento a la certificación de cuenta, y como lo expresamente lo solicitan los quejosos, con fundamento en los artículos 35, 36 y 37 del Acuerdo General 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdicciones a cargo del propio Consejo, se les autoriza para que consulten el expediente electrónico de este asunto. Para ello la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, deberá vincular el usuario que indica el promovente previa verificación de que los datos coincidan con los registros de la base que arroje el sistema; y agregar la constancia respectiva al expediente. De acuerdo con el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas y días inhábiles, pues ello se estima pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. Con el objeto de respetar el derecho a la protección de los datos confidenciales de las demás partes, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, señálese a las partes, el derecho que les asiste para emitir su consentimiento a que se publiquen sus datos confidenciales; en la inteligencia que ante la falta de consentimiento, en la sentencia que se dicte y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado. Por último, se autoriza a la Secretaria encargada del trámite del presente expediente, para que firme los oficios que deriven de este asunto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. (EL PRESENTE AUTO SE PUBLICA EL DÍA DE HOY DEBIDO A QUE FUE AUTORIZADA EL DIEZ DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO)

  3. Principal

    veintiuno. Vista la demanda de amparo de cuenta promovida por DAVID GÓMEZ VÁSQUEZ, SILVIA VÁSQUEZ MARTÍNEZ, JOSÉ FERNANDO GÓMEZ VÁSQUEZ Y JULIO DANIEL GÓMEZ VÁSQUEZ, contra actos del Congreso de la Unión, con sede en la ciudad de México, y otras autoridades, de conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 489/2021. Se instruye al secretario a cargo de este expediente para que de fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. Incompetencia. La competencia constituye un presupuesto procesal de orden público y de estudio preferente; de no analizarse así, se vulnerarían las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo. En ese contexto, el Juzgado de Distrito, antes de conocer un asunto, debe analizar si tiene o no competencia legal para ello, con la obligación de abstenerse de conocer del caso cuando considere que corresponde a otro órgano judicial hacerlo, porque la consecuencia de que se determine sobre un juicio respecto del cual no se tiene competencia legal, es declarar nulo lo actuado. En ese sentido, para que un Juez tenga competencia para el conocimiento de determinado negocio, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserva su conocimiento en forma preferente al resto de los jueces y tribunales del mismo grado; así, las leyes procesales señalan criterios para determinar la competencia y, normalmente, se habla de competencia por razón de materia, de cuantía, de grado y de territorio. De los criterios para la fijación de competencia, cobra relevancia aquel relativo a la materia; en efecto, existe un conjunto de reglas para la distribución de las competencias tratándose de Juzgados de Distrito especializados por diversas materias previstos en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como diversos criterios de jurisprudencia y Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por cuanto al primer criterio citado, las reglas de competencia determinan que en el Juzgado o Tribunal Especializado se radiquen asuntos de una misma rama del derecho -atendiendo a la naturaleza del reclamo y de la autoridad responsable- lo que permite que los juzgadores que los integran tengan un mayor conocimiento sobre la materia correspondiente y, en consecuencia, puedan resolver mejor y con mayor prontitud los asuntos que son sometidos a su conocimiento, a efecto de cumplir con la garantía de justicia pronta, completa e imparcial establecida constitucionalmente. En lo que interesa, debe indicarse que de los artículos 28 y 94, párrafo sexto, constitucionales, se advierte que en el ámbito del Poder Judicial de la Federación se creó una subespecialidad en materia administrativa, vinculada con temas en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, cuyo conocimiento, corresponde a los Órganos Jurisdiccionales en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones. Para tal fin, el nueve de agosto de dos mil trece, se publicó oficialmente el Acuerdo General 22/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal2, cuyos artículos segundo, sexto, octavo y décimo segundo, prevén la creación, atribuciones e inicio de funciones de dichos Órganos Jurisdiccionales en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones. Conforme a este marco normativo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido diversos criterios relacionados con actos que pueden ser reclamados ante dichos órganos judiciales; por ejemplo, en la contradicción de tesis 348/2017, la Segunda Sala del Máximo Tribunal, determinó: "(.) Al efecto, debe tenerse en cuenta que, al resolver la diversa contradicción de tesis 49/2015, esta Segunda Sala determinó que corresponde a los Juzgados de Distrito y a los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones conocer de los juicios de amparo y los recursos respectivos cuando el asunto de que se trata entraña el análisis de aspectos técnicos de la regulación de las materias de su especialidad, con independencia de la naturaleza del derecho que se aduce violado; tal como se advierte de la jurisprudencia 2a./J. 119/2015 (10a.), que se lee bajo el rubro: "ÓRGANOS JURISDICCIONALES EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LOS JUICIOS DE AMPARO O SUS RECURSOS CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA DECISIÓN ADOPTADA RESPECTO DE UNA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN."(2) Para arribar a tal conclusión, se precisó que, de acuerdo con la diversa jurisprudencia 2a./J. 24/2009,(3) la competencia por materia de los órganos jurisdiccionales especializados debe determinarse atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, la cual se puede establecer "mediante el análisis de las prestaciones reclamadas, los hechos narrados, las pruebas aportadas, la invocación de preceptos legales en que se apoye la demanda y, en todo caso, prescindir del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule a las partes." Asimismo, se estableció que "el derecho administrativo constituye el género relativo a la regulación del conjunto de normas jurídicas relacionadas con la organización, funcionamiento y atribuciones de la administración pública, en sus relaciones con los particulares y con otros organismos o instituciones de la administración; materia que, al ser sumamente amplia, requirió la creación de subespecialidades, como los son el derecho ambiental, propiedad intelectual, competencia económica, radiodifusión, telecomunicaciones, entre otras, respecto de las cuales se requieren conocimientos técnicos del juzgador para efecto de dilucidar la controversia." En ese contexto, se tomó en consideración que el objeto fundamental de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, acaecida en el mes de junio de dos mil trece, estriba en reglamentar el derecho económico regulatorio y dentro de éste el derecho de las telecomunicaciones, dejándose su aplicación a cargo de órganos autónomos, cuyas resoluciones sólo son impugnables vía juicio de amparo indirecto, destacándose la necesidad de que el conocimiento de esos asuntos corresponda a órganos jurisdiccionales especializados en la materia, "con el objeto de evitar criterios contradictorios que complican la aplicación de la ley y generan incertidumbre jurídica", lo que también "permitirá que los juzgadores que resuelvan estas impugnaciones puedan especializarse para conocer los aspectos técnicos de la regulación en materia de competencia, telecomunicaciones y radiodifusión que, de suyo, reviste una alta complejidad." Así, se sostuvo que las razones que motivaron la creación de los referidos órganos jurisdiccionales, son: a) Aplicación efectiva de la materia de competencia económica y telecomunicaciones para lograr su mejor regulación y cumplir con sus objetivos. b) Agilidad en la resolución de los medios de impugnación. c) Evitar el abuso del sistema de justicia para frenar la regulación que busca reducir las prácticas monopólicas anticompetitivas. d) Evitar que prevalezca el interés particular sobre el social. e) Decisiones congruentes, así como evitar criterios contradictorios que compliquen la aplicación de la ley y generen incertidumbre jurídica. f) Crear órganos que conozcan de aspectos técnicos de alta complejidad. (.)" Asimismo, en la contradicción de tesis 3/2018, dicha Sala concluyó: "(.) En ese orden de ideas, en cuanto a la especialización en competencia económica, esta Suprema Corte de la Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 84/2016 (10a.), que derivó de los conflictos competenciales 1/2014, 84/2014, 265/2015, 9/2016 y 27/2016 dispuso que en atención a la reforma constitucional del once de junio de dos mil trece, es posible establecer que la competencia por materia en favor de los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, se surte en aquellos casos en que se debe dirimir una controversia en la que está involucrado el proceso de competencia y libre concurrencia, conforme el contenido del numeral 28 constitucional. Apuntó que se entiende por la primera la rivalidad que se genera entre empresas que contienden en un mercado para vender sus bienes o servicios y, por la segunda, el libre acceso de consumidores y productores en un mercado en condiciones de igualdad. La jurisprudencia en comento es visible en la Décima Época, «Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Tomo II, agosto de 2016, materia común, página 1092, de rubro: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES. SON COMPETENTES PARA CONOCER, ENTRE OTROS SUPUESTOS, DE LOS ACTOS RECLAMADOS A LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA O AL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES." Por ende, los conflictos derivados de esta subespecialización de la materia administrativa deben ser analizados, estudiados y dirimidos por Jueces especializados en tal materia, en atención a la complejidad de los aspectos técnicos que ella implica, para dar consistencia y homogeneidad a los casos que se encuentren bajo la estipulación respectiva y así evitar criterios distintos y contradictorios. En ese sentido, en atención a la finalidad con la que se crearon dichos órganos especializados, para la resolución de esta contradicción de tesis se requiere determinar centralmente, la naturaleza de los actos reclamados, es decir, esclarecer si el análisis de la normatividad de tránsito mediante la que se regula el acceso y operación de las empresas de redes de transporte (ERT'S) al mercado de servicios de esa naturaleza, requiere conocimientos técnicos especializados en materia de competencia económica; al implicar en forma directa temas de libre concurrencia y competencia. (.)" Por otra parte, en la ejecutoria que resolvió el conflicto competencial 27/2016, fue puntual en cuanto a que, para que se actualice la competencia de un tribunal especializado, se requiere que el acto se vincule con aspectos relacionados con el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, con las redes y con la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, con la libre competencia y concurrencia y con actos relacionados con la prevención, investigación y combate de monopolios y prácticas monopólicas, concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados. De manera similar, en los asuntos que dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J. 84/2016, determinó que para fijar la competencia por materia en el juicio de amparo, debe atenderse a la naturaleza del acto y de la autoridad responsable, de modo que se surte la competencia en favor del tribunal especializado, cuando se impugnen, entre otros supuestos, actos emitidos por la Comisión Federal de Competencia Económica o por el Instituto Federal de Telecomunicaciones relativos al uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, a las redes y a la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, a la libre competencia y concurrencia, a los actos relativos a la prevención, investigación y combate de monopolios y prácticas monopólicas, concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados. En cambio, cuando se reclame una resolución derivada de actos realizados por una autoridad administrativa, y tanto la naturaleza de la autoridad responsable como la del acto reclamado son administrativas, corresponde conocer del asunto a un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa. Posteriormente, al resolver los conflictos competenciales 110/2016, 111/2016 y 177/2016, 323/2017, determinó, con apoyo en la citada jurisprudencia 2a./J. 84/2016, que si la resolución reclamada no se vincula con las materias de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, y fue emitida por una autoridad administrativa en aplicación de disposiciones que regulan procedimientos administrativos, entonces la competencia se surte en favor de los tribunales administrativos genéricos. También interesa señalar que el propio Pleno de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, al resolver la contradicción de tesis 5/2014, sustentó en el criterio jurisprudencial PC.XXXIII.CRT. J/4 A (10a.), que debe ponderarse la naturaleza del acto reclamado y, a partir de su objetiva constatación, podrá determinarse qué órgano jurisdiccional deberá conocer del asunto. Caso concreto. Del escrito de demanda y anexos, se advierte que la parte quejosa señala como autoridades responsables: a) El Congreso de la Unión, de quien reclama: la discusión y aprobación del decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en específico, el artículo 180 quater de la aludida ley. b) de Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a quien atribuye: la orden de mandar publicar el decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en específico, el artículo 180 quater de la referida ley. c) La Secretaría de Gobernación, de quien reclama: el refrendo y la orden de mandar publicar el decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en específico, el artículo 180 quater de la aludida ley; y, d) Del Instituto Federal de Telecomunicaciones, a quien atribuye: la inminente recepción de datos personales (biométricos) de los quejosos, derivado de la obtención e ingreso de los mismos al Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Ante ese estado de cosas, el acto reclamado a la autoridad responsable, encuadra en los asuntos de competencia exclusiva de los Juzgados Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, al ser un acto emitido por el Instituto Federal de Telecomunicaciones relativo al uso del espectro radioeléctrico, por tanto, se estima que el análisis constitucional del asunto, requiere de conocimientos técnicos especializados en materia de competencia en telecomunicaciones para su resolución, por lo que debe realizarlo un Juzgado Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones; resultando incompetente este Juzgado para conocer de la demanda de amparo. Conclusión. En ese contexto procesal, se advierte que la competencia por materia para conocer de la demanda en trato, se actualiza a favor del JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, Y JURISDICCIÓN TERRITORIAL EN TODA LA REPÚBLICA, EN TURNO. En tales condiciones, este Juzgado de Distrito se declara legalmente incompetente por materia, para conocer de la demanda de amparo indirecto que se trata; por tanto, remítase con sus anexos y demás constancias, a la OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO Y TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, Y DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO y fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Se solicita al Juzgado que por cuestión de turno le corresponda conocer del presente asunto, el acuse de recibo respectivo e informe lo que tenga a bien determinar sobre la competencia declinada. Suspensión. Dada la incompetencia decretada, no se provee en relación a la medida cautelar solicitada, en términos del artículo 48 de la Ley de Amparo, al no reclamarse actos del diverso 15 de la citada Ley. Como lo solicitan los peticionarios se les tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indican, y autorizando para recibirlas a las personas que para tal efecto facultan. Atento a la certificación de cuenta, y como lo expresamente lo solicitan los quejosos, con fundamento en los artículos 35, 36 y 37 del Acuerdo General 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdicciones a cargo del propio Consejo, se les autoriza para que consulten el expediente electrónico de este asunto. Para ello la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, deberá vincular el usuario que indica el promovente previa verificación de que los datos coincidan con los registros de la base que arroje el sistema; y agregar la constancia respectiva al expediente. De acuerdo con el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas y días inhábiles, pues ello se estima pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. Con el objeto de respetar el derecho a la protección de los datos confidenciales de las demás partes, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, señálese a las partes, el derecho que les asiste para emitir su consentimiento a que se publiquen sus datos confidenciales; en la inteligencia que ante la falta de consentimiento, en la sentencia que se dicte y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado. Por último, se autoriza a la Secretaria encargada del trámite del presente expediente, para que firme los oficios que deriven de este asunto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. (EL PRESENTE AUTO SE PUBLICA EL DÍA DE HOY DEBIDO A QUE FUE AUTORIZADA EL DIEZ DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO) QUEDA DEBIDAMENTE NOTIFICADA LA PARTE QUEJOSA EN TERMINOS DE LEY

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