David Godoy Lozano
Expediente 76/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 76/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 18/03/2022
Partes del expediente
- David Godoy Lozano
Actuaciones
- Principal
Zapopan, Jalisco, dieciocho de marzo de dos mil veintidós. Firme resolución. Vista la certificación de cuenta se hizo constar que transcurrió el plazo que se establece en el artículo 86 en relación con los diversos 81, fracción I, inciso e) y 84, todos de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran con la sentencia de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, por la que se determinó sobreseer en este juicio de amparo, y que así, hicieran valer el recurso de revisión en su contra, sin que lo hayan hecho; en consecuencia, con apoyo en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara firme. Orden de archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido. Orden de destrucción. Por lo que ve a este sumario constitucional, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Oposición de datos personales. Asimismo, de las constancias que integran los autos se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Información reservada. De igual forma, hágase saber para los efectos establecidos en el multicitado Acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Devolución de documento. Por otro lado, al resultar innecesario que permanezca en autos el documento exhibido por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, requiérasele para que acuda a recibirlo en las instalaciones que ocupa este juzgado de Distrito, dentro del plazo de diez días hábiles, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo. Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que de no acudir por éste dentro del plazo indicado, será destruido junto con el expediente. Esquema de atención al público. Finalmente, se hace de su conocimiento que en términos del artículo 3 del Acuerdo General 12/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para poder comparecer a recibir el aludido medio de convicción deberá realizar una cita previa, la cual podrá generar en el Portal de Servicios en Línea del micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales" donde encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en este juzgado para la generación de citas para el desahogo de comparecencias. La generación de citas será un proceso automatizado que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR que, a su vez, permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen a este juzgado de Distrito. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, asistido por la secretaria Dulce Carolina Salazar Robles, que autoriza y da fe.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 76/2022, promovido por David Godoy Lozano, por propio derecho, contra actos de la Décimo Segunda Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco y otra autoridad; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado el once de enero de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco; turnado a este Juzgado Decimocuarto Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco; David Godoy Lozano, por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra la autoridad y por los actos que en él precisó, y señaló como vulnerados los derechos fundamentales previstos en los artículos 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Federal y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Admisión y trámite. El diecinueve de enero de dos mil veintidós; del análisis de la demanda de amparo, se advirtió que era improcedente y, por tanto, debía desecharse por lo que respecta al segundo de los actos precisados, por actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 63, fracciones IV y V, todos de la Ley de Amparo, los cuales establecen que el juicio de amparo es improcedente, cuando los actos reclamados sean inexistentes; se admitió a trámite la demanda de amparo, misma que se registró con el número 76/2022; se ordenó requerir a la autoridad responsable por su informe de ley; se dio la intervención que en derecho corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Cabe precisar que en proveído de diecinueve de enero de dos mil veintidós, por error se asentó como autoridad responsable a la "i. Junta Especial Número Doce de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco."; siendo lo correcto la Décimo Segunda Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, como se asentó previamente, sin que dicha circunstancia trascienda al sentido de la presente resolución, pues se le notificó vía oficio y rindió su informe justificado la autoridad correcta. Y, finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal resulta competente para resolver el presente juicio, con fundamento en los artículos: 94, 103 y 107 de la Ley Fundamental; 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y estos preceptos vinculados, a su vez, con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y acuerdo 41/2018 emitido por dicho Pleno, en virtud de que se reclaman actos atribuidos a un tribunal laboral con residencia en el territorio en el cual este Juzgado Federal ejerce competencia. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, a efecto de establecer qué es lo reclamado, se precisa que, de la lectura integral de la demanda, se advierte que lo es: A la Décimo Segunda Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, le reclama: La omisión de dictar acuerdo de avocamiento por el cual se señale fecha para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, prevista por el artículo 873 de la Ley Federal de Trabajo, dentro del juicio 1429/2021/12-C. TERCERO. Existencia de la materia de reclamo. El Presidente Auxiliar de la Décimo Segunda Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, manifestó que era cierto el acto reprochado; sin embargo, ya había realizado las gestiones conducentes para subsanar dicha cuestión. Certeza que se desprende de la copia certificada del procedimiento de origen que obra agregada en autos; documental pública que merece valor probatorio pleno, al tenor de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, previo análisis que se haga de los conceptos de violación vertidos por el promovente, el órgano jurisdiccional debe analizar, de oficio, la procedencia del asunto, toda vez que se trata de una cuestión de orden público y de estudio preferente, lo aleguen las partes o no. En ese orden, el suscrito advierte que se actualiza una causa de improcedencia en el presente juicio constitucional respecto del acto reclamado a la Décimo Segunda Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, consistente en la omisión dictar acuerdo de avocamiento por el cual se señale fecha para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, prevista por el artículo 873 de la Ley Federal de Trabajo, dentro del juicio 1429/2021/12-C; la prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado..." Dicho precepto legal, establece la figura jurídica de cesación de efectos del acto reclamado, la cual se actualiza cuando ante la existencia de éste, todos sus efectos han desaparecido o han sido destruidos en forma total e incondicionalmente como si se hubiera otorgado el amparo, esto es, como si el acto reclamado no hubiera existido. Ahora bien, de una interpretación sistemática a la norma legal citada, se deduce que dicha causa de improcedencia se puede actualizar mediante dos supuestos a saber: i. Por revocación; o, ii. Por sustitución procesal. La primera de las hipótesis -revocación- se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, por la autoridad responsable, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial; en tanto que la segunda -sustitución procesal-, se materializa cuando sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado. De esta manera, si en términos del artículo 77 fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia protectora persigue reparar las violaciones de garantías que el acto autoritario genere sobre la esfera jurídica del gobernado con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, es claro que la acción constitucional no tiene razón de ser cuando ha desaparecido ese objetivo. El dispositivo legal transcrito implica el supuesto en que cesan los efectos del acto reclamado, al punto que con ello se restablece la situación que prevalecía antes de la promoción del juicio de garantías. El dispositivo legal transcrito implica el supuesto en que cesan los efectos del acto reclamado, al punto que con ello se restablece la situación que prevalecía antes de la promoción del juicio de garantías. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser extinguida por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal; tal y como lo sustenta la jurisprudencia siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo" De esta manera, si en términos del artículo 77 fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia protectora persigue reparar las violaciones de garantías que el acto autoritario genere sobre la esfera jurídica del gobernado con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, es claro que la acción constitucional no tiene razón de ser cuando ha desaparecido ese objetivo. En el caso concreto, el acto reclamado por el cual se admitió la presente litis constitucional consiste en la omisión de dictar acuerdo de avocamiento por el cual se señale fecha para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, prevista por el artículo 873 de la Ley Federal de Trabajo, dentro del juicio 1429/2021/12-C. Sin embargo, de las constancias que se acompañaron al informe de ley, se advierte que han cesado los efectos de tal acto reclamado, dado que se acreditó que mediante auto de veinticinco de enero de dos mil veintidós, se emitió el auto de avocamiento al asunto laboral de génesis, admitiéndose a trámite, y a su vez, fiándose data y hora para la celebración de la audiencia bifásica, para las doce horas del cuatro de julio de dos mil veintidós. Ante tales circunstancias, es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado en virtud de que como se estableció, los actos de los que se duele la parte quejosa en su demanda de garantías ya cesaron; tiene vigencia sobre el particular, la tesis siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Así como la jurisprudencia que enseguida se menciona: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Bajo dicha tesitura, al surtirse la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V6, del mismo ordenamiento legal, lo conducente es sobreseer en el sumario en que se actúa. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por David Godoy Lozano, contra los actos que reclamó de la Décimo Segunda Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, que precisado quedó en el considerando segundo, por los motivos y razones expuestos en el considerando cuarto de la presente resolución. Notifíquese.
- Principal
Como se advierte de la certificación que antecede, transcurrió el plazo que se establece en el artículo 86 en relación con los diversos 81, fracción I, inciso e) y 84, todos de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara con el auto de cinco de octubre de dos mil veintiuno, por la que se sobreseyó en el juicio e hiciera valer el recurso de revisión en su contra, sin que lo haya hecho, en consecuencia, con apoyo en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara firme. Orden de archivo. En consecuencia, toda vez que el presente asunto se encuentra concluido, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el presente como asunto concluido. Toda vez que en el presente asunto se sobreseyó en el juicio, el expediente se encuentra en el supuesto previsto en el inciso a) del artículo 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, por tanto, será destruible una vez que transcurra el plazo de tres años de haberse ordenado su archivo. Oposición de datos personales. Asimismo, de las constancias que integran los autos se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros.
- Principal
Zapopan, Jalisco, diecinueve de enero de dos mil veintidós. Desahoga vista. Téngase por recibido el escrito de la quejosa ********************, visto su contenido, desahoga la vista de once de enero de dos mil veintidós, al efecto hace manifestaciones que del mismo se desprenden, para tal efecto se provee: Estado de autos. Ahora bien, en el fallo protector se determinó que los efectos de la concesión del amparo son los siguientes: ".SEXTO. Fijación de los efectos de la concesión. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 74, fracción V, y 77, fracción II, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a fijar los efectos de la concesión del amparo. A fin de asegurar el estricto cumplimiento a la presente sentencia de amparo, la autoridad responsable deberá: De inmediato, atienda por escrito la solicitud que ******************** le hizo el veinte de enero de dos mil veinte, la cual deberá notificársela en el domicilio que para tal efecto ésta le haya proporcionado. En el entendido de que la respuesta de la cual se trata deberá ser congruente con la petición formulada, o, en su caso, manifieste la imposibilidad que tenga para ello." Por acuerdo de once de enero de dos mil veintidós, el Delegado de las autoridades responsables, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitió el oficio original ********************, de treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, en que dio respuesta por escrito la solicitud que ******************** le hizo el veinte de enero de dos mil veinte. Con lo cual, se ordenó dar vista a la parte quejosa. Sin embargo, del ocurso que ahora se provee, se advierte que la parte quejosa manifiesta su inconformidad con lo actuado por la responsable en torno al fallo protector, toda vez que refiere: ".manifestando que la autoridad responsable no acreditó fehacientemente que se haya dado respuesta a la "Solicitud de Aclaración de Semanas Cotizadas", de la suscrita y, por consiguiente, ordene a la autoridad responsable, que dé debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo ." Requerimiento. En consecuencia, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público y es obligación de este juzgado federal que las sentencias amparadores se acaten a la brevedad y debidamente, esto es, sin exceso, ni defecto, atento al canon 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece entre otras cosas que la justicia deberá de ser pronta, merced de que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo no pueden quedar paralizadas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable, para que en el plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, remita copia certificada, completa y legible de las constancias con las cuales acredite el cumplimiento al fallo protector. Para una mayor ilustración se adjunta copia del ocurso de cuenta, promoción registrada con el folio 1185, para los efectos legales a que haya lugar. Apercibimiento. Bajo apercibimiento que de no hacerlo así o bien, de no manifestar el impedimento legal o material que para ello tengan, conforme disciplina el arábigo 192 del ordenamiento en cita, así como el diverso 26 del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su divulgación, se le impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a cien Unidades de Medida y Actualización a la data en que se le haga efectiva dicha sanción. Asimismo, previos los trámites correspondientes, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar en la separación del cargo que ostenta y será puesto a disposición del juez de Distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 193 de la Ley de Amparo. Lo anterior, merced de que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público y obligación de este órgano judicial que las sentencias se acaten sin demora y cabalmente, atento a lo dispuesto en el canon 17 de la Carta Magna que establece entre otras cosas que la justicia deberá ser pronta. En el entendido que se considera incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, ante Karla Raquel Pedroza Coronado, secretaria que autoriza y da fe. RAAG/KRPC/hmre
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