David Gloria Cárdenas

Expediente 1372/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 8 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1372/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
09/05/2022

Partes del expediente

  • David Gloria Cárdenas
  • Junta Especial Número Uno Veintitrés de la Federal de Conciliación y Arbitraje

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, nueve de mayo de dos mil veintidós. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (quien es la legitimada para hacerlo) interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia que sobreseyó en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Se requiere a las partes para que en caso de que hubieren exhibido documentos originales, acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperarlos, apercibidos que de no hacerlo, en términos del numeral 21, segundo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dichos documentos correrán la misma suerte que el juicio en el que se actúa. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las nueve horas con doce minutos del doce de abril de dos mil veintidós, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario con quien autoriza y da fe, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda, auto admisorio, las constancias de emplazamiento a juicio de las partes y los informes con justificación rendidos por las autoridades responsables y con un oficio con anexos registrado bajo folio 5301; a lo que el juez acuerda: se tiene por hecha la certificación de constancias; asimismo, revisado el estado de autos, se advierte que en auto de admisión, se estimó que dada la naturaleza del acto reclamado, no se actualiza alguna de las hipótesis previstas en el artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo, por lo que no existe tercero interesado. Agréguese a los autos el oficio y anexo remitidos por el presidente de la Junta Especial número Veintitrés de la Federal de Conciliación Arbitraje en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad en cumplimiento al requerimiento efectuado el veintiocho de marzo del año en curso. En relación con las documentales que acompaña, se tienen por anunciadas; sin perjuicio de relacionarlas en la etapa procesal respectiva de esta audiencia. A continuación, se declara abierto el periodo de pruebas y el secretario da cuenta con las documentales recibidas en la presente audiencia y las que exhibieron las autoridades señaladas como responsables. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidos y desahogados por su especial naturaleza los medios de convicción aludidos. Cerrada la etapa probatoria y abierta la de alegatos, el secretario hace constar que la parte quejosa los formuló. El juez acuerda: se tienen por reproducidos los alegatos manifestados por la parte quejosa y por perdido el derecho de las demás partes para expresarlos; se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 1372/2021; y, I. Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito presentado el nueve de noviembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido el mismo día, por razón de turno, a este juzgado, David Gloria Cárdenas solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos que reclama de la Junta Especial número Veintitrés de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad y otra autoridad. Por proveído de dieciocho siguiente, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a las autoridades responsables informe justificado; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional; la cual previos diferimientos tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. II. Competencia Este juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, ello de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que cuando el acto reclamado carece de ejecución es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. III. Precisión de los actos reclamados Del estudio integral de la demanda de amparo, con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisan como actos reclamados: A la secretaría auxiliar de Peritajes y Diligencias con residencia en Ciudad de México; la omisión de realizar la diligencia de emplazamiento encomendada mediante exhorto girado por la Junta Especial número Veintitrés de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad derivado del expediente laboral 501/2018. A la Junta Especial número Veintitrés de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad; la omisión de tomar las medidas a fin de logar la diligenciación del exhorto girado a la secretaría auxiliar de Peritajes y Diligencias con residencia en Ciudad de México. IV. Inexistencia del acto combatido En atención a la naturaleza del acto precisado bajo inciso a) en el apartado que antecede, su existencia debe analizarse a partir de la fecha de presentación de la demanda, en el caso, en nueve de noviembre de dos mil veintiuno. Es aplicable al caso la tesis de jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que dispone: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." En ese sentido también robustece lo anterior la tesis emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 273, Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988, del Semanario Judicial de la Federación, Registro 207528, que dispone: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." En esa medida, no es cierto el acto reclamado a la secretaría auxiliar de Peritajes y Diligencias con residencia en Ciudad de México, no obstante que al rendir su informe justificado, admitió la existencia del acto reclamado, pues de la lectura integra del informe y sus anexos se advierte la inexistencia de dicho acto, sin que la parte quejosa haya aportado prueba en contrario, para desvirtuar tal inexistencia, de conformidad con los artículos 119 y 120 de la Ley de Amparo. Además, la negativa planteada se robustece con la constancia que remitió relativa al exhorto girado con motivo del juicio laboral 501/2018, de la que se advierte que en proveído de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, la responsable tuvo por recibido el oficio 307/2021 de veintiuno de septiembre anterior, emitido por la presidente de la Junta responsable, y al efecto acordó la imposibilidad de diligenciar el exhorto recibido, al existir razón actuarial desde el veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, por lo que ordenó devolver el exhorto de mérito para efecto de aclarar el domicilio proporcionado para llevar a cabo la actuación solicitada; devolución vía correo electrónico que aconteció el ocho de marzo siguiente. De lo anterior, se desprende que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo -nueve de noviembre de dos mil veintiuno-, no existía el acto reclamado por el quejoso, consistente en la omisión de realizar la diligencia encomendada mediante exhorto derivado del expediente laboral 501/2018, esto en razón de que la responsable ya había radicado y realizado las acciones relativas para diligenciar la comunicación oficial referida. Aunado a lo expuesto, no resulta óbice a lo anterior que la diligencia actuarial realizada por el fedatario adscrito a la autoridad exhortada, no haya tenido como resultado el emplazamiento de la parte demandada, toda vez que la imprecisión del domicilio no es jurídicamente atribuible al de dicha autoridad. Así lo establece la estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a. XVII/2018 (10a.), que dice: "CONCEPTO DE OMISIÓN COMO ACTOS DE AUTORIDAD. Desde un punto de vista conceptual, la simple inactividad no equivale a una omisión. En el ámbito jurídico, para que se configure una omisión es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. En este sentido, las autoridades no sólo pueden afectar a los ciudadanos a partir de la realización de actos positivos, sino también a través de actos negativos u omisiones." Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia con registro 2018110, número 2a./J. 99/2018 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos." En consecuencia, es inconcuso que en el caso se actualiza la hipótesis prevista por la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, por ende, en relación con el acto en estudio se debe decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia número 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". V. Existencia del acto combatido Es cierto el acto reclamado a la Junta Especial número Veintitrés de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, acotado bajo el inciso b) del apartado III, no obstante el hecho de que no se pronunció al respecto, pues de las documentales aportadas por las propias autoridades responsables, se advierte su existencia; probanzas que tienen el valor probatorio pleno que les asignan los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral segundo. Cobra aplicación la jurisprudencia 226, cuyo rubro es del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." VI. Causa de improcedencia actualizada En cumplimiento al artículo 62 de la Ley de Amparo, este juzgador se avoca al estudio de la procedencia del presente juicio constitucional, cuyo examen es de carácter previo y preferente. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." En relación con el acto reclamado precisado en el punto b) del considerando III, se actualiza la causal de improcedencia establecida en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior, toda vez que no obstante subsiste la omisión por parte de la Junta Especial número Veintitrés de la Federal de Conciliación y Arbitraje, de tomar las medidas necesarias para obtener la diligenciación de la comunicación oficial enviada para emplazar a la parte demandada, dicha omisión no puede surtir efecto legal o material alguno en perjuicio de la parte quejosa, puesto que el objeto de su realización ha dejado de existir. En efecto, el motivo de improcedencia se actualiza ya que no conduciría a ningún fin la eventual comunicación a manera de recordatorio emitida por la referida responsable conforme al artículo 759 de la Ley Federal del Trabajo, en relación con la demora en la diligenciación del exhorto girado derivado del auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, pues la autoridad exhortada ya realizó los actos encomendados y su devolución desde el seis de marzo de dos mil veintiuno. Sin que sobre reiterar, que los actos reclamados deben analizarse en relación con la fecha de presentación de la demanda, por tanto, no sería jurídicamente dable, analizar el resultado del exhorto enviado y los actos consecuencia directa del mismo, pues estos escapan de la litis Constitucional planteada en el presente asunto. Finalmente no se atenderán los alegatos formulados por la parte quejosa, dado que dichas manifestaciones no forman parte de la litis constitucional, sin que ello implique transgresión a derecho procesal alguno. Tiene aplicación sobre el particular, la jurisprudencia P./J. 27/94, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, observable en la página 14 del Tomo 80, Agosto de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que establece: ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos. Decisión En esa virtud, respecto del acto reclamado y precisado en el inciso a) del apartado III, de esta sentencia, en atención a las consideraciones plasmadas en el considerando IV, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo. Por otro lado, respecto del acto reclamado enunciado en el inciso b), del apartado III, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, en términos de lo establecido en el artículo 61, fracción XXII de la ley de la materia, en relación con el diverso 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se: Resuelve Único. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por David Gloria Cárdenas, por las razones y fundamentos expuestos en los considerandos IV y VI de este fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario de juzgado, que autoriza y da fe. Doy Fe.

  3. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintiocho de marzo de dos mil veintidós. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio y anexo presentado por el secretario auxiliar de Peritajes y Diligencias de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México; dese vista a las partes con su contenido. Prueba. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la documental que acompaña, sin perjuicio de relacionarla al celebrarse la audiencia constitucional en el presente juicio. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre, por lo que si se actualiza una causa de improcedencia que, por técnica jurídica, es de estudio preferente, debe realizarse su estudio de forma oficiosa. Por ello si la autoridad oficiante manifiesta que se realizó la diligencia encomendada y al efecto se levantó razón actuarial, lo que ordenó informar en auto de cinco de noviembre de dos mil veintiuno a través de correo electrónico en atención al oficio 307/2021 de la Junta Especial número Veintitrés de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sonora. Requerimiento. En consecuencia, y con el objeto de contar con mayores elementos para analizar la constitucionalidad de los actos reclamados en el presente asunto, con apoyo en lo establecido en el artículo 75, párrafo tercero de la ley de la materia, requiérase a la Junta Especial número Veintitrés de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sonora, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al de la notificación del presente proveído, informe y remita las constancias relativas a lo proveído en relación con la respuesta otorgada por la secretario auxiliar de Peritajes y Diligencias de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México y al efecto remítasele copia del oficio y anexos de cuenta. Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que de incumplir con el anterior requerimiento, conforme a lo establecido en los artículos 237, fracción I, y 259, de la ley de la materia, se le impondrá multa de cincuenta unidades de medida y actualización. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, siete de marzo de dos mil veintidós. Diferimiento audiencia constitucional. Visto el estado que guardan los autos del presente juicio, se advierte que no fue posible celebrar la audiencia constitucional señalada para esta data, en virtud de que no obra el acuse de notificación, ni el informe justificado de la autoridad responsable foránea Secretaría Auxiliar de Peritajes y Diligencias, con residencia en Ciudad de México; en esa virtud, reexpídase vía acelerada el oficio 26557/2021 con copia del escrito de demanda. A fin de dar oportunidad a lo anterior, se difiere la aludida audiencia y se fijan las nueve horas con doce minutos del doce de abril de dos mil veintidós, para su celebración. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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