David Gerardo Hernández Montiel

Expediente 728/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 23 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
728/2022
Año
2022
Actuaciones
23
Última actuación
27/09/2023

Partes del expediente

  • David Gerardo Hernández Montiel

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ya transcurrió la vista de tres días concedida a las parte quejosa mediante acuerdo de uno de septiembre de dos mil veintitrés; y, tomando en consideración que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, además que de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, no podrá archivarse ningún juicio concedido sin que se haya cumplido, este Juzgado Federal procede al análisis respectivo. En ese sentido se tiene que: Mediante resolución de dieciséis de agosto de dos mil veintidós, este juzgado determinó, conceder la protección constitucional a David Gerardo Hernández Montiel, determinación que al ser recurrida por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, conoció el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, quien lo radicó y registro bajo el recurso de revisión en materia administrativa 295/2022 de su índice. Quien mediante sesión remota ordinaria de diez de agosto de dos mil veintitrés, confirmó la sentencia recurrida y concedió el amparo solicitado para los siguientes efectos: 1) Deje sin efectos únicamente por cuanto hace al aquí quejoso, la resolución de veintitrés de mayo de dos mil veintidós, dictada en el procedimiento de responsabilidad administrativa P.R.A./98/2017/DJ/DRA. 2) Atendiendo los lineamientos delimitados emita una nueva determinación en la que en la que con libertad de jurisdicción, considere que para individualizar la sanción impuesta al aquí quejoso, debe atenderse con suficiencia argumentativa todos los elementos delimitadores de la sanción previstos en el artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala (gravedad de la responsabilidad, circunstancias socioeconómicas, nivel jerárquico y antecedentes laborales, antigüedad en el servicio, condiciones exteriores de la conducta infractora y medios de ejecución, reincidencia y monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio económico ocasionado), y después, ubique la culpabilidad de la conducta infractora en un índice de reprochabilidad administrativa. 3) Hecho lo anterior, resuelvan lo que en derecho corresponda. Conforme a lo anterior, mediante oficio SFP/082023/DJ/AR-147 de treinta de agosto de dos mil veintitrés, la Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tlaxcala remitió copia certificada de la resolución de veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, emitida en el procedimiento de responsabilidad administrativa P.R.A./98/2017/DJ/DRA de su índice, por la que se tuvo informando el cumplimiento a la ejecutoria de amparo y con las constancias respectivas se dio vista a la parte quejosa a efecto que realizara manifestación alguna, sin que realizará manifestación alguna. Por lo antes expuesto, se procede a calificar el cumplimiento dado por la autoridad responsable con las constancias que remitió la autoridad responsable en vía de cumplimiento a la ejecutoria de amparo se advierte en resolución de veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, emitida en el procedimiento de responsabilidad administrativa P.R.A./98/2017/DJ/DRA, la autoridad responsable realizó lo siguiente: Primer efecto, dejó sin efecto la resolución de veintitrés de mayo de dos mil veintidós, dictada en el procedimiento de responsabilidad administrativa P.R.A./98/2017/DJ/DRA únicamente por cuanto hace al aquí quejoso. Segundo efecto, en el considerando V de la resolución veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, se desprende atendió los lineamientos delimitados esto es individualizó la sanción impuesta al aquí quejoso, con suficiencia argumentativa tomando en consideración los elementos delimitadores de las sanciones previstos en el artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala. Tercer efecto, hecho lo anterior resolvió imponer a David Gerardo Hernández Montiel, una sanción administrativa consistente en inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público por un plazo de seis meses. Por lo antes expuesto, se concluye que, la responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y por ello, lo que procede es declarar que la sentencia amparadora ha sido cumplida, toda vez que los efectos del amparo quedaron satisfechos de acuerdo a lo resuelto en la sentencia de amparo y se restituyó a la parte quejosa en el goce de la garantía violada en términos del artículo 77, fracción II de Ley de Amparo. Por tanto, toda vez que la sentencia de amparo se declaró cumplida, con fundamento en lo dispuesto por el 196, párrafo cuarto, en relación con el diverso 214, ambos de la Ley de Amparo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); gírese oficio a la responsable que tuvo el encargo de cumplir la ejecutoria de amparo, para su conocimiento y efectos legales procedentes y archívese este juicio como concluido. Ahora, en atención a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 15, del referido Acuerdo General. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se concedió la protección constitucional a la parte quejosa en el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, fracción III, inciso a), del citado Acuerdo General, este expediente es conservable. Luego, tomando en consideración que en el incidente de suspensión, se concedió la suspensión provisional y definitiva, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 17, fracción III, inciso b), del citado ordenamiento; en consecuencia, el original del incidente de suspensión es conservable; por lo tanto, deberán conservarse la demanda de amparo y la resolución interlocutoria; por lo que, agréguesele copia autógrafa del presente acuerdo y manténganse por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años, este órgano jurisdiccional, realizará la trasferencia correspondiente y solicitará la trasferencia al depósito documental dependiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Respecto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19, fracción II, inciso a), del Acuerdo General de referencia, es susceptible de destrucción, lo cual deberá realizarse por este Juzgado transcurridos seis meses a partir de esta fecha, y deberá remitir el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente; por lo que, agrégueseles copia autógrafa del presente acuerdo y manténganse ambos cuadernos por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Finalmente, de autos se advierte que en el presente asunto obran documentos en copia certificada; en consecuencia, se autoriza desde este momento su devolución a la parte quejosa en caso de que así lo solicite, caso contrario, conforme al Acuerdo General del Consejo en mención, se destruirán junto con el expediente en el plazo señalado. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.***

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ya transcurrió la vista de tres días concedida a las parte quejosa mediante acuerdo de uno de septiembre de dos mil veintitrés; y, tomando en consideración que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, además que de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, no podrá archivarse ningún juicio concedido sin que se haya cumplido, este Juzgado Federal procede al análisis respectivo. En ese sentido se tiene que: Mediante resolución de dieciséis de agosto de dos mil veintidós, este juzgado determinó, conceder la protección constitucional a David Gerardo Hernández Montiel, determinación que al ser recurrida por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, conoció el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, quien lo radicó y registro bajo el recurso de revisión en materia administrativa 295/2022 de su índice. Quien mediante sesión remota ordinaria de diez de agosto de dos mil veintitrés, confirmó la sentencia recurrida y concedió el amparo solicitado para los siguientes efectos: 1) Deje sin efectos únicamente por cuanto hace al aquí quejoso, la resolución de veintitrés de mayo de dos mil veintidós, dictada en el procedimiento de responsabilidad administrativa P.R.A./98/2017/DJ/DRA. 2) Atendiendo los lineamientos delimitados emita una nueva determinación en la que en la que con libertad de jurisdicción, considere que para individualizar la sanción impuesta al aquí quejoso, debe atenderse con suficiencia argumentativa todos los elementos delimitadores de la sanción previstos en el artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala (gravedad de la responsabilidad, circunstancias socioeconómicas, nivel jerárquico y antecedentes laborales, antigüedad en el servicio, condiciones exteriores de la conducta infractora y medios de ejecución, reincidencia y monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio económico ocasionado), y después, ubique la culpabilidad de la conducta infractora en un índice de reprochabilidad administrativa. 3) Hecho lo anterior, resuelvan lo que en derecho corresponda. Conforme a lo anterior, mediante oficio SFP/082023/DJ/AR-147 de treinta de agosto de dos mil veintitrés, la Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tlaxcala remitió copia certificada de la resolución de veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, emitida en el procedimiento de responsabilidad administrativa P.R.A./98/2017/DJ/DRA de su índice, por la que se tuvo informando el cumplimiento a la ejecutoria de amparo y con las constancias respectivas se dio vista a la parte quejosa a efecto que realizara manifestación alguna, sin que realizará manifestación alguna. Por lo antes expuesto, se procede a calificar el cumplimiento dado por la autoridad responsable con las constancias que remitió la autoridad responsable en vía de cumplimiento a la ejecutoria de amparo se advierte en resolución de veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, emitida en el procedimiento de responsabilidad administrativa P.R.A./98/2017/DJ/DRA, la autoridad responsable realizó lo siguiente: Primer efecto, dejó sin efecto la resolución de veintitrés de mayo de dos mil veintidós, dictada en el procedimiento de responsabilidad administrativa P.R.A./98/2017/DJ/DRA únicamente por cuanto hace al aquí quejoso. Segundo efecto, en el considerando V de la resolución veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, se desprende atendió los lineamientos delimitados esto es individualizó la sanción impuesta al aquí quejoso, con suficiencia argumentativa tomando en consideración los elementos delimitadores de las sanciones previstos en el artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala. Tercer efecto, hecho lo anterior resolvió imponer a David Gerardo Hernández Montiel, una sanción administrativa consistente en inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público por un plazo de seis meses. Por lo antes expuesto, se concluye que, la responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y por ello, lo que procede es declarar que la sentencia amparadora ha sido cumplida, toda vez que los efectos del amparo quedaron satisfechos de acuerdo a lo resuelto en la sentencia de amparo y se restituyó a la parte quejosa en el goce de la garantía violada en términos del artículo 77, fracción II de Ley de Amparo. Por tanto, toda vez que la sentencia de amparo se declaró cumplida, con fundamento en lo dispuesto por el 196, párrafo cuarto, en relación con el diverso 214, ambos de la Ley de Amparo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); gírese oficio a la responsable que tuvo el encargo de cumplir la ejecutoria de amparo, para su conocimiento y efectos legales procedentes y archívese este juicio como concluido. Ahora, en atención a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 15, del referido Acuerdo General. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se concedió la protección constitucional a la parte quejosa en el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, fracción III, inciso a), del citado Acuerdo General, este expediente es conservable. Luego, tomando en consideración que en el incidente de suspensión, se concedió la suspensión provisional y definitiva, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 17, fracción III, inciso b), del citado ordenamiento; en consecuencia, el original del incidente de suspensión es conservable; por lo tanto, deberán conservarse la demanda de amparo y la resolución interlocutoria; por lo que, agréguesele copia autógrafa del presente acuerdo y manténganse por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años, este órgano jurisdiccional, realizará la trasferencia correspondiente y solicitará la trasferencia al depósito documental dependiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Respecto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19, fracción II, inciso a), del Acuerdo General de referencia, es susceptible de destrucción, lo cual deberá realizarse por este Juzgado transcurridos seis meses a partir de esta fecha, y deberá remitir el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente; por lo que, agrégueseles copia autógrafa del presente acuerdo y manténganse ambos cuadernos por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Finalmente, de autos se advierte que en el presente asunto obran documentos en copia certificada; en consecuencia, se autoriza desde este momento su devolución a la parte quejosa en caso de que así lo solicite, caso contrario, conforme al Acuerdo General del Consejo en mención, se destruirán junto con el expediente en el plazo señalado. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Incidental

    Apizaco, Tlaxcala, a veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ya transcurrió la vista de tres días concedida a las parte quejosa mediante acuerdo de uno de septiembre de dos mil veintitrés; y, tomando en consideración que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, además que de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, no podrá archivarse ningún juicio concedido sin que se haya cumplido, este Juzgado Federal procede al análisis respectivo. En ese sentido se tiene que: Mediante resolución de dieciséis de agosto de dos mil veintidós, este juzgado determinó, conceder la protección constitucional a David Gerardo Hernández Montiel, determinación que al ser recurrida por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, conoció el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, quien lo radicó y registro bajo el recurso de revisión en materia administrativa 295/2022 de su índice. Quien mediante sesión remota ordinaria de diez de agosto de dos mil veintitrés, confirmó la sentencia recurrida y concedió el amparo solicitado para los siguientes efectos: 1) Deje sin efectos únicamente por cuanto hace al aquí quejoso, la resolución de veintitrés de mayo de dos mil veintidós, dictada en el procedimiento de responsabilidad administrativa P.R.A./98/2017/DJ/DRA. 2) Atendiendo los lineamientos delimitados emita una nueva determinación en la que en la que con libertad de jurisdicción, considere que para individualizar la sanción impuesta al aquí quejoso, debe atenderse con suficiencia argumentativa todos los elementos delimitadores de la sanción previstos en el artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala (gravedad de la responsabilidad, circunstancias socioeconómicas, nivel jerárquico y antecedentes laborales, antigüedad en el servicio, condiciones exteriores de la conducta infractora y medios de ejecución, reincidencia y monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio económico ocasionado), y después, ubique la culpabilidad de la conducta infractora en un índice de reprochabilidad administrativa. 3) Hecho lo anterior, resuelvan lo que en derecho corresponda. Conforme a lo anterior, mediante oficio SFP/082023/DJ/AR-147 de treinta de agosto de dos mil veintitrés, la Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tlaxcala remitió copia certificada de la resolución de veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, emitida en el procedimiento de responsabilidad administrativa P.R.A./98/2017/DJ/DRA de su índice, por la que se tuvo informando el cumplimiento a la ejecutoria de amparo y con las constancias respectivas se dio vista a la parte quejosa a efecto que realizara manifestación alguna, sin que realizará manifestación alguna. Por lo antes expuesto, se procede a calificar el cumplimiento dado por la autoridad responsable con las constancias que remitió la autoridad responsable en vía de cumplimiento a la ejecutoria de amparo se advierte en resolución de veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, emitida en el procedimiento de responsabilidad administrativa P.R.A./98/2017/DJ/DRA, la autoridad responsable realizó lo siguiente: Primer efecto, dejó sin efecto la resolución de veintitrés de mayo de dos mil veintidós, dictada en el procedimiento de responsabilidad administrativa P.R.A./98/2017/DJ/DRA únicamente por cuanto hace al aquí quejoso. Segundo efecto, en el considerando V de la resolución veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, se desprende atendió los lineamientos delimitados esto es individualizó la sanción impuesta al aquí quejoso, con suficiencia argumentativa tomando en consideración los elementos delimitadores de las sanciones previstos en el artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala. Tercer efecto, hecho lo anterior resolvió imponer a David Gerardo Hernández Montiel, una sanción administrativa consistente en inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público por un plazo de seis meses. Por lo antes expuesto, se concluye que, la responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y por ello, lo que procede es declarar que la sentencia amparadora ha sido cumplida, toda vez que los efectos del amparo quedaron satisfechos de acuerdo a lo resuelto en la sentencia de amparo y se restituyó a la parte quejosa en el goce de la garantía violada en términos del artículo 77, fracción II de Ley de Amparo. Por tanto, toda vez que la sentencia de amparo se declaró cumplida, con fundamento en lo dispuesto por el 196, párrafo cuarto, en relación con el diverso 214, ambos de la Ley de Amparo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); gírese oficio a la responsable que tuvo el encargo de cumplir la ejecutoria de amparo, para su conocimiento y efectos legales procedentes y archívese este juicio como concluido. Ahora, en atención a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 15, del referido Acuerdo General. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se concedió la protección constitucional a la parte quejosa en el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, fracción III, inciso a), del citado Acuerdo General, este expediente es conservable. Luego, tomando en consideración que en el incidente de suspensión, se concedió la suspensión provisional y definitiva, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 17, fracción III, inciso b), del citado ordenamiento; en consecuencia, el original del incidente de suspensión es conservable; por lo tanto, deberán conservarse la demanda de amparo y la resolución interlocutoria; por lo que, agréguesele copia autógrafa del presente acuerdo y manténganse por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años, este órgano jurisdiccional, realizará la trasferencia correspondiente y solicitará la trasferencia al depósito documental dependiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Respecto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19, fracción II, inciso a), del Acuerdo General de referencia, es susceptible de destrucción, lo cual deberá realizarse por este Juzgado transcurridos seis meses a partir de esta fecha, y deberá remitir el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente; por lo que, agrégueseles copia autógrafa del presente acuerdo y manténganse ambos cuadernos por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Finalmente, de autos se advierte que en el presente asunto obran documentos en copia certificada; en consecuencia, se autoriza desde este momento su devolución a la parte quejosa en caso de que así lo solicite, caso contrario, conforme al Acuerdo General del Consejo en mención, se destruirán junto con el expediente en el plazo señalado. Notifíquese.

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a uno de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por la Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tlaxcala, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento de veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, remite copia certificada de las determinaciones de veintinueve y treinta de agosto de dos mil veintitrés, dictadas en autos del procedimiento de responsabilidad administrativa ********************, de la que desprende que ordenó dejar sin efecto la resolución de veintinueve de mayo de dos mil veintidós, únicamente por cuanto hace a********************, así como la diversa resolución emitida en el citado procedimiento. Por lo tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el contenido del oficio de cuenta y anexos, dese vista a la parte quejosa con el cumplimiento dado por la autoridad responsable, por el término de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su interés convenga respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable, con el apercibimiento que de no hacerlo este Juzgado proveerá lo que en derecho corresponda tocante a dicho cumplimiento del fallo protector. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el Secretario de Juzgado Rolando Cruz Delfín, que autoriza y da fe.

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