David Garduño Amparo
Expediente 1574/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 8 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1574/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 04/05/2017
Partes del expediente
- David Garduño Amparo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
SE ARCHIVA EN FORMA DEFINITIVA. ES SUCEPTIBLE DE DEPURACIÓN
- Principal
V i s t o s para resolver el juicio de amparo 1574/2016; y, R e s u l t a n d o Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, turnado en día hábil siguiente a este juzgado; David Garduño Amaro solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal. Segundo. Admisión y trámite de la demanda. Por auto de diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, este juzgado registró y admitió la demanda bajo el número 1574/2016; dio intervención al Ministerio Público de la Federación; solicitó los informes justificados a las autoridades responsables, y señaló fecha para celebrar audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, tuvo verificativo en términos del acta que obra a foja sesenta y uno; y, C o n s i d e r a n d o Primero. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materias Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII de la Constitución General de la República; 37 y 107, fracción IV de la Ley de Amparo; 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; por reclamarse una omisión a una autoridad del trabajo, cuya residencia se localiza dentro del ámbito territorial en que ejerce jurisdicción este Juzgado. Segundo. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, el quejoso reclama de la Primera Sala Familiar de Toluca, Estado de México, la resolución de trece de septiembre de dos mil dieciséis, emitida en el toca 596/2016, por la que se modificó la interlocutoria dictada en el incidente de liquidación de pensiones alimenticias deducido del juicio ordinario civil 188/2005 del índice del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Oro, con residencia en Atlacomulco, Estado de México. Tercero. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a dichas autoridades, pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado, por lo que así deberá tenérsele para los efectos legales conducentes (fojas 21 y 22); lo cual se corrobora con las constancias remitidas por la sala responsable como complemento a su informe justificado, relativas al toca 596/2016, al juicio ordinario civil 188/2005, al incidente de liquidación de sociedad conyugal y al diverso de liquidación de pensión alimenticia, ambos derivados del juicio en cita, las cuales obran como anexo, a las que se le otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. Cuarto. Estudio de fondo. Al no advertirse de oficio, ni hacerse valer alguna causa de improcedencia, se analizan los conceptos de violación, sin que haya necesidad de transcribirlos pues se tienen por reproducidos en obvio de repetición innecesaria. De manera previa al análisis de los motivos de disenso planteados por la quejosa, conviene precisar que de las constancias remitidas por la sala responsable como complemento a su informe con justificación se advierte lo siguiente: 1. Mediante escrito presentado el tres de marzo de dos mil quince, la tercera interesada María Eugenia Retana Barrera planteó incidente de liquidación de pensiones alimenticias contra el quejoso David Garduño Amaro (fojas 1 a 3 del anexo IV). 2. Mediante acuerdo de trece de agosto de dos mil quince, el Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Oro, con residencia en Atlacomulco, Estado de México, admitió el incidente planteado y ordenó dar vista al quejoso David Garduño Amaro para que manifestara lo que a su derecho conviniera (foja 28 del anexo IV). 3. Previos trámites de ley, el dieciséis de junio de dos mil dieciséis, el Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Oro, con residencia en Atlacomulco, Estado de México, dictó la interlocutoria correspondiente, cuyos resolutivos son (fojas 167 a 170 del anexo IV): ".Primero. Se declara procedente el incidente de pago de pensiones alimenticias adeudadas durante el periodo va (sic) del mes de octubre de dos mil siete al tres de agosto de dos mil quince, por la cantidad de $$127,1567.35 (sic) (ciento veintisiete mil ciento cincuenta y siete pesos 35/100 M.N.), la que el deudor alimentario David Garduño Amaro, deberá exhibir dentro de los ocho días siguientes al que cause ejecutoria la presente resolución, bajo el apercibimiento de que en caso de no hacerlo se procederá en la vía de apremio. Segundo. No se hace condena especial en costas..." 4. El seis de julio de dos mil dieciséis, el quejoso David Garduño Amaro interpuso recurso de apelación contra la interlocutoria referida en el punto precedente (fojas 3 a 6 del anexo V), de dicho medio de impugnación conoció la Primera Sala Familiar de Toluca, Estado de México, quien previa substanciación de ley, el trece de septiembre del propio año, dictó la sentencia respectiva, cuyos resolutivos son del tenor siguiente: "PRIMERO. Han resultado INOPERANTES, INFUNDADOS y ESENCIALMENTE FUNDADOS los agravios expresados por DAVID GARDUÑO AMARO, en consecuencia: SEGUNDO. Se modifica en su parte relativa la sentencia interlocutoria de fecha dieciséis (16) de junio de dos mil dieciséis (2016), dictada por el JUEZ SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE EL ORO CON RESIDENCIA EN ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO, para quedar en la forma y términos establecidos en el considerando tercero del presente fallo. TERCERO. No ha lugar a realiza (sic) especial condena por concepto de costas." Ahora, el quejoso aduce de manera medular como conceptos de violación los siguientes: 1. Que el actuar de la Sala responsable no cumple las formalidades esenciales del procedimiento, pues, refiere que como el juez de primer grado no modificó el pago de la pensión alimenticia, éste no consideró que los ingresos del quejoso cambiaron de fijos a variables, en atención al cambio de actividad laboral. Este concepto de violación es inoperante debido a que se trata de cuestiones novedosas, pues tal razonamiento no se planteó ante la autoridad responsable al momento de interponer el recurso de apelación del cual deriva el acto que por ésta vía se impugna, por lo que resulta injustificado examinar la constitucionalidad de la resolución combatida a la luz de diverso razonamiento que no conoció la sala responsable, de ahí su inoperancia. En efecto, lo anterior es así toda vez que mediante escrito presentado el seis de julio de dos mil dieciséis, el quejoso interpuso recurso de apelación contra la interlocutoria de dieciséis de junio del propio año (fojas 3 a 6 del anexo V), sin que en los agravios respectivos haya planteado razonamiento alguno para atacar la omisión de modificar el pago de la pensión pensión alimenticia, en atención a que los ingresos del quejoso cambiaron de fijos a variables. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia J/1 (10a.), emitida por el primer Tribunal Colegiado en materia Civil del Séptimo Circuito, visible en la página 1086 del libro 25, diciembre de 2015, tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, del texto y rubro siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, REITERA LA MISMA TÉCNICA DE ANÁLISIS DE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO QUE LA LEGISLACIÓN ABROGADA. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 74, fracción II, 76, 79, 108, fracción VIII y 175, fracción VII, de la Ley de Amparo, en su texto vigente, se advierte que reitera la misma técnica de análisis de la constitucionalidad del acto reclamado que la ley anterior, conforme a la cual, dicho examen se efectúa con base en los conceptos de violación planteados, excepto en aquellos casos en que procede suplir la queja deficiente, previstos por el artículo 79 de ese ordenamiento. En consecuencia, los conceptos de violación deben estar dirigidos a controvertir de manera eficaz y directa todas las consideraciones en que se sustenta el acto o sentencia reclamados, pero si no las atacan o dejan de controvertir una o más, que por sí solas sean suficientes para regir su sentido, es claro que el tribunal de amparo no puede abordar el estudio oficioso de las consideraciones no impugnadas, lo que trae como consecuencia que éstas permanezcan intocadas y continúen rigiendo el sentido de dicho acto; de donde resulta, precisamente, lo inoperante de los conceptos de violación. Como también ocurre cuando éstos sí controvierten las consideraciones en que se apoya la sentencia reclamada, pero dadas las circunstancias particulares del caso, existe un impedimento técnico que imposibilita su examen, como sucede, por ejemplo, cuando se relacionan con un aspecto sobre el que ya existe cosa juzgada, a virtud de un juicio de amparo anterior; introducen cuestiones novedosas que no fueron planteadas ante la autoridad responsable en la litis del juicio natural o bien en el recurso que originó la emisión del acto reclamado; o se basan en postulados no verídicos; entre otros supuestos, que deberán atenderse caso por caso." De igual forma, es aplicable al caso, por identidad en las partes que la conforman la jurisprudencia J/7, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, consultable en la página 1137, del Tomo XXI, abril de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tenor siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL AMPARO DIRECTO. INOPERANCIA DE LOS QUE INTRODUCEN CUESTIONAMIENTOS NOVEDOSOS QUE NO FUERON PLANTEADOS EN EL JUICIO NATURAL. Si en los conceptos de violación se formulan argumentos que no se plantearon ante la Sala Fiscal que dictó la sentencia que constituye el acto reclamado, los mismos son inoperantes, toda vez que resultaría injustificado examinar la constitucionalidad de la sentencia combatida a la luz de razonamientos que no conoció la autoridad responsable, pues como tales manifestaciones no formaron parte de la litis natural, la Sala no tuvo la oportunidad legal de analizarlas ni de pronunciarse sobre ellas." 2. Asimismo, el impetrante de garantía aduce que la responsable aplicó de manera incorrecta la ley, pues, refiere que modificó el monto de pensión por el equivalente a un treinta por ciento de un salario mínimo. El concepto mencionado en el párrafo que precede es inoperante, pues, el quejoso se limita a señalar que fue incorrecto que la sala responsable modificara el monto de pensión por el equivalente a un treinta por ciento de un salario mínimo; sin embargo, esto sólo constituye una manifestación genérica, que carece de razonamientos encaminados a controvertir las consideraciones en que la autoridad responsable sustentó su actuar en la resolución que por esta vía se impugna. 3. De igual manera, el quejoso plantea como concepto de violación el hecho de que el juzgador de primer grado aplica de manera inexacta el artículo 1.195 del Código de Procedimientos Civiles del Estada de México, ya que la tercera interesada planteó el incidente de liquidación de pensiones sin precisar una cantidad liquida; que la obligación alimentaria corresponde a ambos progenitores; y, que del expediente del que emana el acto reclamado se justifica que no existe adeudo por concepto de pensiones alimenticias. Ahora bien, dicho motivo de disenso es inoperante, pues de una comparación de éste con los agravios formulados al interponer el recurso de apelación en el incidente del que deriva el acto reclamado, se advierte que en la presente vía el quejoso reiteró las razones por la que se inconformó ante la sala responsable, pues en esencia consisten en: Conceptos de violación Agravios recurso de apelación .se viola en nuestro perjuicio el artículo 1.195 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México en vigor, ya que dicho precepto dice: "Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes, con las demandas, las contestaciones y demás pretensiones deducidas por las partes; deberán ocuparse exclusivamente de las personas, cosas, acciones y excepciones que hayan sido materia el juicio, decidiendo todos los puntos litigiosos. Cuando éstos hayan sido varios, se hará el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos." Sin embargo, el juzgador de primer grado aplica inexactamente este (sic) precepto legal, dado a que dentro de las actuaciones claramente se manifiesta en su escrito inicial de demanda de la parte actora (MARIA EUGENIA RETANA BARRERA), ya que tal y como lo manifiesta en su Incidente de Liquidación de Pensión Alimenticia de intereses sin precisar la cantidad liquida alguna (sic), respecto de las prestaciones ordinarias y extraordinarias del Suscrito, dejándome en pleno estado de indefensión, ya que el Codigo (sic) Civil vigente refiere que la obligación alimenticia corresponde a ambos progenitores, por lo que el Suscrito ha dado cabal cumplimiento en la ejecutoria de fecha veintinueve de junio de dos mil cinco a la fecha, al proporcionar de manera QUINCENAL la obligación alimentaria que corresponde al 30 % (sic) de mi salario, por lo que el PRIMERO RESOLUTIVO de la Sentencia de fecha 13 (trece) de septiembre de 2016 (dos mil dieciséis (sic), dictada por el A quo resulta inoperante, incongruente y que a su vez violenta mis derechos humanos, en razón de que si bien es cierto que en fecha veintinueve de junio de dos mil cinco se me condenó a un porcentaje del 30 % (sic) derivado de un salario mayor, como trabajador de la Empresa BIMBO S.A. de C.V., al cual di cabal cumplimiento, posteriormente se dio por notificada a la Señora MARÍA EUGENIA RETANA BARRERA, del cambio de la Actividad Laboral en la Empresa MultiPack y como consecuencia la modificación en mi salario. .nuevamente por la escasa instrucción de escolaridad que tiene el Suscrito me veo obligado a laborar como Taxista (HASTA LA ACTUALIDAD), sin embargo he dado cabal cumplimiento a la ejecutoria de fecha veintinueve de junio de dos mil cinco depositando el 30 % de mis percepciones totales, tal y como obra en los recibos del Pago de Pensiones Alimenticias consignadas ante el JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE EL ORO, MEXICO (sic), CON SEDE EN ATLACOMULCO, ESTADO DE MEXICO,, (sic) bajo el número de expediente 188/2005, con los cuales se justifica de manera tal que el Suscrito NO PRESENTA NINGÚN ADEUDO DE PENSIONES ALIMENTARIAS, ya que he dado cabal cumplimiento de la ejecutoria de fecha veintinueve de junio de dos mil cinco hasta la Actualidad. (Fojas 7 y 8). .se viola en nuestro perjuicio el artículo 1.195 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México en vigor, ya que dicho precepto dice: "Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes, con las demandas, las contestaciones y demás pretensiones deducidas por las partes; deberán ocuparse exclusivamente de las personas, cosas, acciones y excepciones que hayan sido materia el juicio, decidiendo todos los puntos litigiosos. Cuando éstos hayan sido varios, se hará el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos." Sin embargo, el juzgador de primer grado aplica inexactamente este (sic) precepto legal, dado a que dentro de las actuaciones claramente se manifiesta en su escrito inicial de demanda del actor (MARIA EUGENIA RETANA BARRERA), ya que tal y como lo manifiesta en su Incidente de Liquidación de Pensión Alimenticia de intereses sin precisar la cantidad liquida alguna (sic), respecto de las prestaciones ordinarias y extraordinarias del Suscrito, dejándome en pleno estado de indefensión, ya que el Codigo (sic) Civil vigente refiere que la obligación alimenticia corresponde a ambos progenitores, por lo que el Suscrito ha dado cabal cumplimiento en la ejecutoria de fecha veintinueve de junio de dos mil cinco a la fecha, al proporcionar de manera QUINCENAL la obligación alimentaria que corresponde al 30 % (sic) de mi salario, por lo que el Resolutivo PRIMERO de la Sentencia de fecha Dieciséis de Junio del dos mil dieciséis, dictada por el A quo resulta inoperante, incongruente y que a su vez violenta mis derechos humanos, en razón de que si bien es cierto que en fecha veintinueve de junio de dos mil cinco se me condenó a un porcentaje del 30 % (sic) derivado de un salario mayor, como trabajador de la Empresa BIMBO S.A. de C.V., al cual di cabal cumplimiento, posteriormente se dio por notificada a la Señora MARÍA EUGENIA RETANA BARRERA, del cambio de la Actividad Laboral en la Empresa MultiPack y como consecuencia la modificación en mi salario. .nuevamente por la escasa instrucción de escolaridad que tiene el Suscrito me veo obligado a laborar como Taxista, sin embargo he dado cabal cumplimiento a la ejecutoria de fecha veintinueve de junio de dos mil cinco depositando el 30 % de mis percepciones totales, tal y como obra en los recibos del Pago de Pensiones Alimenticias consignadas ante el JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE EL ORO, MEXICO (sic), CON SEDE EN ATLACOMULCO, ESTADO DE MEXICO,, (sic) bajo el número de expediente 188/2005, con los cuales se justifica de manera tal que el Suscrito NO PRESENTA NINGÚN ADEUDO DE PENSIONES ALIMENTARIAS, ya que he dado cabal cumplimiento de la ejecutoria de fecha veintinueve de junio de dos mil cinco hasta la actualidad. (Fojas 4 y 5 del anexo V). De la tabla anterior, se aprecia que los agravios formulados por el quejoso para combatir la interlocutoria de dieciséis de junio de dos mil dieciséis, emitida por el Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Oro, con residencia en Atlacomulco, Estado de México, al resolver el incidente de liquidación de pensiones alimenticias deducido del juicio ordinario civil 188/2005 del índice de dicho órgano jurisdiccional y los conceptos de violación expresados en la demanda de amparo por la que se impugna la diversa resolución la resolución de trece de septiembre de dos mil dieciséis, emitida en el toca 596/2016 por la Primera Sala Familiar de Toluca, Estado de México, existe una repetición casi de los argumentos tendientes a combatir las citadas resoluciones. Lo anterior se afirma dado que en ambos escritos, recurso de apelación y demanda de amparo, en esencia el quejoso refiere que el juzgador de primer grado aplica de manera inexacta el artículo 1.195 del Código de Procedimientos Civiles del Estada de México, ya que la tercera interesada planteó el incidente de liquidación de pensiones sin precisar una cantidad liquida; que la obligación alimentaria corresponde a ambos progenitores; y, que del expediente del que emana el acto reclamado se justifica que no existe adeudo por concepto de pensiones alimenticias. Ante la similitud en los razonamientos jurídicos expuestos, y dado que los vertidos ante la Primera Sala Familiar de Toluca, Estado de México, ya fueron analizados y contestados en la sentencia pronunciada el trece de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 52 a 61 del anexo V). Por tanto, el referido concepto de violación expresado en este juicio de amparo es inoperante, pues no puede ser estudiado de nueva cuenta por esta autoridad de control constitucional, máxime que en ellos no se exponen razonamientos lógico jurídico dirigidos a demostrar que el acto reclamado es violatorio de garantías en perjuicio del quejoso e incluso no combate las consideraciones ahí vertidas. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia J/15 del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 621, tomo XII, Julio de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES, CUANDO NO ATACAN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA IMPUGNADA. Los conceptos de violación resultan inoperantes si los argumentos que aduce la quejosa no atacan las consideraciones de la sentencia impugnada." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en la página 75, tomo 72, diciembre de 1993, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que es del tenor siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON CUANDO NO SE COMBATEN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO NI SE ESTA EN ALGUNO DE LOS CASOS DE SUPLENCIA DE LA QUEJA PREVISTOS EN LA LEY. Si en un juicio de amparo en materia civil, el quejoso omite controvertir y, por lo mismo, demostrar, que las consideraciones medulares en que se sustenta el fallo reclamado son contrarias a la ley o a la interpretación jurídica de la misma, sin que, por otra parte, se surta alguna de las hipótesis previstas por el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en cuya virtud deba suplirse la queja deficiente en favor del agraviado; los conceptos de violación resultan inoperantes y debe negarse la protección constitucional solicitada.". De igual forma, es aplicable por las razones que la rigen, la jurisprudencia Sirve de apoyo la jurisprudencia J/11, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, visible en la página 845 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XI, Marzo de 2000, Novena Época, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. RESULTAN INOPERANTES SI SON UNA REPETICIÓN DE LOS AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. Si los conceptos de violación son una reiteración, casi literal de los agravios invocados por el hoy quejoso en el recurso de apelación ante la Sala responsable, ya que sólo difieren en el señalamiento del órgano que emitió la sentencia, pues en los agravios se habla del Juez de primer grado o Juez a quo y en los conceptos de violación de los Magistrados o de la Sala o autoridad ad quem; entonces, debe concluirse que los denominados conceptos de violación son inoperantes por no combatir las consideraciones de la responsable al resolver tal recurso, que es el objetivo de los conceptos de violación en el amparo directo civil.". De manera que, ante la falta de adecuada impugnación, las consideraciones de la autoridad responsable subsisten y continúan rigiendo el sentido de la resolución reclamada sin que en la especie proceda suplir la deficiencia de los conceptos de violación. En esa virtud, ante la ineficacia jurídica de los motivos de inconformidad y, como el acto reclamado no se funda en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no se advierte que se haya cometido contra el quejoso violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa, ni se trata de conceptos de violación expresados para defender intereses de menores, circunstancias que obligarían a suplir la deficiencia de los conceptos de violación, de conformidad con lo estatuido en el dispositivo 79, fracciones I, II y VI, de la Ley de Amparo, procede negar la protección de la Justicia Federal solicitada. Negativa de amparo que se hace extensiva al acto de ejecución atribuido al Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Oro, con residencia en Atlacomulco, Estado de México, por no combatirse por vicios propios sino en vía de consecuencia. Al caso se cita la jurisprudencia del Tribunal Colegiado del Decimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 91-96, Sexta Parte, página 286, Séptima Época, de rubro y texto: "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución." Por lo antes expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se R e s u e l v e Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a David Garduño Amaro contra los actos y las autoridades mencionados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando último de esta sentencia.
- Principal
Toluca, Estado de México, cinco de diciembre de dos mil dieciséis. Agréguese el escrito de la tercero interesada y conforme a lo estipulado en el artículo 5°, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se tiene por apersonada al presente sumario, como domicilio el que se señala y por hechas sus manifestaciones a manera de alegatos con los que deberá darse nueva cuenta al momento de celebrar la audiencia constitucional. Asimismo, se tienen como autorizados a las personas que refiere en los términos más amplios del artículo 12, primer párrafo de la codificación citada, siempre y cuando tenga cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. Notifíquese. Así lo proveyó Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, asistido del secretario Erik Roberto Frías Guerrero, que da fe.
- Principal
Toluca, Estado de México, dos de diciembre de dos mil dieciséis. Intégrese la misiva y anexo por medio de la cual el Secretario del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Oro, Estado de México devuelve diligenciado el despacho 378/2016, del índice de este órgano jurisdiccional. Acúsese recibo y háganse las anotaciones respectivas. Ahora, atento a las constancias remitidas, téngase por legalmente notificada a la tercero interesada de la instauración del presente juicio, y una vez que transcurra el plazo concedido para que señale domicilio dentro de la residencia de este órgano jurisdiccional (municipio de Toluca) o dentro de la zona conurbada (municipio de Metepec), provéase lo conducente. Notifíquese. Así lo proveyó Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, asistido del secretario Erik Roberto Frías Guerrero, que da fe.
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