David García Sarabia

Expediente 630/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
630/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
19/06/2019

Partes del expediente

  • David García Sarabia

Actuaciones

  1. Principal

    Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los autos, del que se advierte que la autoridad responsable Administrador Local de Recaudación, con residencia en esta ciudad, no ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Requerimiento. De conformidad con el artículo 192, último párrafo, de la Ley de Amparo, en atención a la naturaleza de los actos, requiérase de nueva cuenta al Administrador Local de Recaudación, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del momento en que haya quedado legalmente hecha la notificación del presente proveído, remita copia certificada de las constancias que acrediten la entrega del cheque a la parte quejosa. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del tiempo señalado, le será impuesta multa equivalente a... conforme al numeral 258 de la ley reglamentaria. Notifíquese.

  2. Principal

    Se notifica al promovente. Radicación. Visto lo de cuenta, se recibe la demanda de amparo promovida por David García Sarabia, contra actos del Presidente Municipal de Francisco I. Madero, Coahuila de Zaragoza y otras autoridades. Fórmese el expediente respectivo y regístrese con el número 630/2019-II, que es el que le corresponde en el libro de gobierno que para tal efecto se lleva en este Juzgado Primero de Distrito en la Laguna. Desechamiento. Ahora bien, conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El dispositivo en consulta señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En relación con ello, debe precisarse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, incluso, en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. A mayor abundamiento, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas ni reticencias, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Cobra aplicación al caso, la tesis XV.2o.2 K, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, de contenido siguiente: "DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS. La facultad contenida en el artículo 145, de la Ley de Amparo, está limitada a aquellos casos en los que exista una causa de improcedencia 'manifiesta' e 'indudable', lo que significa que para que el juez de Distrito pueda desechar una demanda de amparo, no es suficiente que se actualice una causal de improcedencia, sino que es indispensable que, por una parte, se manifieste con tal notoriedad que sea imposible no advertirla y que, por otra, sea indudable a tal grado que se tenga la certeza absoluta de que no pueda sobrevenir elemento alguno que haga cambiar dicha apreciación". En la especie, se estima actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del precepto 61, en relación con los numerales 1, fracción I, 5, fracción II, de la Ley de Amparo y 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que respectivamente establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". (.)". "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general". Ahora, de los preceptos trascritos, en lo referente al dispositivo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, se aduce que el juicio de amparo indirecto es improcedente, cuando así lo disponga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o la propia ley. Por otra parte, conforme al numeral 5 de la ley en aplicación, es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto reclamado. En tal sentido, el Máximo Tribunal del País interpretó, en un principio, que los actos de autoridad para efectos del amparo son aquellos que provienen de entidades de la administración pública que tienen como característica la imperatividad, la unilateralidad, la coercitividad y que pueden disponer de la fuerza pública. Así se desprende del análisis de los criterios sostenidos tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, que conducen a determinar que los requisitos del acto de autoridad para efectos del amparo, son los siguientes: 1. Que provenga de un órgano de la administración pública; y 2. Que tenga las características de imperatividad, unilateralidad, coercitividad y uso de la fuerza pública. Ahora bien, el Alto Tribunal ha establecido que el concepto de "acto de autoridad para efectos del juicio de amparo" es una noción autónoma, es decir, propia de la legislación de amparo e independiente del derecho administrativo y, en general, de otras materias que han definido cuestiones similares; porque si bien el sistema jurídico Mexicano autoriza a que los organismos públicos, en algunos supuestos, actúen como particulares en relaciones de derecho privado, lo que es impugnable a través de los procedimientos ordinarios previstos a esos efectos; y que, en otros casos, emitan actos de autoridad susceptibles de combatirse a través del juicio de amparo. En ese orden de ideas, es posible afirmar que no todo acto emitido por un órgano de la administración pública o por un particular constituye un "acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo", sino solamente aquellos que impliquen el ejercicio de una potestad Estatal, es decir, aquellos que supongan el ejercicio de facultades que otorguen a la autoridad privilegios sustentados en el orden público y el interés social, de tal magnitud que actualicen una relación de supra a subordinación. En tal sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado que el acto de autoridad para efectos del juicio de amparo es aquel que tiene origen en una relación de supra a subordinación, de conformidad con el criterio siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado." (Novena Época. No. Registro IUS: 194,367. Materia (s): Administrativa. Instancia: Segunda Sala. Tesis aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, marzo de 1999, tesis 2a. XXXVI/99, página 307). Aunado a lo anterior, debe tenerse presente que cuando se reclama un determinado acto que afecta el derecho a desempeñar un cargo público, se traduce en un acto de naturaleza esencialmente política, en razón de que tal derecho no es inherente a la calidad de persona, sino que deriva de la condición de ciudadano mexicano y, por tanto, sólo afecta derechos políticos del quejoso, de manera tal que el juicio de amparo resulta improcedente. Ahora, en la demanda que nos ocupa los actos reclamados, son atribuidos al Presidente Municipal y el Republicano Ayuntamiento de Francisco I. Madero, Coahuila de Zaragoza, consistentes en presidir la sesión ordinaria de cabildo de veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, particularmente en lo que se refiere al asunto general del que deriva el acuerdo de cabildo que aprobó la destitución del quejoso como Contralor Municipal del Municipio de Francisco I. Madero. De modo que, es evidente que se trata de actos eminentemente políticos, contra los cuales, dada su naturaleza el juicio de amparo es improcedente. Lo anterior es así, en virtud de que el artículo 102, fracción I, número 7, del Código Municipal del Estado de Coahuila, establece: "ARTÍCULO 102. El Municipio Libre tiene un ámbito de competencia exclusiva y distinta a los Gobiernos Federal o Estatal, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Local, este Código y demás leyes aplicables. La competencia municipal se ejercerá por el ayuntamiento o, en su caso, por el Concejo Municipal y no podrá ser vulnerada o restringida por los Gobiernos Federal o Estatal. Sin perjuicio de su competencia municipal, los ayuntamientos deberán observar lo dispuesto por las leyes federales y estatales, siempre que estas leyes no contravengan la competencia municipal que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Local y demás disposiciones que emanen de ellas. Los Gobiernos Municipales, en la esfera de su competencia y de conformidad con las disposiciones aplicables, mantendrán con las partes integrantes de la Federación una relación de respeto y de colaboración mutua para el desarrollo político, económico, social y cultural del país. Los Municipios ejercerán de manera coordinada, en los términos de las disposiciones aplicables, las facultades coincidentes o concurrentes con la Federación o el Estado. En todo caso, los ayuntamientos tendrán las competencias, facultades y obligaciones siguientes: En materia de gobierno y régimen interior: (.) 7. Nombrar y remover a los delegados o subdelegados municipales cuando por el tamaño del municipio sea necesaria su designación, al contralor, y a los apoderados y representantes generales o especiales que sean necesarios para ejercitar las acciones o derechos que competan al Municipio. Todo lo anterior, de conformidad con los términos de este código. "ARTÍCULO 134. Para ser Contralor Municipal se requiere: I. Ser ciudadano del Estado en pleno uso de sus derechos." De lo anterior se advierte, en lo que aquí interesa, que el ayuntamiento tiene como competencia y facultades, entre otras, nombrar y remover a los delegados o subdelegados municipales cuando por el tamaño del municipio sea necesaria su designación, al contralor, y a los apoderados y representantes generales o especiales que sean necesarios para ejercitar las acciones o derechos que competan al Municipio; en ese sentido, la destitución de los cargos de los miembros de los ayuntamientos, son actos eminentemente políticos, cuya legalidad o ilegalidad no pueden analizarse a través del juicio de amparo, porque no entrañan violación de derechos humanos, sino el desconocimiento de derechos políticos de sus titulares, ya que tales actos son realizados en uso de las atribuciones que le otorga el Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, al ayuntamiento y es facultad exclusiva de éste, como lo es las relaciones laborales que el municipio entable con sus trabajadores por conducto de su órgano de gobierno, que es el ayuntamiento. Cobra aplicación al caso, la tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 279, tomo XCV, Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, de contenido siguiente: "AYUNTAMIENTOS, DESTITUCION DE SUS MIEMBROS. La deposición de los cargos concejiles así como el nombramiento de terceros para esos cargos, son actos eminentemente políticos, cuya legalidad o ilegalidad no puede analizarse a través del juicio de amparo, porque no entrañan violación de garantías individuales, sino el desconocimiento de derechos políticos de sus titulares. También es de invocarse, dada su conducencia, la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 175-180, Sexta Parte, página 79, bajo el epígrafe: "DERECHOS POLITICOS, IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RESPECTO DE ACTOS QUE AFECTAN LOS. Por disposición legal, el juicio de amparo es improcedente respecto de los derechos políticos, ya que el artículo 103, fracción I, de la Constitución, establece claramente la procedencia del juicio de garantías contra actos que vulneren garantías individuales, que son diversas de los derechos políticos y, por otra parte, el artículo 73, fracción VIII, de la Ley de Amparo, determina la improcedencia del juicio de garantías contra actos como el que se reclama en la especie; cabe señalar además, que si la Constitución hubiera querido que quedaran involucrados los derechos políticos entre los actos por los que procediera el amparo, así lo hubiera determinado expresamente y, no como pudiera pretenderse, en el sentido de que por no estar excluidos, deben considerarse incluidos, dado que ninguna razón lógica hay para estimarlo de esta forma, pues es sabido que para que pueda hacerse uso de una vía legal, el caso que pretenda someterse a su resolución debe estar expresamente previsto para ser resuelto por esa vía." Consecuentemente, al actualizarse la hipótesis prevista en la fracción XXIII del precepto 61, ésta última en relación con los artículos 1, fracción I, 5, fracción II, de la Ley de Amparo y 103, fracción I, de la Constitución General de la República del artículo 61 de la Ley de Amparo, a la luz del precepto 113 de la propia ley, se desecha de plano, por notoria e indudable improcedencia, la demanda de que se trata. Sin pase inadvertido que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría ser estudiada en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Máxime si se toma en consideración que la naturaleza de los actos -eminentemente políticos- que se pretenden reclamar no variarían en forma alguna. Al respecto se invoca el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 316, tomo X, octubre de 1992, Semanario Judicial de la Federación, Octava época, de rubro: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA.". Así como la jurisprudencia J/23, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en la página 921, tomo XXIV, junio de 2006, Semanario Judicial de la Federación, Novena época, materia común: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA.". Sin que la anterior determinación, lesione el derecho de acceso a la justicia del promovente del amparo que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que la causales de improcedencia tienen una existencia justificada, las cuales, deben ser analizadas de oficio por este juzgador y, en el caso, la examinada es procedente de manera manifiesta e indudable. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 487, libro 3, tomo I, febrero de 2014, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. ". Domicilio. Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición de su numeral 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el designado para ello por la parte quejosa. Autorizado. A solicitud de la parte quejosa, se tiene como autorizada en términos del artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo a la profesionista que indica en el escrito de demanda. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. Digitalización. De conformidad con el artículo 3°, párrafo octavo, de la ley de la materia, procédase a la digitalización de las promociones, resoluciones y documentos judiciales, para los efectos legales conducentes. Transparencia y acceso a la información. De conformidad con los artículos 3°, 6°, 8°, 68, 98, 110, 112, 113 y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 23, 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes no sólo que deben hacerse públicas las resoluciones que causen estado, sino también que pueden solicitar la supresión de sus nombres en las listas publicadas en medios electrónicos, y que para permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requiere el consentimiento del titular de la información relativa, salvo las hipótesis legales reguladas por la ley de la materia. Finalmente, con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos, la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos confidenciales que puedan contener de conformidad con el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con lo dispuesto en el acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de veintisiete de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente.

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