David García Sánchez y Otros.

Expediente 675/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
675/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
17/05/2023

Partes del expediente

  • David García Sánchez y Otros.
  • David García Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; diecisiete de mayo de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese para los efectos legales procedentes, al expediente electrónico y físicamente a los autos, el oficio de cuenta proveniente del Juzgado Quinto de Distrito en La Laguna, con residencia en Torreón, Coahuila, mediante el cual comunica el proveído de doce de mayo del año en curso, dictado en el juicio de amparo 687/2023-VII, del que se advierte que el órgano jurisdiccional de su adscripción, se avocó al conocimiento de la demanda, promovida por ********************y otros, contra actos del Director del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", Almoloya de Juárez, Estado de México y otras autoridades, la cual dio origen al cuaderno en que se actúa. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Asimismo, se ordena remitir al Juzgado Quinto de Distrito en La Laguna, con residencia en Torreón, Coahuila, los informes relativos al cumplimiento a la suspensión rendidos por las autoridades responsables, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. Expuesto lo anterior, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este juzgado de Distrito. Ahora, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1) El presente asunto es susceptible de destrucción al tratarse de una incompetencia (artículo 21, inciso j) del acuerdo en cita). 2) A consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años contados a partir de la presente orden de archivo, ya que después de este lapso, éste órgano de control constitucional procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Finalmente, se instruye al Secretario encargado de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al actuario judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA II Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese para los efectos legales procedentes, al expediente electrónico y físicamente a los autos, el oficio de cuenta signado electrónicamente por el Juez Tercero de Distrito en La Laguna, por medio del cual devuelve diligenciado el exhorto 89/2023-II (orden 89/2023-II) del índice de este juzgado de Distrito, por el que se le solicitó notificar a ********************en su calidad de representante común de los quejosos, y a las responsables señaladas como Director y Director de Seguridad Penal y Custodia del Centro Federal de Readaptación Social Número 14 "CPS Gómez Palacio Durango", el proveído de ocho del mes y año en curso, emitido en el expediente en que se actúa. Expuesto lo anterior, téngase por notificado al quejoso y a las autoridades responsables referidas, del auto mencionado, de conformidad con el artículo 26, fracción I, y 28, fracción III, de la Ley de Amparo. Dese de baja la comunicación oficial de mérito y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); sin necesidad de acusar recibo en virtud de que el sistema lo genera en automático. Ahora, tocante a la solicitud formulada por ********************en su calidad de representante común de los quejosos, en la diligencia de nueve de mayo de dos mil veintitrés, realizada por el actuario judicial adscrito al Juzgado Tercero de Distrito en La Laguna, resérvese acordar lo conducente, hasta que se tenga conocimiento de la determinación tomada en cuanto a la competencia declinada por este órgano jurisdiccional, para conocer de la demanda que dio origen al juicio de amparo en que se actúa. Por otra parte, con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, agréguense para los efectos legales procedentes, al expediente físico y electrónico, los oficios de cuenta por los que el Encargado de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social Número 14 "CPS Durango" y la Directora General y Subdirector de Custodia Penitenciaria en ausencia del Director de Custodia Penitenciaria, ambos del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", Almoloya de Juárez, Estado de México, rinden su informe de cumplimiento a la suspensión de plano y de oficio decretada en autos; dese vista a la parte quejosa para que manifieste lo que en su derecho convenga. Acorde con lo previsto en el numeral 9 de la Ley de la Materia, ténganse como delegados a las personas señaladas por el Encargado de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social Número 14 "CPS Durango", en el informe que se acuerda. En ese orden, resérvese a notificar la presente determinación al representante común de los quejosos, hasta que se tenga conocimiento de la determinación tomada en cuanto a la competencia declinada por este órgano jurisdiccional. Finalmente, se instruye al Secretario encargado de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al actuario judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.

  3. Principal

    MESA II. RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo que promueven por propio derecho los quejosos siguientes: Juan Carlos Calderón Ávila, Juan Carlos Martínez Aguilar, Carlos Jesús Navarro Jiménez, Miguel Ángel Cruz Mercado, Armando Figueroa Salinas, Samuel Enrique Contreras Serrano, Contra actos del Director del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", Almoloya de Juárez, Estado de México, y otras autoridades; fórmese expediente físico y electrónico, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y regístrese bajo el número 675/2023-II.****************************************PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Del escrito de demanda se obtiene que los quejosos reclaman:***************************************** Tortura física y psicológica;********************* Incomunicación;********************* Segregación;********************* Aislamiento;********************* Despojo de bienes personales;********************* Falta de atención médica; y********************* Traslado del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", Almoloya de Juárez, Estado de México, al Centro Federal de Readaptación Social Número 14 "CPS Gómez Palacio Durango".****************************************Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando qué realmente quieren impugnar los quejosos y no solamente lo que en apariencia indicaron.****************************************SUSPENSIÓN DE PLANO Y DE OFICIO. Ahora, respecto de los actos consistentes en:***************************************** Tortura física y psicológica;********************* Incomunicación;********************* Segregación;********************* Aislamiento; y********************* Falta de atención médica.****************************************Con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de plano y de oficio para que cesen de inmediato; asimismo, para que se otorgue a los quejosos la atención médica que en su caso requieran acorde al estado clínico que presenten y a su expediente médico, en términos de las leyes y reglamentos que rigen a los Centros Federales y de Readaptación Social.****************************************En el entendido de que queda bajo responsabilidad de las autoridades responsables la integridad física y salud de los agraviados.****************************************Lo anterior, comuníquese de inmediato por oficio a las autoridades responsables para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.****************************************Se previene a las responsables para que, en el término de veinticuatro horas, informen acerca de la forma y términos en que hayan dado cumplimiento a esta suspensión de plano, agregando a dichos informes copia certificada de las constancias respectivas, a fin de acreditar su dicho.****************************************En el entendido que, de no existir inconveniente legal alguno, rindan el informe solicitado vía correo electrónico institucional (6jdo2ctoajf@correo.cjf.gob.mx), sin perjuicio de que lo hagan por la vía ordinaria.****************************************Háganse del conocimiento de las autoridades responsables que el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, establece:****************************************"Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años, para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión:********************(.)********************III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independiente de cualquier otro delito en que incurra.********************(.)."****************************************INCOMPETENCIA. Ahora, es menester precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en la garantía genérica de legalidad, tutelada por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida.****************************************Luego, cabe precisar que, en el caso, los actos reclamados consisten en tortura física y psicológica, incomunicación, segregación, aislamiento, despojo de bienes personales y falta de atención médica.****************************************Expuesto lo anterior, este Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, carece de competencia legal por razón de territorio para conocer el presente juicio de amparo, como a continuación se expondrá.****************************************En principio, conviene precisar el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece:****************************************"Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado.****************************************Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda.****************************************Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda."****************************************De lo anterior, es patente señalar que los actos reclamados no conllevan ejecución en la jurisdicción de este juzgado, pues atendiendo a la naturaleza de éstos sus efectos se trasladan directamente al lugar en donde se encuentran internos los directos quejosos, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, la ejecución de los actos reclamados ocurre en el Centro Federal de Readaptación Social Número 14 "CPS Gómez Palacio Durango".****************************************De esta manera, si en el presente amparo se reclaman actos cuya ejecución se atribuye a autoridades penitenciarias que residen fuera de la jurisdicción de este juzgado de Distrito, es evidente que éstos producen un efecto en el lugar en donde se encuentran recluidos los quejosos; de ahí que se reitere que este órgano jurisdiccional, carece de competencia legal para conocer del presente asunto, en razón a que los peticionarios de amparo se encuentran internos en el Centro Federal de Readaptación Social Número 14 "CPS Gómez Palacio Durango", lugar en el que este órgano de control constitucional, no ejerce jurisdicción.****************************************Por ello, se estima que en el caso resulta competente para conocer del juicio de amparo el Juzgado de Distrito en la Laguna con residencia en Torreón, en turno, en cuya jurisdicción conllevan ejecución los actos reclamados, conforme a la primera regla de competencia establecida con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo.****************************************Sobre el particular se invoca, la jurisprudencia 1a./J.86/2019 (10a.), de la Décima Época, registro 2021191, Primera Sala, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 73, Diciembre de 2019, Tomo I, página 254, de rubro y texto:****************************************"OMISIÓN DE BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA A PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD. ES LEGALMENTE COMPETENTE PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL DOMICILIO DONDE SE ENCUENTRE EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO EN EL QUE SE ENCUENTRE RECLUIDA LA PERSONA. De conformidad con el numeral 4o. de la Constitución Federal en relación con los artículos 34, 73, 74, 76 y 77 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las autoridades penitenciarias se encuentran obligadas a proporcionar atención médica a las personas que se encuentran privadas de su libertad. En ese contexto, la omisión de brindar atención médica por parte de las autoridades penitenciarias, produce consecuencias materiales en el mundo fáctico, pues existe un vínculo indisoluble entre: a) la obligación del Estado de proporcionar atención médica a las personas privadas de su libertad en su centro de reinserción social; b) la omisión de proporcionar dichos servicios a dichas personas; y c) la afectación del derecho fundamental a la salud en éstos, en el caso de que tal servicio no se proporcione. De esta manera, se actualiza la regla de competencia prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, por lo que debe conocer de dicha demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio del centro penitenciario donde se encuentre recluido el promovente de amparo."****************************************Consecuentemente, este Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, declina competencia al Juzgado de Distrito en la Laguna con residencia en Torreón, en turno, pues es la autoridad que se estima competente para conocer del mismo, dado que es la que ejerce jurisdicción en el territorio donde producen sus efectos los actos reclamados consistentes en tortura física y psicológica, incomunicación, segregación, aislamiento, despojo de bienes personales y falta de atención médica.****************************************Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se solicita al Juez de Distrito que corresponda, que de no tener inconveniente legal alguno, se sirva informar a este órgano jurisdiccional si acepta la competencia planteada, asimismo acuse el recibo de estilo correspondiente.****************************************SE FORMA CUADERNO DE ANTECEDENTES. Con motivo de lo anterior, con copia de las constancias necesarias fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo.****************************************DESECHAMIENTO POR EL TRASLADO. Por otra parte, respecto al traslado de los quejosos del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", Almoloya de Juárez, Estado de México, al Centro Federal de Readaptación Social Número 14 "CPS Gómez Palacio Durango", se actualiza la causa de improcedencia prevista en las fracciones XVIII y XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo.****************************************Los artículos 50, 51, 52, 117, fracción III y 132, fracción VII, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, a la letra dicen:****************************************"(.)********************Artículo 50. Traslados voluntarios********************Los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad dentro del territorio nacional operarán cuando exista un acuerdo entre la entidad de origen y la entidad de destino o, en su caso, entre la entidad correspondiente y la Federación, de acuerdo con el párrafo tercero del artículo 18 de la Constitución. En estos casos no podrá negarse el traslado cuando se acrediten los supuestos establecidos en el párrafo octavo del artículo 18 de la Constitución.********************Cuando exista el interés de una persona sentenciada para ser trasladada a otro Centro Penitenciario, el Juez de Ejecución requerirá su consentimiento expreso en presencia de la persona que sea su defensora. No procederá el traslado a petición de parte tratándose de personas sentenciadas por delitos de delincuencia organizada.********************Los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad a otro país operarán cuando exista un tratado internacional en términos de lo dispuesto en el párrafo séptimo del artículo 18 de la Constitución.********************Artículo 51. Traslados involuntarios********************El traslado involuntario de las personas privadas de la libertad procesadas o sentenciadas deberá ser autorizado previamente en audiencia pública por el Juez de Control o de Ejecución, en su caso. Dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de apelación.********************En audiencia ante el Juez de Ejecución se podrá solicitar el traslado. La Autoridad Penitenciaria podrá solicitar el traslado involuntario en casos de emergencia por cualquier medio.********************En el caso de las personas sujetas a prisión preventiva, el traslado podrá realizarse a petición del Ministerio Público ante el Juez de Control, en términos de lo establecido en el Código.****************************************Artículo 52. Excepción al Traslado voluntario********************La Autoridad Penitenciaria, como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 50, podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, en los siguientes supuestos:********************I. En casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad;********************II. En casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad, y********************III. En caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario.********************En todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. En contra de la resolución judicial se podrá interponer el recurso de apelación en los términos previstos en esta Ley.********************En caso que dentro del plazo establecido, la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa.****************************************Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas ********************Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos:********************(.)********************III. Los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados. Esta acción podrá ejercitarse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiese sido notificada previamente, y********************(.)********************Por cuanto hace a la fracción III, los traslados por razones urgentes, relacionados con la integridad física o la salud de la persona privada de la libertad o bien, por cuestiones de seguridad del Centro, no requerirán autorización previa del Juez de Ejecución, sin perjuicio de que dicha determinación pueda ser recurrida y en su caso, confirmada o revocada.********************(.) ********************Artículo 132. Procedencia del recurso de apelación********************El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre:********************(.)********************VII. Traslados;********************(.)" (Énfasis añadido).************************************************************La Ley Nacional de Ejecución Penal, contempla los siguientes tipos de traslados: a) voluntarios; b) involuntarios; y, c) urgentes.****************************************Los primeros, se actualizan cuando existe el interés de la persona recluida -con la asistencia de un defensor- de ser trasladado a un centro de reclusión diverso, siempre que exista un acuerdo entre la entidad de origen y la entidad de destino, o en su caso, entre la entidad correspondiente y la Federación; en ese sentido, la petición la resolverá la autoridad jurisdiccional, quien verificara que se cumplan con los requisitos legales y constitucionales para su autorización.****************************************Los traslados involuntarios, son instaurados previamente por la autoridad penitenciaria ante un juez de ejecución o de control, según sea el caso, con el fin de que en audiencia pública se decida sobre la legalidad del traslado. ****************************************De igual forma, el traslado urgente o excepcional, se emite por medio de resolución administrativa, cuando se trate de los casos específicamente señalados en la ley, sin autorización judicial previa.****************************************Recientemente, nuestro Alto Tribunal, en el criterio que más adelante se invoca, ha establecido que respecto de la orden de traslado proceden dos medios de defensa legal con los que puede ser combatida; el recurso de apelación y la controversia judicial; cuya procedencia, depende del actuar del Juez de Control o de Ejecución, ya que una vez que esa autoridad ha sido notificada de la orden de traslado urgente o excepcional, cuenta con cuarenta y ocho horas para emitir la resolución en la que calificará la legalidad de la orden de traslado, y contra dicha resolución es procedente el recurso de apelación.****************************************En cambio, si la autoridad judicial es omisa en pronunciarse sobre la legalidad de la determinación administrativa que ordena el traslado dentro del término fijado, se actualizará la procedencia de la controversia judicial.****************************************Así, en los casos en que la persona privada de su libertad reclama una orden de traslado que no se materializó, ni se tenga certeza de la calificación que sobre su legalidad emite el Juez de Ejecución, en tanto que la presumible determinación administrativa se comunicó al quejoso por la propia autoridad administrativa, incluso de forma verbal, lo procedente será que el afectado promueva una "controversia judicial", a fin de que sea el Juez de Control o de Ejecución, quien resuelva respecto de sus derechos implicados.****************************************Ello, porque conforme a lo dispuesto por el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad, podrán accionar la controversia judicial respecto de cuestiones relacionadas con sus derechos en materia de traslados, que podrá ejercerse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiera sido notificada previamente.****************************************El último párrafo, del citado artículo 117, prescribe que los traslados por razones urgentes, relacionados con la integridad física o la salud de la persona privada de la libertad, o bien, por cuestiones de seguridad del centro penitenciario, no requerirán autorización previa del Juez de Ejecución, sin perjuicio de que dicha determinación pueda ser recurrida, y en su caso, confirmada o revocada, a través de los medios legales de defensa antes referidos. En ese orden de ideas, queda de manifiesto que contra la orden de traslado es procedente la controversia judicial, prevista en los artículos 52, último párrafo y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, o la apelación en términos del artículo 132, fracción VII, de la aludida legislación, según la clase de traslado de que se trate; lo que conduce a concluir que la orden de traslado no constituye una violación directa a la Constitución Federal, al no afectar la libertad personal fuera de procedimiento judicial, pues se erige dentro de procedimiento, y al respecto, existe un medio ordinario de defensa con el cual puede ser combatida.****************************************En consecuencia, al actualizarse, de forma manifiesta e indudable las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XVIII y XX, con relación al artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado consistente en el traslado, por no haberse agotado en su contra el principio de definitividad, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la misma legislación, se desecha de plano la demanda de amparo promovida contra actos del Director del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", Almoloya de Juárez, Estado de México, y otras autoridades, por notoriamente improcedente.****************************************Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 27/2021 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1513, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 7, Noviembre de 2021, Tomo II, Undécima Época, del rubro y texto siguiente:****************************************"ORDEN DE TRASLADO Y PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ANTES DE PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, SE DEBE AGOTAR LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. Hechos: Un Tribunal Colegiado consideró que los traslados involuntarios de un centro penitenciario a otro en los que no interviene la autoridad judicial constituyen una violación directa a la Constitución, razón por la cual puede promoverse amparo indirecto sin agotar previamente el recurso ordinario. A diferencia de ese Tribunal Colegiado, uno diverso consideró que en contra de una posible orden de traslado emitida sin intervención judicial, procede un recurso ordinario previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por lo que debe agotarse dicho recurso antes de promover el amparo, de lo contrario éste será improcedente por no cumplirse con el principio de definitividad.********************Criterio jurídico: La orden de traslado de un centro penitenciario a otro que se emite sin intervención judicial es un acto que se dicta dentro del procedimiento; por lo tanto, antes de promover juicio de amparo indirecto en su contra, se debe agotar la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal.********************Justificación: El artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal regula la controversia judicial, recurso que se interpone ante el Juez de Control o de Ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver las controversias que surjan con motivo de los traslados de las personas privadas de la libertad. Por otra parte, el juicio de amparo, si bien puede promoverse contra actos de autoridad que vulneren los derechos de los gobernados, debe observar el principio de definitividad, según el cual, el amparo no procede contra violaciones cometidas en el procedimiento si en las leyes ordinarias se prevé un remedio legal por el cual puedan repararse, tal como sucede en el caso de las controversias judiciales establecidas en el ordenamiento penal en cita. Por lo tanto, cuando una persona privada de la libertad busque inconformarse con la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, emitida sin autorización previa de la autoridad judicial, antes de la promoción del juicio de amparo, debe interponerse la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para que sea el Juez de Control o de Ejecución, quien resuelva la legalidad de ese posible traslado. De esa manera se respeta el principio de definitividad que rige en el amparo."****************************************REPRESENTANTE COMÚN. En atención a la facultad conferida a este juzgado de Distrito en el ordinal 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común a ********************, sin perjuicio de que con posterioridad los quejosos realicen la designación respectiva. ****************************************DOMICILIO. Tomando en consideración que el domicilio procesal que señalan los quejosos en su demanda se encuentra fuera de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional, con apoyo en lo establecido en los artículos 27, fracción II, de la legislación de la materia, 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, envíese exhorto al Juzgado de Distrito en la Laguna con residencia en Torreón, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado de Distrito, inclusive en días y horas inhábiles, tal y como lo establece el artículo 21 de la Ley de Amparo, ordene a quien corresponda se constituya en el Centro Federal de Readaptación Social Número 14 "CPS Gómez Palacio Durango", a efecto de notificar el presente auto a ********************, en su calidad de representante común de los quejosos.****************************************Asimismo, le requiera para que en el término de tres días computados legalmente, designe a un asesor jurídico que los represente; asimismo, señale domicilio para oír y recibir notificaciones, en la ciudad de Toluca, Estado de México, apercibido que en caso de no hacerlo, se acordará lo que en derecho corresponda.****************************************De igual forma, en virtud de que la residencia de las autoridades responsables señaladas como Director y Director de Seguridad Penal y Custodia del Centro Federal de Readaptación Social Número 14 "CPS Gómez Palacio Durango", se encuentra fuera de la jurisdicción de este juzgado, ordene a quien corresponda para que se sirva practicar la notificación de los oficios derivados de esta determinación a las responsables aludidas por la vía que estime pertinente.****************************************Dada la naturaleza de la comunicación oficial, envíese vía electrónica, por lo cual, no resulta necesario el acuse de recibo respectivo, así como que la devolución de las constancias de mérito, deberá realizarse mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.****************************************HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles.****************************************TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada.****************************************EXHORTACIÓN A LA PARTE QUEJOSA. De conformidad con el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a la parte quejosa, para que continúe la tramitación del asunto, a través del portal de "juicio en línea", para tal efecto, deberán ingresar a la liga virtual http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea, a efecto de que obtengan su firma electrónica. ****************************************Motivo por el cual, se instruye al Secretario encargado de la mesa, para que en caso de que se presenten promociones de manera física, verifique que las mismas sean coincidentes con el contenido del expediente electrónico, de igual forma, se instruye al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio.

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