David García Ramírez

Expediente 751/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 15 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
751/2023
Año
2023
Actuaciones
15
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • David García Ramírez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la diligencia de notificación de cuenta, de la que se advierte que el quejoso ********************realizó diversas manifestaciones, en el sentido de no se le ha proporcionado atención médica por el padecimiento que tiene consistente en ********************; sin embargo, no ha lugar a emitir mayor pronunciamiento, atendiendo a que la suspensión de oficio y de plano fue revocada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimotercer Circuito, al resolver el recurso de queja ********************de su índice. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo número ********************; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta población, ***** y *****, ambos de apellidos *****, demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal a favor de ******************** contra los actos reclamados del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México y Director del Centro Federal de Readaptación Social número 13 CPS-Oaxaca, con residencia en Miahuatlán, Oaxaca, que en el considerando segundo se precisarán. SEGUNDO. Radicación, suspensión de plano y ratificación de la demanda. En auto de treinta y uno de julio del año en curso, este órgano judicial radicó el asunto con el número ********************, concedió la suspensión de plano de los actos reclamados y ordenó la ratificación de la demanda de amparo, lo que aconteció en diligencia de uno de agosto de esta anualidad (fojas 9-13 y 55 vuelta). TERCERO. Prevención. En acuerdo de nueve de agosto de este año, se tuvo por devuelto debidamente diligenciado el despacho 333/2023, número de origen 220/2023 del índice de este juzgado federal, del que se advertía: i) el quejoso ratificó la demanda de amparo, ii) no se encontraba aislado o segregado y iii) no presentaba golpes, ni vestigios de maltrato o lesiones (fojas 57-59). Asimismo, se requirió al peticionario del amparo para que: "Primero. Manifieste si señala también como acto reclamado la orden de traslado del Centro Federal de Readaptación Social Trece "CPS- Oaxaca" en Miahuatlán, Oaxaca, a uno diverso; y en su caso, las autoridades a quienes atribuye dicho acto. Segundo. Precise si señala como acto reclamado la falta de atención médica, en el centro federal en el cual se encuentra recluido; y en su caso, las autoridades a quienes atribuye dicho acto. Tercero. En caso de señalar como actos reclamados la orden de traslado y la falta de atención medica referidas, indique si ha promovido petición administrativa o controversia relativa a dichos actos; y de ser el caso, precise el número de expediente y la autoridad ante quien se tramita". CUARTO. Desechamiento y admisión de la demanda. En proveído de catorce de agosto del presente año (fojas 64-70), se tuvo por cumplida la prevención y se procedió a desechar la demanda de amparo por los siguientes actos: i) la orden de traslado del Centro Federal de Readaptación Social número 13 CPS-Oaxaca a uno diverso y, ii) la negativa de permitir el acceso a los defensores particulares del quejoso al área de locutorios de ese centro federal. De igual forma, este juzgado de Distrito admitió a trámite la demanda de amparo únicamente por el acto reclamado consistente en la falta de atención médica respecto al padecimiento conocido como ******************** atribuida a la Directora General del Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-Oaxaca", con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, solicitó a ésta su informe justificado, dio la intervención que legalmente le compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y citó a las partes para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 49, 50 y 56, fracción I (materia penal), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece y reformado mediante Acuerdo General 45/2016, de ese propio órgano colegiado, publicado en el mismo medio de difusión el siete de octubre de dos mil dieciséis; tomando en consideración que el acto reclamado se atribuye a una autoridad que tiene su domicilio dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce competencia. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 Constitucionales, una vez analizado en su integridad este asunto, se determina que el acto reclamado por el quejoso de la Directora General del Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-Oaxaca", con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, es el siguiente: La falta de atención médica respecto al padecimiento conocido como ********************. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. El Director Jurídico en ausencia de la Directora General del Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-Oaxaca", con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, al rendir informe justificado negó el acto reclamado (foja 138). Sin embargo, de la copia certificada de la nota médica que remitió (foja 140), con pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se colige que el uno de agosto del año en curso [fecha posterior a la presentación de la demanda de amparo], se proporcionó atención médica al quejoso respecto al padecimiento conocido como ******************** y se ordenó suministrarle determinados medicamentos. Por esa razón, se tiene por cierto el acto reclamado. Apoya lo anterior, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, registro digital: 211004, de rubro: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA". CUARTO. Causa de improcedencia. La procedencia del juicio de control constitucional es un tema que debe ser estudiado de manera oficiosa, lo cuestionen o no las partes, por ser de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, del ordenamiento legal invocado, que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley." El numeral parcialmente reproducido recoge lo que doctrinalmente se denomina "principio de definitividad del juicio de amparo", el cual encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le causa afectación. Establecido lo anterior, la fracción II, del artículo 1° de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal, lo que significa que esa nueva legislación creó todo un sistema por el que se deben resolver las controversias que surjan en reclusión; de allí que las personas privadas de su libertad tengan la posibilidad de instar cualquiera de esos procedimientos para la resolución de dichos litigios. Asimismo, el arábigo 2° de la citada ley, como ámbito de aplicación, señala en general a todas las personas privadas de la libertad; es decir, ya sea que se encuentren en prisión preventiva o que estén compurgando una pena o medida de seguridad. Bajo ese contexto, por tratarse de situaciones relacionadas a la reclusión de la parte quejosa, al acto reclamado le resulta aplicable dicho ordenamiento legal. En efecto, dentro del Capítulo III, denominado Procedimiento Administrativo de la citada ley, se contempla la posibilidad de que los internos lleven a cabo las peticiones administrativas que requieran dentro de su estancia en los centros de internamiento. Así los artículos 9, 107 a 115, 131 y 132 de la citada legislación, disponen: "Artículo 9. Derechos de las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario. Las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario, durante la ejecución de la prisión preventiva o las sanciones penales impuestas, gozarán de todos los derechos previstos por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, siempre y cuando estos no hubieren sido restringidos por la resolución o la sentencia, o su ejercicio fuese incompatible con el objeto de éstas. Para los efectos del párrafo anterior, se garantizarán, de manera enunciativa y no limitativa, los siguientes derechos: I. Recibir un trato digno del personal penitenciario sin diferencias fundadas en prejuicios por razón de género, origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidades, condición social, posición económica, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales o identidad de género, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana; II. Recibir asistencia médica preventiva y de tratamiento para el cuidado de la salud, atendiendo a las necesidades propias de su edad y sexo en por lo menos unidades médicas que brinden asistencia médica de primer nivel, en términos de la Ley General de Salud, en el Centro Penitenciario, y en caso de que sea insuficiente la atención brindada dentro de reclusión, o se necesite asistencia médica avanzada, se podrá solicitar el ingreso de atención especializada al Centro Penitenciario o que la persona sea remitida a un Centro de Salud Público en los términos que establezca la ley; III. Recibir alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, adecuada para la protección de su salud; IV. Permanecer en estancias designadas conforme a la ubicación establecida en el artículo 5 de esta Ley; V. Ser informada de sus derechos y deberes, desde el momento en que sea internada en el Centro, de manera que se garantice el entendimiento acerca de su situación. La información deberá ser proporcionada conforme al artículo 38 de esta Ley y a las demás disposiciones aplicables; VI. Recibir un suministro suficiente, salubre, aceptable y permanente de agua para su consumo y cuidado personal; VII. Recibir un suministro de artículos de aseo diario necesarios; VIII. Acceder al régimen de visitas en términos del artículo 59 de esta Ley; IX. Efectuar peticiones o quejas por escrito, y en casos urgentes, por cualquier medio a las instancias correspondientes; X. Toda persona privada de la libertad tiene derecho a que se garantice su integridad moral, física, sexual y psicológica; XI. A participar en la integración de su plan de actividades, el cual deberá atender a las características particulares de la persona privada de la libertad, en el marco de las condiciones de operación del Centro Penitenciario; XII. Los demás previstos en la Constitución, Tratados y las demás disposiciones legales aplicables. Toda limitación de derechos sólo podrá imponerse cuando tenga como objetivo garantizar condiciones de internamiento dignas y seguras, en su caso, la limitación se regirá por los principios de necesidad, proporcionalidad e idoneidad". Artículo 107. Peticiones administrativas. Las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esta Ley podrán formular peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento. Artículo 108. Legitimación Se reconoce legitimidad para formular las peticiones ante las direcciones de los Centros a: I. La persona privada de la libertad, a nombre propio o de manera colectiva; Artículo 109. Sustanciación de las peticiones Las peticiones se sustanciarán conforme a las reglas establecidas en esta Ley, a fin de que la Autoridad Penitenciaria se pronuncie sobre si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y, en su caso, la subsanación de dicha afectación. Los solicitantes podrán desistir de su petición en cualquier momento, salvo que el tema planteado se refiera al interés general del Centro o de un sector de su población. El desistimiento no implica la pérdida del derecho a formular una petición sobre la misma materia con posterioridad. Artículo 110. Formulación de la petición Las peticiones administrativas se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el director del Centro, para lo cual se podrá aportar la información que se considere pertinente, con el objeto de atender las condiciones de vida digna y segura en reclusión. La autoridad administrativa del Centro auxiliará a las personas privadas de la libertad cuando lo soliciten para formular el escrito. En caso de que la petición sea formulada por persona distinta a la privada de la libertad, ésta deberá señalar nombre, domicilio, teléfono y, en su caso, correo electrónico, para que le sean practicadas las determinaciones respectivas. Artículo 111. Acuerdo de inicio Una vez recibida la petición, la Autoridad Penitenciaria, por escrito y dentro de las veinticuatro horas siguientes, admitirá la petición e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa. Esta determinación deberá notificarse personalmente al promovente. En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla. En caso de no hacerlo, la Autoridad Penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y oral aclare su petición. Hecho lo anterior, se emitirá la resolución sobre el fondo de la cuestión planteada. En caso de no acudir a la citación, se tendrá por desechada la petición formulada. Artículo 112. Trámite del procedimiento Una vez admitida la petición, el director del Centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando siempre la que, en su caso, hubiese aportado el peticionario, y con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición, en caso de que así procediera. La obligación de allegarse de información deberá estar acompañada de acciones diligentes a fin de no retrasar la resolución de la petición. Artículo 113. Acumulación de peticiones Las peticiones administrativas que tengan un mismo objeto, total o parcialmente, serán acumulables, cuando así proceda, para ser resueltas en un solo acto conjuntamente, continuándose la substanciación por separado de la parte que no se hubiese acumulado. Artículo 114. Resolución de peticiones administrativas El director del Centro estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Si la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria. La Autoridad Penitenciaria le hará saber a la persona privada de la libertad el derecho que tiene a la interposición del presente recurso, dejando constancia por escrito. Artículo 115. Casos urgentes Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega. Artículo 131. Apelación El recurso de apelación se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto o resolución que se impugna y tiene por objeto que el tribunal de alzada revise la legalidad de la resolución impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla. Artículo 132. Procedencia del recurso de apelación El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: I. Desechamiento de la solicitud; II. Modificación o extinción de penas; III. Sustitución de la pena; IV. Medidas de seguridad; V. Reparación del daño; VI. Ejecución de las sanciones disciplinarias; VII. Traslados; VIII. Afectación a los derechos de personas privadas de la libertad, visitantes, defensores y organizaciones observadoras, y IX. Las demás previstas en esta Ley". Del análisis de los artículos transcritos se colige que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé un procedimiento administrativo, relativo a las peticiones de las personas privadas de su libertad, atinente a la afectación de sus condiciones de vida digna y segura en reclusión, entre las que se encuentran cuestiones relativas a la salud; a la alimentación nutritiva; a permanecer en estancias designadas; a recibir suministro suficiente, salubre, aceptable y permanente de agua para su consumo y cuidado personal, así como artículos de aseo diario necesarios; acceder al régimen de visitas; a efectuar peticiones o quejas por escrito, y en casos urgentes, por cualquier medio a las instancias correspondientes; a que se garantice su integridad moral, física, sexual y psicológica; y a participar en la integración de su plan de actividades, el cual deberá atender a las características particulares de la persona privada de su libertad, en el marco de las condiciones de operación del Centro Penitenciario. De igual manera, se establece que las peticiones referentes a la afectación de derechos en reclusión deben efectuarse por escrito sin formalidad, ante el Director del Centro en que se encuentren recluidos, en el entendido que en el ocurso se podrá aportar información que se considere pertinente con el objeto de atender las condiciones de vida y seguridad en reclusión; incluso, la autoridad penitenciaria debe auxiliar a la persona privada de su libertad, cuando se lo soliciten, a formular el escrito correspondiente; asimismo, en dicho procedimiento se pueden ofrecer pruebas y la autoridad está obligada a recabar las necesarias para resolver la petición. A la par, la aludida legislación establece la forma en que las peticiones se deben sustanciar, resolver e impugnar, incluso, tratándose de casos urgentes (artículos 111 a 115, 131 y 132). En ese contexto, tomando en consideración que el quejoso señala como acto reclamado de la Directora General del Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-Oaxaca", con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, la falta de atención médica respecto al padecimiento conocido como ********************, es evidente que respecto a dicha omisión, existe un mecanismo sencillo previsto por la Ley Nacional de Ejecución Penal, que permite al peticionario del amparo, en su calidad de interno, plantear una petición a fin de que las autoridades penitenciarias accedan a lo que necesita; y en caso de no recibir respuesta o que ésta le sea adversa, podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución competente, en términos del numeral 114, antes transcrito. Lo antes expuesto encuentra sustento en la jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital: 2018548, de rubro y texto siguientes: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad". Robustece lo anterior la jurisprudencia PC.III.P. J/18 P (10a.) del Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito, registro digital 2017822, del tenor: "PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. CUANDO RECLAMAN ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE SU INTERNAMIENTO, COMO LO ES LA FALTA O NEGATIVA DE ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA, YA SEA URGENTE O NO, DEBEN AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE PETICIONES Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. Conforme a los artículos 1, 2, 9, 30, 34, 74, 76 a 78, 107 a 115 y 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, tienen a su alcance un procedimiento administrativo de peticiones, mediante el cual pueden hacer valer sus derechos atinentes a las condiciones de internamiento, entre las que se encuentran la falta o negativa de atención médica adecuada, ya sea urgente o no urgente. Adicionalmente, cuentan con un sistema de recursos de índole jurisdiccional, para el caso de que la respuesta que recaiga a su petición no satisfaga sus necesidades, incluso, contra la omisión de dar respuesta oportuna. Ante ese marco normativo ágil y eficaz, previo a promover el juicio de amparo indirecto deben agotarse el procedimiento administrativo de peticiones, así como los medios de impugnación previstos en la ley citada, en atención al principio de definitividad". No pasa desapercibido que la autoridad responsable al rendir su informe justificado y el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, al resolver el recurso de queja penal ********************, hicieron alusión a las controversias por atención médica ******************** y ********************, del índice del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta población; empero, aun cuando ambas fueron promovidas por el aquí quejoso, las mismas no versan sobre el padecimiento conocido como ********************, que se impugna en este juicio de amparo. Información se tiene como hecho notorio de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por obrar en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Poder Judicial de la Federación. Resulta además aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 2017123, de rubro: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE)". Aunado a ello, en diligencia de notificación de diez de agosto del presente año (foja 63), al contestar el requerimiento formulado en acuerdo de nueve de agosto del presente año, consistente en: "Tercero. En caso de señalar como actos reclamados la orden de traslado y la falta de atención médica referidas, indique si ha promovido petición administrativa o controversia relativa a dichos actos; y de ser el caso, precise el número de expediente y la autoridad ante quien se tramita", el quejoso solamente expresó: "(.) Y SI EH (sic) HECHO PETICIONES ADMINISTRATIVAS AL CPS 13 PARA NO ESTAR INCOMUNICADO CON MIS DEFENSORES". Lo anterior demuestra que el peticionario del amparo aún no ha agotado el principio de definitividad respecto a la falta de atención médica que reclama en este asunto. En tales condiciones, ante la actualización de la causa de improcedencia analizada, procede sobreseer en el juicio, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 1º, fracción I, 2º, 73, 74 y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÙNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo ********************, promovido por ******************** contra el acto reclamado de la Directora General del Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-Oaxaca", con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, por las razones precisadas en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese, y personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y toda vez que la parte relativa del proveído de catorce de agosto de dos mil veintitrés, en el que se desechó parcialmente la demanda de amparo, no fue recurrido conforme al artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo; se declara que HA CAUSADO ESTADO. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Vista la diligencia de notificación de dos de octubre de dos mil veintitrés que antecede, se advierte que el quejoso David García Ramírez manifestó que no se ha permitido el acceso a su defensor al centro penitenciario en que se encuentra recluido; al respecto, reitéresele que en proveído de doce de septiembre de dos mil veintitrés, se agregó el oficio del Director Jurídico en ausencia de la Directora General del Centro Federal de Readaptación Social número Trece "CPS-Oaxaca", con sede en Miahuatlán, Oaxaca, mediante el cual informó que en los archivos de la unidad administrativa, no se encontró registro de solicitud ni documentación por parte de Rubén Josué Díaz Lara y Rubí Monserrat Díaz Lara, quienes promovieron el presente juicio a favor del quejoso David García Ramírez, para ingresar a ese Centro Federal y entrevistarse con el quejoso. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE AL QUEJOSO DAVID GARCÍA RAMÍREZ, EN EL CENTRO DE RECLUSIÓN.

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