David García Hernández
Expediente 598/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 598/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 04/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- David García Hernández
Actuaciones
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, CUATRO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vistos: como de la certificación de cuenta se advierte que ya transcurrió el término de cinco días, a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que José Manuel Salvador Hernández, en su carácter de apoderado legal de David García Hernández, hubiese recurrido el acuerdo dictado el veintidós de abril de dos mil veintidós, en el que se desechó de plano la demanda de amparo; por lo tanto, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales, lo anterior con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado; consecuentemente; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo Vigésimo Primero inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el numeral Vigésimo Segundo del propio acuerdo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que de la certificación de cuenta se aprecia que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, por tanto, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el citado artículo 21, párrafo segundo del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica al secretario que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIDÓS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vistos; agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada del acuerdo de veinte de abril de dos mil veintidós, emitido en el expediente laboral 147/2007 de su índice; del cual se desprende que proveyó lo siguiente: a) Tuvo por recibido el escrito de los integrantes del Ayuntamiento Constitucional de Jalapa, Tabasco, mediante el cual hacen manifestaciones en relación a la calendarización de los pagos de laudos, proponiendo un porcentaje del 15% (treinta y cinco por ciento) del monto total del laudo, a realizar diez pagos parciales por la suma de $40,598.91 (cuarenta mil quinientos noventa y ocho pesos 91/100 moneda nacional) cada uno. b) Recibió el escrito del aquí quejoso BALTAZAR PINTO SARRACINO, en el cual refiere en lo medular no estar de acuerdo con los pagos parciales propuestos por la autoridad demandada, y solicita que se le establezca un plazo para que se le pague el total del adeudo; a lo que se le informó que la vista que se le otorgó fue a fin de no dejarlo en estado de indefensión en cuanto al calendario de pagos propuesto, concluyendo que se encuentra obligado a requerir la suma total al Ayuntamiento Constitucional de Jalapa, Tabasco. c) Tomando en cuenta que como hecho notorio tiene el contenido del periódico oficial número 5859, Suplemento D, Edición 8279 de ocho de enero de dos mil veintidós, desprendiéndose que tiene destinado dicho Ayuntamiento para el Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2022 la suma de $282,731,740.00 (doscientos ochenta y dos millones setecientos treinta y un mil setecientos cuarenta pesos 00/100 moneda nacional); del cual se desglosa para la partida presupuestal L001-001 y L001-002, correspondiente al programa presupuestario denominado OBLIGACIONES JURÍDICAS INELUDIBLES, el presupuesto a ejercer por $1,448,321.00 (un millón cuatrocientos cuarenta y ocho mil trescientos veintiún pesos 00/100 moneda nacional). Y por ello, requirió a los integrantes del Ayuntamiento demandado, para que en el plazo de diez días hábiles, exhiban la suma total del adeudo en favor de BALTAZAR PINTO SARRACINO, por la cantidad de $3,110,544.72 (tres millones ciento diez mil quinientos cuarenta y cuatro pesos 72/100 moneda nacional), por medio del título de crédito correspondiente, previo apercibimiento de multa en caso de incumplimiento. De lo que se toma conocimiento y se tiene a la autoridad oficiante en vías de cumplimiento. En consecuencia, conforme lo manifestado por la autoridad responsable y contenido de las constancias que remite, con apoyo en los ordinales 192, 193 y 197 de la Ley de Amparo, en concordancia con la fracción IX, del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19; reformado por el diverso Acuerdo General 7/2022, publicado el dieciocho de abril del presente año, que posibilita a los órganos jurisdiccionales a fijar los plazos que permita a la responsable a dar cumplimiento a sus mandatos, a fin de garantizar la salud pública de la colectividad, requiérase al Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, para que en el plazo de cinco días hábiles, remita de inmediato las constancias de las cuales se desprenda el cumplimiento del fallo protector, esto, es que la autoridad municipal exhiba el total del adeudo en favor del quejoso BALTAZAR PINTO SARRACINO, por la cantidad de $3,110,544.72 (tres millones ciento diez mil quinientos cuarenta y cuatro pesos 72/100 moneda nacional). Con el apercibimiento que de no cumplir con el requerimiento realizado dentro del plazo señalado, con fundamento en el artículo 258, de la Ley de Amparo, se harán acreedoras a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintidós, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, vigente a partir del uno de febrero del dos mil veintidós. No obstante lo anterior, si finalizado el lapso que les fue otorgado, éstas no efectúan el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se continuará con el trámite respectivo, previsto en la Ley de Amparo y el Acuerdo 5/2013 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, modificado mediante instrumento normativo de cinco de septiembre de dos mil diecisiete. Se llega a tal consideración, pues en el presente proveído se encuentran precisados claramente los actos que deben realizar para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo que, su desacato producirá que esta autoridad constitucional, aplique los apercibimientos referidos. Sustenta lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 59/2014 (10a.) sustentado por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 5, Libro 12, noviembre de 2014, tomo I, décima época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y contenido siguiente: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a lo dispuesto en el citado precepto legal, si la autoridad es omisa en el cumplimiento de una sentencia de amparo, ello conduciría de manera automática a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa el cumplimiento no se acredite, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir a la separación del titular de la autoridad responsable y a su consignación ante el juez penal. En este escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y respecto de los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de su respectiva competencia, regulado en una ley o un reglamento, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los demás, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que jurídicamente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que den lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impida la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir, a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, de encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Ante ello, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria deberá requerirlas para que en el plazo de tres días hábiles se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que, con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable, determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo". Asimismo, con apoyo en el Acuerdo General 5/2013, de trece de mayo dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se procederá de oficio a iniciar el incidente de inejecución de sentencia, y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, en turno, para los efectos previstos en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que puede culminar con la separación del cargo y consignación ante el Juez de Procesos Federales por el delito previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo. Notifíquese.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · 16,294 expedientes
- David Eduardo Gonzales Izquierdo999/2016
- David Escudero Salavarria1806/2015
- David Fernando Montiel Rosado1333/2017
- David García Hernández1257/2022
- David García Hernández908/2023
- David García Hernández547/2022
- David García López645/2022
- David Garduza Álvarez1818/2015
- David Gustavo Fuentes González1668/2016
- David Gustavo Osorio Montejo369/2016
- David Heriberto Castillo Morales1153/2019
- David Hernández Torres1476/2018