David García Calixto

Expediente 942/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
942/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
16/08/2023

Partes del expediente

  • David García Calixto

Actuaciones

  1. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, México, dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación, se aprecia que dentro del término legal no se interpuso recurso de queja contra el proveído por el que se desechó de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 288 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto queda firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. Cabe señalar que en el presente asunto, se desechó la demanda de amparo, por tanto, de conformidad con lo que establece el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, este expediente es susceptible de destrucción. Ahora, toda vez que el juicio en que se actúa se encuentra totalmente concluido, procede archivarlo definitivamente, como asunto totalmente concluido, previo cotejo que se realice de que todas las constancias y documentos del expediente físico estén digitalizadas e incorporadas al expediente electrónico, en términos de lo previsto en el artículo 9, segundo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de control electrónico, a través del módulo "Libros de control" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE. En su oportunidad, realícese el trámite para su destrucción. Notifíquese; por lista a la parte quejosa.

  2. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, México, dos de agosto de dos mil veintitrés. V i s t a la demanda de amparo que promueve vía electrónica ****, a favor del menor de identidad reservada de iniciales ***, así como de ****, quien solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en contra de las autoridades y actos reclamados que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES Dirección de Seguridad Ciudadana y Protección Civil de Jilotepec. Víctor Jiménez Ramírez (padre del menor). Teresa Ramírez Villavicencio (abuela del menor) ACTOS RECLAMADOS La incomunicación del menor por parte de su progenitor y abuela paterna. La omisión de brindar el apoyo para la reintegración el menor a su progenitora. FORMACIÓN DE EXPEDIENTE Con apoyo en los artículos 11, 21 y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, fórmese expediente impreso y electrónico. Anótese su ingreso en el libro de gobierno del juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE bajo el número 942/2023-VI. Ahora bien, en cumplimiento a la circular DGG/JSTG/20/2020, signado por la Titular de la Dirección General de Gestión Judicial, se instruye a la Oficial Judicial "A" SISE, para capture en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes la edad del menor de iniciales S.J.C DESECHAMIENTO No obstante, previamente a la admisión de la demanda de cuenta, es necesario examinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia; o bien, si se encuentra algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Al respecto, es necesario establecer que un motivo de improcedencia es manifiesto cuando aparece de lo expresado en la demanda constitucional y es indudable cuando no puede ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. En la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1º, fracción I, 5º, fracción II, y 217, todos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de este ley". "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)". "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna". De la fracción XXIII del artículo 61 en cita, se desprende que establece la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia diversa de las que de manera específica contempla el artículo en comento. De forma tal que en este apartado se da sustento a la improcedencia constitucional, legal y jurisprudencial; es decir, a la que deriva de disposiciones distintas a las fracciones precedentes, las cuales pueden obtenerse de la misma Ley de Amparo, de la Constitución Federal, de la jurisprudencia o de algún otro ordenamiento legal. Lo anterior implica que los supuestos establecidos en las primeras veintidós fracciones del artículo 61 en comento, no son las únicas causas por las que puede decretarse la improcedencia de la vía constitucional, sino que existe la posibilidad de aplicación analógica de situaciones diversas, pues el catálogo del artículo que se comente no es limitativo sino enunciativo. Así, de la interpretación conjunta de los citados preceptos, se infiere que el juicio de amparo sólo será procedente contra actos de autoridad. A contrario sensu, cuando se reclame un acto que no fue emitido por una autoridad formalmente hablando, el juicio constitucional es improcedente. Las notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo son las siguientes: La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. Que para emitir esos actos no requiere acudir a los órganos judiciales, ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J.164/2011 de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." En el caso concreto, el quejoso reclama, en esencia, los siguientes actos: La incomunicación del menor por parte de su progenitor y abuela paterna. La omisión de brindar el apoyo para la reintegración el menor a su progenitora. Tales actos no constituyen actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, en virtud de que de una lectura integral a la demanda de amparo, se advierte que dichos actos derivan de un conflicto suscitado entre particulares, atinentes a la problemática de bajo el resguardo de quien está el cuidado del precitado menor de identidad reservada; y, ello se señala como la incomunicación de S.J.C., lo que se atribuye a su progenitor y abuela paterna. Esto, en virtud de que en el escrito inicial, bajo protesta de decir verdad se informa, que el menor de identidad reservada de iniciales S.J.C., fue entregado voluntariamente por parte de su progenitora Viridiana Cruz Martínez, el pasado veintiuno de julio de dos mil veintitrés, con su abuela paterna en el domicilio ubicado en calle Mariano Escobedo, departamento C-D-I, planta alta, colonia Centro, municipio de Jilotepec, Estado de México. El veintisiete de julio siguiente, la referida Cruz Martínez, acudió a recoger a S.J.C., y fue informada por su progenitor que ese día, dicho menor no quería irse con ella, acordando que pasaría por él al día siguiente. Posteriormente, se refiere que en veintiocho de julio de la presente anualidad, Viridiana Cruz Martínez se presentó en el precitado domicilio, a fin de recoger al menor, refiriéndole la abuela paterna de S.J.C., que no se encontraba ahí, pues había salido con su padre; razón por la que llamó a la a Policía Municipal, autoridad que a su vez solicitó el apoyo de la Policía de Género, y mantuvieron una conversación con la abuela de S.J.C., quien les refirió que no tenía nada que hablar con nadie, por lo que los agentes de policía explicaron que no podían llevar a cabo actos sin una orden judicial. Circunstancias fácticas que fueron expresadas por el promovente bajo protesta de decir verdad. De lo narrado es evidente, que es inviable atribuir la incomunicación de S.J.C., a su progenitor y abuela paterna, pues bajo protesta de decir verdad se informa en la demanda, que no existe algún procedimiento jurisdiccional en el que se haya establecido en favor de quién debe recaer la guarda y custodia del menor, pues se entiende, sus progenitores no hacen vida en común, además de lo reseñado se advierte que voluntariamente fue entregado a su progenitor por habitualmente convivir alternadamente con ambos, por lo que es evidente que no se trata de un supuesto de incomunicación como pena inusitada y trascendental, que prohíbe el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, pues de lo narrado es evidente que el menor se encuentra bajo el resguardo de su progenitor; y, esa circunstancia no actualiza el supuesto de incomunicación, como lo sería el que estuviera retenido por una diversa autoridad sin que tuviera comunicación o convivencia con sus progenitores. En ese contexto, la problemática que pudiera presentar el que no se restituya a S.J.C., con su madre se traduce en un problemática evidentemente susceptible de analizarse en un procedimiento civil ordinario, o en su caso, por conducto de la denuncia correspondiente, pero no en esta vía constitucional, ni atribuyendo a sus familiares actos de incomunicación derivados de una convivencia alternada habitual. Así, lo anterior se traduce en que el promovente pretende que en esta vía constitucional se analice un conflicto entre particulares, que son integrantes de una familia; respecto de en resguardo de quien está un menor; por el hecho de aducir que su progenitor y abuela paterna realizan actos tendentes a su incomunicación, lo que no es posible dada las circunstancias de lo narrado bajo protesta de decir verdad. En consecuencia, es evidente que los actos reclamados no emanan de autoridades para efectos del juicio de amparo, pues la problemática planteada, acontece entre particulares respecto de los que hay una relación de coordinación; que además son progenitores y abuela del precitado menor. Por consiguiente, los actos que refiere el promovente, por su naturaleza, no constituyen actos de autoridad para efectos del juicio de amparo; y, se actualiza de manera manifiesta e indudable la referida causa de improcedencia del juicio de amparo. Apoya a lo anterior la tesis PC.III.L. J/5 L (10a), del contenido siguiente: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia citada, la regla general consistente en que en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no pueden realizarse análisis exhaustivos, porque sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y con las pruebas que se anexan, por lo que no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio constitucional; ahora bien, tal determinación no excluye la posibilidad de que existan casos de excepción a dicha regla general, como podrían ser aquellos en los que ya esté expresamente definido por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que una autoridad señalada como responsable no tiene ese carácter para efectos de la procedencia del juicio de amparo, cuando ello no se oponga a la legislación vigente, acorde con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, en virtud de que sería suficiente aplicar el criterio definido respecto de algún acto determinado, sin que se requiera mayor pronunciamiento para que en el auto inicial del juicio constitucional pueda desecharse la demanda por una causa notoria e indudable de improcedencia en términos del artículo 113 de la ley citada, lo que debe ser incuestionable y de obvia constatación, para lograr certidumbre de que el caso de improcedencia no podría llegar a modificarse con los elementos que aportaran las partes al procedimiento." En las relatadas circunstancias, lo que procede es desechar de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. DOMICILIO Ahora, toda vez que el promovente solicita que las notificaciones se le practiquen de manera electrónica, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, por lo que se comisiona a los actuarios adscritos a este juzgado a fin de que le practique la notificación de este auto, así como las subsecuentes, aún las de carácter personal, por dicho medio a través del usuario "Calixtinius", en el entendido, que le recae la obligación a la parte quejosa de ingresar al sistema electrónico todos los días y obtener la constancia de la consulta realizada al expediente digitalizado en el plazo que señala la norma respectiva, de conformidad a lo previsto en los artículos 3, 30 fracción II y 31, fracción III, todos de la Ley de Amparo. Ahora bien, en relación a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones las cuentas de correo electrónico, así como los números telefónicos que refiere en su escrito de demanda, dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad lo peticionado, toda vez que la ley de la materia no contempla tal supuesto. CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. En relación a la solicitud de que se le permita la consulta del expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa, vía internet a través del usuario "Calixtinius"; dígasele que se tiene por autorizada su solicitud, siempre y cuando se encuentren registrado en la página relativa al "sistema de consulta de expediente electrónico". Por tanto, se instruye a la Oficial Judicial "A" SISE adscrita a este juzgado, para que lleve a cabo el registro del usuario en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. AUTORIZADOS PARA OÍR NOTIFICACIONES En cuanto a las personas que menciona, se tienen por autorizadas en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo a las que en la fecha del dictado del presente acuerdo tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los tribunales de circuito y juzgados de distrito, atento a lo dispuesto en el titulo décimo del Acuerdo General del Pleno de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de octubre de dos mil seis; a las restantes, para el sólo efecto de oír notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que prevé el segundo párrafo del precepto legal antes citado. OPOSICIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES Cabe indicar que las partes tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V, y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo previsto en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, por lo que las partes deberán manifestarlo expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en el entendido que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se emitan se aplique sin supresión de datos, conforme a lo dispuesto en el numeral 21 de la última ley en cita. CAPTURA DE RESOLUCIÓN EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES Y ELABORACIÓN DE VERSIÓN PÚBLICA De conformidad con los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinara de doce de noviembre de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, captúrese el día de su publicación la presente resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva. Agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. En términos de lo que establecen los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, aprobado en sesión ordinaria de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, se instruye al coordinador de actuarios de este órgano jurisdiccional capture en la integración de expedientes en el SISE la fecha en que cada una de las partes de este juicio quedaron notificadas de la sentencia, para que quede a disposición del público en versión pública, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se instruye a la Analista Jurídico SISE, para que realice las gestiones necesarias a efecto de que se integre la versión pública de esta determinación al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En el entendido de que es obligación del secretario encargado de este asunto verificar que dicha publicación se haya efectuado de manera correcta. SUPRESIÓN DE DATOS PERSONALES De conformidad con los artículos 106, 108, 109, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 3, fracciones IX, X, XXVIII y XXX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se ordena suprimir en la versión pública los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. AUTORIZACIÓN DE FIRMA DE OFICIOS Se autoriza a los secretarios y actuarios adscritos a este juzgado federal a efecto de que firmen los oficios derivados del presente asunto. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluso el emplazamiento de las partes en el presente juicio de amparo; y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. Notifíquese: vía electrónica al promovente.

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