David Gálvez Hernández

Expediente 294/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 28 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
294/2022
Año
2022
Actuaciones
28
Última actuación
09/11/2023

Partes del expediente

  • David Gálvez Hernández
  • Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito

Actuaciones

Las 4 más recientes de 28.

  1. Incidental

    Uruapan, Michoacán, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, así como el estado de autos, y tomando en consideración que se ordenó el archivo definitivo en los autos del juicio de amparo de donde deriva el presente cuaderno incidental, se acuerda: Toda vez que en el expediente en que se actúa se evidencia que en resolución interlocutoria de dieciséis de agosto de dos mil veintidós, que por una parte se negó y por otra se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados. Consecuentemente, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación, se precisa que: El original del presente cuaderno es conservable, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17, fracción III, inciso b), del citado Acuerdo General, trascurrido el plazo de tres años ahí establecido, se transferirá al depósito documental respectivo. Y, respecto del duplicado de este incidente, es destruible, de conformidad con el numeral 19, fracción II, inciso a), del acuerdo aludido, por lo que, trascurrido el plazo de seis meses ahí indicado, deberá destruirse y remitirse el acta de baja documental que acredite dicha circunstancia a la Dirección General de Archivo y Documentación. Lo anterior, hágase constar en las carátulas respectivas, en términos de lo dispuesto por el primer párrafo del numeral 34 del citado acuerdo. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede de la que se advierte que no se interpuso recurso de revisión dentro del término de diez días que contempla el artículo 86 de la Ley de Amparo, en contra del auto de dieciocho de abril de dos mil veintitrés, que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, visto lo actuado dentro del presente sumario, del que se advierte que a la fecha se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo y en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se ordena el archivo definitivo de este juicio de amparo, como asunto totalmente concluido. Con la precisión de que el presente asunto: No es de relevancia documental, conforme a lo establecido en el artículo 15 del citado acuerdo. Es destruible, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 20 fracción II del citado Acuerdo General, razón por la que, trascurrido el plazo de tres años ahí establecido, deberá destruirse y remitirse el acta de baja documental que acredite dicha circunstancia a la Dirección General de Archivo y Documentación. Lo anterior, hágase constar en la carátula del presente expediente, en términos de lo dispuesto por el primer párrafo del numeral 34 del citado acuerdo. Acuérdese lo conducente en los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo en que se actúa. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro Electrónico correspondiente así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Uruapan, Michoacán, dieciocho de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos de los que se advierte que por auto de dos de marzo de dos mil veintitrés, se tuvo al Director de Asuntos Constitucionales y Legales de la Consejería Jurídica del Despacho del Gobernador del Estado de Michoacán, ofertando como pruebas de su parte, la documental consistente en copia certificada por notario público del acta destacada (y anexos que constituyen el soporte documental del acta) con certificación ********************, ante la fe pública del notario público titular número 29, en Uruapan, Michoacán de fecha catorce de julio de dos mil veintidós, en la que se desprende que derivado de lo ordenado en proveído de trece de julio de dos mil veintidós, pronunciado en el toca de apelación ******************** derivado del incidente que por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión, se restituyó al quejoso en el ejercicio y funciones de la notaria número seis con residencia en esta ciudad. Ahora bien, cabe destacar que el acto reclamado en el presente asunto es: "Reclamo de todas y cada una de ellas, según la evidente participación en grado de alcance, lo siguiente: "Mi cese como notario Público número ********************, con ejercicio y residencia en esta ciudad de Uruapan, Michoacán, el cierre y/o aseguramiento de mi notaria número ********************, que se encuentra ubicada en el ********************, derivado de la publicación en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán, de fecha 26 veintiséis de abril del año 2022 dos mil veintidós, y que se desprende del Acuerdo de fecha 20 veinte de Abril del año en curso, donde publican mi cese, también el Acta de Entrega de Documentación de la Notaría Pública Número 6 Seis en el Estado, a cargo del licenciado ********************, con ejercicio y residencia en el Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, de 27 veintisiete de Abril de 2022 de dos mil veintidós y del supuesto procedimiento que se siguió en mi contra, desconociendo su número del juicio Administrativo, ya que nunca fui llamado a él." (sic) Ahora bien, con apoyo en la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Actualización de una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia. Cabe señalar que el estudio de las causales de sobreseimiento, al ser de orden público, son de estudio preferente, por lo que es obligación del juez de amparo, que tan pronto tenga conocimiento de la existencia de alguna causal que haga improcedente el juicio de amparo, entrar a su estudio, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis I.7º.P.13 K, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, mayo de 2010, página 1947, cuyo rubro y texto dicen: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, último párrafo, 74, fracción III y 91, fracción III, de la Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin importar que las partes las aleguen o no y en cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de orden público y de estudio preferente, sin que para ello sea obstáculo que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son dos figuras distintas: el análisis oficioso de cuestiones de orden público y la suplencia de la queja. Lo anterior es así, toda vez que, se reitera, el primero de los preceptos, en el párrafo aludido, establece categóricamente que las causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo éste que, inclusive, está dirigido a los tribunales de segunda instancia de amparo, conforme al último numeral invocado que indica: "si consideran infundada la causa de improcedencia ..."; esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente, ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo específico, la promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho análisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligación que la citada ley, en su artículo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un tema distinto relativo al fondo del asunto." Sobreseimiento fuera de Audiencia Constitucional. Así, de párrafos que anteceden, se advierte que la autoridad responsable Director de Asuntos Constitucionales y Legales de la Consejería Jurídica del Despacho del Gobernador del Estado de Michoacán, en representación de la autoridad responsable Gobernador del Estado de Michoacán y Secretario de Gobierno del Estado, informaron con base en la documental consistente en la copia certificada por notario público del acta destacada (y anexos que constituyen el soporte documental del acta) con certificación ********************, ante la fe pública del notario público titular número 29, en Uruapan, Michoacán de fecha catorce de julio de dos mil veintidós, en la que consta lo siguiente: Que en cumplimiento a lo ordenado en auto de trece de julio de dos mil veintidós, pronunciado en el toca de apelación ******************** derivado del incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión, que promovió el quejoso en el juicio de amparo directo ********************, el notario público número veintinueve en el Estado, se constituyó en forma legal en el domicilio ubicado en ********************, específicamente en la Notaria Publica, número seis, en el Estado a cargo del licenciado ********************, en la cual mediante acta de fe de hechos y en cumplimiento al auto citado con antelación certificó que se restituyera y materializara la restitución del quejoso, en el ejercicio y funciones de la referida notaría, misma que sería aperturada para que realice sus funciones. Enseguida, hizo constar y dio fe de la ubicación del inmueble y procedió a retirar los sellos que limitaban el acceso al interior de la notaria, realizando la apertura de chapas y cerraduras, procediendo a su ingreso para iniciar con la entrega del inventario retirado en fecha de cese. Finalmente, la Directora del Notariado y Archivo General de Notarias en el Estado, y en representación del Gobernador y Secretario de Gobierno del Estado dejó sin efectos el acuerdo de fecha veinte de abril de dos mil veintidós, suscrito por sus representados en el cual se determinó el cese del notario. Atento a lo anterior; se advierte que el acto reclamado ha cesado, por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido los actos reclamados que originaron el presente juicio de amparo, y con ello la afectación al citado quejoso. Por tanto, en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia de cesación de efectos del acto reclamado, que ocurre cuando la autoridad responsable deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación u omisión; lo que implica, no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos, lo que puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia establecida en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad del acto ya que no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, al haberse restituido al quejoso en el goce de su derecho humano violado establecido para su protección. De ahí que, resulta dable concluir que han cesado los efectos del acto reclamado, pues la materia del juicio de amparo, era la precisamente el cese como notario Público número seis derivado del acuerdo de veinte de abril de dos mil veintidós, publicado en el Diario Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán, derivado del procedimiento seguido en su contra, habida cuenta que, como ya se dijo, en cumplimiento al auto de trece de julio de dos mil veintidós, pronunciado en el toca de apelación ******************** derivado del incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión, que promovió el quejoso en el juicio de amparo directo ********************, se restituyó al notario en el ejercicio de sus funciones de la referida notaría y de dejó sin efectos el acuerdo de veinte de abril del dos mil veintidós; así, pues la causal de improcedencia citada se justifica ante la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos ni dejó huella en la esfera jurídica de la parte quejosa. Cobra aplicación al respecto, la jurisprudencia 2ª./J.59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Así como, la jurisprudencia número P.CL/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Y la jurisprudencia número 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo epígrafe es: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". A mayor abundamiento, la razón que justifica la improcedencia del juicio de amparo por la cesación de efectos del acto reclamado, no es la simple destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo efectos en la esfera jurídica de la parte quejosa, no los surtirá más y no dejó huella que amerite el otorgamiento del amparo para ser borrada. En esa tesitura, el sobreseimiento en el juicio constitucional impide realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por la peticionaria del amparo, para demostrar la inconstitucionalidad de los actos reclamados, que en esta vía combate, de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo antes expuesto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la ley en cita, lo procedente es decretar fuera de audiencia el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Encuentra sustento lo anterior, en la jurisprudencia 1a./J. 3/99, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.- De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito.". Por lo expuesto, se deja insubsistente la audiencia constitucional fijada para el día de hoy a las diez horas con veinte minutos del dieciocho de abril de dos mil veintitrés. Háganse las capturas correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Uruapan, Michoacán, veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. Visto, el estados de autos que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que el término de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa se impongan del contenido de las pruebas rendido por el Director de Asuntos Constitucionales y Legales de la Consejería Jurídica del Despacho del Gobernador del Estado de Michoacán, por auto de dos de marzo del año en curso, se encuentra transcurriendo. Por tanto, toda vez que en términos del segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, corresponde otorgar a las partes el término de ocho días a fin de que se imponga de autos, se difiere la audiencia constitucional fijada el día de hoy, y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIECIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la misma. NOTIFÍQUESE.

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