David Fuentes Suriano
Expediente 376/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 40 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 376/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 40
- Última actuación
- 30/09/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- David Fuentes Suriano
- Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 40.
- Principal
Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales procedentes, el oficio signado por el Secretario de Acuerdos de la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del oficio 7072/2020, por el cual se le notificó que la sentencia dictada en este asunto quedó firme, y se le remitieron los autos originales de su toca 1250/2017-A. Cúmplase.
- Principal
Téngase por recibido el oficio firmado electrónicamente por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, mediante el cual informa que se admitió el recurso de revisión interpuesto por Jorge Alberto Alor Nazario, autorizado del quejoso David Fuentes Suriano, en contra del auto de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, quedando radicado tal medio de impugnación bajo el número 369/2019 de su índice. Atento a lo anterior, estese en espera de que se reciba en este juzgado la determinación que al respecto emita el referido órgano colegiado, a fin de estar en aptitud de proveer lo conducente.
- Principal
Téngase por recibo el escrito firmado por Jorge Alberto Alor Nazario, autorizado del quejoso David Fuentes Suriano, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra del auto de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, dictado en el presente asunto, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 81, fracción I, inciso d), 86, 88 y 89, de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el medio de impugnación de referencia. Por tanto, con copia de las constancias necesarias, fórmese cuaderno de antecedentes, agréguese a éste una copia del escrito de cuenta; en su oportunidad, una vez que se encuentren debidamente recabadas las constancias de notificación relativas al citado medio de impugnación, remítanse los autos originales al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, en Turno, con residencia en Boca del Río, Veracruz, por conducto de su Oficina de Correspondencia Común, al que deberá adjuntarse el escrito original de agravios, y la copia correspondiente para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a dicho órgano colegiado, así como el tomo de prueba con el que se cuenta, para la substanciación del recurso en comento.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que el término de veinte días hábiles a que se refiere el artículo 27 fracción III, inciso b), párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa compareciera ante este órgano jurisdiccional a recoger los edictos, entregarlos para su publicación y acreditar dicha circunstancia, a efecto de llevar a cabo el emplazamiento de la tercera interesada Julia Hernández Medina, transcurrió del tres al treinta de octubre del año en curso, al haber sido notificado por lista de acuerdos el uno de octubre de dos mil diecinueve, del auto de veinticuatro de septiembre de la presente anualidad, sin que lo hubiera hecho. En tales condiciones, el suscrito estima que opera el sobreseimiento del juicio, en razón a lo establecido en el artículo 63, fracción II, en relación con el artículo 27 fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, que en su orden disponen: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta Ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó;." Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: [.] III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo." De los preceptos legales transcritos se desprende que la autoridad que conozca del juicio de amparo se encuentra obligada a realizar de forma personal el emplazamiento a la parte tercera interesada y en caso de que no obrar en autos su domicilio, se dictarán las medidas necesarias a fin de que se investigue su domicilio y si de dicha investigación no arroja ninguna información, dicho emplazamiento se hará mediante edictos a costa de la parte quejosa, quien debe recogerlos y realizar el trámite necesario para su debida publicación, precisándose que si el impetrante de amparo no recoge los aludidos edictos en un plazo de veinte días siguientes en el que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo. En este contexto, una vez agotadas las medidas empleadas por este órgano, a fin de lograr el emplazamiento de la tercera interesada Julia Hernández Medina, este juzgado por acuerdo de veinticuatro de septiembre de la presente anualidad, requirió a la parte quejosa para que dentro del plazo de veinte días hábiles, contados a partir de la fecha en que se encontrara notificado de dicho acuerdo, compareciera a este juzgado, con el objeto de que le fuera entregados los edictos y oficios correspondientes para su oportuna publicación, apercibiéndolo que de no cumplir con lo requerido en el plazo indicado, podría conducir al sobreseimiento del presente juicio. Ahora bien, el aludido proveído se notificó por lista de acuerdos al promovente el uno de octubre del año que cursa, por lo que dicha notificación surtió sus efectos el dos del mismo mes y año; por tanto, el plazo transcurrió del tres al treinta de octubre del año en curso; sin que recogiera los edictos y; por ende, no haya acreditó la publicación de los mismos o en su caso, realizar alguna manifestación de imposibilidad, lo cual impide al suscrito pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado y, por lo consiguiente, se torna improcedente el respectivo juicio de amparo, pues constitucionalmente no es válido que un tribunal resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a juicio a la persona cuya esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución. En esta tesitura, debe decirse que la parte quejosa ha puesto de manifiesto su desinterés en la prosecución del presente juicio de amparo; de ahí, que ha transcurrido el plazo concedido a la parte quejosa, sin que hubiera acreditado la publicación de los edictos ordenados, no obstante de estar legalmente notificado de ello, provocando con su silencio que se paralice a su voluntad el juicio de amparo en que se actúa, además de que también provoca que se retarde la pronta y expedita administración de justicia. Así las cosas, conforme a los preceptos legales transcritos, se estima que cuando la parte quejosa en un juicio de amparo no acredita la publicación de los edictos que en su caso se ordenen para el emplazamiento de la parte tercera interesada, ni demuestre su pago o contratación, incumple con un presupuesto procesal, que se rige en formalidad esencial del procedimiento, circunstancia que provoca que el órgano jurisdiccional no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por lo que, se actualiza la causa de sobreseimiento en cita, pues sin la publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de amparo al arbitrio de la quejosa, lo que contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, sin que ello sea atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio promovente de amparo, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso de la quejosa. Asimismo, es necesario precisar que en el presente juicio, tampoco quedó acreditado que el impetrante de amparo sea una persona de escasos recursos económicos como lo refiere el artículo 27, fracción III, inciso c) de la Ley de Amparo; por tanto, no es procedente establecer que no cuenta con la capacidad suficiente para sufragar el pago de la publicación de los edictos con efectos de emplazamiento a la tercera interesada, como enseguida se expone. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la modificación de jurisprudencia 16/2010, emitió el criterio de rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo". Cabe hacer mención que la jurisprudencia en cita, si bien se rige con la Ley de Amparo abrogada, puede ser aplicada al caso concreto, al no oponerse a lo previsto en la Ley de Amparo vigente, en términos del artículo sexto transitorio de la misma. Conforme al citado criterio jurisprudencial, el Máximo Tribunal de la Nación ha considerado casos excepcionales por virtud de los cuales se hace menester que corra a cargo del Consejo de la Judicatura Federal la publicación de edictos para integrar la litis de amparo, pues de lo contrario se impediría ejercitar el derecho de acceso a la justicia que tutela el artículo 17 constitucional, ya que la consecuencia de la omisión de publicar edictos conlleva en gran medida al sobreseimiento del juicio de amparo. Así, de la reproducción previa se pueden apreciar dos elementos básicos para que el juzgador pueda, en determinado momento, estimar que la parte quejosa no puede solventar el gasto para publicar los edictos y emplazar a la tercera interesada, de tal suerte que sea el Consejo de la Judicatura Federal quien se encargue de cubrirlo. Dichos elementos son los siguientes: I. La manifestación de la parte quejosa de estar imposibilitado para correr con un gasto de esa naturaleza, y; II. Que en los autos de juicio existan elementos suficientes que corroboren su dicho, es decir, demuestren que no cuenta con capacidad económica para solventar el consumo. Ello, invariablemente se traduce en que la parte quejosa no tenga posibilidad económica suficiente para hacer frente al gasto de la publicación de los edictos en cuestión, por cualquiera de las circunstancias siguientes: Lo precario de sus ingresos. Las particularidades de su condición y capacidad económica, como serían estar desempleado o tener alguna discapacidad que le impida laborar o condicione sus percepciones. c) El grado de extrema pobreza en que se viva. Así, es indispensable que dentro de los autos del juicio se revele en forma contundente la imposibilidad del promovente del amparo de sufragar el gasto de la publicación de los edictos; esto es, no basta con que realice la solicitud en ese sentido, sino que debe evidenciarse en autos la falta de capacidad económica para solventar el gasto; de tal manera que al no haber quedado comprobado que el quejoso carece de los medios económicos para hacer frente a las cargas procesales surgidas por la instauración del juicio, es inconcuso que en el presente caso, no existe obligación de realizar los edictos a costa del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior, encuentra apoyo en la jurisprudencia sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del tenor: "EDICTOS. SU PAGO A CARGO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, POR FALTA DE CAPACIDAD ECONÓMICA DE LA PARTE QUEJOSA, SE ENCUENTRA SUJETO A PRUEBA. Si el quejoso manifiesta la imposibilidad de pagar la publicidad de los edictos, ordenada por la Sala responsable luego de agotarse el procedimiento de investigación del domicilio del tercero perjudicado y, por ende, solicita que tal gasto sea cubierto por el Consejo de la Judicatura, tal circunstancia se encuentra sujeta a prueba, esto es, deben satisfacerse las siguientes exigencias, a saber: a) La manifestación del quejoso de la imposibilidad de sufragar el gasto y, b) la existencia en autos, de indicios suficientes que permitan apreciar la falta de capacidad económica para solventar el gasto de la publicación de los edictos. En cuanto al segundo de los presupuestos, se afirma que se encuentra sujeta a prueba la petición del impetrante, ya que es indispensable que dentro de los autos del juicio natural se revele en forma contundente la imposibilidad del promovente del amparo de sufragar el gasto de la publicación de los edictos; esto es, no basta con que el impetrante de garantías realice la solicitud en ese sentido, sino que debe evidenciarse en autos la falta de capacidad económica para solventar el gasto que representa la publicación de los edictos, de tal manera que si no queda comprobado que el quejoso carece de los medios económicos para hacer frente a las cargas procesales surgidas por la instauración del juicio, es inconcuso que deberá negarse la petición, pues únicamente debe acordarse favorablemente cuando se advierta que no cuenta con los servicios de un profesional privado, esto es, que quien lo patrocina sean abogados pertenecientes a la Defensoría Pública o bien que en caso de defender un bien, éste sea resultado de una adquisición a título gratuito. Se afirma lo anterior, en virtud de que tratándose de juicios que involucren prestaciones en dinero, tal como acontece en los ordinarios civiles de pago de pesos o que involucren la defensa de algún bien inmueble y los ordinarios y ejecutivos mercantiles, en los que por su propia naturaleza se encuentran involucradas situaciones que presumen solvencia económica de las partes, al menos para hacer frente a las obligaciones y cargas derivadas de los propios litigios, entonces se entiende que los involucrados tienen capacidad económica, pues no sería creíble alegar la falta de ésta, cuando de los derechos litigiosos se desprende la existencia de algún bien que justifique el actuar en el proceso de la parte que se trate. Cabe precisar que lo anterior no cobra aplicación en tratándose de asuntos familiares en los que necesariamente tendrían que ponderarse las particularidades del caso, ya que por su propia naturaleza en la mayoría de los casos no se encuentran vinculadas cuestiones pecuniarias, sino de otra índole y, por ello, es que resulta necesario particularizar cada caso en concreto para determinar la idoneidad del pago de edictos, en juicios de esta naturaleza." En las relatadas condiciones, como se adelantó, el aquí quejoso no comprobó ante este órgano jurisdiccional carecer de recursos económicos para que se ordenará la publicación de los aludidos edictos a costa del Consejo de la Judicatura Federal, ni compareció a este juzgado a recoger los mismos para realizar su publicación; en consecuencia, al actualizarse los presupuestos previstos en el artículo 63, fracción II, en relación con el artículo 27 fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo; se impone decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En mérito de lo anteriormente expuesto, se deja sin efecto la fecha y hora de la audiencia constitucional, fijada para las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL ONCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE.
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