DAVID FRANCISCO GÓMEZ VÁZQUEZ y Otros.
Expediente 297/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 297/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 15/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- DAVID FRANCISCO GÓMEZ VÁZQUEZ y Otros.
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los presentes autos el oficio suscrito por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por el cual remite el testimonio de la ejecutoria pronunciada el treinta de septiembre de dos mil veintiuno, dictada dentro del recurso de queja R-46/2021, el expediente de amparo número 297/2021, de la cual se advierte que dicho Tribunal Colegiado resolvió declarar infundado el recurso de queja. Acúsese recibo al tribunal oficiante. Glósese a los presentes autos, el expedientillo que se formó con motivo del recurso planteado, únicamente por lo que hace a las constancias que obran en original; lo anterior a fin de hacer práctico el manejo del juicio de amparo en que se actúa Anótese lo procedente en el libro de gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL. Ésta se hace en términos del acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que los artículos que invocan corresponden a ese cuerpo normativo. En virtud de que la información de este asunto no se ha determinado como reservada en términos del artículo 19, con fundamento en los diversos 6, fracción I, 12 y 14, este órgano jurisdiccional califica: Carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15. Es destruible de conformidad con el diverso 21, inciso d), porque la demanda se desechó; por ende, se conservará durante un plazo de tres años y se destruirá dentro de los treinta días siguientes al vencimiento de éste, sin necesidad de requerir al quejoso que acuda a recuperar documentos originales dentro de los noventa días siguientes a la notificación de este acuerdo porque no los acompañó. CARÁTULAS. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente de conformidad con lo establecido en el artículo 35 y verifíquese que el expediente electrónico coincida en su totalidad como el impreso.
- Principal
Agréguese a sus autos el oficio de la Secretaria de Acuerdos de Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, mediante el cual informa que admite a trámite la queja interpuesta en el presente asunto, misma que queda registrada con el número Q-46/2021 de su índice.
- Principal
INTERPONE QUEJA Agréguese a los presentes autos el escrito de David Francisco Gómez Vázquez, José del Carmen Aguilar Torrez y Alejandro Téllez Cordero quejoso y autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo del quejoso, por el cual interpone recurso de queja en contra del auto de diecinueve de abril de dos mil veintiuno; en conformidad con el artículo 97 fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo vigente; en tales condiciones, con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, ríndase informe justificado en el sentido de que es cierto el acto reclamado; toda vez, que el suscrito determinó en el auto que se impugna tener por no presentada la demanda de amparo interpuesta por los aquí quejosos y que pretendió dar cumplimiento el autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo de los mismos. Ahora bien, virtud de que en el caso se trata de un auto en el que se tuvo por no interpuesta la demanda de amparo, no es necesario hacer requerimiento alguno respecto de señalamiento de las constancias correspondientes; en consecuencia, se ordena remitir al Tribunal Colegiado en Materia Penal en Turno del Sexto Circuito, el informe justificado respectivo al cual deberán anexarse el recurso y los autos originales del presente expediente de amparo. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente.
- Principal
Agréguense a los presentes autos los escritos de Alejandro Téllez Cordero, autorizado de los quejosos David Francisco Gómez Vázquez y José del Carmen Aguilar Torrez, con el cúmulo de facultades previstas en el artículo 12 de la Ley de Amparo; los cuales fueron recibidos en forma electrónica en el Módulo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la correspondiente firma electrónica, lo que se corrobora con lo asentado en la evidencia criptográfica - transacción; por ende, el mismo tiene valor probatorio en términos de los artículos 3 y 5 del Acuerdo General 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada por el Poder Judicial Federal y al expediente electrónico, así como lo contemplado en el considerando séptimo y numerales 1, 2, 3, 7, 58 y 107 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil catorce. SE DESECHA SU PRETENCIÓN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA PREVENCIÓN Visto el contenido de los ocursos se advierte que Alejandro Téllez Cordero autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo de los quejosos, pretende dar cumplimiento a la prevención formulada en al acuerdo de siete de abril pasado, manifestando bajo protesta de decir verdad que "desconocemos el nombre y domicilio, correcto y actual del tercero interesado o tercero perjudicado", sin que haya lugar a tenerlo por satisfecho. Al respecto, es necesario señalar que en uno de los ocursos se indica que es suscrito por los quejosos David Francisco Gómez Vázquez y José del Carmen Aguilar Torrez; sin embargo, la firma electrónica que se contiene corresponde al autorizado Alejandro Téllez Cordero, por lo que al ser recibido vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), sin la correspondiente firma electrónica de los peticionarios directos, debe atribuirse su contenido a la persona titular de la firma electrónica que aparece en el mismo, en virtud de que constituye el medio a través del cual se identifica al autor de cualquier documento presentado en vía electrónica. En tales condiciones, ya que los dos escritos fueron firmados electrónicamente por Alejandro Téllez Cordero autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo de los quejosos, es improcedente tener por cumplido el requerimiento contenido en el acuerdo de siete de abril de dos mil veintiuno, en razón de que las facultades previstas en el artículo 12 de la Ley de Amparo, no incluyen la posibilidad de desahogar prevenciones dirigidas directamente a los quejosos; ya que si bien en términos del numeral invocado, el autorizado con capacidad legal cuenta con facultades para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, también lo es que dicha prerrogativa no es absoluta, sino que está limitada por aquellos supuestos en los que se exige la intervención personalísima de quien solicita la protección constitucional como, por ejemplo, aclarar la demanda de amparo o desahogar la prevención que se formula en el auto inicial, si ello implica manifestar bajo protesta de decir verdad los antecedentes del acto reclamado o hechos personalísimos o precisar los actos reclamados o señalar autoridades responsables. Además, el artículo 108, fracciones I y II, de la Ley de Amparo establecen que la demanda deberá formularse por escrito, en la que se expresará el nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda, lo que genera certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención contenida en el acuerdo dictado el siete de abril de dos mil veintiuno, consistente en manifestar el nombre y domicilio del tercero interesado, y si la parte quejosa no los conoce, manifestarlo así, bajo protesta de decir verdad, pues al constituir tal señalamiento o aclaración, un acto de carácter personalísimo que sólo pueden realizar los quejosos, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado sustituyera la voluntad de los quejosos equiparando la autorización prevista en el artículo 12 de la Ley de Amparo al de un mandato judicial, lo que es inadmisible, pues el citado numeral no tiene ese alcance. Por ello, la limitante para que el autorizado en términos amplios haga valer determinadas acciones -a pesar de que estén orientadas a la defensa de su autorizante-, está justificada, pues sólo el agraviado directo puede manifestar la existencia o no de la parte tercera interesada, bajo protesta de decir verdad. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía al caso el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, inserto en la jurisprudencia 1a./J. 50/2014 (10a.), Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, página 210, de rubro y texto siguientes: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes". También es aplicable por analogía el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la jurisprudencia 1a./J. 37/2011, visible en la página 68 del Tomo XXXIII, Junio de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro y texto siguiente: "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA. Conforme a ese precepto legal, el agraviado o el tercero perjudicado pueden autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones en su nombre, quien podrá interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o su diferimiento, pedir la emisión de sentencia para evitar la caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y realizar los actos necesarios para defender los derechos del autorizante. En las materias civil, mercantil o administrativa, la persona autorizada conforme a la primera parte de ese párrafo, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado. Sin embargo, la disposición no faculta al autorizado a realizar cualquier acto en nombre del quejoso o de su representante, ya que su actuación depende de las reglas regulatorias del juicio de garantías, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107 de la Constitución Federal y 4o. de la Ley de Amparo. En esas condiciones, si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, excepción hecha de los supuestos normativos establecidos en los artículos 6o., 15, 17 y 123, fracción II, de la Ley de Amparo; se pone en evidencia que su ampliación también debe contar con la firma autógrafa del quejoso, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de garantías, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la litis constitucional, como el señalamiento de nuevas autoridades responsables y actos reclamados, así como la formulación de conceptos de violación. Lo anterior se justifica además, en que la ampliación de demanda constituye el ejercicio de una acción nueva, la cual origina la rendición de informes justificados o previos, y que se integra a la controversia sometida a consideración del órgano jurisdiccional". De tal manera, como se aprecia de la certificación de cuenta que el plazo de cinco días concedido a la parte quejosa para dar cumplimiento a la prevención formulada en auto de siete de abril del año en cuso ha transcurrido, en virtud de que dicho proveído, se notificó por lista y personalmente en su lugar de reclusión a los quejosos, el ocho de abril siguiente, surtiendo efectos el nueve, por lo que el plazo transcurrió del día doce al dieciséis de abril del año en curso, mientras que las promociones fueron recibidas el dieciséis de abril vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes a las veintitrés horas con veinticinco minutos y veintitrés horas con cuarenta y tres minutos, respectivamente. Es de advertirse que este Juzgado Federal se encuentra obligado a requerir a los impetrantes de amparo en caso de que la formulación de la prevención se advierta una irregularidad a fin de que estén en aptitud de subsanar la misma, dentro del plazo otorgado (cinco días); sin embargo, los escritos por los que el autorizado pretendió dar cumplimiento a la prevención fueron presentados el dieciséis de abril de dos mil veintiuno, es decir, el último día del plazo otorgado para dar cumplimiento, por lo que al haberse agotado el mismo, no es posible otorgar un mayor plazo al señalado. En tales condiciones, al apreciarse que ha transcurrido el plazo que se otorgó a la parte quejosa para cumplir con la prevención formulada por auto de siete de abril de dos mil veintiuno, y toda vez que la irregularidad prevista en el artículo 108, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, no fue desahogada de manera correcta por los aquí quejoso directos, es decir, no manifestaron su voluntad a través de un escrito con firma autógrafa original o firma criptográfica, sino que se pretendió desahogar la misma a través de su autorizado Alejandro Téllez Cordero, con el cúmulo de facultades previstas en el artículo 12 de la Ley de Amparo; se hace efectivo el apercibimiento con el que se le previno en dicho auto y, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, SE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LOS QUEJOSOS EN SU LUGAR DE RECLUSIÓN.
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