David Fosil Sánchez
Expediente 1810/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 7 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1810/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 03/10/2016
Partes del expediente
- David Fosil Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; tres de octubre de dos mil dieciséis. Con apoyo en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estad, con sede en esta ciudad; mediante el cual acusa recibo del diverso 13681/2016, de veintiséis de septiembre del año en curso, con el que se devolvió copia certificada del expediente laboral ******************** (en un tomo), de su registro, que remitió en apoyo a su informe con justificación. Devuélvase al archivo este expediente.
- Principal
Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, con fundamento en los artículos 86, de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la citada Ley, se declara que ha causado estado el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, considerando que la parte quejosa no recurrió dentro del término legal, el auto que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído fuera de audiencia y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. 3. Devuélvase a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado , con sede en esta ciudad, las copias certificadas del expediente J/O/1464/2012 (un tomo), que remitió en apoyo a su informe justificado.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante oficios registrados con los folios 10112, 13261 y 13840 (fojas 40, 51 y 62-72), la autoridad responsable Primera Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, residente en esta ciudad, a través del Secretario en Funciones de Magistrado, manifestó haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Ahora bien, tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de los procedimientos de amparo es de orden público, este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a determinar si tal ejecutoria está cumplimentada o no, aun cuando las partes no hayan desahogado la vista ordenada sobre el particular, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Apoya la anterior determinación, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, tomo XI-marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, cuya sinopsis es: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). Igualmente resulta aplicable, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la tesis IX.1o.6 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 883, tomo III-marzo de 1996, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, que dice: AMPARO, EJECUTORIAS DE. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER INMEDIATO. En la demanda de amparo la parte quejosa señaló como autoridad responsable a Primera Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, residente en esta ciudad, de quien reclamó lo siguiente: "[.] IV. ACTO RECLAMADO: La emisión de la resolución interlocutoria de fecha 03 de febrero de 2016 en el juicio laboral número 862/D/2008 [.]". Ahora bien, mediante resolución de uno de junio de dos mil dieciséis, pronunciada por el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Décima Región, residente en Saltillo, Coahuila, la cual causó ejecutoria el veintinueve del citado mes y año, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión. EFECTO DE LA SENTENCIA AMPARADORA Los efectos de la concesión de amparo fueron precisados en la resolución en comento, quedando de la siguiente forma: "[.] para el efecto de que la Sala responsable deje insubsistente la resolución reclamada, y solicite al municipio los tabuladores de sueldos y salarios del referido municipio, correspondientes a los años de cuyos incrementos salariales debe resolver, hecho lo cual, resuelva el incidente de liquidación [.]. ACTO DE LA AUTORIDAD EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO Por oficios registrados con los folios 10112, 13261 y 13840 (fojas 40, 51 y 62-72), la autoridad responsable Primera Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, residente en esta ciudad, a través del Secretario en Funciones de Magistrado, informó que procedió en términos de la ejecutoria de amparo, lo que acreditó con el oficio TTB/1399/PS/SA/2016 e interlocutoria de dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, dictada en los autos del expediente laboral 862/D/2008, de su registro; documentales que tienen pleno valor probatorio en términos de lo preceptuado en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. ANÁLISIS EVALUATIVO En efecto, la autoridad responsable Primera Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, realizó lo siguiente: a) Por acuerdo de uno de julio de dos mil dieciséis, emitido en los autos del expediente laboral 862/D/2008, de su índice; dejó insubsistente la resolución de tres de febrero de dos mil dieciséis; b) En esa data ordenó requerir al Ayuntamiento Municipal de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas -parte demandada-, remitiera a dicha sala los tabuladores de sueldos y salarios de los servidores públicos de dicho ayuntamiento del periodo comprendido del dieciséis de febrero de dos mil ocho, al seis de abril de dos mil quince, en particular en lo que hace a la categoría de Coordinadora Comunitaria de Salud, de departamento de Casa de Salud; c) Por acuerdo de diez de agosto de dos mil dieciséis, emitido en el expediente mencionado en el inciso que antecede, al no dar cumplimiento el ayuntamiento demandado -aquí quejoso-, al requerimiento hecho por acuerdo de uno de julio del año en curso, se hizo efectivo el apercibimiento allí decretado y ordenó quedara sujeto a lo que dicho tribunal resolviera con base a los aumentos porcentuales aprobados por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, de conformidad con el artículo 95 de la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas (foja 51); y, d) Mediante resolución de dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, dictó resolución interlocutoria respecto a la planilla de liquidación presentada por la parte actora en el juicio de origen, lo anterior, tomando como base los aumentos porcentuales aprobados por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, de conformidad con el artículo 95 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Chiapas. De ahí que al haber dejado insubsistente la autoridad responsable Primera Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, residente en esta ciudad, la resolución del tres de febrero de dos mil dieciséis, emitida en el expediente laboral 862/D/2008, de su índice, ordenando requerir al Ayuntamiento Municipal de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas -parte demandada-, remitiera a dicha sala los tabuladores de sueldos y salarios de los servidores públicos de dicho ayuntamiento del periodo comprendido del dieciséis de febrero de dos mil ocho, al seis de abril de dos mil quince, en particular en lo que hace a la categoría de Coordinadora Comunitaria de Salud, de departamento de Casa de Salud, sin que lo hubiera hecho (foja 51) y, dictado resolución interlocutoria de dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, respecto a la planilla de liquidación presentada por la parte actora en el juicio de origen, tomando como base los aumentos porcentuales aprobados por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, de conformidad con el artículo 95 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Chiapas, se afirma que la violación cometida en perjuicio del accionante de amparo quedó subsanada. Por lo que, en las relatadas circunstancias y una vez analizada la ejecutoria de mérito, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DICTADA EN EL PRESENTE ASUNTO, sin exceso ni defecto, pues es inconcuso que la autoridad responsable, acató el núcleo de la ejecutoria. VISTA A LAS PARTES Se da vista a las partes para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo.
- Principal
Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el oficio del 1. Presidente y Secretaria Auxiliar de Amparos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, por el que en cumplimiento a lo ordenado en proveído de veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, remite copia certificada del expediente J/O/1464/2012, de su índice. Documental a la que se le concede valor probatorio pleno, en términos de lo que establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2. Dado lo voluminoso de las constancias remitidas por la autoridad oficiante, déjense en la Secretaría de este Juzgado, en donde las partes pueden enterarse de su contenido y para su mejor manejo y estudio, respetando folios, rúbricas y sellos de la autoridad de origen. Ahora, del escrito inicial de demanda se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado textualmente el siguiente: ACTO RECLAMADO: En ese contexto, se toma en cuenta el contenido de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.) El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional, respecto de un acto que ya no afecta a la peticionaria de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos de dicho acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención, no es sólo la paralización del acto de autoridad, además es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del tomo IX-Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, del rubro y texto siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De lo expuesto se desprende que, para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de cuatro extremos, a saber: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Por otro lado, resulta indispensable acudir al contenido del artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los diversos 103 y 107 de la Constitución General de la República, que a la letra señala: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: . II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Del precepto transcrito se obtiene que los efectos que genera la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión, tratándose de actos de carácter omisivo, es obligar a la autoridad responsable a respetar la prerrogativa de que se trate y exigir de la misma su cumplimiento. Esto es, tratándose de actos omisivos de autoridades responsables, se entiende que han dejado de surtir sus efectos una vez que la autoridad lleva a cabo el acto que destruye la violación al derecho reconocido por la Constitución General. En la especie, la quejosa se duele de la omisión por parte de la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, de admitir las pruebas ofrecidas en el juicio laboral J/O/1464/2012. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que el diecisiete de agosto del año en curso (fojas 142 a 145 del tomo de pruebas), dictó auto en donde proveyó respecto a las pruebas ofrecidas por las partes en la contienda laboral; es decir, en fecha posterior a la presentación de la demanda, la Junta responsable subsanó la dilación procesal que se le reclamaba. En ese sentido, deviene inconcuso que los efectos del acto reclamado consistente en la omisión por parte de la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, de proveer respecto a las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio de origen, ha cesado en sus efectos, quedado insubsistente en forma total e incondicional el citado acto tildado de inconstitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí ninguna huella. Cobra aplicación, por identidad jurídica, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro y texto: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. Luego, al haberse acreditado que cesaron los efectos del acto que por esta vía se reclamó, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que por su aplicación relacionada con la fracción V del numeral 63 del mismo ordenamiento, obliga a SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA. Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con doce minutos del seis de septiembre de dos mil dieciséis.
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