David Flores Sánchez
Expediente 199/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 8 actuaciones registradas, la última del 23 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 199/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 23/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- David Flores Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el quejoso no interpuso recurso de queja en contra del auto de tres de abril de dos mil diecinueve, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que el quejoso omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
Vista la ratificación de firma que antecede, se advierte que el quejoso **********, cumplió con el requerimiento que se le efectuó en providencia de uno de abril de dos mil dieciocho, consistente en ratificar el contenido y firma del escrito presentado el veintiocho de marzo del año en curso, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, se acuerda: En relación al escrito de marras, de conformidad en el artículo 114 de la Ley de Amparo, téngase al quejoso cumpliendo con los requerimientos que se le hicieron en proveídos de trece y veinticinco de marzo del año en curso, por lo que manifiesta bajo protesta de decir verdad que: La relación que tiene con el **********, emana de una relación contractual que derivó de la firma del contrato registrado bajo el número **********, con el cual paso a ser socio y aseguro sus cosechas por la cantidad de $260,147.55 (doscientos sesenta mil ciento cuarenta y siete pesos 55/100 m.n.). Como antecedentes de la relación contractual con el **********, manifestó: Que el once de junio de dos mil dieciocho se presentó ante dicha aseguradora con la finalidad de proteger su cosecha, por lo que después de mostrarles su interés llenaron algunos formatos y firmaron el contrato. Que una de sus cosechas aseguradas sufrió un siniestro por lo que la aseguradora le designó a una persona para que supervisara y atendiera su siniestro. Que al no estar conforme con lo que le pagarían la aseguradora por la afectación de su cosecha, el veintiocho de enero de dos mil diecinueve acudió a las oficinas del **********, solicitando por escrito el pago del daño de su cosecha por la cantidad contratada en el seguro, escrito que no le fue recibido. Respecto a la personalidad jurídica que tiene el **********, manifestó que se trata de una Sociedad Cooperativa, que recibe apoyo del sub ramo inversión/tradicional en el cual el Gobierno Federal aporta una parte al programa agropecuario, y que se encuentra ubicada en **********, número **********, de la zona ********** del municipio de Apaseo el Alto, Guanajuato, con régimen fiscal ********** de personas morales con fines no lucrativos, y con Registro Federal de Contribuyentes **********. Ahora bien, a efecto de proveer lo conducente respecto de la demanda de cuenta, es importante transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo antes citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, se estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la diversa fracción II, del artículo 5, de la legislación en comento, dispositivos que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: "(.)" "II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." "(.)" De la interpretación de tales numerales se deduce que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclaman actos que no provengan de autoridades que puedan considerarse como responsables para los efectos del juicio de amparo. En el caso, el quejoso señala como acto reclamado la omisión por parte del **********, de recibir y dar contestación a su escrito de solicitud de pago por daño en su cosecha por la cantidad de $260,147.55 (doscientos sesenta mil ciento cuarenta y siete pesos 55/100 m.n.), contratada bajo el número **********, que intentó presentar el veintiocho de enero del dos mil diecinueve. Es decir el amparo se promueve contra actos de particulares, bajo la consideración de que éstos realizaron actos equivalentes a los de autoridad, que se estiman violatorios del derecho de petición consagrado en el artículo 8 Constitucional. Al respecto, se estima que resulta inexacta la apreciación del quejoso. Tradicionalmente, para identificar los actos de autoridad, se ha considerado que deben presentar las siguientes notas distintivas: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Ahora bien, cabe precisar que el acto reclamado, en general, consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución, ambas) o negativo (abstención u omisión) que implique una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituya un acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu) imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. De lo anterior se desprende, que el acto de autoridad reclamado debe de ser un hecho voluntario, no debido al azar, rasgo distintivo entre aquél y un acontecimiento cualquiera, cuya realización esté encaminada a la obtención de un fin, es decir, a la causación de la afectación o lesión a cualquier derecho o interés jurídico del gobernado, ocasionándole un agravio que puede provenir, indistintamente, de una ley o de un acto stricto sensu, de índole decisoria, ejecutiva u omisiva que le otorgue la naturaleza de autoritario al ser coercitivo, unilateral e imperativo, formas o maneras como se realiza la mencionada afectación. En ese sentido, no todos los hechos que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo, sino únicamente los "actos de autoridad"; y no todos aquellos que el órgano del Estado realice tendrán esa naturaleza, puesto que dicho calificativo ineludiblemente involucra la actuación o abstención de un órgano estatal frente al gobernado, en sus relaciones de supra o subordinación, cuyas características son la unilateralidad, imperatividad y coercitividad. A fin de establecer si los actos reclamados tiene la naturaleza de "acto de autoridad", se debe ante todo constatar si éste afectó de manera unilateral la esfera jurídica de la parte quejosa y si se impuso contra y sobre la voluntad de ésta; adicionalmente, de acuerdo con su naturaleza, por lo que debe considerarse la posibilidad legal de exigirse su cumplimiento directamente mediante el uso de la fuerza pública o a través de otras autoridades que dispongan de ella, pues de lo contrario, de no concurrir estas condiciones, el juicio de amparo resulta improcedente en contra de aquél, porque lo que el particular impugna no es propiamente un "acto de autoridad". En relación con lo anterior, es conveniente precisar que según la doctrina, existen tres clases de relaciones jurídicas que derivan de la actuación del Estado con sus órganos: a) De coordinación: Se refieren a los vínculos que se entablan con una diversidad de causas, entre dos o más personas físicas o morales, en su calidad de gobernados. Son aquellas que se entablan entre particulares y que, para dirimir sus controversias, se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas. Dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. b) De supraordenación: Las que se efectúan entre los diferentes órganos de gobierno en el desempeño de sus atribuciones. c) De supra a subordinación: Las que surgen entre los órganos de autoridad, por una parte, y el gobernado, por otra. En dichas relaciones la autoridad desempeña frente al particular los actos de autoridad propiamente dichos, que tienen como características la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad. Se dice que tales actos son unilaterales porque su existencia depende sólo de la voluntad de la autoridad; son imperativos en virtud de que se imponen aun en contra de la voluntad del gobernado, y son coercitivos dado que si no se acatan voluntariamente, se puede lograr su cumplimiento coactivo mediante el uso de la fuerza pública. En otros términos, el calificativo de acto de autoridad involucra a un órgano del Estado constituido por una persona o por un cuerpo colegiado quien ejecuta ciertos actos en ejercicio del poder de imperio, actos que modifican, crean o extinguen una situación de hecho o de derecho por medio de una decisión, con la ejecución de esa decisión, o bien por ambas. Además, para que el acto de un órgano estatal sea conceptuado como tal, debe realizarse con motivo de relaciones de supra a subordinación, o sea, entre sujetos colocados en diferentes planos, los particulares por un lado y el Estado por el otro, investido con su imperio. Ahora bien, conforme a la Ley de Amparo en vigor, en algunos casos excepcionales, la instancia constitucional es procedente contra actos de particulares, de conformidad con los artículos 1 -último párrafo- y 5 -fracción II, último párrafo- de la ley de la materia; por lo que no es exigible siempre la intervención de algún órgano perteneciente al Estado como autoridad responsable. En efecto, los dispositivos de mérito establecen lo siguiente: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.) El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." (Subrayado añadido). Según se advierte, así como es factible promover el juicio de amparo contra normas generales, actos u omisiones de las autoridades, concebidas como órganos pertenecientes al Estado, que desde la perspectiva teórica de las relaciones jurídicas se ubican en un plano de supra a subordinación, puesto que imponen su imperio a los gobernados; la ley de la materia actualmente en vigor posibilita que a través de esa vía se controviertan también, en casos de excepción, los actos de particulares. Por tanto, no basta que en la demanda de amparo se designe como "autoridad" responsable a un particular, para que por ese motivo se estime improcedente la acción constitucional. Sin embargo, debe establecerse con toda claridad que la procedencia del amparo contra particulares está condicionada a que éstos realicen actos equivalentes a los de autoridad, esto es, que sean unilaterales e imperativos y que, desde luego, creen, modifiquen o extingan una situación jurídica que afecte a un particular; además, deben realizarse por un particular en un plano de supra o subordinación en relación con otro, en auxilio o cumplimiento de un acto de autoridad. Además, conforme a la legislación de referencia, sus funciones deberán estar determinadas en una norma general. En relación con lo expuesto, en cuanto al derecho de petición, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido lo siguiente: El derecho de petición consagrado en el artículo 8 de la Carta Magna anteriormente transcrito, cuyo titular es el gobernado en general, significa la facultad de ocurrir ante cualquier autoridad a formular una solicitud o instancia por escrito que adopta específicamente el carácter de petición administrativa, acción, recurso, etcétera, por virtud de la cual el Estado y sus autoridades, es decir, sus funcionarios y empleados tienen como obligación el dictar un acuerdo escrito a la solicitud que el gobernado les eleve, el cual debe serle dado a conocer en breve término. La existencia de este derecho como garantía individual, surge como consecuencia de la exigencia jurídica y especial de un régimen de legalidad bajo el que no está permitido el hacerse justicia por propia mano, es decir, surge como negación del sistema de la vindicta privata, en que a cada cual era dable hacerse justicia por sí al sentirse vulnerado en sus derechos, para exigir el respeto a su esfera jurídica sin la intervención de autoridad alguna. La decadencia de tal sistema fue dando paso al régimen de autoridad en la solución de los conflictos y contiendas surgidos entre los miembros de la sociedad humana, para ya no ejercerse directamente represalias contra quienes se consideraran responsables, sino para ocurrirse ante las autoridades para que por conducto de ellas se resolviera el conflicto suscitado. El derecho de pedir surgió, por tanto, como la potestad de acudir a las autoridades del Estado con el fin de que éstos intervengan para hacer cumplir la ley, con la correlativa obligación de las autoridades de dictar un acuerdo escrito a la solicitud o petición que el gobernado les eleve. Deriva de lo anterior, que el derecho de petición, tanto en virtud de su origen como en atención a su naturaleza de derecho público subjetivo consagrado como garantía individual, supone su manifestación en una relación entre gobernante y gobernado, pues la petición se dirige a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que resulta indispensable que la petición se eleve al servidor público en su calidad de autoridad, en una relación de supra a subordinación entre gobernante y gobernado, para que surja el derecho público de este último a que se le dé contestación por escrito y esté en posibilidad de acudir al juicio de amparo contra la transgresión de este derecho en caso de que no se cumpla la obligación correlativa de la autoridad que supone este derecho. Por consiguiente, la naturaleza de la relación existente entre el gobernado y el servidor público es preponderante para la existencia del derecho de petición consagrado en el artículo 8 de la Carta Magna, en la medida en que es necesario que la relación jurídica entablada sea de supra a subordinación para que la autoridad esté obligada a dar contestación a la petición que le formule el gobernado y proceda el juicio de amparo ante la omisión relativa de la autoridad, como medio de salvaguarda de las garantías individuales. Para una mejor comprensión de por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causal de improcedencia invocada, es menester apuntar que la parte quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad que: La relación que tiene con el **********, derivó de una relación contractual, en virtud de la firma del contrato registrado bajo el número **********, con el cual paso a ser socio de la mencionada y aseguro sus cosechas por la cantidad de $260,147.55 (doscientos sesenta mil ciento cuarenta y siete pesos 55/100 m.n.); y, Que el **********, es una Sociedad Cooperativa, con régimen fiscal ********** de personas morales con fines no lucrativos, y con Registro Federal de Contribuyentes **********. Sentado lo anterior, es claro que en el presente asunto el acto reclamado a la particular señala como autoridad responsable no puede considerarse equivalente a los de una autoridad, básicamente porque no derivan de una relación de supra a subordinación, sino de una relación de coordinación entre gobernados. En efecto, conforme a lo narrado por el propio quejoso, la relación jurídica existente entre éste y la moral **********, tiene su origen en un contrato de aseguramiento de su cosecha, el cual firmó de manera voluntaria y lo convirtió en socio de la misma. Es decir, que su relación tiene origen en un contrato, en el que ambas partes se encuentran en una situación de igualdad, y cuya regulación se encuentra en el ámbito del derecho privado; razones suficientes para considerar que estamos en presencia de una relación de coordinación. En este contexto, es evidente que la petición que intentó presentar el quejoso ante la Sociedad Cooperativa, la dirigió a dicha sociedad en su carácter de particular, mas no de una autoridad a la que se le solicitara su intervención conforme a la competencia que tuviere asignada, tal como lo presupone el ejercicio del derecho de petición, en la inteligencia que este derecho fundamental no puede invocarse ni exigirse en el marco de una relación entablada estrictamente entre gobernados. No pasa inadvertido para este juzgador que del análisis de lo sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.), de rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.", se desprende que establece la regla general consistente en que en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no se pueden realizar análisis exhaustivos, ya que sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y las pruebas que se anexan, por lo que no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio constitucional. Sin embargo, tal determinación no excluye la posibilidad de que existan casos de excepción a dicha regla general, como aquellos en los que ya esté expresamente definido por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que una autoridad señalada como responsable no tiene ese carácter para efectos del juicio de amparo, en virtud de que sólo sería suficiente la aplicación del criterio definido respecto de algún acto determinado, sin que se requiera mayor pronunciamiento para que en el auto inicial del juicio constitucional pueda desecharse la demanda por una causa notoria e indudable de improcedencia. Conforme a lo expuesto, a juicio de quien resuelve, en el presente asunto es suficientemente claro que el acto reclamado no se puede considerar como un acto equivalente a los de autoridad, pues para corroborarlo basta con las manifestaciones de la quejosa contenidas en su demanda; aunado a que el hecho de que el ejercicio del derecho de petición implique una relación de supra a subordinación encuentra soporte jurisprudencial, y que el requisito legal relativo a que para poder considerar el acto de un particular como equivalente al de una autoridad, es necesario que sus funciones estén determinadas por una norma de carácter general, es suficientemente claro, no amerita mayor interpretación y se encuentra plenamente demostrado. De tal suerte, se estima que el sentido de la presente decisión no podría cambiar, aunque el quejoso gozara de toda la secuela procesal para aportar pruebas y alegatos de su intención. De ahí que, en el presente asunto se está en presencia de un caso de excepción, en el que el auto inicial de trámite de la demanda de amparo constituye la actuación procesal oportuna para determinar que el acto reclamado no proviene de una autoridad, lo que encuentra apoyo en el criterio contenido en la tesis PC.III.L. J/5 L (10a), sustentada por el Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 11, octubre de dos mil catorce, Tomo II, página 1224 (registro 2007580), que dice: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia citada, la regla general consistente en que en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no pueden realizarse análisis exhaustivos, porque sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y con las pruebas que se anexan, por lo que no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio constitucional; ahora bien, tal determinación no excluye la posibilidad de que existan casos de excepción a dicha regla general, como podrían ser aquellos en los que ya esté expresamente definido por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que una autoridad señalada como responsable no tiene ese carácter para efectos de la procedencia del juicio de amparo, cuando ello no se oponga a la legislación vigente, acorde con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, en virtud de que sería suficiente aplicar el criterio definido respecto de algún acto determinado, sin que se requiera mayor pronunciamiento para que en el auto inicial del juicio constitucional pueda desecharse la demanda por una causa notoria e indudable de improcedencia en términos del artículo 113 de la ley citada, lo que debe ser incuestionable y de obvia constatación, para lograr certidumbre de que el caso de improcedencia no podría llegar a modificarse con los elementos que aportaran las partes al procedimiento." Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 5 -fracción II- ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN I, INCISO C) DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE TRES DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE A LA PARTE QUEJOSA:Vista la ratificación de firma que antecede, se advierte que el quejoso **********, cumplió con el requerimiento que se le efectuó en providencia de uno de abril de dos mil dieciocho, consistente en ratificar el contenido y firma del escrito presentado el veintiocho de marzo del año en curso, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, se acuerda: En relación al escrito de marras, de conformidad en el artículo 114 de la Ley de Amparo, téngase al quejoso cumpliendo con los requerimientos que se le hicieron en proveídos de trece y veinticinco de marzo del año en curso, por lo que manifiesta bajo protesta de decir verdad que: La relación que tiene con el *********, emana de una relación contractual que derivó de la firma del contrato registrado bajo el número **********, con el cual paso a ser socio y aseguro sus cosechas por la cantidad de $260,147.55 (doscientos sesenta mil ciento cuarenta y siete pesos 55/100 m.n.). Como antecedentes de la relación contractual con el **********, manifestó: Que el once de junio de dos mil dieciocho se presentó ante dicha aseguradora con la finalidad de proteger su cosecha, por lo que después de mostrarles su interés llenaron algunos formatos y firmaron el contrato. Que una de sus cosechas aseguradas sufrió un siniestro por lo que la aseguradora le designó a una persona para que supervisara y atendiera su siniestro. Que al no estar conforme con lo que le pagarían la aseguradora por la afectación de su cosecha, el veintiocho de enero de dos mil diecinueve acudió a las oficinas del **********, solicitando por escrito el pago del daño de su cosecha por la cantidad contratada en el seguro, escrito que no le fue recibido. Respecto a la personalidad jurídica que tiene el **********, manifestó que se trata de una Sociedad Cooperativa, que recibe apoyo del sub ramo inversión/tradicional en el cual el Gobierno Federal aporta una parte al programa agropecuario, y que se encuentra ubicada en **********, número **********, de la zona ********** del municipio de Apaseo el Alto, Guanajuato, con régimen fiscal ********** de personas morales con fines no lucrativos, y con Registro Federal de Contribuyentes **********. Ahora bien, a efecto de proveer lo conducente respecto de la demanda de cuenta, es importante transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo antes citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, se estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la diversa fracción II, del artículo 5, de la legislación en comento, dispositivos que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: "(.)" "II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." "(.)" De la interpretación de tales numerales se deduce que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclaman actos que no provengan de autoridades que puedan considerarse como responsables para los efectos del juicio de amparo. En el caso, el quejoso señala como acto reclamado la omisión por parte del **********, de recibir y dar contestación a su escrito de solicitud de pago por daño en su cosecha por la cantidad de $260,147.55 (doscientos sesenta mil ciento cuarenta y siete pesos 55/100 m.n.), contratada bajo el número **********, que intentó presentar el veintiocho de enero del dos mil diecinueve. Es decir el amparo se promueve contra actos de particulares, bajo la consideración de que éstos realizaron actos equivalentes a los de autoridad, que se estiman violatorios del derecho de petición consagrado en el artículo 8 Constitucional. Al respecto, se estima que resulta inexacta la apreciación del quejoso. Tradicionalmente, para identificar los actos de autoridad, se ha considerado que deben presentar las siguientes notas distintivas: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Ahora bien, cabe precisar que el acto reclamado, en general, consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución, ambas) o negativo (abstención u omisión) que implique una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituya un acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu) imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. De lo anterior se desprende, que el acto de autoridad reclamado debe de ser un hecho voluntario, no debido al azar, rasgo distintivo entre aquél y un acontecimiento cualquiera, cuya realización esté encaminada a la obtención de un fin, es decir, a la causación de la afectación o lesión a cualquier derecho o interés jurídico del gobernado, ocasionándole un agravio que puede provenir, indistintamente, de una ley o de un acto stricto sensu, de índole decisoria, ejecutiva u omisiva que le otorgue la naturaleza de autoritario al ser coercitivo, unilateral e imperativo, formas o maneras como se realiza la mencionada afectación. En ese sentido, no todos los hechos que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo, sino únicamente los "actos de autoridad"; y no todos aquellos que el órgano del Estado realice tendrán esa naturaleza, puesto que dicho calificativo ineludiblemente involucra la actuación o abstención de un órgano estatal frente al gobernado, en sus relaciones de supra o subordinación, cuyas características son la unilateralidad, imperatividad y coercitividad. A fin de establecer si los actos reclamados tiene la naturaleza de "acto de autoridad", se debe ante todo constatar si éste afectó de manera unilateral la esfera jurídica de la parte quejosa y si se impuso contra y sobre la voluntad de ésta; adicionalmente, de acuerdo con su naturaleza, por lo que debe considerarse la posibilidad legal de exigirse su cumplimiento directamente mediante el uso de la fuerza pública o a través de otras autoridades que dispongan de ella, pues de lo contrario, de no concurrir estas condiciones, el juicio de amparo resulta improcedente en contra de aquél, porque lo que el particular impugna no es propiamente un "acto de autoridad". En relación con lo anterior, es conveniente precisar que según la doctrina, existen tres clases de relaciones jurídicas que derivan de la actuación del Estado con sus órganos: a) De coordinación: Se refieren a los vínculos que se entablan con una diversidad de causas, entre dos o más personas físicas o morales, en su calidad de gobernados. Son aquellas que se entablan entre particulares y que, para dirimir sus controversias, se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas. Dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. b) De supraordenación: Las que se efectúan entre los diferentes órganos de gobierno en el desempeño de sus atribuciones. c) De supra a subordinación: Las que surgen entre los órganos de autoridad, por una parte, y el gobernado, por otra. En dichas relaciones la autoridad desempeña frente al particular los actos de autoridad propiamente dichos, que tienen como características la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad. Se dice que tales actos son unilaterales porque su existencia depende sólo de la voluntad de la autoridad; son imperativos en virtud de que se imponen aun en contra de la voluntad del gobernado, y son coercitivos dado que si no se acatan voluntariamente, se puede lograr su cumplimiento coactivo mediante el uso de la fuerza pública. En otros términos, el calificativo de acto de autoridad involucra a un órgano del Estado constituido por una persona o por un cuerpo colegiado quien ejecuta ciertos actos en ejercicio del poder de imperio, actos que modifican, crean o extinguen una situación de hecho o de derecho por medio de una decisión, con la ejecución de esa decisión, o bien por ambas. Además, para que el acto de un órgano estatal sea conceptuado como tal, debe realizarse con motivo de relaciones de supra a subordinación, o sea, entre sujetos colocados en diferentes planos, los particulares por un lado y el Estado por el otro, investido con su imperio. Ahora bien, conforme a la Ley de Amparo en vigor, en algunos casos excepcionales, la instancia constitucional es procedente contra actos de particulares, de conformidad con los artículos 1 -último párrafo- y 5 -fracción II, último párrafo- de la ley de la materia; por lo que no es exigible siempre la intervención de algún órgano perteneciente al Estado como autoridad responsable. En efecto, los dispositivos de mérito establecen lo siguiente: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.) El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." (Subrayado añadido). Según se advierte, así como es factible promover el juicio de amparo contra normas generales, actos u omisiones de las autoridades, concebidas como órganos pertenecientes al Estado, que desde la perspectiva teórica de las relaciones jurídicas se ubican en un plano de supra a subordinación, puesto que imponen su imperio a los gobernados; la ley de la materia actualmente en vigor posibilita que a través de esa vía se controviertan también, en casos de excepción, los actos de particulares. Por tanto, no basta que en la demanda de amparo se designe como "autoridad" responsable a un particular, para que por ese motivo se estime improcedente la acción constitucional. Sin embargo, debe establecerse con toda claridad que la procedencia del amparo contra particulares está condicionada a que éstos realicen actos equivalentes a los de autoridad, esto es, que sean unilaterales e imperativos y que, desde luego, creen, modifiquen o extingan una situación jurídica que afecte a un particular; además, deben realizarse por un particular en un plano de supra o subordinación en relación con otro, en auxilio o cumplimiento de un acto de autoridad. Además, conforme a la legislación de referencia, sus funciones deberán estar determinadas en una norma general. En relación con lo expuesto, en cuanto al derecho de petición, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido lo siguiente: El derecho de petición consagrado en el artículo 8 de la Carta Magna anteriormente transcrito, cuyo titular es el gobernado en general, significa la facultad de ocurrir ante cualquier autoridad a formular una solicitud o instancia por escrito que adopta específicamente el carácter de petición administrativa, acción, recurso, etcétera, por virtud de la cual el Estado y sus autoridades, es decir, sus funcionarios y empleados tienen como obligación el dictar un acuerdo escrito a la solicitud que el gobernado les eleve, el cual debe serle dado a conocer en breve término. La existencia de este derecho como garantía individual, surge como consecuencia de la exigencia jurídica y especial de un régimen de legalidad bajo el que no está permitido el hacerse justicia por propia mano, es decir, surge como negación del sistema de la vindicta privata, en que a cada cual era dable hacerse justicia por sí al sentirse vulnerado en sus derechos, para exigir el respeto a su esfera jurídica sin la intervención de autoridad alguna. La decadencia de tal sistema fue dando paso al régimen de autoridad en la solución de los conflictos y contiendas surgidos entre los miembros de la sociedad humana, para ya no ejercerse directamente represalias contra quienes se consideraran responsables, sino para ocurrirse ante las autoridades para que por conducto de ellas se resolviera el conflicto suscitado. El derecho de pedir surgió, por tanto, como la potestad de acudir a las autoridades del Estado con el fin de que éstos intervengan para hacer cumplir la ley, con la correlativa obligación de las autoridades de dictar un acuerdo escrito a la solicitud o petición que el gobernado les eleve. Deriva de lo anterior, que el derecho de petición, tanto en virtud de su origen como en atención a su naturaleza de derecho público subjetivo consagrado como garantía individual, supone su manifestación en una relación entre gobernante y gobernado, pues la petición se dirige a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que resulta indispensable que la petición se eleve al servidor público en su calidad de autoridad, en una relación de supra a subordinación entre gobernante y gobernado, para que surja el derecho público de este último a que se le dé contestación por escrito y esté en posibilidad de acudir al juicio de amparo contra la transgresión de este derecho en caso de que no se cumpla la obligación correlativa de la autoridad que supone este derecho. Por consiguiente, la naturaleza de la relación existente entre el gobernado y el servidor público es preponderante para la existencia del derecho de petición consagrado en el artículo 8 de la Carta Magna, en la medida en que es necesario que la relación jurídica entablada sea de supra a subordinación para que la autoridad esté obligada a dar contestación a la petición que le formule el gobernado y proceda el juicio de amparo ante la omisión relativa de la autoridad, como medio de salvaguarda de las garantías individuales. Para una mejor comprensión de por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causal de improcedencia invocada, es menester apuntar que la parte quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad que: La relación que tiene con el **********, derivó de una relación contractual, en virtud de la firma del contrato registrado bajo el número **********, con el cual paso a ser socio de la mencionada y aseguro sus cosechas por la cantidad de $260,147.55 (doscientos sesenta mil ciento cuarenta y siete pesos 55/100 m.n.); y, Que el **********, es una Sociedad Cooperativa, con régimen fiscal ********** de personas morales con fines no lucrativos, y con Registro Federal de Contribuyentes **********. Sentado lo anterior, es claro que en el presente asunto el acto reclamado a la particular señala como autoridad responsable no puede considerarse equivalente a los de una autoridad, básicamente porque no derivan de una relación de supra a subordinación, sino de una relación de coordinación entre gobernados. En efecto, conforme a lo narrado por el propio quejoso, la relación jurídica existente entre éste y la moral **********, tiene su origen en un contrato de aseguramiento de su cosecha, el cual firmó de manera voluntaria y lo convirtió en socio de la misma. Es decir, que su relación tiene origen en un contrato, en el que ambas partes se encuentran en una situación de igualdad, y cuya regulación se encuentra en el ámbito del derecho privado; razones suficientes para considerar que estamos en presencia de una relación de coordinación. En este contexto, es evidente que la petición que intentó presentar el quejoso ante la Sociedad Cooperativa, la dirigió a dicha sociedad en su carácter de particular, mas no de una autoridad a la que se le solicitara su intervención conforme a la competencia que tuviere asignada, tal como lo presupone el ejercicio del derecho de petición, en la inteligencia que este derecho fundamental no puede invocarse ni exigirse en el marco de una relación entablada estrictamente entre gobernados. No pasa inadvertido para este juzgador que del análisis de lo sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.), de rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.", se desprende que establece la regla general consistente en que en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no se pueden realizar análisis exhaustivos, ya que sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y las pruebas que se anexan, por lo que no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio constitucional. Sin embargo, tal determinación no excluye la posibilidad de que existan casos de excepción a dicha regla general, como aquellos en los que ya esté expresamente definido por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que una autoridad señalada como responsable no tiene ese carácter para efectos del juicio de amparo, en virtud de que sólo sería suficiente la aplicación del criterio definido respecto de algún acto determinado, sin que se requiera mayor pronunciamiento para que en el auto inicial del juicio constitucional pueda desecharse la demanda por una causa notoria e indudable de improcedencia. Conforme a lo expuesto, a juicio de quien resuelve, en el presente asunto es suficientemente claro que el acto reclamado no se puede considerar como un acto equivalente a los de autoridad, pues para corroborarlo basta con las manifestaciones de la quejosa contenidas en su demanda; aunado a que el hecho de que el ejercicio del derecho de petición implique una relación de supra a subordinación encuentra soporte jurisprudencial, y que el requisito legal relativo a que para poder considerar el acto de un particular como equivalente al de una autoridad, es necesario que sus funciones estén determinadas por una norma de carácter general, es suficientemente claro, no amerita mayor interpretación y se encuentra plenamente demostrado. De tal suerte, se estima que el sentido de la presente decisión no podría cambiar, aunque el quejoso gozara de toda la secuela procesal para aportar pruebas y alegatos de su intención. De ahí que, en el presente asunto se está en presencia de un caso de excepción, en el que el auto inicial de trámite de la demanda de amparo constituye la actuación procesal oportuna para determinar que el acto reclamado no proviene de una autoridad, lo que encuentra apoyo en el criterio contenido en la tesis PC.III.L. J/5 L (10a), sustentada por el Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 11, octubre de dos mil catorce, Tomo II, página 1224 (registro 2007580), que dice: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia citada, la regla general consistente en que en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no pueden realizarse análisis exhaustivos, porque sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y con las pruebas que se anexan, por lo que no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio constitucional; ahora bien, tal determinación no excluye la posibilidad de que existan casos de excepción a dicha regla general, como podrían ser aquellos en los que ya esté expresamente definido por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que una autoridad señalada como responsable no tiene ese carácter para efectos de la procedencia del juicio de amparo, cuando ello no se oponga a la legislación vigente, acorde con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, en virtud de que sería suficiente aplicar el criterio definido respecto de algún acto determinado, sin que se requiera mayor pronunciamiento para que en el auto inicial del juicio constitucional pueda desecharse la demanda por una causa notoria e indudable de improcedencia en términos del artículo 113 de la ley citada, lo que debe ser incuestionable y de obvia constatación, para lograr certidumbre de que el caso de improcedencia no podría llegar a modificarse con los elementos que aportaran las partes al procedimiento." Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 5 -fracción II- ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta.
- Principal
Agréguese en autos el escrito supuestamente firmado por el quejoso **********, a través del cual aduce cumplir con la prevención efectuada mediante auto de veinticinco de marzo del año en curso; antes de proveer respecto de su contenido y tomando en consideración que el suscrito, sin ser un perito en la materia, advierte de la simple confrontación del escrito de cuenta con el de la demanda, que la firma que calza aquél tiene rasgos coincidentes pero notoriamente discrepantes con la estampada por el nombrado en su escrito; con fundamento en el artículo 297 -fracción II- del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase al quejoso para que dentro del término de tres días legalmente computado, comparezca ante este juzgado debidamente identificado, en día y hora hábiles, para que en diligencia formal ratifique el contenido y firma del ocurso de mérito, apercibido que de no hacerlo se tendrá por no presentado.
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