David Flores Leal

Expediente 314/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
314/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
09/12/2020

Partes del expediente

  • David Flores Leal

Actuaciones

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, nueve de diciembre de dos mil veinte. Causa ejecutoria. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el once de noviembre de dos mil veinte, en la que se determinó por una parte el sobreseimiento y por otra se negó la protección de la justicia federal en el presente juicio de amparo, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Valoración del expediente. Depurable. Se establece que el juicio de amparo es depurable, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo decimoctavo, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, POR HABERSE SOBRESEÍDO EN EL JUICIO Y NEGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. Plazo de conservación. Resguárdese el juicio principal por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Depuración de expediente. Depúrese dentro de los noventa días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; las resoluciones relativas al otorgamiento o violación de la medida cautelar y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional; lo que deberá justificarse en el acuerdo de desincorporación, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Transferencia. Terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia de estos expedientes a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula de los expedientes y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción.

  2. Principal

    S E N T E N C I A. Apizaco, Tlaxcala, a once de noviembre de dos mil veinte. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 314/2020-VI, promovido por ********************; y, R E S U L T A N D O. PRIMERO. Presentación de la demanda de garantías. Por escrito presentado el tres de agosto de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala y turnado el mismo día a este órgano jurisdiccional, ********************, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la justicia federal contra las autoridades y actos siguientes: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE.- PROF. VICTORINO VERGARA CASTILLO, en su carácter de DIRECTOR GENERAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA, con domicilio para recibir notificaciones el ubicado en Miguel N. Lira número 3, Colonia Centro, Tlaxcala, Tlaxcala. MAESTRO JOSÉ ALEJANDRO GARCÍA VALLEJO, quien se ostenta como Subdirector Jurídico del Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala, con domicilio para recibir notificaciones el ubicado en Miguel N. Lira número 3, Colonia Centro, Tlaxcala, Tlaxcala." "NORMA GENERAL QUE SE RECLAMA DE LA RESPONSABLE.- De la responsable citada en primer término, reclamo la violación flagrante que se ha hecho en mi contra, consistente en la omisión de dar contestación a mis dos escritos dirigidos al PROF. VICTORINO VERGARA CASTILLO DIRECTOR GENERAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA, la primera de fecha dieciocho de marzo del año dos mil veinte, recibida el día tres de junio del año dos mil veinte, a través de oficialía de partes y la segunda de fecha doce de junio del año dos mil veinte, y recibida en la misma data por ÓSCAR SÁNCHEZ LÓPEZ en su carácter de Secretario particular del PROF. PROF. VICTORINO VERGARA CASTILLO DIRECTOR GENERAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA, en el primer escrito solicito se proceda al descuento de la cantidad de $110,490.00, de las cuotas sindicales que el ente público entrega al Sindicato de Trabajadores Académicos del Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala; a efecto de cumplir con la resolución de fecha veintisiete de febrero del año dos mil veinte firmado por la Auditoría Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado; ya que por una omisión involuntaria se realizó un pago indebido; el segundo ocurso que versa sobre que la indebida e ilegal contestación realizada mediante oficio número S.J./0114/2020 signado por el Maestro José Alejandro García Vallejo, en su carácter de Subdirector Jurídico del citado ente público (sin acreditar dicho carácter y mucho menos la representación legal del COBAT), toda vez oportunamente se demostrará que mi derecho de petición fue realizado de manera precisa y expresa al Director General del Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala, Prof. Victorino Vergara Castillo, aunado a que la contestación realizada es carente de fundamento y motivación, de la cual debe estar impregnada para respetar el derecho del gobernado previsto en los artículos 1º, 8º, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (.)" SEGUNDO. Preceptos constitucionales que se estiman violados. El promovente del amparo manifestó que se violan en su perjuicio los derechos humanos consagrados en los artículos 1, 8, 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relató los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Por acuerdo de seis de agosto de dos mil veinte, este juzgado de Distrito registró la demanda de amparo con el número 314/2020-VI, la admitió a trámite, pidió a las autoridades responsables su informe justificado, ordenó dar la legal intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y, señaló hora y fecha para que se llevara a cabo la audiencia constitucional. CUARTO. Audiencia constitucional. La audiencia constitucional se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O. PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala es competente para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo previsto en los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 1, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de dos mil trece, toda vez que se reclaman actos a diversas autoridades que se encuentran dentro de la jurisdicción donde este Juzgado de Distrito ejerce su competencia. SEGUNDO. Fijación clara y precisa de los actos reclamados. En el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener: ".La fijación clara y precisa del acto o actos reclamados."; lo que además se dispone en la jurisprudencia de título y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". En ese sentido, del análisis íntegro practicado al escrito inicial de demanda, así como a las constancias del presente juicio de amparo, se concluye que la parte quejosa reclama: La omisión por parte del Director General del Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala, de dar contestación a los escritos presentados por el quejoso, de fechas dieciocho de marzo y doce de junio, ambos de dos mil veinte. Los oficios S.J./0115/2020 y S.J./0114/2020, de ocho y dieciséis de junio, ambos de dos mil veinte, signados por el Subdirector Jurídico del Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala. Señalados los actos reclamados, por cuestión de técnica, se analizará la certeza o inexistencia de los mismos, tal como lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada de rubro y texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Es inexistente el acto atribuido al Director General del Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala, toda vez que así lo manifestó al rendir su respectivo informe justificado (fojas 30 a 47), ello sin que el peticionario de amparo hayan aportado alguna prueba para desvirtuar tal negativa. Lo anterior es así, ya que dicha autoridad al rendir el informe de mérito, señaló que a través de los oficios ********************; de fechas ocho y dieciséis de junio de dos mil veinte, dio contestación al peticionario, aunado a que el impetrante de garantías en su escrito de demanda así lo refirió. Para justificar su dicho, remitieron copia certificada de los oficios aludidos, documental pública al que se le otorga pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa del numeral 2. Ahora, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y." El motivo de sobreseimiento previsto en dicho numeral prevé dos situaciones, la primera, la clara demostración de la inexistencia del acto reclamado y, la segunda, la falta de prueba de su existencia en la audiencia del juicio (cuando la responsable lo niega). En ese sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión 469/94 determinó que la existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. Criterio que se encuentra plasmado en la jurisprudencia 2a./J. 3/94 de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Bajo ese contexto, se pone de manifiesto que al momento del ejercicio de la acción constitucional, ya se habían dictado y notificado los oficios recaídos a los escritos presentados por el quejoso, cuya falta de emisión constituye uno de los actos reclamados en esta instancia constitucional, como se advierte de la demanda de amparo que el accionante presentó ante este Juzgado el tres de agosto de dos mil veinte, es decir, tal omisión no existía al momento de la presentación de su demanda. Sirve de apoyo a lo anterior por su idea jurídica, el criterio emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, Décima Época, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 45, agosto de 2017, Tomo IV, Página: 2831, III.2o.P.1 CS (10a.) de rubro y texto siguientes: "DERECHO DE PETICIÓN. SE VE SATISFECHO, AUN CUANDO UNA AUTORIDAD DISTINTA A LA QUE SE HIZO LA SOLICITUD, SEA LA QUE DA RESPUESTA DE MANERA CONGRUENTE A LO SOLICITADO, Y ORDENA SU NOTIFICACIÓN AL INTERESADO. En tratándose del derecho de petición previsto en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, éste se satisface, aun cuando es una autoridad, no señalada como responsable, y distinta a la que se le hizo la petición, la que da respuesta de manera congruente al escrito de que se trate y además ordena notificar su determinación al interesado, aunado a que la que dio contestación es la facultada conforme a sus atribuciones para atender lo solicitado, y no la autoridad ante quien se presentó la petición respectiva". Por ende, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de la Materia, motivo por el cual, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, respecto del acto reclamado consistente en la omisión por parte del Director General del Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala, de dar contestación a los escritos presentados por el quejoso, de fechas dieciocho de marzo y doce de junio, ambos de dos mil veinte, dada la inexistencia del acto reclamado al momento de instaurarse el juicio de amparo. CUARTO.- Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado consistente en los oficios S.J./0115/2020 y S.J./0114/2020, de ocho y dieciséis de junio, ambos de dos mil veinte, signados por el Subdirector Jurídico del Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala, pues así lo reconocieron dichas autoridades, al rendir sus respectivos informes con justificación (fojas 30 a 47 y 48 a 65). Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 231, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 2000, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Lo anterior se corrobora, con las documentales que anexaron las responsables, a las que se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, toda vez que fueron expedidas por servidor público en el ejercicio de sus funciones. Cobra aplicabilidad a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena.". QUINTO. Oportunidad. Para determinar si la demanda fue presentada oportunamente, se debe atender en primer lugar al acto reclamado que dio origen al presente juicio de amparo, el cual en el presente caso consiste en: Los oficios S.J./0115/2020 y S.J./0114/2020, de ocho y dieciséis de junio, ambos de dos mil veinte, signados por el Subdirector Jurídico del Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala. Posteriormente, se debe atender a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, que señala los plazos para la interposición del juicio de amparo atendiendo al acto que se reclama, según se advierte de su contenido: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo.". En ese orden de ideas, toda vez que el acto reclamado no encuadra en ninguna de las hipótesis previstas en las fracciones I a IV del artículo 17 de la Ley de Amparo, se debe estar al plazo general que es de quince días. Ahora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Amparo, existen tres hipótesis para el cómputo de los quince días relativos, a saber: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) A partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento de él o de su ejecución; c) A partir del día siguiente al en que el quejoso se hubiese ostentado sabedor del mismo. Cabe destacar que dichas hipótesis son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno, por lo que es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de amparo fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. En ese sentido, debe tomarse en consideración que el quejoso se ostentó como conocedor del acto reclamado el nueve y veinticuatro de junio de dos mil veinte, fechas en las que le fueron notificados los diversos ********************, respectivamente, por lo que el plazo debía comenzar al día siguiente; sin embargo, en virtud de los Acuerdos Generales 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se suspendieron los plazos para presentar la demanda de amparo, y por Acuerdo General 21/2020, también del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se reanudaron los plazos a partir del tres de agosto de dos mil veinte, por lo que en dicha fecha empezó a computarse el plazo de quince días, el cual feneció el veintiuno del propio mes y año; ello previo descuento del ocho, nueve, quince y dieciséis de agosto de dos mil veinte, por ser inhábiles en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. En consecuencia, es evidente que la promoción del amparo estuvo en tiempo, pues se realizó el tres de agosto de dos mil veinte, según se advierte de la papeleta respectiva. SEXTO. Causas de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, se deben analizar las causas de improcedencia propuestas por las partes o de oficio por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de garantías tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, que textualmente dispone lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". Así como, la jurisprudencia número II.1o. J/5, visible en la página 95, del Tomo VII, Mayo de 1991, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que es del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En tal virtud, tanto el Director General del Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala, como el Subdirector Jurídico de la misma institución, en su informe justificado invocaron como causal de improcedencia la establecida en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 5º, fracción II, primer párrafo, del referido ordenamiento jurídico. Lo anterior al considerar que el Director General y el Subdirector Jurídico del Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala, no tienen el carácter de autoridad, dado que la contestación a los escritos presentados por el quejoso están relacionados al cumplimiento de una resolución administrativa, dictada dentro de un Procedimiento de Responsabilidad Indemnizatoria, seguida en forma de juicio, por actos realizados durante el desempeño del quejoso como Director General del Colegio de Bachilleres de Tlaxcala, por tanto, la relación entre el impetrante de garantías y quienes fueron señalados como autoridades responsables no tiene el carácter de supra a subordinación. Al respecto, cabe precisar, que si bien las responsables invocaron como causa de improcedencia la contenida en la fracción XIII, del artículo 61 del referido cuerpo normativo, de sus manifestaciones se advierte que la causa de improcedencia invocada es en realidad la establecida en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al diverso dispositivos 1, fracción l, 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general". De los preceptos legales transcritos, se advierte, por una parte, que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite, por leyes o actos de "autoridad" que violen los derechos fundamentales de los gobernados y, por otra, que debe considerarse autoridad responsable aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Lo anterior pone de manifiesto que el acto de autoridad constituye un requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo, pues así lo dispone el artículo 1° de la Ley de Amparo, que establece la procedencia del juicio constitucional, contra leyes o actos de autoridad. Ahora bien, el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo ha evolucionado en la medida en que la actuación de los entes del Estado trasciende a la esfera jurídica de los derechos fundamentales de los gobernados; es decir, en la actualidad ya no solamente se considera autoridad responsable aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, como se advierte de la redacción del artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, o bien aquélla que dispone de la fuerza pública, en virtud de circunstancias legales o de hecho; sino que a través de los criterios de los órganos facultados del Poder Judicial de la Federación, se ha ido matizando el concepto de autoridad responsable de acuerdo con las circunstancias particulares de cada ente al que se asigna ese carácter, en relación con su proceder que se tilda de inconstitucional. En ese tenor, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por autoridad responsable, debe considerarse a aquellos entes que con fundamento en una norma legal, emiten actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado, por lo cual, debe analizarse en cada caso, si la autoridad señalada como responsable tiene la facultad para tomar decisiones o emitir resoluciones que afecten la esfera jurídica del quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada P. XXVII/97, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 199459, de rubro siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO". Así las cosas, las notas que en la actualidad distinguen a una autoridad, para los efectos del juicio de amparo, son las siguientes: La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Por otra parte, es necesario establecer que la teoría general del derecho distingue tres tipos de relaciones jurídicas: De coordinación, que consisten en los vínculos entablados entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; De supra a subordinación, que son las que surgen entre los órganos del Estado y los gobernados, principalmente en materias de derecho público, donde la autoridad del gobernante se impone directa y unilateralmente, sin requerir la actuación de un tribunal, y teniendo como límite de su actuación los derechos fundamentales; y, De supraordinación, que se entablan entre los diferentes entes estatales, en el desempeño de sus atribuciones. Establecido lo anterior, es menester señalar que de conformidad con los artículos 1, 5 y 18 de la Ley que crea el Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala, dicha institución es un organismo público desconcentrado, que además pertenece a la administración pública descentralizada del Estado de Tlaxcala, según lo dispuesto en el artículo 1o. de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala. Por otro lado, acorde con lo dispuesto en el artículo 8o. constitucional, los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; además, que a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. Consecuentemente, esa prerrogativa, por una parte, otorga a los gobernados la potestad de acudir a los entes del Estado a formular una solicitud por escrito, de manera pacífica y respetuosa y, por la otra, impone una obligación positiva a cargo de los órganos estatales, consistente en dar contestación a lo solicitado. Tales consideraciones dieron origen a la jurisprudencia P./J. 42/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 126, que establece: "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD.-El derecho de petición es consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular." Lo señalado es suficiente para concluir que no existe alguna restricción al ejercicio de ese derecho, para el caso de que el gobernado mantenga una relación administrativa con el ente del Estado ante el que se formula la solicitud respectiva, sino que basta que ésta se presente ante un servidor público, en su carácter de autoridad, para que el interesado pueda acudir al juicio de amparo a combatir la transgresión de ese derecho cuando no se cumpla la obligación de darle respuesta, requisito que se colma en la especie. Lo anterior, debido a que el gobernado elevó su petición al Director General del Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala, precisamente en esos términos, es decir, en su carácter de autoridad, sin que exista una relación de coordinación entre el peticionario y dicha autoridad, ya que la calidad con la que acudió ********************, no fue como trabajador de dicho organismo, sino como cualquier otro particular, pues en la especie no se advierte que la autoridad a la que fue elevada su petición actúe en un plano de igualdad respecto del hoy quejoso. En consecuencia, no se actualiza la causal de improcedencia invocada por las responsables, ello, esencialmente por dos motivos a saber: 1. Si bien es cierto manifiestan que no les reviste el carácter de autoridad toda vez que el origen de la solicitud pretende modificar los efectos de la resolución dictada por la Auditoría Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, dentro del procedimiento de responsabilidad indemnizatoria número 99/2020, no menos cierto es que tal aseveración no forma parte de la Litis -que en la especie consiste en que el quejoso considera que quien suscribió los oficios S.J./0115/2020 y S.J./0114/2020, de ocho y dieciséis de junio, ambos de dos mil veinte, no fundó el carácter con el que se ostentó para tal efecto-. 2. Contrario a la manifestación de las responsables, de que en el presente asunto existe una relación de coordinación y no de supra a subordinación, de las constancias que obran en autos, no se observa que en el caso las responsables actúen en un plano de tipo particular, es decir, de naturaleza civil o laboral, máxime que quien acude al juicio de garantías se ostenta como "Ex Director General del Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala", sin que se desprenda que el impetrante de garantías tiene el carácter de trabajador de dicho organismo. En tal virtud, se analizaron las constancias de autos y de las mismas no se advierte la actualización de ninguna causa de improcedencia, por lo que se procede al estudio de la cuestión de fondo planteada. SÉPTIMO. Conceptos de violación. No se trascriben los motivos de inconformidad, en términos de la esencia que rige la jurisprudencia 2a./J.58/2010, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de 2010, página 830, que dispone: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X De las sentencias, del título primero Reglas generales, del libro primero Del amparo en general, de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.". OCTAVO. Estudio. La parte quejosa sustancialmente aduce en sus conceptos de violación que en el caso se viola en su perjuicio lo estatuido en los artículos 1, 8, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la autoridad responsable -Director General del Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala- ha sido omisa en darle contestación a los escritos de dieciocho de marzo y doce de junio, ambos de dos mil veinte; lo que trastoca su derecho de petición. Aduce también que las respuestas contenidas en los oficios ********************, carecen de fundamentación y motivación, ya que quien se ostenta como Subdirector Jurídico del Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala, no acredita el carácter con el que lo hace y mucho menos que cuente con la representación legal del organismo descentralizado. Tales motivos de disenso resultan infundados, por las consideraciones siguientes. El quejoso sostiene de manera medular que el Director General del Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala o la persona facultada para hacerlo, no dio contestación a sus escritos de dieciocho de marzo y doce de junio de dos mil veinte en los que solicitó -en esencia-la aplicación de las cuotas sindicales que se entregan al Sindicato de Trabajadores Académicos del Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala, con la finalidad de cubrir la cantidad de ******************** a favor del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala, derivado del fincamiento de responsabilidad indemnizatoria en contra de -entre otros- ********************. Así pues, contrariamente a lo afirmado por el inconforme, el Director General del Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala, mediante oficios ********************, de fechas ocho y dieciséis de junio de dos mil veinte, respectivamente, sí dio contestación a la petición formulada por el quejoso, ya que le informó lo siguiente: Oficio S.J./0114/2020 Oficio S.J./0115/2020 Lo anterior, pone de manifiesto que sí fue contestada la petición que el agraviado formuló a la autoridad responsable, pues no es obstáculo lo alegado por el quejoso, en el sentido de que el Director General del Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala debió contestar su petición, toda vez que este funcionario lo hizo por conducto de su subordinado, es decir, a través del Subdirector Jurídico del Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala. Ahora bien, como se adelantó, es infundado lo expuesto por el quejoso en el sentido de que las respuestas contenidas en los oficios supra señalados carecen de fundamentación y motivación, ya que quien se ostenta como Subdirector Jurídico del Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala, no acredita el carácter con el que lo hace y mucho menos que cuente con la representación legal del organismo descentralizado. Ello es así, pues tal exigencia se cumple cuando una de las autoridades responsables, subordinada a otra autoridad responsable, da contestación a la solicitud por instrucciones de éste, en tanto que se trata de autoridades de una misma dependencia. De tal forma, si en la especie, el Subdirector Jurídico del Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala, dio contestación a los multicitados escritos presentados por ********************, señalando que lo hacía "por instrucciones del Director General", es inconcuso que la exigencia reclamada por el quejoso, se encuentra colmada. Máxime, que el Subdirector Jurídico del Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala, se encuentra subordinado al Director General del referido organismo descentralizado, como se advierte del artículo 11, fracción I, inciso A), del Reglamento Interior del Organismo Público Desconcentrado Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala, que a la letra señala: "Artículo 11. El Colegio para el despacho de los asuntos contará con las siguientes unidades administrativas: I.- Dirección General: A) Subdirección Jurídica: 1. Departamento Jurídico. (.)" Resulta aplicable por analogía la jurisprudencia 1a./J. 6/2000, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Junio de 2000, página 50, que dispone: "PETICIÓN, DERECHO DE. CUÁNDO SE CUMPLE CON LA GARANTÍA CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 8o. DE LA CARTA MAGNA. Si la protección federal se otorgó por violación a la garantía de petición consagrada en el artículo 8o. constitucional, para que las autoridades responsables dieran contestación congruente por escrito y en breve término a la solicitud formulada por el quejoso, tal exigencia se cumple cuando una de las autoridades responsables, director general de Recursos Humanos de la Procuraduría General de la República, subordinada a otra autoridad responsable, oficial mayor de la misma dependencia, da contestación a la solicitud por instrucciones de éste, aunque esta última autoridad no haya dado contestación, en tanto que se trata de autoridades de una misma dependencia y fundamentalmente lo que pretende la garantía constitucional invocada es la exigencia de dar contestación a la petición, toda vez que el precepto constitucional únicamente establece que el derecho de petición se cumpla en los términos antes especificados, por lo que la autoridad, independientemente de su cargo o jerarquía, tiene la obligación de contestar al peticionario y no dejarlo sin acuerdo alguno." En las narradas condiciones, al resultar infundados los conceptos de violación hechos valer por el quejoso, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitado. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, 73 al 76 y 217 de la Ley de Amparo se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 314/2020-VI, promovido por ********************, respecto de los actos precisados en el considerando segundo, reclamados a las autoridades descritas en el considerando tercero de esta sentencia, por los motivos indicados en éste último. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, contra los actos y autoridades responsables, precisados en el considerando cuarto, por los motivos expuestos en el último considerando de la presente sentencia.

  3. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveído de once de noviembre de dos mil veinte: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 314/2020-VI, promovido por ********************, respecto de los actos precisados en el considerando segundo, reclamados a las autoridades descritas en el considerando tercero de esta sentencia, por los motivos indicados en éste último. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, contra los actos y autoridades responsables, precisados en el considerando cuarto, por los motivos expuestos en el último considerando de la presente sentencia.

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