David Flores Becerril

Expediente 1019/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 8 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1019/2016
Año
2016
Actuaciones
8
Última actuación
05/09/2016

Partes del expediente

  • David Flores Becerril

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    VII) Toluca, Estado de México; cinco de septiembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación precedente, se advierte que la parte quejosa no recurrió, dentro del plazo de diez días previsto en el artículo de la Ley de Amparo, la sentencia de cinco de agosto del año en curso (fojas 34 a 36), en la que se sobreseyó en el juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la primera ley invocada, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. En otro orden de ideas, el estado de autos evidencia que el presente asunto está concluido, por tanto en su momento archívese este expediente como asunto concluido. En tal virtud, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgado de Distrito, se hace la indicación de que con fundamento en el punto vigésimo primero, inciso I, en relación con el segundo, inciso XXI, el presente asunto es susceptible de destrucción; ello pues como se refirió en párrafos precedentes, en esta fecha causó estado la sentencia de cinco de agosto del año en curso (fojas 34 a 36), en la que se sobreseyó en el juicio de amparo. - El cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción, (punto vigésimo, inciso III, del Acuerdo en mención), porque se negó la suspensión definitiva del acto reclamado. Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Breyman Labastida MArtínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Carolina Denysee Villagrán Salinas, que autoriza, firma y da fe.

  2. Principal

    VII) Toluca, Estado de México; catorce de julio de dos mil dieciséis. En términos de lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, a efecto de que las partes manifiesten lo que a su derecho e interés convenga, agréguense a los autos los oficios por medio de los cuales las siguientes autoridades: 1. Director Técnico Legal de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social del Estado de México, en ausencia y suplencia del Director General. 2. Presidente del Consejo Interno Interdisciplinario del Centro Preventivo y de Readaptación Social "Santiaguito" en Almoloya de Juárez, Estado de México. 3. Director del Centro Preventivo y de Readaptación Social "Santiaguito" en Almoloya de Juárez, Estado de México. 4. El Jefe del Primer Turno de Vigilancia del Centro Preventivo y de Readaptación Social "Santiaguito" en Almoloya de Juárez, Estado de México, por si y en ausencia y suplencia de los Jefes Segundo y Tercer Turno de dicho centro carcelario. 5. El Jefe de Vigilancia del Centro Preventivo y de Readaptación Social "Santiaguito" en Almoloya de Juárez, Estado de México, en ausencia y suplencia del Subjefe de Vigilancia, de dicho centro carcelario. 6. El Jefe de Vigilancia del Centro Preventivo y de Readaptación Social "Santiaguito" en Almoloya de Juárez, Estado de México. Rinden su respectivo informe justificado. Con ellos hágase nueva relación en la audiencia constitucional. Finalmente, toda vez que mediante proveído de doce de julio del año en curso, se ordenó notificar al quejoso por medio de lista de este juzgado, por las consideraciones ahí expuestas; sin embargo, de los informes rendidos por las autoridades carcelarias, se evidencia que el quejoso se encuentra interno en el dormitorio 2, pasillo 2, celda 9, cama, 11 del Centro Preventivo y de Readaptación Social "Santiaguito" en Almoloya de Juárez, Estado de México, en consecuencia, comisiónese a los actuarios judiciales adscrito a este juzgado de Distrito a fin de que las subsecuentes notificaciones, se practiquen al quejoso en el lugar en que se encuentra recluido. Notifíquese y personalmente al quejoso en el lugar en que se encuentra recluido. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con Carolina Denysee Villagrán Salinas, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Incidental

    VII) Toluca, Estado de México; trece de julio de dos mil dieciséis. La primera certificación de cuenta evidencia que la parte quejosa, no desahogó el requerimiento formulado mediante proveído de diez de junio de dos mil dieciséis, a través del cual se le requirió para que dentro un plazo de veinte días, se presentara en local de este juzgado a recoger los edictos, acreditara haberlos entregado para su publicación y exhibiera el pago que amparara lo anterior; mediante los cuales se pretendía emplazar a juicio al tercero interesado Ariel Fonseca Sandoval, tal y como lo señalan los artículos 27, fracción III, inciso b), de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la primera de las legislaciones invocadas. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el auto de mérito y, con fundamento en el artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 27, fracción III, inciso b), y 5, fracción III del propio ordenamiento, así como en el 17, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, debido a la falta de emplazamiento de una de las partes y la falta de interés de la otra para colaborar en la integración de este asunto. A mayor abundamiento, se precisa que el emplazamiento del tercero interesado, que permita tener válidamente constituida la relación jurídica procesal, está condicionado a que el quejoso disponga y pague la publicación de los edictos respectivos, siendo que el incumplimiento de tal obligación provoca que no pueda tenerse por llamado al juicio de amparo a un gobernado, que con motivo de la emisión del acto reclamado recibió algún beneficio en su esfera jurídica, ni mucho menos que pueda ser resuelto el juicio constitucional, o en su defecto manifestar la imposibilidad que tuviere para ello, y estar en aptitud de proveer lo conducente. Por ello, en atención a la posición jurídica que guarda el tercero interesado en relación con el acto reclamado, debía estimarse que su emplazamiento al juicio constituía un auténtico presupuesto procesal. En ese tenor, al tomar en cuenta la naturaleza del juicio de amparo, así como las formalidades esenciales que constitucionalmente rigen a todo procedimiento, en virtud de que las determinaciones que se adopten en el juicio biinstancial pueden llegar a afectar la esfera jurídica de los terceros interesados, debe estimarse que su emplazamiento al juicio de amparo constituye un presupuesto procesal cuyo incumplimiento, atribuible a la quejosa porque la omisión de recoger los edictos y de demostrar entregarlos para su publicación, exhibiendo el pago que ampara esa situación, dentro del plazo concedido para ello; impide al juzgador pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado y, por ende, torna improcedente el presente juicio, pues constitucionalmente no es válido que un tribunal resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a juicio a los gobernados cuya esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución. Lo anterior, porque al quedar paralizado el juicio constitucional por dicha situación, se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Carta Magna, ya que se entorpece la administración de la justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible a este órgano jurisdiccional, además que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan en los términos que al respecto señala la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso, del agraviado, pues con su omisión impide que se constituya válidamente la relación procesal, contraviniendo con ello el interés común de la sociedad, razones suficientes para determinar el sobreseimiento en el juicio constitucional. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia por contradicción 2a./J. 108/2010, localizable en la página 416, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Novena Época, que establece: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo." Y la tesis XVII.1.O.C.T.18K (10ª), consultable en la página 1320, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Noviembre de 2013, Libro XXVI, Tomo 2, Decima Época, cuyos rubro y texto son el siguiente: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE SOBRESEER EN ÉSTE ANTE LA OMISIÓN DEL QUEJOSO DE ACREDITAR QUE LOS PUBLICÓ, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE PRUEBE O NO QUE REQUIRIÓ SU ENTREGA AL ÓRGANO QUE LOS DECRETÓ (INTERPRETACIÓN CONFORME DE LOS ARTÍCULOS 63, FRACCIÓN II Y 27, FRACCIÓN III, INCISO B), PÁRRAFO SEGUNDO, AMBOS DE LA LEY DE LA MATERIA). No basta tomar en cuenta la literalidad del artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo, que establece que se sobreseerá en el juicio cuando el quejoso no acredite que entregó los edictos para su publicación, a fin de emplazar al tercero interesado, cuyo domicilio se desconoce, una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó, redacción de la que se deduce que se condiciona la actualización de la causa de sobreseimiento, a que el quejoso comparezca ante el órgano de amparo a solicitar la entrega de dichos edictos; sino que debe atenderse al numeral 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, de dicha ley reglamentaria, que regula el mismo supuesto y que de forma puntual señala que si el impetrante de amparo no comprueba haber entregado para su publicación los edictos, dentro del término de veinte días siguientes a que se pongan a su disposición, se sobreseerá en el juicio, sin distinguir si el quejoso requirió o no su entrega al órgano de amparo. Por tanto, de una interpretación conforme de los citados preceptos, si el quejoso omite acreditar los extremos señalados en el artículo 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, procede sobreseer en el juicio, aun cuando no se demuestre que dicho inconforme compareció al tribunal constitucional a requerir su entrega. Esta interpretación resulta acorde con el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el derecho humano del debido proceso, así como con el diverso numeral 17 de tal Ordenamiento Supremo, que salvaguarda el derecho a que se administre justicia pronta y expedita, en los términos que establecen las leyes; preceptos constitucionales conforme a los cuales no puede quedar supeditada a la intención de las partes que se dicte sentencia en el juicio de amparo, la cual jurídicamente es imposible emitirse si no se constituye válidamente la relación jurídico procesal en el juicio, con el emplazamiento del tercero interesado. Ello, porque la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan en los términos establecidos por la ley; de ahí que no puede sobreponerse el interés del quejoso al interés público de la sociedad." Se hace hincapié en que este Juzgado agotó los medios a su alcance para lograr el emplazamiento del tercero interesado Ariel Fonseca Sandoval, ya que por auto de nueve de marzo de dos mil dieciséis (foja 159), se remitieron oficios a diversas dependencias con el fin de investigar el domicilio en el cual podría ser localizado el tercero en comento, sin que se obtuviera resultado favorable, aunado a que la parte quejosa fue omisa en manifestar alguna imposibilidad para cubrir la publicación de los edictos correspondientes. Consecuentemente, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo en los términos antes indicados; ante ello se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional prevista para celebrarse el día de hoy a las diez horas con diez minutos, por tanto, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno. A lo anterior, se apoya la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2833, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo CXXV, Quinta Época, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. El sobreseimiento puede dictarlo el juez en cualquier momento en que proceda, sin importar que se haya o no celebrado la audiencia, y eso no significa la indefensión del quejoso, porque se le dio entrada a la demanda." En otro aspecto, si bien es cierto que la notificación del presente auto debe ser en forma personalísima, porque dicha notificación permite que el peticionario de amparo haga valer las defensas que procedan o actuar de conformidad con lo que ordenen las disposiciones judiciales, no menos cierto resulta que mediante proveído de veintiséis de febrero de dos mil dieciséis (foja 152), se tuvo como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir todo tipo de notificaciones, la lista de acuerdos que se publica en este juzgado; por tanto, practíquese esta notificación, a través de ese medio informativo, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con Carolina Denysee Villagrán Salinas, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Incidental

    VII) AUTO DE 06/07/2016 Toluca, Estado de México; seis de julio de dos mil dieciséis. APERTURA DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Como está ordenado en esta fecha en el cuaderno principal, con dos copias simples de la demanda, tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 1019/2016-VII, promovido por David Flores Becerril, por propio derecho, contra actos del Director de Prevención y Readaptación Social del Estado de México y otras autoridades. REQUERIMIENTO DE INFORME PREVIO. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 138 y 140 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables informe previo, el cual deberán rendir dentro del plazo de cuarenta y ocho horas y ajustarse a las hipótesis previstas en el numeral 140 de la ley en comento, es decir, podrán agregar las razones que se estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión, para tal efecto se les envía copia simple de la demanda de amparo. FECHA DE AUDIENCIA INCIDENTAL. Para la celebración de la audiencia incidental se señalan las diez horas del trece de julio de dos mil dieciséis, para que tenga verificativo la celebración de la audiencia incidental, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II del artículo 138 de la Ley de Amparo. ANÁLISIS DE LA SUSPENSIÓN. Ahora, en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 128 y 139 de la Ley de Amparo, se precisan los aspectos que el Juzgador debe tomar en cuenta, así como los requisitos que los peticionarios de amparo deben de reunir para otorgar la suspensión del acto reclamado las cuales son: a) La naturaleza de la violación alegada; b) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; c) Que hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamando con perjuicios para el quejoso; y, d) La apariencia del buen derecho. FIJACION DEL ACTO RECLAMADO. El solicitante del amparo hace consistir su reclamo en la orden de traslado de su celda, pasillo, dormitorio e incluso penal sin causa justificada; así como su ejecución. En ese orden de ideas, de conformidad con lo establecido en los artículos 138 y 139 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional debe realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y tomar las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados, ni quede sin materia el juicio. Con la finalidad de preservar la materia del juicio de amparo, que siempre, de una forma u otra, versa sobre el respeto de los derechos humanos del gobernado, con fundamento en los artículos 128, 139, 147 y 161 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional solicitada respecto del acto reclamado, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y no se realice el traslado del quejoso a diverso centro de reclusión del cual se encuentra (Centro Preventivo y de Readaptación Social "Santiaguito", en Almoloya de Juárez, Estado de México), ni tampoco se le traslade a diverso dormitorio o celda, si a la fecha no se ha llevado a cabo. Dicha suspensión se concede hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva, y siempre y cuando no se trate del cumplimiento a una sentencia que haya causado ejecutoria, o bien, de una cuestión de competencia definida. Asimismo, se precisa que la medida cautelar decretada no surtirá efecto alguno si la orden de traslado es dictada con posterioridad a la fecha en que se presentó la demanda de amparo por diversas autoridades a las señaladas como responsables; tampoco surtirá efecto alguno si se encuentra en peligro la integridad física del quejoso, o bien, la del resto de la población penitenciaria. Lo anterior es así, pues constituye una cuestión de orden público y de interés social velar por la integridad física de los internos y del centro carcelario; de tal suerte, que si se diera el traslado del peticionario del amparo por las razones antes indicadas la autoridad penitenciaria únicamente estaría obligada a fundar y motivar la determinación que diera lugar a ello. A lo anterior, en lo conducente sirve de apoyo la tesis 280, publicada en la página 269, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo III, Materia Administrativa, que establece: "TRASLADO DEL REO, SUSPENSIÓN TRATÁNDOSE DE. Teniendo en cuenta que se reúnen los requisitos del artículo 124 de la Ley de Amparo para la procedencia de la suspensión que se solicita, debe concederse ésta, para el efecto de que no sean trasladados los quejosos del lugar en donde se encuentran recluidos." De igual manera, sirve de apoyo la tesis VII.1o.16 P, visible en la página 557, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Enero de 1997, Tomo V, del tenor siguiente: "SUSPENSIÓN, INCIDENTE DE. PROCEDE CONTRA EL TRASLADO DE REOS. El Juez de Distrito no estuvo en lo correcto al haber negado la suspensión definitiva de los actos reclamados, ya que al consistir éstos en el traslado del reo de una ciudad a otra, debió de considerarse que se encuentra dentro de los supuestos establecidos por el artículo 136 de la Ley de Amparo, es decir, el de estimar que la suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del Juez de Distrito, únicamente en lo que se refiere a su libertad personal, quedando a disposición de la autoridad que deba juzgarlo, por lo que hace a la continuación del proceso penal, debiendo suspenderse el traslado del quejoso al lugar donde se le está instruyendo el proceso, mientras se resuelve el fondo del amparo." DOMICILIO. En conformidad con lo previsto en el ordinal 26, fracción l, inciso a), de la Ley de Amparo, las notificaciones aún las de carácter personal, practíquense al quejoso en el lugar en donde se encuentra recluido. AUTORIZADOS. Se tiene por autorizados del promovente a las personas que señala, en términos de lo dispuesto en el artículo 12 de Ley de Amparo, siempre y cuando tengan registrada su cédula profesional. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Con fundamento en lo preceptuado en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, expídanse las copias certificadas que solicita el promovente en el escrito de cuenta; se tiene por autorizada a la persona señalada para tal efecto, es decir, únicamente para recibir las copias. En el entendido de que cuando comparezca a recogerlas deberá exhibir una identificación oficial vigente y copia simple de ésta para debida constancia legal de su entrega. NOTIFICACIÓN A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Finalmente, este Juzgador ordena se notifique por medio de oficio la presente determinación a las autoridades responsables, así como las determinaciones que tienen trascendencia procesal, lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar; en la inteligencia de que los demás acuerdos se les notificaran por medio de lista. Lo anterior, en atención a lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253, de Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, registrada con el ordinal 2002576, cuyo rubro es el siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." PREVENCIÓN DE AUTORIDADES INEXISTENTES. Asimismo, con fundamento en lo previsto por el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, el cual establece entre las obligaciones del inconforme, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el cual no opera la suplencia de la queja); en consecuencia, se apercibe a la parte inconforme que si las autoridades responsables no existen con la denominación indicada en su demanda, sin mayor trámite se les tendrán como inexistentes, suspendiéndose toda comunicación con la misma y, en su oportunidad se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contrario, o bien, se corrija el señalamiento en la denominación de la autoridad responsable; hasta antes del dictado de la audiencia incidental; tomando en consideración que le corresponde al agraviado estar pendiente de la tramitación de su asunto, circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional, el cual procura la impartición de justicia pronta y expedita y el principio de celeridad procesal. TRANSPARENCIA. Finalmente, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el Segundo Transitorio de la citada Ley, en caso de solicitarse una versión pública de la resolución que se emita en este juicio, se ordena clasificar la información que, en su caso, fuese reservada y suprimir la confidencial de las partes en términos de los artículos 110 y 113 de dicha norma. Notifíquese y personalmente al quejoso en su lugar de reclusión. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con Carolina Denysee Villagrán Salinas, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. AUTO DE 12/07/2016 Toluca, Estado de México; doce de julio de dos mil dieciséis. Vista la razón de cuenta, en la cual el Actuario judicial adscrito a este juzgado de distrito manifiesta la imposibilidad de llevar a cabo la diligencia ordenada en auto de seis de julio pasado, por los motivos allí expuestos. A las aseveraciones insertas en las razones de cuenta se les concede pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto en los artículos 161 y 212 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su ordinal 2°., porque la fe dada por un funcionario judicial, en ejercicio de su encargo conserva su valor probatorio para tener por cierto lo ahí asentado, pues se encuentra investido legalmente de fe pública. Se estima aplicable, la tesis publicada en la página 202, del Tomo XI, marzo de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "ACTUACIÓN JUDICIAL DE UN ACTUARIO. SU VALOR EN JUICIO. No basta para desvirtuar la fe dada por un funcionario judicial, como lo es un actuario, en ejercicio de su encargo, el aseverar que lo asentado por éste es falso, por cuanto que, como se encuentra investido legalmente de fe pública, corresponde a quien impugna esa actuación demostrar, con los medios de prueba idóneos, que son ciertos los vicios, ya sea de forma o materiales, que le atribuye a dicha actuación, y si no se hace así, es evidente que la misma conserva su valor probatorio para tener por cierto que lo ahí asentado corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos o actos jurídicos de los cuales dio fe esa autoridad". Por tanto, con apoyo en el artículo 26, fracción I y 29 de la Ley de Amparo, realícese a la parte quejosa la notificación del auto de mérito y las subsecuentes aún las de carácter personal, por medio de lista de este órgano de control constitucional. Por similitud jurídica se estima aplicable, la jurisprudencia publicada con la clave 1a./J. 20/2008 en la página 238, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del Tomo XXVII, Abril de 2008, Novena Época, cuyo contenido es: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. DEBEN REALIZARSE POR LISTA CUANDO NO PUEDAN PRACTICARSE PERSONALMENTE POR NO ENCONTRARSE ALGUIEN EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. De la interpretación armónica de los artículos 27 a 34 de la Ley de Amparo, se advierte que hay resoluciones -como las que contienen prevenciones y requerimientos- cuya notificación debe practicarse personalmente, y que ante la imposibilidad de dicha práctica, ya sea porque no se señaló domicilio o porque no se esperó al notificador, la regla es que se notifiquen mediante lista. En ese sentido, si bien la Ley indicada no establece cómo debe actuar el órgano jurisdiccional ante la imposibilidad de notificar personalmente un auto en el que se previene a la parte quejosa en el domicilio que designó para oír y recibir notificaciones, cuando el actuario que se constituye en éste, no encuentra a quien debe notificar, ni a sus parientes, empleados domésticos o a alguna persona que viva ahí, debe entenderse que para llevar a cabo la diligencia, la notificación deberá realizarse por lista. Lo anterior, en virtud de que dicha eventualidad puede encuadrarse en los supuestos previstos en la Ley de Amparo, según los cuales, ante la imposibilidad de practicar la notificación personalmente, debe realizarse por lista, con lo cual el órgano jurisdiccional cumple con el cometido de hacer del conocimiento del quejoso la resolución emitida, utilizando las figuras preestablecidas en la Ley mencionada; esto en el entendido de que corresponde al titular del órgano jurisdiccional, a partir de la razón actuarial en la que conste que se llevaron a cabo todas las actuaciones posibles para efectuar la notificación personal, determinar que ello fue imposible y, en consecuencia, se ordenará válidamente que se practique por lista. Además, lo anterior es así porque si la Ley de Amparo prevé una solución al caso planteado, es inconcuso que resulta innecesario acudir a otra normatividad para resolverlo, de ahí que en la especie sea inaplicable supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles". Notifíquese por lista a la parte quejosa y cúmplase. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con Carolina Denysee Villagrán Salinas, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

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