David Flores Becerril

Expediente 750/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
750/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
23/09/2021

Partes del expediente

  • David Flores Becerril

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno. OFICIO Intégrese el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca, a través del cual informa que la demanda promovida por el quejoso, con la que dicho órgano cuenta se encuentra incompleta, razón por la cual es complicado continuar con la secuela procesal. VINCULACIÓN EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Atento a lo anterior, se comisiona a la analista jurídico SISE, para realice las gestiones necesarias en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a fin de vincular al expediente ***, de la estadística del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca, el escrito de demanda presentado por el quejoso ***, en el expediente en el que se actúa.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, tres de septiembre de dos mil veintiuno. Intégrese el oficio signado por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, por medio del cual devuelve diligenciado el exhorto 193/2021 (orden 240/2021), del índice de este juzgado, en el que se notificó a la parte quejosa el auto de dieciocho de agosto del presente año, circunstancia de la cual únicamente se toma conocimiento para los efectos legales conducentes, en razón a que, mediante proveído de treinta y uno de agosto del año en curso, se mandó al archivo el presente juicio de amparo. Cúmplase.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio de la Secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, a través del cual, acusa recibo del juicio de amparo 750/2021-IV-C, de este índice, y comunica que aceptó la competencia declinada en el presente sumario. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículo 21, incisos j), del Acuerdo General del Pleno, así como, el diverso 8.1.2, inciso 10 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardos, ambos del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales, una vez que transcurran tres años de archivado este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un cuadernillo de antecedentes relativo a una incompetencia que carece de relevancia documental.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, dieciocho de agosto de dos mil veintiuno. RADICACIÓN Vista la demanda promovida por ***, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 750/2021-IV-C. ACTO RECLAMADO El quejoso reclama del Juez de Ejecución de Sentencia del Sistema de Justicia Penal Acusatorio Adversarial y Oral con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, Director del Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-OAXACA", Secretaria de Seguridad, Dirección General de Prevención y Reinserción Social, y Director Técnico Legal: En ese contexto, este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer del presente asunto, de conformidad con las consideraciones que a continuación se exponen. Los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 37 de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.)". "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.". El artículo Constitucional en comento, fue interpretado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia siguiente: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el número VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere se interpondrá ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto -quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en él las pruebas que a su derecho importen, cuando el Juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el Juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo del amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el Juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquél haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos Jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el Juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36, de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo.". Conforme a tales preceptos, este órgano federal se declara legalmente incompetente por territorio, para conocer de la demanda de amparo, pues ésta se surte a favor del Juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, en turno. Lo anterior es así, ya que de las propias manifestaciones del quejoso, se advierte que éste se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-OAXACA". En tales condiciones, en el conocimiento del amparo indirecto, las reglas para fijar la competencia de los jueces de Distrito por razón de territorio, las establece el artículo 37 de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, en los términos siguientes: a) Será juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de Distrito ante el que se presente la demanda. c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Las dos primeras reglas, son relativas a los actos reclamados que tienen ejecución material en la jurisdicción de uno o de varios jueces de Distrito, la marcada con el inciso a) se refiere a todos los supuestos en que pueda encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se efectúe en una jurisdicción; la marcada con el inciso b) se refiere a la ejecución en dos jurisdicciones diferentes al precisar que el acto ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y sigue ejecutándose en otro. La tercera regla marcada con el inciso c) prevé el caso, en el que el acto o resolución reclamada no requiera ejecución material, lo que da competencia al juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora, la exégesis del referido numeral estriba en razones de índole funcional que permiten realizar la actividad jurisdiccional de forma eficaz, pues el legislador estableció las referidas reglas de competencia para facilitar al gobernado el acceso a la justicia constitucional para que pueda disponer de mejores posibilidades de defensa, y estar en condiciones de atender adecuada y permanentemente el desenvolvimiento del juicio que promueva. Por tanto, para estar en aptitud de establecer la competencia por razón de territorio de un juez de Distrito, resulta necesario analizar en primer término el tipo de acto reclamado; y, en segundo lugar, determinar si aquél es de carácter declarativo o requiere ejecución material, y en su caso, en dónde se puede llevar a cabo ésta; para así determinar cuál de las hipótesis previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, determinará la competencia. En tales condiciones, para poder establecer cuándo una resolución jurisdiccional conlleva un principio de ejecución, es pertinente tomar en consideración que por ejecución se ha entendido aquella actividad de adecuación del entorno fáctico a la exhortación judicial; es decir, la actividad del órgano jurisdiccional tendente a dejar las cosas en el sitio en que se encontrarían de no haber existido incumplimiento. En otras palabras, la fuerza ejecutiva constituye la posibilidad que tiene un juez de poner en marcha un aparato coactivo capaz de llevar a efecto los términos de sus resoluciones, incluso prescindiendo de la voluntad del obligado. En efecto, respecto del asunto en estudio, de una lectura integral del escrito de demanda se advierte que el promovente en esencia se duele de la negativa a la solicitud de modificación de compurgación de la pena referente al traslado voluntario de diecinueve de junio de dos mil veinte, del Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-OAXACA", donde se encuentra actualmente recluido al diverso Centro Penitenciario de Reinserción Social "Santiaguito", con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México. Entonces, se puede concluir que el promovente señala como acto reclamado uno que requiere ejecución material, la cual se traduce en que el promovente continúe privado de su libertad en diverso centro de reclusión al en que actualmente se encuentra. Luego, si el quejoso al momento de solicitar la modificación de compurgación de la pena referente al traslado voluntario de diecinueve de junio de dos mil veinte, dentro del expediente 263/2017, se encontraba privado de su libertad, resulta indudable que conforme a la primera regla de competencia aludida en líneas precedentes, dicho acto se seguirá ejecutando en ese lugar, con lo que resulta inconcuso que el órgano de control constitucional competente para conocer de la demanda promovida, es un Juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, pues es en su jurisdicción donde se encuentra el centro penitenciario en que radica el peticionario del amparo. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 14/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2006160, localizada en la página 633, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de Abril de 2014, Libro 5, Tomo I, que es del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA. PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE DECLARA INCOMPETENTE UN JUEZ DE DISTRITO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL INCIDENTE DE LIBERTAD ANTICIPADA PROMOVIDO POR EL SENTENCIADO. SE SURTE A FAVOR DEL JUZGADOR EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EN DOMICILIO DEL CENTRO PENITENCIARIO DONDE EL REO SE ENCUENTRE RECLUIDO. A partir de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 18 de junio de 2008, en vigor a partir del 19 de junio de 2011, se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen y modificación y duración de las penas, lo cual originó, entre otras cuestiones, que sea el juez de ejecución y no una autoridad administrativa quien debe resolver sobre la petición de libertad anticipada. Ahora bien, para determinar cuál es el juzgador competente para conocer del juicio de amparo indirecto contra la resolución por la cual se declaró incompetente un juez de distrito para pronunciarse sobre el incidente de libertad anticipada promovido por el sentenciado en distinta jurisdicción del lugar donde compurga su pena, debe acudirse a la regla competencial contenida en el artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, y no a la excepcional prevista en el artículo 42 de la propia ley, pues esta última se refiere a los casos en que se señale a todos los jueces o tribunales unitarios de un distrito o circuito, respectivamente, como autoridades responsables, o que derivado de una serie de impedimentos no hubiere en el distrito o circuito de que se trate, órgano jurisdiccional que esté en aptitud de conocer y resolver un caso determinado. Lo anterior es así, ya que en el citado artículo 36 se prevén tres reglas para fijar la competencia de los jueces de distrito, a saber: a) cuando en su jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Por tanto, si se toma en cuenta que el reo está privado de su libertad cuando solicita la concesión de alguno de los beneficios previstos en la ley para suspender la ejecución de la pena de prisión, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando se niegue el beneficio o no se dé trámite a la solicitud indicada, resulta competente para conocer del juicio de amparo el juez de distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario donde el sentenciado esté recluido." Asimismo, orienta lo expuesto, la jurisprudencia 1a./J. 48/2005 (9a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizada en la página 5 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de Junio de 2005, tomo XXI, por no contraponerse con lo establecido en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, que dice: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN ESTÉ RECLUIDO EL QUEJOSO, EN EL MOMENTO EN QUE SE LE NIEGUE O NO SE DÉ TRÁMITE A SU SOLICITUD DE OTORGAMIENTO RESPECTO DE ALGUNO DE LOS BENEFICIOS PARA SUSPENDER LA EJECUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN. Del artículo 36 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) será competente el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, si se toma en cuenta que el reo está privado de su libertad en el momento en el que solicita la concesión de alguno de los beneficios previstos en la ley para suspender la ejecución de la pena de prisión, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando se niegue el beneficio o no se dé trámite a la solicitud indicada, resulta competente para conocer del juicio de garantías relativo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario." En este orden de ideas, es evidente que este órgano de control constitucional, resulta legalmente incompetente para conocer de la controversia que se le plantea y estima competente al Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, en turno, pues es dentro de su jurisdicción donde se seguirán ejecutando los actos reclamados. Por tanto, fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente y remítase el presente juicio de amparo al Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, en turno, a fin de que se pronuncie en términos de ley; solicitando el acuse correspondiente. DOMICILIO Con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso k), practíquense las notificaciones que este Juzgador considere necesarias, personalmente a la parte quejosa en el centro de reclusión en el que se encuentra privado de su libertad. No obstante, a fin de no dejar en estado de indefensión al quejoso, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo líbrese exhorto al Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado comisione a uno de los actuarios adscritos a ese órgano jurisdiccional a fin de que se constituya en el Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-OAXACA" y notifique el presente proveído al mismo. Para lograr el cometido de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilita al actuario judicial de esa adscripción para que realice la presente notificación en horas y días inhábiles. Dada la naturaleza de la comunicación oficial, envíese vía electrónica mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con el artículo 110 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por lo cual, resulta innecesario el acuse de recibo respectivo y la devolución de las constancias de mérito, deberá realizarse por la misma vía. AUTORIZADOS En relación con los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígasele que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones de autos. MEDIOS DE COMUNICACIÓN ALTERNOS En ese orden, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene como "medio de comunicación alterno" (no procesal), el correo electrónico proporcionado lic.sam74@hotmail.com. JUICIO EN LÍNEA (ACUERDO GENERAL 21/2020) Por otra parte, conforme a lo dispuesto por el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la parte quejosa para haga uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación para la tramitación del sumario mediante el esquema de juicio en línea. CONSULTA FÍSICA DEL EXPEDIENTE Por otra parte, en caso de que alguna de las partes opte por revisar el presente asunto físicamente, indíquese que para ello, deberán cumplir con lo establecido en los artículos 3, 4, 5, 6 y 7, del capítulo II, del acuerdo general 21/2020; preceptos que en síntesis hacen referencia a la forma en que los justiciables, podrán acudir a los órganos jurisdiccionales a fin de desahogar cualquier clase de diligencias (desahogo de audiencias, comparecencias o revisión de expedientes etc.); sin embargo, para tal fin deberán generar su código QR y agendar la cita respectiva conforme a los lineamientos allí establecidos. NOTIFICACIÓN ESPECIAL A LAS PARTES En términos del Acuerdo General 9/2021, hágase del conocimiento de las partes que el instrumento que regirá la actividad de este órgano jurisdiccional hasta el treinta y uno de octubre de dos mil veintiuno o hasta que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal lo determine, será el Acuerdo General 21/2020. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. Notifíquese como legalmente corresponda. Así lo proveyó Erik Roberto Frías Guerrero, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, en funciones de Juez de Distrito hasta en tanto la Comisión de Carrera Judicial o el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal lo determine o adscriba titular a este órgano jurisdiccional; conforme a lo dispuesto por los artículos 43 párrafo segundo, 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y con el párrafo cuarto del oficio CCJ/ST/2786/2021, de nueve de agosto de dos mil veintiuno, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistido del secretario Valdemar González Huerta, que da fe.

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