David Fernando Cuellar Araujo
Expediente 619/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 19 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 619/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 27/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula IV-1 de Nuevo Laredo Estado de Tamaulipas
- David Fernando Cuellar Araujo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, veintisiete de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que por acuerdo de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia de siete de octubre del citado año, ordenándose el archivo de este asunto como total y definitivamente concluido (fojas 223 y 224). Ahora bien, toda vez que resulta innecesaria la retención de los billetes de depósito N902260 y N903714, expedidos por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S. N. C., por la cantidad de $3,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), cada uno de ellos, con número de registro 52/2021 y 54/2021, en ese orden, que se allegaron para garantizar la suspensión provisional y definitiva, respectivamente, concedida en la incidencia derivada del presente juicio(fojas 153 y 189), se deja a disposición de la parte quejosa por el término de dos años contados a partir de la legal notificación de este proveído, apercibida que de no recogerlo en el plazo concedido, con fundamento en lo establecido por los artículos 50 y 51 de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación, dichos documentos prescribirán a favor del Erario Federal. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Lilia Inés Beltrán Quiñones, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos y el contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que la parte quejosa en este juicio interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el expediente en que se actúa, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, por tanto, con fundamento en el artículo 2°, de la Ley de Amparo, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicha sentencia que sobreseyó en el presente juicio, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, archívese este asunto como totalmente concluido, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, previas las anotaciones de rigor en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otro lado, toda vez que este expediente se ubica en la hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero, párrafo primero, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; además, se considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el artículo decimoquinto, del mencionado Acuerdo, por tanto, este expediente es susceptible de destrucción, y una vez que transcurran más de tres años posteriores a la notificación de este proveído, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula de este asunto. Se destaca que en el presente juicio se formaron cuadernos de suspensión en donde se negó la suspensión definitiva; agréguese a este expediente principal el cuadernillo original relativo a dicha incidencia, y respecto del duplicado una vez que transcurran más de seis meses de su archivo, destrúyase, lo que tiene apoyo en el punto vigésimo, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Iris Ileana de León Martínez, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, siete de octubre de dos mil veintiuno. En el local del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Reynosa, siendo las diez horas con quince minutos del siete de octubre de dos mil veintiuno, estando en audiencia pública Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, asistido de Lilia Inés Beltrán Quiñones, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 619/2021-2, promovido por ********************. El Juez declara abierta la audiencia, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, haciendo constar la Secretaria que ninguna de las partes ha comparecido a participar en este acto, no obstante su legal notificación según constancias que obran en autos. A continuación, la Secretaria da lectura al escrito de demanda (fojas 2 a 11), así como a las demás constancias de autos, y da cuenta con los informes justificados de las autoridades responsables. A lo que se provee: ténganse por relacionadas las constancias de autos y tómese en consideración los informes justificados al momento de resolver este juicio de amparo. Posteriormente, la Secretaria de Juzgado certifica y hace constar que no obra en autos el informe justificado solicitado al Agente del Ministerio Publico de la Federación, Titular de la Célula IV-1, con sede en Nuevo Laredo, Tamaulipas, no obstante encontrarse notificado del oficio 9636/2021, vía correo electrónico, como se desprende de la constancia que obra en la foja 28 de autos, lo anterior para los efectos legales conducentes. De igual manera, la Secretaria certifica y hace constar que el plazo de quince días otorgado a la parte quejosa en proveído de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, transcurrió del treinta y uno de agosto al veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, sin contar los días catorce, quince y dieciséis del mismo mes y año, por ser inhábiles, sin que haya manifestado si era su deseo ampliar la demanda de amparo por cuanto hace al acto reclamado consistente en el auto de vinculación a proceso dictado en la causa penal de origen 138/2020; a lo que se acuerda: Téngase a la secretaria asentado tal certificación, lo cual se tomará en consideración al momento de resolver este asunto. Enseguida, el Juez declara abierto el período probatorio, en el que la Secretaria da cuenta con las constancias que allegaron el Agente del Ministerio Público de la Federación titular de la célula IV-6 de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Tamaulipas, con sede en Reynosa, al rendir el informe con justificación (fojas 38 a 64), respectivamente; además, se da cuenta con el oficio 5638/2021 recibido el treinta de julio del año en curso, enviado por dicho Juez de Control (foja 90). A lo que se acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las probanzas de referencia, en atención a su propia y especial naturaleza. Sin más pruebas por relacionar, se declara cerrada dicha fase. Acto continuo, el Juez declara abierto el período de alegatos, y la Secretaria da cuenta con los formulados por la representación social, en la intervención ministerial 464/2021, recibida el veintinueve de junio del año en curso (fojas 77 a 82). A lo que el Juez acuerda: Téngase por reproducidos los alegatos de referencia y al no haber más que reproducir se cierra esta etapa. Sin que exista promoción pendiente de acordar, el Juez dicta la siguiente sentencia: V I S T O S los autos del juicio de amparo 619/2021-2; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. Presentación de la demanda. El trece de mayo de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con asiento en Reynosa, turnado a este Juzgado, se recibió el oficio 5944 signado por el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Nuevo Laredo, Tamaulipas, al que adjuntó los autos del juicio de amparo 137/2021-II de su índice, promovido por ******************** contra actos de esa y otras autoridades, consistentes en la emisión de una orden de aprehensión girada en su contra; toda vez que se declaró legalmente incompetente para conocer de tal asunto, dado que el quejoso señaló como autoridades responsables tanto a ese órgano jurisdiccional como al diverso Juez Tercero de Distrito residente en esa misma localidad (fojas 1 a 19). SEGUNDO. Trámite. Mediante auto de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, se aceptó la competencia planteada y se admitió la demanda, registrándose con el número 619/2021-2, se pidió informe con justificación a las autoridades responsables, se dio a la representante social de la Federación adscrita la intervención que le corresponde, y se fijó fecha para la audiencia constitucional (fojas 20 a 22), la cual se desahogó en los términos que se anotan y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de derechos fundamentales, con fundamento en los artículos 94, 103, fracción I, y 107 de la Constitución Federal; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y Punto Cuarto, fracción XIX, párrafo cuarto, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la Jurisdicción Territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que los actos reclamados tendrían ejecución material en esta ciudad, que pertenece a la jurisdicción territorial asignada a este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En principio, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se hace constar que el acto reclamado es la orden de aprehensión girada en contra del quejoso el veinticinco de junio de dos mil veinte, por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Tamaulipas, con sede en Reynosa, en la causa penal 138/2020, en relación al delito de rendir información falsa al Registro Federal de Contribuyentes, previsto y sancionado en el artículo 110, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, y su ejecución. Sirve de apoyo a tal precisión, la jurisprudencia P./J. 40/2000 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta (registro 192097), que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.- Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados consistentes en la orden de aprehensión, presentación y/o detención emitida en contra del quejoso, y su ejecución, pues las responsables Agentes del Ministerio Público de la Federación, titulares de las Células IV-2, IV-3, IV-4, IV-5, IV-7 y IV-8 de la Fiscalía General de la República (fojas 32 a 37 y 65), Jueces Tercero y Cuarto de Distrito en el Estado de Tamaulipas (fojas 72 y 85), los negaron al rendir informe justificado, sin que la parte quejosa haya aportado prueba que desvirtuara dichas negativas. Por su parte, el Agente del Ministerio Publico de la Federación, Titular de la Célula IV-1, con sede en Nuevo Laredo, Tamaulipas, fue omiso en rendir informe justificado, no obstante de estar notificado del oficio por el cual se le solicitó, como se desprende del correo electrónico relativo; sin embargo, no ha lugar a presumir ciertos los actos reclamados, con apoyo en el artículo 117, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, dado que no se aportaron pruebas de la existencia de ellos. Por ello, debe sobreseerse en el presente juicio, respecto de los actos y las autoridades a que se contrae este considerando, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 284 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236, del Tomo VI, de la Sexta Época del Apéndice 2000 del Semanario Judicial de la Federación (registro 917818), que es del tenor: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Por otro lado, el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Tamaulipas, con sede en Reynosa, al rendir informe justificado aceptó el acto reclamado (foja 55), allegando copia de la orden de aprehensión girada en contra del quejoso el veinticinco de junio de dos mil veinte, dentro de la causa penal 138/2020, por el delito de rendir información falsa al Registro Federal de Contribuyentes, previsto y sancionado en el artículo 110, fracción II, del Código Fiscal de la Federación. Asimismo, a través del oficio 5638/2021 el Juez de Control responsable informó que el veintitrés de julio pasado, se celebró audiencia inicial en el causa penal 138/2020, en la que se dictó auto de vinculación a proceso contra el quejoso ********************, y después de ello, se le concedió la suspensión condicional del proceso; por ello, determinó que la orden de aprehensión reclamada dejó de tener efectos jurídicos y ordenó su cancelación, pues ésta tenía como finalidad hacerlo comparecer a la audiencia inicial de formulación de imputación. Documentales públicas a las que se les otorga pleno valor probatorio al tenor de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 2 de ésta última, por haber sido expedidas por funcionario público en ejercicio de sus funciones. Al respecto, resulta aplicable la Jurisprudencia emitida también por el Pleno del Máximo Tribunal del País, consultable en la página 226, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995 (registro 394182), que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." De igual forma, se tienen por ciertos los actos reclamados al Jefe Regional de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Tamaulipas, por así haberlo reconocido al rendir informe justificado (foja 68). Además, si bien el Agente del Ministerio Público de la Federación titular de la célula IV-6 de Nuevo Laredo, Tamaulipas (foja 38), al rendir el informe justificado negó el acto, lo cierto es que de las propias manifestaciones que realiza en dicho informe y en su calidad de autoridad ejecutora, se advierte la existencia de la orden reclamada y está en aptitud de llevar a cabo ese mandamiento judicial que ha sido reconocido por la autoridad ordenadora. Por tanto, se tienen por ciertos los actos reclamados. QUINTO. Actualización de causas de improcedencia. Examinada la existencia de los actos reclamados se impone analizar la procedencia del juicio constitucional por ser de orden público y de estudio preferente, ya sea que se cuestione por alguna de las partes o de oficio, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 62, de la Ley de Amparo, y atento al contenido de la jurisprudencia número 814, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a foja 553, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995 (registro 394770), cuyo rubro y contenido establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.- Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Ahora bien, no se estudiará el fondo del asunto, ya que respecto a la orden de aprehensión librada el veinticinco de junio de dos mil veinte, por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Tamaulipas, con sede en Reynosa, en la causa penal 138/2020, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica." Se estima así, pues en la causa penal de origen, en audiencia celebrada el veintitrés de julio de dos mil veintiuno, el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Tamaulipas, emitió auto de vinculación a proceso contra el aquí quejoso, y después de ello, le concedió la suspensión condicional del proceso, por lo que, decretó la cancelación de la orden de aprehensión reclamada, al considerar que dejó de tener efectos jurídicos (foja 90). Así, dicho cambio de situación jurídica hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la orden reclamada y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar el auto de vinculación a proceso, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso. Cobra aplicación al caso, la jurisprudencia 1a./J. 95/2007 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 50, Tomo XXVI, Agosto de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época (registro 171841), que establece: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR.- Si en el juicio de amparo en que se reclama la orden de aprehensión prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se acredita que posteriormente el órgano jurisdiccional dictó auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, por cambio de la situación jurídica del inculpado, en virtud de que la detención motivada por dicha orden se sustituye jurídica y procesalmente por el indicado auto, quedando tanto su nueva situación como el asunto, supeditados a las facultades que los artículos 21 y 102 constitucionales le confieren al Agente del Ministerio Público dentro de la averiguación previa, y no a las del órgano jurisdiccional. Así, dicho cambio de situación jurídica hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso. Además, en el caso no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley citada, ya que el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar no pone fin al proceso penal, pues conforme al artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Penales el Ministerio Público puede allegarse de datos nuevos y suficientes para proceder contra el inculpado y reanudar el proceso en su contra, de manera que si los efectos de la orden de aprehensión reclamada en el juicio de amparo no son destruidos en forma total e incondicional, no opera la causa de improcedencia por cesación de efectos." Así como la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/18 (10a.) sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal Y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 2482, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época (registro 2017544), que establece: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA LA CAUSA RELATIVA SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA QUE SE VINCULÓ A PROCESO AL IMPUTADO, CON INDEPENDENCIA DE LA MEDIDA PREVENTIVA DECRETADA RESPECTO DE SU LIBERTAD PERSONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, entre ellas, los artículos 16 y 19, se encuentra vigente para el Estado de Chihuahua, de acuerdo con el artículo tercero transitorio de dicho decreto. Ahora bien, de las modificaciones que éste generó en el sistema de justicia penal, se advierte una discrepancia de carácter conceptual entre el antes denominado "auto de formal prisión" y el actual "auto de vinculación a proceso"; sin embargo, si el juzgador libra una orden de aprehensión y después vincula al imputado a proceso penal, al igual que como acontecía con el auto de formal prisión, ese acontecimiento origina un cambio de situación jurídica, porque a pesar de la diferencia conceptual, ambas figuras jurídicas son semejantes en cuanto al fondo y efectos que producen para el imputado, en virtud del cúmulo de medidas cautelares que actualmente pueden decretarse en su contra, inclusive la prisión preventiva. En este sentido, cuando el acto reclamado consista en una orden de aprehensión y la autoridad responsable informe que se vinculó a proceso al inculpado, resulta inconcuso que la autoridad federal no puede decidir sobre el caso sin afectar la nueva situación a la que se sujeta el quejoso, cualquiera que haya sido la medida preventiva decretada respecto de su libertad personal, toda vez que la condición particular que guardaba antes de la ejecución de dicho mandamiento judicial motiva que queden consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas que asevera se cometieron al librarse la orden de captura y, por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo (artículo 73, fracción X, de la ley abrogada)." En congruencia con lo expuesto, debe sobreseerse en el presente juicio, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. La aplicación de las jurisprudencias emitidas con apoyo en la legislación anterior al dos de abril de dos mil trece, invocadas en esta ejecutoria son vigentes, de conformidad con el artículo sexto transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril citado, que abroga la anterior Ley de Amparo, por no oponerse a la vigente. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 1, fracción I, 73, 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de derechos fundamentales 619/2021-2, promovido por ********************, en contra de los actos reclamados, autoridades responsables y por las razones expuestas en los considerandos tercero y quinto de este fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Lilia Inés Beltrán Quiñones, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, se advierte que mediante oficio 5638/2021 Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en funciones de Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Tamaulipas, con sede en Reynosa, informó que la orden de aprehensión reclamada fue cancelada en virtud de que el veintitrés de julio del año en curso, en la causa penal 138/2020 se dictó de vinculación a proceso contra David Fernando Cuellar Araujo. Por tanto, de conformidad con el artículo 117, último párrafo, de la Ley de Amparo, con copia del informe de referencia, córrase traslado a la parte quejosa para que dentro del término de quince días, contados a partir de aquél en que quede legalmente notificado de este proveído, manifieste si es su deseo ampliar la demanda de amparo al señalar como acto reclamado el auto de vinculación dictado en la causa penal 138/2020. Se apercibe a la parte quejosa que en caso de ser omisa al respecto, se continuará el procedimiento teniendo como acto reclamado y autoridades responsables los señalados en el escrito de demanda. Por tanto, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y se fijan las diez horas con quince minutos del siete de octubre de dos mil veintiuno, para su verificativo. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
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