David Evaristo Cordero Guevara

Expediente 1503/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 1 actuación registrada, la última del 3 de octubre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1503/2016
Año
2016
Actuaciones
1
Última actuación
03/10/2016

Partes del expediente

  • David Evaristo Cordero Guevara

Actuaciones

  1. Principal

    MESA I "... Agréguese la comunicación del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, donde acusa recibo del oficio 38800 del índice de este Juzgado y anexos, e informa que aceptó seguir conociendo del presente juicio. Por tanto, archívese el presente asunto como concluido; el cual se estima carece de relevancia documental, por lo que transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a su destrucción, ello en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Hágase las anotaciones correspondientes en la carátula de este cuaderno de antecedentes y en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, vista la razón asentada por la actuaria adscrita a este Juzgado, de la que se advierte la imposibilidad para notificar el auto de diecinueve del actual pasado a la parte quejosa. En consecuencia, con fundamento en el 27 fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar dicha determinación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos..." I N S E R C I Ó N "... Oaxaca de Juárez, Oaxaca, diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis. Vista la demanda de amparo promovida por DAVID EVARISTO CORDERO GUEVARA, contra actos del Juez de Control de San Pedro Pochutla, Oaxaca; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1503/2016. Luego, en el caso, este Órgano Jurisdiccional, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, no es legalmente competente, POR RAZÓN DE TERRITORIO, para analizar la constitucionalidad o no, de los actos reclamados por la parte quejosa, pues ello es un presupuesto procesal de orden público y estudio preferente. En efecto, el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece las reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) La regla general de que la competencia se determina conforme al lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. b) Cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. c) Si el acto reclamado no requiere de ejecución material, el juez de distrito competente será aquel en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De lo que se infiere la intención del legislador al fijar la competencia de los jueces de distrito en función de la ejecución material de los actos o resolución reclamada, fue que el gobernado pueda acudir de inmediato al más cercano, que no puede ser otro que el del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado, o bien, ante cualquiera de los Jueces de Distrito con jurisdicción en los distritos cuando el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en uno y siga ejecutándose en otro, pues solo de esa manera puede obtenerse una inmediata defensa en contra del acto de autoridad, deteniendo la ejecución si el acto es de aquellos que por su naturaleza son materia de suspensión conforme a las prevenciones de la ley de la materia. Conforme a lo dispuesto por el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, resulta aplicable la tesis de jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTÉ PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTÉ EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo". En el caso, el quejoso DAVID EVARISTO CORDERO GUEVARA, quien se encuentra privado de su libertad con motivo de la ejecución del acto reclamado en el Centro de Reclusión del Juzgado de Garantías de San Pedro Pochutla, Oaxaca, reclama esencialmente, el acuerdo donde el Juez responsable señala las doce horas del veinte de septiembre de dos mil dieciséis, para reanudar la audiencia constitucional de comunicación de imputación, tal y como lo señala el quejoso bajo protesta de decir verdad en los antecedentes del acto reclamado. Como se ve, en el presente asunto se surte la hipótesis prevista en el artículo 37 párrafo primero, de la Ley de Amparo, porque el acto reclamado deriva del acuerdo dictado por el Juez de Garantías de Pochutla, Oaxaca, en las causa penales 105/2016 y 106/2016, acto que se ejecuta en el Centro de Reclusión del Juzgado de Garantías de San Pedro Pochutla, Oaxaca; Lugar donde se encuentra recluido, dado que el veintidós de agosto fue trasladado para llevar a cabo la audiencia de comunicación de imputación. En efecto, de celebrarse la audiencia constitucional de comunicación de imputación al aquí quejoso en las causas penales 105/2016 y 106/2016, del índice del Juzgado de Garantías de San Pedro Pochutla, Oaxaca, continua ejecutándose por la responsable Juez de Garantías de San Pedro Pochutla, Oaxaca, aunado de que actualmente el quejoso se encuentra recluido en el Centro de Reclusión del Juzgado de Garantías de San Pedro Pochutla, Oaxaca; por tanto, el juicio de amparo debe ser del conocimiento del Juez de Distrito que ejerce jurisdicción donde se ejecuta el acuerdo mediante el cual el Juez de Garantías de San Pedro Pochutla, Oaxaca, señaló las doce horas del veinte de septiembre de dos mil dieciséis, para la reanudación de la audiencia constitucional de comunicación de imputación al aquí quejoso. Es así, porque el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este último, dispone: "XIII. DECIMOTERCER CIRCUITO: Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en la ciudad del mismo nombre, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa, excepto en el distrito judicial en el que ejercen jurisdicción territorial los juzgados de Distrito con residencia en Salina Cruz. Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Asunción Ixtaltepec, Ciudad Ixtepec, Chauites, El Barrio de la Soledad, El Espinal, Guevea de Humboldt, Juchitán de Zaragoza, Magdalena Tequisistlán, Magdalena Tlacotepec, Matías Romero, Reforma de Pineda, Salina Cruz, San Blás Atempa, San Dionisio del Mar, San Francisco del Mar, San Francisco Ixhuatán, San Juan Guichicovi, San Mateo del Mar, San Miguel Chimalapa, San Miguel del Puerto, San Miguel Tenango, San Pedro Comitancillo, San Pedro Huamelula, San Pedro Huilotepec, San Pedro Mixtepec, San Pedro Pochutla, San Pedro Tapanatepec, Santa María Colotepec, Santa María Chimalapa, Santa María Guienagati, Santa María Huatulco, Santa María Jalapa del Marqués, Santa María Mixtequilla, Santa María Petapa, Santa María Tonameca, Santa María Totolapilla, Santa María Xadani, Santiago Astata, Santiago Lachiguiri, Santiago Laollaga, Santiago Niltepec, Santo Domingo Chihuitán, Santo Domingo Ingenio, Santo Domingo Petapa, Santo Domingo Tehuantepec, Santo Domingo Zanatepec y Unión Hidalgo." De lo anterior, se advierte que corresponde a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, conocer del presente juicio de amparo ya que el acto reclamado consiste en el acuerdo mediante el cual el Juez de Garantías de San Pedro Pochutla, Oaxaca, señaló las doce horas del veinte de septiembre de dos mil dieciséis, para la reanudación de la audiencia constitucional de comunicación de imputación al aquí quejoso, que actualmente se ejecuta en el Centro de Reclusión del Juzgado de Garantías de San Pedro Pochutla, Oaxaca. No es obstáculo a lo anterior que el peticionario haya calificado el acto reclamado como una omisión; pues ello solo se trata de la violación constitucional que atribuye al acuerdo en el que la responsable señalo fecha para reanudar la audiencia constitucional, esto es, el efecto jurídico de ese acuerdo es precisamente la violación constitucional atribuida; por tanto el acto reclamado debe apreciarse conforme a la interpretación integral de la demanda de amparo sin atender a los calificativos que el peticionario atribuye. Sirve de apoyo los criterios siguientes: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE EXAMINARSE SIN TOMAR EN CUENTA LOS CALIFICATIVOS QUE EN SU ENUNCIACION SE HAGAN SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD. Si al enunciarse los actos reclamados se formulan apreciaciones valorativas sobre ellos, las mismas no deben de tomarse en consideración al estudiar el problema de la existencia de dichos actos, puesto que tales observaciones se refieren al fondo del asunto y su análisis procederá en el supuesto de que, al no presentarse ninguna causal de improcedencia, se tenga que entrar al estudio de la constitucionalidad de los actos. Tesis: Semanario Judicial de la Federación Séptima Época 239099 1 de 1 Segunda Sala Volumen 18, Tercera Parte Pag. 159 Jurisprudencia(Común) "ACTO RECLAMADO Y CONCEPTO DE VIOLACION. Si conforme a su definición el acto que se impugna se refiere a una conducta ( activa o pasiva), que se atribuye a una autoridad, el correcto señalamiento de él para los efectos del amparo consistirá en describirla. Los calificativos que a esa descripción se adjunten y los argumentos que se expresen para destacar sus aspectos circunstanciales no participan de la naturaleza propia del acto sino que constituyen el examen de la conducta, es decir, los razonamientos que se formulen en relación con ella para alcanzar una conclusión respecto de su juridicidad. Por esa razón en el estudio del acto reclamado, tanto para delimitarlo como para establecer su certeza, debe prescindirse de todos los elementos ajenos a él. Así, por ejemplo, cuando se señala como acto reclamado "las órdenes de comisión o de visita, en virtud de que jamás me fueron mostradas y mucho menos se nos dio copia, dejándonos en estado de indefensión", aparece en claro que los actos reclamados los constituyen "las órdenes de comisión o de visita", nada más. Lo relativo a si fueron mostradas y si se entregó copia de ellas o no, son cuestiones ajenas al dictado de esas órdenes, constituyen aspectos propios de otro acto: la ejecución del mandato. La conducta de las autoridades introduce a la realidad otros elementos que son la formulación de las órdenes y su ejecución. Por ende, la manera en que ésta última se haya desarrollado (la exhibición y entrega de las órdenes) no constituye el acto reclamado sino apreciaciones sobre él y, en el supuesto examinado, se trata de incipientes conceptos de violación. La distinción entre el acto reclamado y el agravio es más patente cuando se advierte que para apreciar la certeza del acto basta examinar el informe rendido, en su caso, y las pruebas existentes en autos cuando se trata de los que están sujetos a prueba o no son notorios; mientras que para determinar la exactitud de los calificativos y conceptos de violación se requiere de un proceso posterior que, subsumiendo la hipótesis legal al asunto concreto, viene a dilucidar la controversia." Tesis: I. 3o. A. J/26 Semanario Judicial de la Federación Octava Época 223603 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo VII, Enero de 1991 Pag. 69 Jurisprudencia(Común) Por tal motivo, este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Oaxaca de Juárez, resulta legalmente incompetente para conocer de este juicio de amparo; en consecuencia, se declina competencia, POR RAZÓN DE TERRITORIO, al Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, en turno. En cuya situación, con fundamento en el numeral 48 de la Ley de Amparo, aplicado en lo conducente, sin disponer providencia sobre suspensión del acto reclamado, por no tratarse de los supuestos que prevé el artículo 15 de la citada legislación, en su párrafo primero; remítase la presente demanda y su anexos; a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Salina Cruz, Oaxaca; para que, por su conducto, se turne al Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, que corresponda, por razón de turno; a quien atentamente se solicita dentro del plazo legal, informar si acepta o no la competencia declinada. Se solicita acuse de recibo. Por lo anterior, fórmese cuaderno de antecedentes con copias certificadas del juicio en mención, para debida constancia. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica. De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con apoyo en el precepto 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, mismo que entró en vigor el cinco de abril de dos mil cuatro, hágaseles saber el derecho que tienen para oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo; en el entendido de que la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta, si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en el artículo 13, fracción IV, de la ley antes citada; de ser así, a la versión pública de la sentencia ejecutoria, de las demás resoluciones públicas y, en su caso, de los documentos contenidos en el expediente que no sean reservados o confidenciales, se suprimirán los datos personales de las partes, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo. NOTIFÍQUESE PERSONALMETE..."

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