David Eustacio Sosa Morales

Expediente 1646/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 1 actuación registrada, la última del 13 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1646/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
13/11/2023

Partes del expediente

  • David Eustacio Sosa Morales

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; trece de noviembre de dos mil veintitrés. SE RECIBE OFICIO. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguense a los autos el oficio con anexos de cuenta, mediante los cuales la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento de treinta y uno de octubre actual, informa que en el expediente ******************** de su índice, en auto de seis de octubre del año en curso, se requirió a la parte quejosa para que solicitara fecha para diligencia de requerimiento de pago y/o embargo, desahogando dicho requerimiento mediante comparecencia de veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés, y en la misma data se comisionó al actuario para llevar a cabo dicha diligencia. En esas condiciones, de conformidad con lo dispuesto por los ordinales 119 y 123, ambos de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las documentales que adjunta la responsable. No obstante, es pertinente mencionar que de la interpretación al contenido del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se desprende la posibilidad de decretar el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, cuando la improcedencia sea manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, y, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. Establecido lo anterior, resulta oportuno precisar que el acto reclamado por ********************, en esta instancia constitucional es la negativa de no tener por asociada a la parte actora a través de sus apoderados para llevar a cabo la diligencia de pago y embargo en el expediente laboral ******************** del índice de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca. Ahora bien, una vez analizadas las constancias que obran en autos, en lo particular, el oficio que se acuerda y las documentales enviadas como complemento al mismo, las cuales tienen valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia; este órgano jurisdiccional considera actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. El precepto legal invocado, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia, es necesario tener presente que generalmente la emisión de un determinado acto de autoridad implica el reconocimiento o el establecimiento de una situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejados ciertos efectos materiales y jurídicos que deben concretarse en la esfera jurídica del particular, lo que lo legitima para acudir a la instancia constitucional con el fin de obtener una sentencia que declare la inconstitucionalidad del acto relativo, por estimarlo violatorio de sus derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese sentido, para que se actualice la improcedencia en estudio, se requiere incuestionablemente de la actividad o participación de la propia autoridad responsable o de su superior, quienes pueden hacer cesar los efectos de su acto, extinguiéndolo de la vida jurídica, ya sea por revocación o por sustitución. El primer supuesto, se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el agraviado es restituido en el pleno goce de sus derechos fundamentales vulnerados, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. La segunda hipótesis, se materializa por sobrevenir un nuevo acto de la autoridad responsable, que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado que se encontraba en suspenso, pero que adquiere firmeza jurídica por la ulterior determinación que sustituyó a la primigenia; verbigracia, la resolución que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o fallo impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de amparo respecto de este último el amparo resulta improcedente. Apoya la consideración anterior, por analogía, la jurisprudencia VI.2oJ/339, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 83, Noviembre 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que establece: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo". Ahora bien, en el expediente ******************** del índice de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, en auto de seis de octubre del año en curso, se requirió a la parte quejosa para que solicitara fecha para la diligencia de requerimiento de pago y/o embargo, desahogando dicho requerimiento mediante comparecencia de veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés, y en la misma data se comisionó al actuario para llevar a cabo dicha diligencia. Sin embargo, las posibles afectaciones que hubieran acontecido el cinco de octubre de dos mil veintitrés, quedaron sustituidas procesalmente. Por tanto, la negativa de no tener por asociada a la parte actora a través de sus apoderados para llevar a cabo la diligencia de pago y embargo en el expediente laboral ******************** del índice de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, ya no depende de la responsable, sino que ahora depende de que el quejoso se presente a la nueva fecha señalada para la diligencia de requerimiento de pago y embargo. De ahí que, no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado la negativa de no tener por asociada a la parte actora a través de sus apoderados para llevar a cabo la diligencia de pago y embargo en el expediente laboral ******************** del índice de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, al quedar sustituida procesalmente, con motivo de que la responsable en auto de seis de octubre del año en curso, requirió a la parte quejosa para que solicitara fecha para diligencia de requerimiento de pago y/o embargo, desahogando dicho requerimiento mediante comparecencia de veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés, y en la misma data se comisionó al actuario para llevar a cabo dicha diligencia. Así las cosas, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En tal sentido, se deja sin efectos la audiencia constitucional, señalada para las diez horas con veinte minutos del veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

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