David Esteban Hernández Moreno

Expediente 1333/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 31 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1333/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
31/12/2019

Partes del expediente

  • David Esteban Hernández Moreno

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial con que se da cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido en queja el auto de once de diciembre de la presente anualidad, a través del cual se desechó la demanda de amparo indirecto con que se formó el presente asunto; por tanto, con fundamento el artículo 2° de la invocada ley, en relación con los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, se declara que ha causado estado para los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En otro orden, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de garantías que dio origen al mismo; además, a consideración de la suscrita, no tiene relevancia documental para su conservación. Por último, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN PRIMERA INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, SÍNTESIS DEL AUTO DE ONCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE: Vista la demanda de amparo formulada por ***, contra actos del Juez Quinto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con residencia en Altamira; en consecuencia, fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el número 941/2019-VII-B. DESECHAMIENTO En primer término, a efecto de proveer respecto de la demanda propuesta, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113, de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Así, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS." Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así las cosas, en acatamiento a lo dispuesto en la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.", se obtiene que, en la especie, la parte quejosa reclama lo siguiente: - El acuerdo dictado el quince de noviembre de dos mil diecinueve, por el Juez Quinto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con residencia en Altamira, en el juicio ordinario civil sobre desconocimiento de paternidad ***, de su índice, a través del cual ordenó se negó la petición que le formuló el aquí quejoso en el sentido de que se sirviera librar nuevo exhorto al Juzgado Familiar del Primer Distrito Judicial del Estado, en turno, para el desahogo de la prueba pericial de ADN (toma de muestras). Sobre esa base, y en atención a que el análisis de las causales de improcedencia del juicio de amparo debe hacerse previamente y de oficio, dada su naturaleza de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo, se procede al estudio de la que, a juicio de este órgano jurisdiccional, se actualiza en el presente asunto. En efecto, a consideración de quien esto resuelve, en el presente asunto se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 107 fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último precepto interpretado en sentido contrario y en los cuales se establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ." De los preceptos anteriores se colige que el juicio de amparo deviene improcedente cuando la causa relativa resulte de alguna disposición de la ley, y que la vía indirecta se surte cuando se reclaman actos emitidos dentro del juicio cuyos efectos sean de imposible reparación. Asimismo, se tiene que el legislador definió tales actos, como aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte, por tanto, el juicio de amparo es improcedente cuando se promueva contra actos emitidos dentro de juicio que no tengan sobre los derechos de la parte quejosa una ejecución de imposible reparación, como lo es cuando producen una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Al respecto, se invoca la jurisprudencia P./J. 24/92, de rubro siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS." Sobre los actos de ejecución de imposible reparación la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que son aquéllos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar de manera directa alguno de los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, tales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones la propiedad, etcétera, en virtud de que las afectaciones de esta naturaleza no se destruyen por el hecho de que se obtenga una sentencia favorable por parte de quien la sufrió, sino que una vez actualizadas aún con la obtención de un fallo favorable queden irreparablemente consumadas. En cambio, los actos que en el juicio no tienen una ejecución de imposible reparación se caracterizan porque la afectación respectiva solamente incide sobre derechos adjetivos o procesales, en tanto que se vinculan esencialmente con las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener resolución favorable, por lo que al lograrse este objetivo, aquellas violaciones se extinguen sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos al gobernado y, en caso de que no sea así, es decir, que no se obtenga un fallo favorable por parte de quien sufrió afectación a sus derechos fundamentales, está en condiciones de hacerlas valer como tales en el recurso que promueva o eventualmente en el amparo directo que se intente contra la sentencia que ponga fin al juicio. Es aplicable al caso la jurisprudencia de rubro: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL." Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.), de título siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013)." De las consideraciones expuestas se obtiene que los actos dentro de juicio susceptibles de ser impugnados mediante el juicio de amparo indirecto son aquellos que tienen una ejecución de imposible reparación, lo que se actualiza cuando: a Afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo; y, b Esa afectación no desaparece ni aún en el supuesto de que el particular obtenga sentencia favorable a sus intereses. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, sostuvo que con dicha precisión el legislador proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Lo anterior se desprende de la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Ahora bien, para una mayor claridad del presente asunto resulta conveniente tener presente los antecedentes del acto reclamado que se desprenden tanto de las manifestaciones realizadas por la quejosa, bajo protesta de decir verdad, en la demanda de amparo de que se trata, las cuales constituyen una confesión expresa, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 95, 96, 197, 199 y 200, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; así como de los autos que integran el diverso juicio de amparo 1332/2018-III-A, el cual constituye un hecho notorio para la suscrita, en términos de lo dispuesto en el artículo 88, del aludido código supletorio, y que se ordena tener a la vista en el presente acto. Así, de dichas constancias se advierten, en lo que interesa, los siguientes antecedentes del acto reclamado: a Mediante escrito presentado el nueve de agosto de dos mil dieciocho, el aquí quejoso ***, promovió juicio ordinario civil sobre desconocimiento de paternidad en contra de ***, del cual por razón de turno correspondió conocer al Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar, con sede en Altamira, Tamaulipas, quien por acuerdo de trece de agosto de dos mil dieciocho, lo admitió a trámite y radicó con el número de juicio 875/2018 (fojas 49 a 58, del juicio de amparo 1332/2018-III-A). b El ocho de octubre del año pasado, se emplazó al juicio de origen a la demandada (fojas 68 a 70), a quien por acuerdo de veinticinco de ese mes de octubre, se le tuvo contestando la demanda civil instada en su contra, oponiendo excepciones y defensas (fojas 71 a 75, del expediente en cita). c En auto de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, el actor, ahora quejoso, desahogó la vista concedida en relación con la contestación de demanda, misma que se tuvo por acordada el cinco de noviembre del mismo año (fojas 76 a 78, ídem). d Luego, a petición de la parte actora en el juicio de origen, por auto de trece de noviembre del año en cita, se dispuso la apertura del juicio a prueba (foja 80, ibídem). e Mediante acuerdo de seis de diciembre de dos mil dieciocho, se tuvo al ahora quejoso ofreciendo pruebas de su intención, entre ellas, la prueba pericial en materia de genética ***, para determinar la relación de parentesco, para lo cual, se ordenó girar oficio al Director de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia en el Estado con domicilio en Ciudad Victoria, Tamaulipas, a fin de que designara perito en materia de genética para llevar a cabo la toma de muestras sanguíneas de la menor quejosa y de la parte actora, encomendando la aceptación del cargo del perito al Juez de Primera Instancia del Ramo Familiar en la mencionada ciudad capital (fojas 84 y 85, del aludido amparo). f Inconforme con dicha determinación la demanda promovió el referido juicio de amparo 1332/2018-III-A, de la estadística de este órgano jurisdiccional, el cual por sentencia de veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, se sobreseyó al estimarse que dicho proveído no era un acto de imposible reparación (120 a 128, de ese juicio de amparo). g Por tanto, al encontrarse firme la admisión de la indicada prueba pericial y previa diligenciación de los exhortos correspondientes, la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas, designó como perito oficial a ***, a quien se le indicó que compareciera al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito judicial del Estado, residente en Ciudad Victoria, Tamaulipas, para que protestara el cargo conferido y desahogara dicha probanza, lo que acontecería el veinte de septiembre del año en curso (manifestación realizada en la demanda de amparo). h No obstante, la toma de muestras correspondientes no pudo llevarse a cabo en la fecha señalada, ante el exceso de carga de trabajo de dicho experto (según lo aducido en el libelo constitucional). i En vista de lo anterior, el ahora quejoso solicitó a la autoridad responsable Juez Quinto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con residencia en Altamira, que librara un nuevo exhorto al Juez de Primera Instancia de lo familiar residente en Ciudad Victoria, para dar seguimiento al desahogo de la prueba pericial de marcadores genéticos (ADN), esto es, para que se realizar la toma de muestras. j Sin embargo, por auto de quince de noviembre de esta anualidad, el juez responsable negó al ahora quejoso dicha petición al indicar: ".Visto y analizado el escrito que se atiende, mediante el cual solicita el exhorto que refiere, a efecto de que se lleve a cabo el desahogo de la prueba de ADN que refiere, se le dice que no ha lugar en acordar de conformidad su petición, ello toda vez que deberá ofrecer su perito en términos de lo dispuesto por los artículos 339 y 340, del Código de procedimientos Civiles vigente en el Estado.." (transcripción realizada en la demanda) -Determinación que constituye el acto reclamado en este asunto. Una vez narrados los antecedentes del acto reclamado en la presente instancia constitucional, y a fin de evidenciar la actualización de la causa de improcedencia invocada, es pertinente señalar que, en el caso, como ha sido precisado, el acto reclamado es el auto de quince de noviembre de esta anualidad, dictado en el juicio ordinario civil sobre desconocimiento de paternidad 875/2018, en el cual el juez responsable se negó a librar un nuevo exhorto para el desahogo de la prueba pericial en materia de genética a cargo de la aquí tercero interesado y su hija menor de edad, a saber, la toma de muestras. En este contexto, este órgano de control constitucional estima que el auto reclamado no afecta, al menos de forma directa e inmediata, derechos sustantivos del aquí quejoso, pues con tal proceder no se materializa alguna afectación directa a la esfera jurídica de la parte quejosa, ya que el desahogo de esa prueba no recae sobre su persona, además, de que no fija hora y fecha para la obtención de las muestras de tejido celular, sino que únicamente se niega a librar la comunicación oficial en cita, para que se pueda realizar la toma de muestras, sin que se soslaye que dicha probanza es la idónea en los juicios de desconocimiento de paternidad. Asimismo, no pasa inadvertido que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el juicio de amparo indirecto es procedente contra el auto que admite y ordena el desahogo de la prueba pericial en genética, toda vez que, por la naturaleza de la prueba, es factible establecer no sólo la existencia de un vínculo de parentesco, sino también otras características genéticas inherentes a la persona que se somete a ese estudio, que pueden quedar al descubierto, contra la voluntad del afectado, aunque nada tengan que ver con la litis, afectando con ello su derecho a la intimidad (derecho sustantivo). Dicho criterio se puede apreciar en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 17/2003, que lleva por título "PRUEBA PERICIAL EN GENÉTICA. SU ADMISIÓN Y DESAHOGO TIENEN UNA EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN SUSCEPTIBLE DE AFECTAR DERECHOS SUSTANTIVOS DE LA PERSONA." Sin embargo, se insiste, que el auto que en esta instancia constitucional se reclama únicamente se niega la emisión de un nuevo exhorto para que se realice la toma de muestras y, por ende, el perito pueda desahogar su experticia, por tanto, no puede considerarse como de imposible reparación, ya que éste sería, en su caso, aquél que eventualmente ordene que se obtenga una muestra. Por ello, es inconcuso que el solicitante del amparo, con el dictado del auto reclamado no resiente una afectación en sus derechos sustantivos, puesto que el auto combatido únicamente prolonga la realización de los medios preparatorios para el desahogo de la prueba pericial antes referida, por lo que no puede estimarse que éste cause, por sí, de forma directa e inmediata, una afectación de imposible reparación. Con base en lo expuesto, se arriba a la conclusión de que la determinación reclamada no causa una afectación de imposible reparación y, en esa medida, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, de la Ley de Amparo. No obsta para concluir lo anterior el retardo en la impartición de justicia que podría entrañar esa determinación, porque tal circunstancia, por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales cuando impliquen una violación al principio de justicia pronta. Por tanto, se insiste, la naturaleza de la determinación cuestionada es eminentemente procesal y no repercute directa e inmediatamente en algún derecho sustantivo del impetrante de amparo, ya que al negarse la emisión del repetido exhorto, ello sólo incide en su postura litigiosa. Se suma la circunstancia de que para combatir las violaciones procesales se deba esperar hasta que se dicte la sentencia en el asunto de origen, no implica que su impugnación se obstaculice; pues a efecto de lograr que la impartición de justicia sea expedita, es necesario restringir la posibilidad de combatir cada una de las cuestiones accidentales o incidentales que surjan durante el procedimiento y permitir que todas ellas, en caso de que generen alguna afectación, puedan resolverse de manera simultánea. De ahí que dicho acto no puede ser considerado como de imposible reparación, pues, como se dijo, sólo trae como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, la cual puede ser subsanable en caso de obtener una sentencia favorable a sus intereses dentro del procedimiento ordinario. Ahora, para el caso de que el fallo resultara adverso a los intereses de la aquí quejosa, tendría la oportunidad de hacerlo valer como una violación procesal en el amparo directo que se promoviera contra aquella sentencia, en términos de lo dispuesto por el artículo 172, fracción IX, en relación con la diversa fracción XII, de la Ley de Amparo, pues es innegable que tal violación, en ese supuesto, afectaría las defensas de la aquí disconforme, trascendiendo al resultado del fallo. Por otra parte, si la sentencia dictada en ese controvertido, por ser favorable a la parte actora fuese reclamada por la demandada en amparo y éste se concediera, lo determinado en el auto que se combate podría plantearse sin objeción alguna por el aquí quejoso, en amparo adhesivo, en términos de lo dispuesto en el numeral 174, de la Ley de Amparo. Es aplicable por las razones que la informan, la tesis de jurisprudencia de rubro: "VIOLACIONES PROCESALES, RAZÓN DE SER DE LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN CASO DE." Así las cosas, ante la notoria e indudable improcedencia del presente juicio de amparo, con fundamento en el citado artículo 113 de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO la demanda formulada por David Esteban Hernández Moreno. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda, en el entendido que de no existir el mismo, encontrarse éste deshabitado o manifestar quien lo ocupe que no conoce a la parte promovente o a sus autorizados, se practicarán las notificaciones, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos que al efecto se publique en los estrados de este juzgado, lo anterior con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Asimismo, se tienen como autorizado de la parte quejosa, en los términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, a Rolando Ponce Arriaga, Zayra Lizbeth Zaleta Leal y Rodolfo Ponce Arriaga, por contar con su cédula profesional debidamente registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación; y, en términos de la parte final, del segundo párrafo del citado artículo, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a las restantes personas que menciona en su escrito de demanda, a saber, Julio Maldonado López, Guadalupe Maldonado García y Jesús Flores Portales, por no encontrarse registradas en ese sistema.

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