David Esau Duque Mata
Expediente 759/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Coahuila. 10 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 759/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 02/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- David Esau Duque Mata
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
este órgano de control constitucional considera que lo realizado por la responsable, cumple con todos los efectos del fallo protector y, por ende, se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio, sin que exista exceso o defecto en el cumplimiento se ordena el archivo del presente juicio de amparo; comuníquese lo anterior a las partes, para los efectos legales correspondientes.
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Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio signado por el Administrador Central de Asesoría Operativa de la Administración General Jurídica, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite las constancias con las cuales aduce dar cumplimiento a la sentencia de amparo. Por tanto, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, con su contenido dese vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga; apercibida que de no hacerlo, este Juzgado resolverá sobre el cumplimiento del fallo protector, atendiendo a las constancias de autos.
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Se notifica a la parte quejosa el auto de 17 de enero de 2023, por medio de lista de conformidad con los artículos 26 fracción III y 29 de la Ley de Amparo, toda vez que no compareció en el recinto oficial de este Juzgado, no obstante el aviso que se le dejó para tal efecto según lo establecido por el artículo 27, fracción I, c
- Principal
Vistos; para resolver los autos del juicio de amparo *******************************; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda. Mediante escrito depositado en buzón judicial el ****************** y recibido en esa misma fecha en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, turnado a este Juzgado, y recibido el *******************, ********************** demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se indican: III. AUTORIDADADES RESPONSABLES: 1. ************************** IV. ACTO RECLAMADOS: ********************************************************************* Actos que consideró violatorios del artículo 31, fracción IV de la Constitución General de la República. SEGUNDO. Trámite. En proveído de ************************** se admitió la demanda de que se trata, la cual se registró en el libro de gobierno de este juzgado con el consecutivo **********************************; se dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados y se citó para la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 1º, fracción I, 37 y 107, todos de la Ley de Amparo; y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que los actos reclamados tienen ejecución en la demarcación territorial en la que este juzgado de distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Conforme a lo establecido en el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, del estudio integral de la demanda y demás constancias de autos, se desprende que el acto efectivamente reclamado por la parte quejosa consiste en: ********************************************** TERCERO. Sobreseimiento por inexistencia. El ***********************************, al momento de rendir su informe justificado, admitió la existencia de los actos reclamados. No obstante, de modo alguno se puede advertir que haya realizado actuaciones encaminadas a lograr el cobro de los derechos correspondientes por concepto del servicio registral. Lo anterior, pues la justiciable reprocha a dicha autoridad el acto de aplicación de las normas tildadas de inconstitucionales; sin embargo, fue la propia quejosa quien pagó las contribuciones de mérito, por lo cual, la responsable en modo alguno hizo un requerimiento para que cubriera el monto por esos conceptos. Por ello, si bien en autos obra constancia de los recibos del entero de los derechos reclamados, también resulta cierto que éste de ninguna manera se emitió por la responsable en ejercicio de las facultades decisorias atribuidas en la ley, para considerar la presencia de una determinación dotada de potestad administrativa y por ende un verdadero acto de autoridad. Es así, pues en atención a su propia naturaleza, los recibos de pago sólo tienen la calidad de documentos idóneos para comprobar el cumplimiento de las contribuciones, precisamente porque de ninguna manera se trata de una actuación unilateral a través de la cual la autoridad señalada como responsable, creara, modificara o extinguiera por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. Lo expresado, tiene sustento en los criterios que a continuación se reproducen: "AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO. La existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; por tanto, la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con la cual acredita la autoaplicación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro atribuidos a las autoridades ejecutoras. Lo anterior, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, pues ello no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba ser atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el plazo de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora." "AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UN TRIBUTO NO ES ACTO DE APLICACIÓN IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS. La existencia de un acto de autoridad no puede, lógicamente, hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad, por tanto, la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con lo cual acredita la autoaplicación de la ley, por sí sola no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro que les atribuyó a las autoridades ejecutoras. No obsta a lo anterior el hecho de que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, pues ello no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba serle atribuido a la autoridad receptora." En tales condiciones, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio respecto del acto y autoridad indicada en este considerando, de ahí que resulte innecesario el estudio de las causales de improcedencia hechas valer por dicha autoridad, ya que al haberse decretado el sobreseimiento por lo que a ella se refiere, no conduciría a ningún fin práctico; máxime que este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a analizar de oficio las causales de improcedencia.. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos que se atribuyen al *****************************************************, en el ámbito de su respectiva competencia, consistentes en la discusión, votación, aprobación, promulgación, orden de publicar y refrendo de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, en particular los artículos 54, fracción II, inciso 1), 60, fracción II, inciso 3), pues así lo manifestaron al rendir sus respectivos informes justificados. Además, la certeza de la existencia de los actos reclamados a las autoridades responsables de mérito, deriva de su propia naturaleza, pues en su conjunto forman el proceso de creación de las normas impugnadas, publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza, de cuya divulgación se desprende la existencia de los actos reclamados; lo que constituye un hecho notorio y, como tal, no se encuentra sujeto a prueba en términos de lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 260, agosto de 2000, tomo XII, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro digital 191452, que dice: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." Asimismo, la aplicación de los actos reclamados se acredita con los recibos de pago folios ********************************, realizados el veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, que merecen valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 210 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo. QUINTO. Estudio de causales de improcedencia. Previo al análisis del problema jurídico planteado, por ser de orden público y estudio preferente, es menester analizar si se actualiza algún motivo de inviabilidad, sea que las partes lo invoquen o que este juzgado advierta de oficio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. El Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza, invoca la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, relativa al interés del quejoso, pues argumenta que solo exhibe el formato de pago, sin que presente el recibo con el que lo acredite. Al respecto, la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." A efecto de verificar, si en la especie, se actualiza la mencionada causa de improcedencia, es pertinente destacar, que del contenido del artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, se advierte la existencia de dos reglas para acudir al juicio de amparo; la primera, que establece que el referido juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho (interés jurídico); y la segunda, que se refiere a un interés legítimo individual o colectivo; en ambos casos, siempre que se alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución Política Federal y, con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa (interés jurídico) o, en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). Es menester precisar, que para acreditar su interés jurídico, la aquí quejosa, exhibió como pruebas, las documentales que obran en autos, consistentes en recibos de pago con folio ***********************************, realizados el ********************************************, probanzas tiene eficacia plena por tratarse de un documento público, en términos de lo previsto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, con la cual demuestra que el promovente sí tiene interés jurídico en este juicio, dado que se colocó en el supuesto previsto por la norma, al efectuar los pagos que ésta señala, por lo que resulta infundada la causal de improcedencia hecha valer. Puntualizado lo anterior, en la especie no se advierte de oficio la actualización de alguna otra causa de improcedencia y las partes tampoco adujeron su existencia, por ende, se procede al estudio de la litis constitucional planteada. SEXTO. Estudio de constitucionalidad de los artículos 54, fracción II, inciso 1) y 60, fracción II, inciso 3) de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila. Al respecto, serán estudiados en forma conjunto ambos artículos, toda vez que los conceptos de violación fueron formulados por la parte quejosa de manera vinculados y dado que ambos artículos establecen la misma cuota fija por el concepto de inscripción o registro de documentos públicos o privados, de resoluciones judiciales, administrativas o de cualquier clase de títulos, por virtud de los cuales se adquiera, transmita, modifique o extinga el dominio o la posesión de bienes inmuebles, aun cuando el valor del documento a inscribir sea indeterminado y por inscribir actos relacionados con contratos de arrendamiento financiero, de créditos de cualquier clase, hipotecarios, prendarios, refaccionarios, de habilitación o avío y otros, otorgados por instituciones de crédito, agrupaciones financieras o particulares, o su reestructuración. La parte quejosa expone que los artículos 54, fracción II, inciso 1) y 60, fracción II, inciso 3) de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila, vulneran los principios establecidos en el artículo 31, fracción IV, constitucional. Refiere de manera sustancial, que los artículos 54 fracción II, inciso 1) y 60 fracción II, inciso 3 de la Ley de Hacienda para el estado de Coahuila, van en contra del elemento esencial del tributo, ya que al estar sujeta la cuota fija aun valor de operación va en contra de un elemento esencial del tributo, ya que los derechos por servicios que presta el registro público de la propiedad y el comercio, nunca deberán atender a un valor de operación que se contenga en los documentos a inscribir. Sostiene que se está ante una clara violación a las garantías de equidad, igualdad y proporcionalidad tributaria ya que los artículos 54, fracción II, inciso 1) y 60, fracción II, inciso 3) de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila, contemplan para la misma inscripción una sobre tasa la cual atiende al valor de la operación y no al costo que significa para el Estado dicha prestación, es decir, con diferentes tarifas para su cobro. Son infundados los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, en virtud de las siguientes consideraciones jurídicas. El artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente: "Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos: (.) IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes." De la anterior transcripción se colige que, en materia tributaria, las leyes y los actos deben atender, entre otros, a los principios de proporcionalidad y equidad. En ese sentido, la proporcionalidad significa que al momento de contribuir con el gasto público del Estado, la imposición debe ser justa en relación con la capacidad contributiva del contribuyente o sujeto pasivo, entendiéndose por ésta, como la potencialidad real de contribuir a los gastos públicos, de manera que las personas que obtengan ingresos elevados tributen en forma cualitativamente superior a aquellos que perciban medianos y/o reducidos recursos; tal como lo ha precisado el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la jurisprudencia P./J. 109/99, consultable en la página 22, Tomo X, Noviembre de 1999, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 192849, de rubro siguiente: "CAPACIDAD CONTRIBUTIVA. CONSISTE EN LA POTENCIALIDAD REAL DE CONTRIBUIR A LOS GASTOS PÚBLICOS." Por su parte, por equidad debe entenderse como la exigencia de tratar igual a los contribuyentes que se encuentran en la misma hipótesis de causación, lo que implica que las disposiciones tributarias deben tratar de manera igual a quienes se encuentren en una misma situación y de manera desigual a los sujetos que se ubiquen en una situación diversa; lo anterior, como se desprende de la jurisprudencia P./J. 24/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 35, Tomo XI, marzo de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 192290, de rubro: "IMPUESTOS. PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA PREVISTO POR EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL." No obstante lo anterior, cuando se trata de derechos, como contribuciones, estos principios se rigen por un sistema distinto al de los impuestos, pues, de acuerdo con la doctrina jurídico-fiscal y la legislación tributaria, por derechos deben entenderse las contraprestaciones que se paguen a la Hacienda Pública del Estado, como precio de servicios de carácter administrativo prestados por los poderes del mismo en sus funciones de derecho público, así como por concepto del uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, mientras que por impuestos se entienden las contribuciones establecidas en la Ley a cargo de las personas que se encuentren en la situación jurídica o de hecho previstas en aquéllas. Así, aun cuando la finalidad de los impuestos y los derechos es contribuir al gasto público, estos no comparten la misma naturaleza, de ahí que los impuestos deben fijarse de acuerdo a la capacidad contributiva del causante del impuesto y, en cambio, para los derechos, el monto de la cuota debe guardar una congruencia razonable con el costo que para el Estado tenga la realización del servicio prestado, de tal manera que las cuotas correspondientes sean fijas e iguales para todos los que reciban servicios análogos; tal como lo señala el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Enero de 1998 en la Novena Época, con número de registro 196934, de rubro siguiente: "DERECHOS POR SERVICIOS. SU PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD SE RIGEN POR UN SISTEMA DISTINTO DEL DE LOS IMPUESTOS." En el caso, los artículos 54, fracción II, inciso 1) y 60, fracción II, inciso 3), de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila vigente a partir del uno de enero de dos mil veintiuno, establecen lo siguiente: "ARTÍCULO 54. Los servicios prestados por el Registro Público, relativos a la propiedad, causarán derechos conforme a la siguiente: TARIFA (REFORMADA, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2019) I. El examen de todo documento público o privado que se presente para su inscripción, cuando se rehúse esta por no ser procedente o cuando se devuelva sin inscribir a petición del interesado o por resolución judicial, se pagará $267.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.). (REFORMADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2020) (REFORMADA PRIMER PÁRRAFO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2019) (REFORMADA, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2018) II. Se pagará una cuota de $20,000.00 (VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.), en los siguientes supuestos: 1). Por la inscripción o registro de documentos públicos o privados, de resoluciones judiciales, administrativas o de cualquier clase de títulos, por virtud de los cuales se adquiera, transmita, modifique o extinga el dominio o la posesión de bienes inmuebles, aun cuando el valor del documento a inscribir sea indeterminado. 2). Por la inscripción de la escritura constitutiva de sociedades civiles y asociaciones de carácter civil, así como cualquier modificación a la escritura constitutiva. 3). Los contratos mercantiles en que medie condición suspensiva, resolutoria, reserva de dominio o cualquier otra modalidad que dé lugar a una inscripción complementaria para su perfeccionamiento. 4). La inscripción de gravámenes sobre bienes inmuebles, sea por contrato, por resolución judicial o por disposición testamentaria; la de los títulos por virtud de los cuales se adquieran, transmitan, modifiquen o extingan derechos reales sobre inmuebles, distintos del dominio; los que limiten el dominio del vendedor, del embargo, así como de cédulas hipotecarias, de servidumbres y de fianzas. 5). (DEROGADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2019) (REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2018) 6). Las inscripciones que deriven de la inscripción de actos jurídicos por los que se deban pagar los derechos establecidos en el artículo 60 fracción II y 61, de la Sección de Comercio. 7). La inscripción de títulos de propiedad, de bienes o derechos que modifiquen, aclaren o disminuyan el capital y sólo sean consecuencia legal de contratos que se otorguen por las mismas partes que figuran en la primera escritura, sin aumentar el capital ni transferir derechos. 8). La inscripción del título o contrato cuando se aumente el capital o se transfiera algún derecho. (REFORMADA, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2019) (ADICIONADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2018) Además de los servicios por la inscripción de los actos jurídicos que conforme a esta fracción y al Código Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza deban registrarse, se incluyen los costos por su revisión, calificación de procedencia, la publicidad y disposición para su consulta de los asientos registrales digitalizados, así como la utilización de recursos materiales, humanos y tecnologías de la información para la clasificación y presentación de la información y todo aquello que se requiere para una adecuada conservación y archivo perene de los documentos que se resguardan. ARTÍCULO 60.- Los servicios prestados por el Registro Público, relativos al comercio, causarán derechos conforme a la siguiente: TARIFA (.) (REFORMADO [N. DE E. ESTE PÁRRAFO], P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2020) II. Se pagará una cuota de $20,000.00 (VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.), en los siguientes supuestos: (.) (REFORMADO, P.O. 19 DE DICIEMBRE DE 2017) 1). La inscripción de la escritura constitutiva de sociedades mercantiles o de las relativas a aumentos de su capital social. (REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2019) 2). Tratándose de sociedades mercantiles de capital fijo, por los aumentos de capital que se presente para su inscripción y sus modificaciones; (REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2020) 3). La inscripción (sic) actos relacionados con contratos de arrendamiento financiero, de créditos de cualquier clase, hipotecarios, prendarios, refaccionarios, de habilitación o avío y otros, otorgados por instituciones de crédito, agrupaciones financieras o particulares, o su reestructuración. (REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2019) Además de los servicios por la inscripción de los actos jurídicos que conforme a esta fracción deban registrarse, incluyen los costos por su revisión, calificación de procedencia, la publicidad y disposición de los asientos registrales digitales, así como la utilización de recursos materiales, humanos y tecnologías de la información para la clasificación y presentación de la información y en lo general todo aquello que genere una adecuada conservación y archivo perene de los documentos que se resguardan." De dicha transcripción se advierte que en la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila vigente a partir de dos mil veintiuno, todos los actos relativos a la propiedad, así como de comercio, se establece un cobro único y/o cuota fija de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 moneda nacional). De lo que se obtiene, en primer lugar, que el monto establecido en los artículos 54, fracción II, inciso 1) y 60, fracción II, inciso 3), de la ley de hacienda en comento, es igual para los que reciben exactamente los mismos servicios, ya que todo particular que realice la inscripción de un acto traslativo de dominio, así como de cualquier tipo de crédito, deberá pagar a la hacienda pública la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 moneda nacional). En efecto, tal como se observa de los artículos 54, fracción II, inciso 1) y 60, fracción II, de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila, el legislador determinó diversos actos relativos al comercio, que van desde la inscripción de la escritura constitutiva de sociedades mercantiles o de las relativas a aumentos de su capital social y sus modificaciones; actos relacionados con contratos de arrendamiento financiero, de créditos de cualquier clase, como hipotecarios, prendarios, refaccionarios, de habilitación o avío y otros, hasta las inscripciones derivadas por su reestructuración y se fijó como cuota única, el pago de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 moneda nacional). Lo que pone de manifiesto que todo aquél que acuda a realizar actos de inscripción relativos a la propiedad y de comercio reciben el mismo trato, pues toda persona pagará la misma cantidad, lo que cumple con el principio de equidad tributaria, en tanto que el costo es igual para los que reciben idénticos servicios. En segundo lugar, se advierte que para la determinación de la cuota fija de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 moneda nacional) se tomaron en cuenta exclusivamente los costos que tiene para el Estado la prestación del servicio. Lo que se evidencia con el último párrafo del artículo reclamado, en el que el legislador detalló que la suma de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 moneda nacional) atiende a los costos que se originan con motivo de la revisión de los documentos a registrar, calificación de procedencia, la publicidad y disposición para su consulta posterior de los asientos registrales digitalizados, utilización de recursos materiales, humanos y tecnologías de la información para la clasificación y presentación de la información, así como las herramientas necesarias para una adecuada conservación y archivo de los documentos que se resguardan. Siendo tales manifestaciones suficientes para cumplir con el principio de proporcionalidad, pues es criterio reiterado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que para efecto de satisfacer dicho principio si bien debe existir una relación entre el costo del servicio y el monto del derecho a pagar, lo cierto es que no debe existir una correspondencia exacta de dichos elementos para sostener que el derecho es proporcional, ya que bastará con que el costo sea el aproximado y no necesariamente el exacto. Lo anterior es así, ya que el Pleno de la Corte, de igual manera, ha establecido que la palabra contraprestación, cuando se trata de los derechos por servicio, no debe ser entendida como en derecho privado, de manera que el precio corresponda exactamente al valor del servicio, pues a diferencia de una empresa privada donde el costo comercial se fija en atención a los costos de producción, distribución, venta y lucro debido, los servicios públicos que presta el Estado se organizan en función de un interés general, que tiende a garantizar la seguridad pública, la certeza de los derechos, la educación superior, la higiene en el trabajo, la salud pública y la organización. De ahí que el pago correspondiente como contraprestación del servicio solicitado puede variar en cuanto al costo real que representó para el Estado su realización, porque, se reitera, el Estado se organiza en función del interés general y, secundariamente, en el de los particulares. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 1/98, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Enero de 1998, página 40, de la Novena Época, con número de registro digital 196935, de rubro y contenido : "DERECHOS POR SERVICIOS. SU CONNOTACIÓN. Si bien es cierto que de acuerdo con la doctrina jurídica y la legislación fiscal, los tributos conocidos como derechos, o tasas en otras latitudes, son las contribuciones que se pagan al Estado como contraprestación de los servicios administrativos prestados, sin embargo, la palabra "contraprestación" no debe entenderse en el sentido del derecho privado, de manera que el precio corresponda exactamente al valor del servicio prestado, pues los servicios públicos que realiza el Estado se organizan en función del interés general y secundariamente en el de los particulares, ya que con tales servicios se tiende a garantizar la seguridad pública, la certeza de los derechos, la educación superior, la higiene del trabajo, la salud pública y la urbanización. Además, porque el Estado no es la empresa privada que ofrece al público sus servicios a un precio comercial, con base exclusivamente en los costos de producción, venta y lucro debido, pues ésta se organiza en función del interés de los particulares. Los derechos constituyen un tributo impuesto por el Estado a los gobernados que utilizan los servicios públicos y están comprendidos en la fracción IV del artículo 31 constitucional, que establece como obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes y, por tanto, los servicios aludidos se han de cubrir con los gravámenes correspondientes, que reciben el nombre de "derechos".". De acuerdo con lo anterior, si el legislador en la ley combatida consideró el costo de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 moneda nacional), como contraprestación que debe pagar el gobernado por la prestación del servicio de inscripciones traslativas de dominio de propiedad inmueble o de garantías constituidas sobre éstos y dicha cuota es: a) Fija e igual para todos aquéllos que soliciten los mismos servicios; b) Sin que se tome en cuenta algún elemento extraño para la fijación del costo, como lo sería el valor del acto jurídico a registrar o el tipo de documento y, por el contrario, c) En la propia norma reclamada se detallan todas las actividades que debe realizar el Estado para la prestación del servicio, es decir, lo que le cuesta. Entonces se concluye que se cumple con el principio de proporcionalidad en materia de derechos, porque, existe un razonable equilibrio entre la cuota que ha de pagarse y la prestación del servicio que se recibe, en el entendido que, como se dijo, el costo fijado por la prestación del servicio no necesariamente debe corresponder de manera exacta con lo que cuesta al Estado la prestación del servicio. Máxime que, cuando se reclama la inconstitucionalidad de un precepto que prevé la cuota a pagar por concepto de derechos, a partir del argumento de que viola el principio de proporcionalidad porque el monto por el servicio recibido es superior al costo que tiene en el mercado, es al promovente del amparo a quien le corresponde aportar los elementos, hechos, datos o pruebas, sobre los que hace descansar esa transgresión, sin que en la especie así lo hubiere hecho, pues no es suficiente la sola afirmación de que el monto del derecho cuestionado es desproporcionado para que la suscrita tenga la obligación de realizar un estudio de mercado a través del cual determine el costo promedio del servicio. Sirve de sustento a lo anterior, el criterio judicial 2a. CX/2013 (10a.) emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 2, Enero de 2014, Tomo II, página 1589, de la Décima Época, bajo el número de registro digital 2005254, de rubro y contenido siguientes: "PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. CARGA PROBATORIA, TRATÁNDOSE DE DERECHOS POR SERVICIOS. Cuando se reclama la inconstitucionalidad de un precepto que prevé la cuota a pagar por concepto de derechos, a partir del argumento de que viola el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el monto por el servicio recibido es superior al costo que tiene en el mercado, inicialmente corresponde al quejoso aportar los elementos, hechos, datos o pruebas, sobre los que hace descansar esa transgresión, los cuales servirán de parámetro para llevar a cabo el estudio respectivo; ello porque no basta la sola afirmación de que el monto del derecho cuestionado es desproporcionado, para que el juzgador haga un estudio de mercado a través del cual determine el costo promedio del servicio, con el fin de verificar la veracidad del argumento planteado, en tanto tal proceder no es acorde con la función jurisdiccional de control de la regularidad de los actos legislativos. Lo anterior no exime a las autoridades responsables de la obligación de acreditar la constitucionalidad del acto que defienden, pues será precisamente a partir de lo aportado por la quejosa, que tendrán la carga de desvirtuar lo afirmado, a través del informe justificado y los medios legales que estimen necesarios para sustentar sus aseveraciones, inclusive periciales, exponiendo de manera motivada por qué la cantidad señalada en la norma legal cumple con los principios constitucionales que le rigen.". SÉPTIMO. Estudio de constitucionalidad de los artículos 169 y tercero transitorio de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila. En el Título IV denominado "Contribuciones Especiales", Capítulo Segundo, a su vez denominado "Para el Fomento a la Educación y de la Seguridad Pública en el Estado" de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, surgen los artículos 166, 167, 168 y 169 que a la letra señalan lo siguiente: "Artículo 166. Es objeto de esta contribución la realización de pagos por concepto de impuestos, derechos y cualquier otra contribución que se cause conforme a la presente ley y demás disposiciones fiscales del Estado, así como los accesorios que se paguen. No se considerarán incluidos en el objeto de ésta contribución los pagos correspondientes al Impuesto Sobre Nóminas, al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, al Impuesto Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos relativos a eventos teatrales y de circo, al Impuesto Sobre Hospedaje, al Impuesto Sobre Ingresos por Premios Derivados de Loterías, Rifas, Sorteos, Juegos con Apuestas y Concursos, al Impuesto Adicional Sobre los Derechos que se causen por los Servicios de Registro Público, los Derechos que se causen por los Servicios que presta la Secretaría de Educación Pública, y los que se causen por los Servicios prestados por las Dependencias de la Administración Pública Centralizada, relativas al Derecho de Acceso a la Información Pública. (.)". "Articulo 167. Son sujetos de esta contribución, las personas físicas, morales o unidades económicas que realicen pagos por concepto de impuestos, derechos y cualquier otra contribución que se cause conforme a la presente ley y demás disposiciones fiscales del Estado, con excepción de los señalados en el artículo anterior." "Artículo 168. La base de esta contribución, es el importe de los pagos que se realicen por concepto de impuestos, derechos y demás contribuciones incluyendo sus accesorios, excepto los pagos de las contribuciones que se exceptúan en el artículo 184 de esta ley." "Articulo 169. La tasa correspondiente a esta contribución para el fomento a la educación y de la seguridad pública, será el 22.5% sobre el monto de los pagos por concepto de los impuestos, derechos y cualquier otra contribución y los accesorios de éstos, que se paguen con excepción de los señalados." Por su parte, el Tercero Transitorio de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza advierte lo siguiente: "Artículo tercero. Con el propósito de sufragar los gastos que origina al Estado el mejoramiento y modernización de las áreas que tengan a su cargo la prestación de los servicios relacionados con el Registro Público, se causará un impuesto adicional del 10% sobre los derechos que se causen por los servicios que presta el Instituto Registral y Catastral del Estado de Coahuila de Zaragoza, establecidos en esta ley. (.)" De dichos preceptos legales se advierte que para el caso de la prestación de servicios relacionados con el Registro Público, además de los pagos que se realicen con motivo del servicio prestado, el Estado de Coahuila de Zaragoza cobrará diversas contribuciones accesorias denominadas "fomento a la educación y a la seguridad" e "impuesto adicional". Lo que implica que para dichas contribuciones el elemento objetivo del hecho generador del crédito fiscal es el monto de una diversa contribución, como en el caso lo es, el pago de derechos por la inscripción de un contrato de compraventa de inmueble y de crédito, establecidos en los artículos 54, fracción II, inciso 1) y artículo 60, fracción II, inciso 3), de la ley en estudio. En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado a través de jurisprudencia temática 2a./J.126/2013 (10a.) , que se vulnera el principio de proporcionalidad tributario cuando el pago de una contribución se cuantifica o se genera con motivo del pago de diversa contribución, pues no existe congruencia entre el mecanismo impositivo que prevé y la capacidad contributiva de los sujetos pasivos, ya que no fue diseñado para gravar en un segundo nivel determinada manifestación de riqueza, sino que fue estructurado para gravar globalmente todos los pagos de contribuciones municipales, por lo que dicho actuar de ninguna manera refleja la capacidad contributiva de los causantes y, por ello, dicha mecánica vulnera el principio citado. Al respecto, conviene señalar que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 25/2006-PL, sostuvo que es deber de los órganos de control constitucional suplir la deficiencia de la queja cuando las normas combatidas se ubiquen en un tema ya resuelto por ese Alto Tribunal a través de una jurisprudencia temática, siendo innecesario el estudio de los conceptos de violación vertidos por el promovente del amparo ante la obligación del juez constitucional, entre otras cosas, de hacer prevalecer la Constitución en cuanto a la ley suprema; de privilegiar el derecho fundamental o la norma constitucional cuyo alcance ha sido definido por Corte; y, de evitar la subsistencia de actos de aplicación de leyes declaradas inconstitucionales, con independencia de la no impugnación o el consentimiento de éstas. En tales condiciones, al ubicarse los artículos 166, 167, 168 y 169 y Tercero Transitorio de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila, dentro del ámbito de regulación de la jurisprudencia 2a./J. 126/2013 (10a.), es que se considera innecesario estudiar los conceptos de violación vertidos y, en esos términos, se resuelve que dichos dispositivos vulneran el principio de proporcionalidad tributaria, previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En consecuencia, se advierte que los artículos 166, 167, 168, 169, 170 y Tercero Transitorio de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila, cuya aplicación quedó probada en perjuicio de la parte quejosa, le impusieron una carga tributaria inequitativa y desproporcionada, contraria a lo dispuesto en el artículo 31, fracción IV constitucional, por lo que en vía de reparación lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión para el efecto de que las autoridades responsables: a) Inapliquen y en lo sucesivo se abstengan de aplicar en la esfera jurídica de la parte quejosa, vigentes en razón del decreto reclamado. b) Dejen insubsistente solamente lo relativo al cobro de los tributos complementarios denominados como "fomento a la educación y a la seguridad" los artículos 166, 167, 168, 169, 170 y Tercero Transitorio de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila, e "impuesto adicional" que fueron aplicados en lo que respecta a los recibos de pago con números de folio ***************************************, realizados el veintiséis de mayo de dos mil veintiuno. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 77 y 78 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E : PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, en términos de lo asentado en el considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a **************************, respecto de los artículos 54, fracción II, inciso 1), y 60, fracción II, inciso 3), de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila vigente a partir del uno de enero de dos mil veintiuno, por las razones expuestas en el considerando sexto de la presente resolución. TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************************, respecto de los artículos 166, 167, 168, 169, 170 y Tercero Transitorio de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila vigentes en dos mil veintiuno, para los efectos precisados en el considerando séptimo de la presente resolución. Notifíquese en términos de ley. Así, lo resolvió y firma Claudia Luz Hernández Sánchez, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Saltillo, el dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del juzgado, asistida de la secretaria Mercedes Herrera Reyes, quien certifica que la presente resolución se encuentra debidamente incorporada al expediente electrónico. Certifico y doy fe. Firmas"
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