David Ernesto Rodríguez Alba

Expediente 324/2022 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 15 actuaciones registradas, la última del 4 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
324/2022
Año
2022
Actuaciones
15
Última actuación
04/08/2022

Partes del expediente

  • David Ernesto Rodríguez Alba

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    La sentencia que en su primer resolutivo sobreseyó en el juicio, en el segundo, negó el amparo en el presente juicio de amparo juicio ha causado ejecutoria, archívese el expediente en el que se actúa como asunto concluido, se estima que este expediente es depurable.

  2. Incidental

    Se archiva incidente, se estima que el cuaderno original es depurable.

  3. Principal

    Agréguese a los autos la constancia suscrita por la Actuaria Judicial adscrita a este Juzgado Federal, mediante la cual informa su imposibilidad para notificar a la parte quejosa, de conformidad a lo ordenado en la sentencia de treinta de junio pasado, por las razones que expone. Ahora bien, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso b), de la ley de la materia, se comisiona a un Actuario Judicial adscrito a este órgano jurisdiccional para que realice las gestiones necesarias a fin de notificar de manera electrónica la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a la parte aquí quejosa, en los términos ordenados. Para lo cual se inserta la sentencia emitida el treinta de junio del año en curso, en el presente juicio de amparo, en los términos siguientes JUZGADO DECIMOTERCERO DE DISTRITO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA, CIVIL Y DE TRABAJO AMPARO INDIRECTO 324/2022 Zapopan, Jalisco. La Jueza Decimotercero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo de Estado de Jalisco en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y en observancia de los requisitos y el trámite establecidos en la Ley de Amparo dicta la siguiente S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 324/2022,; contra los actos reclamados a i) Nayeli Lizeth Fausto Dávalos en su carácter de Policía Vial, de la Comisaria Vial de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, ii) Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco, iii) Depósito Vehicular número 2 dependiente del Director de Depósitos vehiculares, de la Secretaría de Administración del Estado de Jalisco, por conducto de su titular, iv) Adolfo Eletvan Chávez Manzo, Director de Depósitos Vehiculares, de la Secretaría de Administración del Estado de Jalisco, v) Congreso del Estado de Jalisco y vi) Gobernador del Estado de Jalisco. ANTECEDENTES: Aduce el quejoso que es propietario del vehículo indicado. Señala que el veintiuno de febrero de dos mil veintidós se enteró que a la persona a quien le había prestado su vehículo se lo habían retirado y no se lo habían devuelto desde el dieciocho de ese mes y año, según consta de la multa que le impusieron. Que dicha desposesión fue realizada por elementos de la Secretaría de Transporte, específicamente la policía vial Nayeli Lizeth Fausto Dávalos adscrita a la Comisaría Vial de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, posteriormente depositado en el Depósito Vehicular número 2 dependiente del Director de Depósito Vehiculares de la Secretaría de Administración del Estado de Jalisco, lugar en el que refiere se encuentra actualmente. El quejoso argumenta que la desposesión de dicho vehículo, fue bajo el argumento de que se estaba aplicando el artículo 186 fracciones I, II, III y VII, argumentando que el conductor se encontraba en estado de ebriedad; como consecuencia de ello, se aplicó el numeral 171, fracción VI, y por ende la desposesión del vehículo descrito en los puntos que anteceden. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO David Ernesto Rodríguez Alba, por propio derecho, presentó demanda de amparo el veintiuno de febrero de dos mil veintidós, a través del portal de juicio en línea, y recibida en el módulo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes -SISE- relativo a la Oficialía de Partes, por medio del cual promovió juicio de amparo indirecto en contra de las autoridades responsables y actos reclamados que más adelante se precisarán. El quejoso señaló como derechos fundamentales violados, entre otros, los reconocidos para su protección en los artículos 14, 16, 22 y 27, párrafo segundo y tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes que dieron origen a los actos reclamados y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. Este órgano jurisdiccional a quien por razón de turno correspondió conocer de la demanda de amparo en cuestión, la registró con el expediente 324/2022 y por acuerdo de veintitrés de febrero de dos mil veintidós, la admitió a trámite, requirió a las autoridades responsables por su informe justificado; dio la intervención que corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. En auto de veintidós de abril de dos mil veintidós se admitió la ampliación de demanda promovida por la parte quejosa, por los conceptos de violación que formuló. El veintidós de junio de dos mil veintidós tuvo verificativo la audiencia constitucional, en los términos del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V de la Ley de Amparo; 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se reclaman actos atribuidos a autoridades administrativas, de la jurisdicción del propio juzgado. OPORTUNIDAD La parte quejosa sostiene que tuvo conocimiento de los actos combatidos el veintiuno de febrero de dos mil veintidós, en ese sentido, se concluye que la demanda de amparo se promovió dentro del plazo genérico de quince días previsto por el arábigo 17 de la Ley de Amparo, toda vez que la demanda se presentó ese mismo día. Máxime que de actuaciones no se desprende que el quejoso haya tenido conocimiento de los actos reclamados en diversa fecha a la que señaló en su demanda de amparo. LEGITIMACIÓN David Ernesto Rodríguez Alba, en términos de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5° y 6° de la Ley de Amparo, en tanto que adjuntó de manera digitalizada los documentos consistentes en la factura correspondiente al vehículo de su propiedad y el recibo de inventario de grúas con número 170283. Sustenta lo anterior, por los motivos que la informan, la tesis (III Región) 4o.47 A (10a.), del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con Residencia en Guadalajara, Jalisco, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 8, Julio de 2014, Tomo II, página 1167, registro digital 2006923, décima época, que dice INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA CÉDULA DE NOTIFICACIÓN DE UNA INFRACCIÓN EN MATERIA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE Y LA TARJETA DE CIRCULACIÓN SON SUFICIENTES PARA ACREDITARLO CUANDO SE DEMANDA LA NULIDAD DE AQUÉLLA Y NO SE TRATE DE UNA CONDUCTA PROPIA E INHERENTE ÚNICAMENTE AL PROPIETARIO DEL VEHÍCULO INVOLUCRADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). La cédula de notificación de una infracción en materia de movilidad y transporte y la tarjeta de circulación son suficientes para acreditar el interés jurídico en el juicio contencioso administrativo en el que se demanda la nulidad de aquélla, sin que resulte indispensable acreditar la propiedad del vehículo involucrado, si la infracción no deriva de una conducta propia e inherente únicamente a su propietario, sino que atañe al responsable de su movilización terrestre. Lo anterior es así, pues de conformidad con el artículo 174 de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, las infracciones a las que se refiere dicha legislación son aplicables tanto al conductor como al propietario del vehículo y, en todo caso, ambos están obligados a responder de forma solidaria por el pago de la sanción correspondiente. No siendo aplicable, ni analógicamente, la jurisprudencia 1a./J. 61/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, julio de 2007, página 175, de rubro: "TARJETA DE CIRCULACIÓN VEHICULAR. NO ES UN DOCUMENTO IDÓNEO, POR SÍ MISMO, PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO DE QUIEN PROMUEVE EL JUICIO DE AMPARO EN CALIDAD DE PROPIETARIO DEL VEHÍCULO AUTOMOTRIZ A QUE SE REFIERE.", en virtud de que trata un tema distinto; la manera de acreditar el interés jurídico en el juicio de amparo en el que se reclame el embargo trabado sobre un vehículo automotriz, en el que se establece que, por afectar el derecho de propiedad del quejoso, debe demostrarse que éste es su titular. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir la quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de rubro y texto ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto En el presente asunto, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que el quejoso señala como actos reclamados los siguientes Del Congreso y Gobernador del Estado de Jalisco, en su respectivo ámbito de atribuciones: La discusión, aprobación, expedición y promulgación del Decreto Legislativo por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, específicamente, los artículos 171, fracción VI y 186, fracciones I, II, III y VII. El decreto y emisión de la Norma General denominada Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el Ejercicio Fiscal 2021, específicamente con motivo de su primer acto de aplicación del numeral 25 fracción I, incisos C) y E). El decreto y emisión de la Norma General Denominada Reglamento General de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, específicamente con motivo de su primer acto de aplicación del numeral 174. De Nayeli Lizeth Fausto Dávalos, Policía Vial de la Comisaría Vial de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, se le reclama: La desposesión del vehículo de su propiedad, identificado como: vehículo La cédula de notificación de infracción. El primer acto de aplicación de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, específicamente, los artículos 171, fracción VI y 186, fracciones I, II, III y VII. De la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco, por conducto de su titular Diego Monraz Villaseñor, Secretario del Transporte del Estado de Jalisco, se reclama: La desposesión del vehículo de su propiedad, identificado como: vehículo marca... El primer acto de aplicación de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, específicamente, el artículo 186, fracciones I, II, III y VII, así como el diverso numeral 174 del Reglamento General de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco. El cobro de multas y adeudos con motivo de la aplicación el artículo 186, fracciones I, II, III y VII de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco. Del depósito Vehicular numero 2 dependiente del Director de Depósitos vehiculares, de la Secretaría de Administración del Estado de Jalisco, por conducto de su titular Hugo Alejandro Anaya Anaya, se reclama: La desposesión del vehículo de su propiedad, identificado como vehículo... La guardia y custodia del vehículo en un depósito de esa Institución. El cobro del corralón por la guarda y custodia o depósito del vehículo, a razón de $111 pesos diarios. De Adolfo Eletvan Chávez Manzo, Director de Depósitos vehiculares, de la Secretaría de Administración, del Estado de Jalisco, se reclama: La desposesión del vehículo de su propiedad, identificado como vehículo... La guardia y custodia del vehículo en un depósito de esa Institución. El primer acto de aplicación del numeral 25 fracción I, inciso E), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el Ejercicio Fiscal 2021. El cobro excesivo del corralón por la guarda y custodia o depósito del vehículo, a razón de $111 pesos diarios. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. No son ciertos los actos atribuidos a la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco, consistentes en la desposesión del vehículo, el primer acto de aplicación de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, específicamente, el artículo 186, fracciones I, II, III y VII, ni el cobro y aplicación de multas y adeudos excesivos con motivo de la aplicación de dicho precepto. Tampoco son ciertos los actos que se imputan del depósito Vehicular numero 2 dependiente del Director de Depósitos vehiculares, de la Secretaría de Administración del Estado de Jalisco, por conducto de su titular Hugo Alejandro Anaya Anaya, menos aún de Adolfo Eletvan Chávez Manzo, Director de Depósitos vehiculares, de la Secretaría de Administración, del Estado de Jalisco, consistentes en la desposesión del vehículo propiedad del quejoso, el cobro excesivo del corralón por la guarda y custodia o depósito del vehículo, a razón de 111 pesos diarios, ni el primer acto de aplicación del numeral 25 fracción I, incisos C) y E) de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el Ejercicio Fiscal 2021, ya que no cuenta con facultades para emitir alguno de ellos, sino que únicamente le corresponde la guarda y custodia de vehículos que se pongan a su disposición. Lo anterior, toda vez que así lo manifestaron al rendir sus informes justificados, al negar categóricamente su participación, mientras que el quejoso no aportó medio de convicción idóneo para desvirtuar tal negativa. En efecto, no corresponde a las responsables expresar razonamiento alguno que justifique tales negaciones, ni aportar prueba para demostrar ese extremo, sino todo lo contrario, recae en el aquí inconforme la carga de acreditar su existencia, conforme lo dispone el párrafo tercero del artículo 117 de la Ley de Amparo, y esto último no aconteció en la especie, de ahí que deba estimarse como inexistente. Apoya a lo anterior, el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. Ante la negativa categórica de todas las autoridades responsables, de la existencia del acto reclamado, los quejosos deben rendir elemento de convicción o prueba en contrario para demostrar que los actos reclamados son ciertos, pues de no hacerlo, el sobreseimiento es imperativo. De igual modo, la jurisprudencia VI. 2 J/20, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo. En consecuencia, al no acreditarse la existencia de los actos reclamados a las autoridades responsables referidas con antelación, en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el presente juicio por lo que hace a tales autoridades responsables y actos reclamados. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Las autoridades responsables Congreso y Gobernador del Estado de Jalisco, al momento de rendir su informe con justificación, manifestaron que son ciertos los actos reclamados consistentes en la discusión, aprobación, expedición y promulgación del Decreto Legislativo por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, específicamente, los artículos 171, fracción VI y 186, fracciones I, II, III y VII; por tanto, se tiene por acreditada su existencia. Esa confesión se estima suficiente para tener por acreditada la certeza o existencia de la infracción reclamada. Además, su certeza es implícita a la propia ley atendiendo al principio de derecho de que ésta no es objeto de prueba, reconocido por los numerales 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos de lo dispuesto en el precepto 2° de la Ley de Amparo; y con apoyo en la tesis del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, perteneciente a la Séptima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Primera Parte, visible en la página: 15, que dice: LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. Atento al principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba, no es necesario que se ofrezca como tal la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas. De igual forma, cobra vigencia, la jurisprudencia 2 J.65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial de la Federación, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo. También fortalece lo expuesto la jurisprudencia 278 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación18, que señala: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Por otro lado, también se consideran ciertos los actos reprochados a Nayeli Lizeth Fausto Dávalos, Policía Vial de la Comisaría Vial de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, consistentes en la desposesión del vehículo propiedad del quejoso, la cédula de notificación de infracción con número de folio 34446202-9, así como las multas ahí contenidas, ya que así lo manifestó al rendir su informe con justificación. Certeza que se corrobora con la documental que exhibió la propia responsable la cual tiene valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197, 202 y 210-A, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2. Finalmente, son ciertos los actos que se imputan del Depósito Vehicular número 2 dependiente del Director de Depósitos vehiculares, de la Secretaría de Administración del Estado de Jalisco, por conducto de su titular Hugo Alejandro Anaya Anaya, y de Adolfo Eletvan Chávez Manzo, Director de Depósitos vehiculares, de la Secretaría de Administración, del Estado de Jalisco, consistentes en la guarda y custodia del vehículo que les fue puesto bajo la figura de depósito, ya que afirmaron que dicha Secretaría cuenta con facultades legales para resguardar bienes muebles, desconociendo los motivos, razones y circunstancias particulares por los cuales fue retirado de circulación. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Como es sabido, el juicio de amparo se distingue por ser un medio extraordinario de defensa, el cual sólo es procedente cuando se cumplen los requisitos señalados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Amparo, por lo que éstos deben ser analizados previamente al estudio de fondo, incluso hasta de oficio. En el caso, se considera que en lo concerniente a la discusión, aprobación, expedición y promulgación del Decreto Legislativo por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, específicamente, el artículo 186, fracciones I, II, y VII y respecto del numeral 25 fracción I, incisos C) y E) de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el Ejercicio Fiscal 2021, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en razón de que el quejoso no acreditó el acto de aplicación en su perjuicio que reclama. Para evidenciar tal aserto es necesario tener presente el contenido del ordinal en comento, que prescribe: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; .". De la norma transcrita se obtiene, que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en el numeral 5, fracción I, de la ley de la materia, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. A su vez, los arábigos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5, fracción I y 6 de la Ley de Amparo, de manera respectiva, prescriben lo siguiente: Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5 de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. La norma constitucional invocada establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, asimismo, dispone que tiene ese carácter, quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos en la Constitución General de la República y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por otro lado, señala que tratándose de actos o resoluciones que provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. En otro punto, precisa destacar que el legislador ordinario en el numeral 5, fracción I, de la Ley de Amparo, recogió las bases dadas por el Órgano Reformador de la Constitución en el precepto constitucional en cita, para establecer que el quejoso es parte en el juicio de amparo; además, precisó que tiene ese carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la Ley de Amparo y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Asimismo, el legislador federal estableció en ese tramo normativo que el interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. Finalmente, el precepto reproducido en último orden dispone que el juicio de amparo puede promoverlo la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de lo prescrito en el arábigo 5, fracción I, de citada legislación. Además, señala que el quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en la ley de la materia. Acorde con lo expuesto, es factible sostener que los numerales 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, atribuyen consecuencias de derecho desde el punto de vista de legitimación del promovente del amparo indirecto tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al interés legítimo, pues a quien se ubique dentro de esos supuestos se le otorga legitimación para instar la acción constitucional. Por tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio de protección de los derechos fundamentales. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. Las consideraciones expuestas tienen respaldo en la jurisprudencia 1/J. 168/2007, con el rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". Ahora, debe significarse que los principios y reglas de carácter adjetivo que ordenan al juicio de amparo, como son los previstos en los ordinales 107, fracción I, del Pacto Federal; 5, fracción I y 6 de la Ley de Amparo, tienen como finalidad esencial respetar la institucionalización del Derecho, que en una de sus vertientes, alude al carácter regimentado de los procedimientos jurídicos de resolución de disputas. Esto es, para que la maquinaria del Derecho funcione, es necesario que se cumplan las reglas adjetivas que lo hacen posible, como es el caso del principio de parte agraviada. De lo contrario, el juicio de amparo quedaría desnaturalizado y dejaría de cumplir con la finalidad para la que fue creado. Consecuentemente, la causa de improcedencia en estudio se actualizará cuando el acto de autoridad que se combata en el juicio de protección de los derechos fundamentales no incida en forma alguna en la esfera jurídica del promovente, ya sea porque no le imponga obligación o porque no se tenga un derecho subjetivo específico que se vea afectado con ese acto y, en todo caso, porque no quede demostrada de manera fehaciente tal afectación. Por tanto, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de las normas invocadas, es necesario que el acto o ley reclamados, cause un perjuicio al quejoso o agraviado. En el caso concreto, el solicitante de amparo impugna la discusión, aprobación, expedición y promulgación del Decreto Legislativo por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, específicamente, los artículos 186, fracciones I, II y VII, con motivo de su primer acto de aplicación, que lo tradujo en la cédula de notificación de infracción con número de folio 34446202-9, emitida por Nayeli Lizeth Fausto Dávalos, Policía Vial, de la Comisaría Vial de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco. Sin embargo, del contenido de la documental aludida, exhibida por la autoridad responsable, no se aprecia la aplicación de las hipótesis aludidas del numeral 186 de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, sino de una diversa (la prevista en la fracción III); tampoco del primer acto de aplicación del numeral 25 fracción I, incisos C) y E) de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el Ejercicio Fiscal 2021; de ahí que no le asiste interés al solicitante del amparo para impugnarlas, aun cuando manifieste bajo protesta de decir verdad que ello aconteció. Se afirma lo anterior, porque para acreditar una afectación al gobernado que lo legitime para impugnar en el juicio de amparo una disposición con motivo de su primer acto de aplicación, resulta menester acreditar, fehacientemente, que a través de dicho acto la respectiva hipótesis normativa se concretó expresa o implícitamente en su perjuicio; cuestión que no puede derivar de presunciones sino, en todo caso, del contenido del supuesto acto de aplicación. Entonces, como de autos no se advierte, prueba idónea que demuestre la aplicación del Decreto Legislativo por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, específicamente, el 186, fracciones I, II, y VII, tampoco del numeral 25 fracción I, incisos C) y E) de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el Ejercicio Fiscal 2021; se considera que, respecto de dichos actos, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Apoya las consideraciones precitadas la jurisprudencia 1 /J. 4/99 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 103, Tomo IX, Febrero de 1999, Novena Época, del rubro y texto siguiente: LEY RECLAMADA CON MOTIVO DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN. SI ÉSTE NO SE ACREDITA DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO DE AMPARO. Si el quejoso reclama la inconstitucionalidad de un dispositivo legal como heteroaplicativo, con motivo del primer acto de aplicación en su perjuicio, y no acredita su existencia, procede sobreseer en el juicio de garantías, por falta de interés jurídico, con fundamento en los artículos 73, fracción V y 74, fracción III, de la Ley de Amparo." Por otro lado se estima que, en la especie, no es posible analizar el fondo de las cuestiones planteadas por la parte quejosa, en relación con los actos reclamados de las autoridades Depósito Vehicular numero 2 dependiente del Director de Depósitos vehiculares, de la Secretaría de Administración del Estado de Jalisco, por conducto de su titular Hugo Alejandro Anaya Anaya, y de Adolfo Eletvan Chávez Manzo, Director de Depósitos vehiculares, de la Secretaría de Administración, del Estado de Jalisco, consistentes en la guarda y custodia del vehículo que les fue puesto bajo la figura de depósito; lo anterior, porque se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]". Del dispositivo legal transcrito, se aprecia que el juicio de amparo es improcedente, cuando los efectos del acto reclamado son destruidos en forma total, de tal modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la omisión reclamada. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, correspondiente a junio de mil novecientos noventa y nueve, página 38, cuyo epígrafe y sinopsis son los siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". En el caso, mediante escrito presentado el veintiuno de febrero de dos mil veintidós, David Ernesto Rodríguez Alba, por derecho propio, solicitó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, entre otros actos, contra el consistente en la guarda y custodia del vehículo que aduce le fue desposeído y posteriormente puesto bajo resguardo de las autoridades Depósito Vehicular numero 2 dependiente del Director de Depósitos vehiculares, de la Secretaría de Administración del Estado de Jalisco, por conducto de su titular Hugo Alejandro Anaya Anaya, y Adolfo Eletvan Chávez Manzo, Director de Depósitos vehiculares, de la Secretaría de Administración, del Estado de Jalisco, conforme a la figura de depósito. Ahora, de las constancias certificadas que exhibió el Director de lo Contencioso de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, en representación de la autoridad responsable perteneciente a la dependencia referida, mediante oficio SECADMON/DGJ/DC/0723/2022, el cual tiene valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se advierte, en lo que interesa, que mediante oficio DDV/CJ/160/2022 el Director de Depósitos Vehiculares de la Secretaría de Administración solicitó al Jefe de Patio del Depósito Vehicular número Dos, girara las instrucciones pertinentes para que se entregara de manera inmediata el vehículo al quejoso o a quien acreditara ser su representante legal, siempre y cuando hubiere garantizado lo correspondiente a los gastos generados con la prestación de los servicios públicos de guarda y custodia de vehículos, maniobras, así como el servicio de arrastre, lo cual se advierte, fue cubierto mediante el recibo oficial A57587211, y conforme al inventario 170283, el vehículo materia de este juicio, fue entregado a su propietario, aquí quejoso, el veinticinco de febrero del presente año. De lo reseñado se advierte que estando en trámite el presente juicio de amparo, el vehículo cuya desposesión se queja el inconforme, traducida en la guarda y custodia temporal que efectuaron las responsables, fue liberado al haberse cubierto las erogaciones de ley correspondientes; entonces, es claro que, en la especie, cesaron los efectos de dichos actos reclamados. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, lo que procede es decretar el sobreseimiento del presente juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en el dispositivo 63, fracción V, del propio ordenamiento legal, única y exclusivamente por lo que a dichas autoridades y actos reclamados se refiere. Al no existir alguna otra causa de improcedencia que hagan valer las partes, ni advertirse de oficio, se procede al estudio de fondo del asunto respecto de los actos consistentes en la discusión, aprobación, expedición y promulgación de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, en específico los artículos 171, fracción VI y 186, fracción III, así como el diverso 174 del Reglamento que deriva de dicha legislación; la desposesión del vehículo de su propiedad, identificado como: vehículo marca MAZDA, línea: CX5, tipo: Sedan, modelo: 2019, número de serie: JM3KFAB79K0507982, así como la multa contenida en la cédula de notificación de infracción 34446202-9, respecto de los cuales no se decretó el sobreseimiento. PROCEDENCIA. En el presente asunto no se advierte la actualización adicional de alguna causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de la Ley de Amparo. Tampoco se advierte la concurrencia de diversa causa de sobreseimiento previstas en el numeral 63 de la misma ley reglamentaria que obliguen a dar por concluido el juicio sin hacer una declaratoria sobre el acto reclamado, por lo que, a consideración de quien aquí resuelve, el amparo es procedente en relación con los restantes actos reclamados y autoridades señaladas como responsables. ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO Cuestiones de inconstitucionalidad. En una primera parte de la demanda, a manera de conceptos de violación, la parte quejosa refiere distintas cuestiones que relaciona con los numerales 171 y 186 de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco y 174 del Reglamento General de la Ley de Movilidad de Movilidad, como lo es, la falta de mandamiento por escrito, pues aduce que la desposesión del vehículo fue de manera verbal. Que existe una transgresión a la garantía de audiencia y seguridad jurídica, derivado de la emisión de la multa y la desposesión del vehículo, ya que la responsable, previo a la emisión el acto, debió realizar un juicio seguido en su contra, en el que se cumplieran las formalidades esenciales del procedimiento (por escrito), y con ello, otorgarle el derecho de defensa, como lo es alegar y ofrecer pruebas. Que se transgrede su derecho de propiedad y posesión que tutela el numeral 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues se le privó del uso y disfrute del vehículo del cual es propietario, además que no existe ninguna ley que establezca como sanción, el retiro del vehículo por conducir en estado de ebriedad. Afirma que la multa es excesiva, lo que transgrede el numeral 16 de la Carta Magna, pues no está fundado ni motivado, es decir, el cobro es desproporcionado y atenta de igual manera con el contenido del numeral 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, la fracción VI del artículo 171 de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, de aplicación conjunta con el diverso 174 del Reglamento General de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, vulnera lo previsto por los artículos 14 y 16 Constitucionales y el artículo 21, en sus puntos 1 y 2, de la Convención Americana sobre derechos humanos "Pacto de San José", así como la jurisprudencia registro 2007551, pues bajo la consideración de que si el conductor reúne determinado grado de alcohol (4.1), permite se le desposea de su vehículo, es decir, su derecho de propiedad del uso y disfrute, sin establecer que debe mediar mandamiento escrito para tal acto, así como que el automotor deberá ser devuelto de manera inmediata a quien acredite la propiedad legal, sin requisito diverso. Cita en apoyo la citada jurisprudencia de rubro: "EFECTOS DEL AMPARO CONCEDIDO CONTRA UN DECRETO EXPROPIATORIO. DEBE RESTITUIRSE LA POSESIÓN MATERIAL DE LOS BIENES, EXCEPTO CUANDO PREEXISTA INCERTIDUMBRE JURÍDICA SOBRE ÉSTA O SU PROPIEDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL DOS DE ABRIL DE 2013)". Que la fracción III del artículo 186 de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, vulnera lo previsto por el párrafo segundo del artículo 14 Constitucional, el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos "Pacto de San José", así como las jurisprudencias de registros 200234, 2003521 y 2001624, esto es, lo relativo a las formalidades esenciales del procedimiento y lo priva de una adecuada defensa, pues no dispone que, de manera previa al acto, deba notificársele el inicio del procedimiento, así como la oportunidad de ofrecer pruebas, alegar y el dictado de una resolución que dirima la controversia. Cita en apoyo las jurisprudencias de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO"; y "CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS CUANDO LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADVIERTAN QUE EL RESPETO A LOS DERECHOS Y LIBERTADES DE ACCESO A LA JUSTICIA, GARANTÍA DE AUDIENCIA Y TUTELA JURISDICCIONAL SE SUPEDITÓ A REQUISITOS INNECESARIOS, EXCESIVOS, CARENTES DE RAZONABILIDAD O PROPORCIONALIDAD, EN EJERCICIO DE AQUÉL, DEBEN ANALIZAR PREPONDERANTEMENTE TAL CIRCUNSTANCIA, AUN CUANDO NO EXISTA CONCEPTO DE VIOLACIÓN O AGRAVIO AL RESPECTO." Son infundados los conceptos de violación que esgrime el quejoso, conforme a lo que se expondrá a continuación. Ahora bien, a fin de evidenciar lo infundado de los conceptos de violación esgrimidos, como punto de partida para dar constatación a los conceptos de violación, es conveniente insertar el contenido de los numerales 171, fracción VI, y 186, ambos de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, y del 174 del Reglamento General de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, establecen: "Artículo 171. La Secretaría, por medio de sus policías viales y la policía de tránsito municipal, como medida de seguridad, podrán retirar un vehículo de la circulación y trasladarlo a un depósito público o, en su caso, privado sujeto a concesión, en contra de la voluntad de su propietario o conductor, en los supuestos siguientes: (...) VI. Cuando se imponga al conductor, como sanción, el arresto administrativo" "Artículo 186. A las personas que conduzcan vehículos de automotor bajo el influjo de alcohol o drogas, se les sancionará de la siguiente forma: (...) I. Con multa equivalente de ciento cincuenta a doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, a la persona que conduzca un vehículo automotor y se le detecte una cantidad superior de 50 a 80 miligramos de alcohol por cien mililitros de sangre o 0.25 a 0.40 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, o bajo el influjo de drogas; II. Con arresto administrativo inconmutable de doce a veinticuatro horas a la persona que conduzca un vehículo y se le detecte una cantidad de 81 a 130 miligramos de alcohol por 100 mililitros de sangre o de 0.41 a 0.65 miligramos de alcohol por litro de aire espirado. La calificación de la sanción estará sujeta a las reglas establecidas en el reglamento de la presente ley; III. A la persona que conduzca un vehículo y se le detecte una cantidad mayor a 130 miligramos de alcohol por 100 mililitros de sangre o más de 0.65 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, se sancionará con arresto administrativo inconmutable de veinticuatro a treinta y seis horas; (.) VII. En caso de que a un conductor se le detecten de 81 a 130 miligramos de alcohol por 100 mililitros de sangre o de 0.41 a 0.65 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, se procederá conforme lo establece la fracción VI del artículo 171 de esta ley, independientemente de la sanción a la que se refiere el primer párrafo del presente artículo." "Artículo 174. Será requisito para la liberación del vehículo, presentar acta de libertad emitido por el Centro Urbano de Retención Vial por Alcoholimetría, o el lugar que determine el Juez calificador para los casos de los municipios o los previamente designados para este efecto." Por cuestión de orden se analizarán en forma conjunta los conceptos de violación, dada su estrecha vinculación entre sí, en los que se alega, por una parte, que los dispositivos reclamados transgreden su derecho de audiencia previa al no contemplarla previo a la desposesión de su vehículo; de igual manera, sostiene que dichos numerales transgreden su derecho de propiedad y posesión al contemplar que le podrá ser retirado su vehículo sin su consentimiento. Los argumentos previamente sintetizados resultan infundados e inoperantes. Con la finalidad de evidenciar tal aseveración, se estima pertinente destacar que el párrafo segundo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos regula este derecho fundamental de la siguiente manera: "Artículo 14: Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho". De lo anterior se desprende que el derecho de audiencia es el derecho que todos los particulares tienen para ser oídos y para poder defenderse con anterioridad a que sean privados de sus bienes, es decir, es la oportunidad para rendir pruebas y formular alegatos en aquellos casos en que se comprometa su libertad, sus propiedades, sus posesiones o sus derechos. A su vez, este derecho para los particulares se traduce en una obligación para el Estado de abstenerse de cometer actos que limiten o restrinjan determinados bienes sin que se satisfaga esa garantía, con excepción de las salvedades que establezcan la propia Constitución Política, así como los criterios jurisprudenciales. Con relación en el derecho fundamental de audiencia, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la tesis de jurisprudencia número 1a./J. 11/2014 (10a.), publicada en la página trescientos noventa y seis, del Libro 3, correspondiente al mes de febrero de dos mil catorce, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materias Constitucional y Común, con el rubro y texto siguientes: "DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO. Dentro de las garantías del debido proceso existe un "núcleo duro", que debe observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, y otro de garantías que son aplicables en los procesos que impliquen un ejercicio de la potestad punitiva del Estado. Así, en cuanto al "núcleo duro", las garantías del debido proceso que aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional son las que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la "garantía de audiencia", las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica definitivamente. Al respecto, el Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.", sostuvo que las formalidades esenciales del procedimiento son: (i) la notificación del inicio del procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (iii) la oportunidad de alegar; y, (iv) una resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido considerada por esta Primera Sala como parte de esta formalidad. Ahora bien, el otro núcleo es identificado comúnmente con el elenco de garantías mínimo que debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, como ocurre, por ejemplo, con el derecho penal, migratorio, fiscal o administrativo, en donde se exigirá que se hagan compatibles las garantías con la materia específica del asunto. Por tanto, dentro de esta categoría de garantías del debido proceso, se identifican dos especies: la primera, que corresponde a todas las personas independientemente de su condición, nacionalidad, género, edad, etcétera, dentro de las que están, por ejemplo, el derecho a contar con un abogado, a no declarar contra sí mismo o a conocer la causa del procedimiento sancionatorio; y la segunda, que es la combinación del elenco mínimo de garantías con el derecho de igualdad ante la ley, y que protege a aquellas personas que pueden encontrarse en una situación de desventaja frente al ordenamiento jurídico, por pertenecer a algún grupo vulnerable, por ejemplo, el derecho a la notificación y asistencia consular, el derecho a contar con un traductor o intérprete, el derecho de las niñas y los niños a que su detención sea notificada a quienes ejerzan su patria potestad y tutela, entre otras de igual naturaleza.". Luego, el artículo 14 constitucional antes transcrito establece expresamente que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio; sin embargo, esto no implica que ese derecho esté limitado a los procedimientos jurisdiccionales, sino que se debe entender que las autoridades administrativas también están obligadas a respetarla. Lo anterior fue concluido por el Pleno del Alto Tribunal, al resolver el amparo en revisión 1133/2004, en donde, expresamente, se menciona: "De ese modo, el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, en la parte que señalaba: 'Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio.', comenzó a hacerse extensivo a las autoridades administrativas, entendiéndose por 'juicio' cualquier procedimiento susceptible de brindar al particular la posibilidad de ser oído en defensa frente a los actos privativos. . Ciertamente, si a los órganos estatales administrativos incumbe legalmente desempeñar las funciones inherentes a los distintos ramos de la administración pública, la defensa previa que el gobernado deba formular, debe enderezarse también ante ellos, dentro del procedimiento que legalmente se instituya. Si el acto de privación va a emanar legalmente de una autoridad administrativa, sería ilógico que fuese una autoridad judicial la que escuchase al gobernado en defensa 'previa' a un acto de privación que ya es plenamente ejecutable." En este sentido, el derecho de audiencia previa es de observancia obligatoria tratándose de actos privativos de la libertad, propiedades, posesiones o derechos particulares, entendiéndose por este tipo de actos aquellos que en sí mismos constituyen un fin, con existencia independiente, cuyos efectos de privación son definitivos y no provisionales o accesorios, esto es, un acto privativo tiene como finalidad la privación de un bien material o inmaterial. En efecto, tratándose de actos privativos, la defensa, para que sea adecuada y efectiva, debe ser previa, con el fin de garantizar efectivamente los bienes constitucionalmente protegidos a través del artículo 14 constitucional. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia número P./J. 40/96, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página cinco, del Tomo IV, correspondiente al mes de julio de mil novecientos noventa y seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, con el rubro y texto: "ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN. El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional." Por su parte, los artículos 171, fracción VI, y 186, fracción III de la Ley de Movilidad del Estado de Jalisco, y el diverso 174 del Reglamento General de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco impugnados, contrario a lo que argumenta el quejoso, no contemplan actos privativos de los cuales se requiera audiencia previa, pues conforme a sus características, únicamente constituyen actos de molestia, concretamente una medida cautelar de seguridad, que tiene como finalidad salvaguardar el bien común, pues se trata de evitar que las personas conduzcan vehículos automotores bajo el influjo de alcohol o drogas. En efecto, la restricción temporal de su vehículo, derivado de encontrarse en un estado de ebriedad, no le genera ninguna transgresión a los derechos de seguridad jurídica y a la adecuada fundamentación y motivación, pues esa circunstancia, como lo es practicarle el examen de alcoholemia, debe considerarse excepcional y admisible, sin necesidad de una orden escrita de autoridad competente, en virtud de que, por cuestiones de temporalidad y dado que el estado de ebriedad es transitorio, no es posible obtener esa orden para ejercer el acto de molestia, sino que basta la existencia del operativo correspondiente para detener vehículos en circulación y practicar, en su caso, la prueba y, de encontrarse positivo con las pruebas respectivas, proceder como lo prevé el controvertido artículo 171, fracción VI, de la Ley de Movilidad del Estado de Jalisco, sobre las facultades de los policías viales, en que podrán retirar de circulación un vehículo y trasladarlo a un depósito, para el caso de que el conductor incurra en una sanción, como en el caso concreto fue conducir bajo los influjos del alcohol. Por ende, tales cuestiones que derivan de la interpretación de los numerales 171 y 186, fracción III de la Ley de Movilidad del Estado de Jalisco, y el diverso 174 del Reglamento General de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, no violan el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, máxime que encuentran plena justificación en el diverso 117, último párrafo, Constitucional, que prevé que las Legislaturas de las entidades federativas, así como el Congreso de la Unión, dictarán leyes encaminadas a combatir el alcoholismo, por lo cual el legislador local buscó disuadir a los ciudadanos de ingerir bebidas alcohólicas y manejar vehículos, en aras de tutelar la vida y bienes del conductor, sus acompañantes y el resto de la sociedad. Efectivamente, al contemplar dichos numerales la sanción consistente en el retiro del vehículo con motivo de que al conductor se imponga un arresto administrativo por conducir en estado de ebriedad, no resulta ser un acto de carácter privativo, por lo que tampoco, previo al acto, debe regir medio de defensa alguno, pues, se insiste, únicamente constituye un acto de molestia, derivado de una medida cautelar de seguridad, que se sostiene justificadamente sobre el bien común, que está por encima del interés particular. Sin que tampoco pueda considerarse que las normas impugnadas vulneren lo previsto por el numeral 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos "Pacto de San José", que dispone: "Artículo 21. Derecho de la propiedad privada. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La Ley puede subordinar tal uso y goce al interés social. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley.". Pues, se insiste, los preceptos impugnados no constituyen un acto privativo, sino de molestia, como medida cautelar. Más aún, no viene aplicable al caso por ninguna razón la tesis que invoca, de rubro: "EFECTOS DEL AMPARO CONCEDIDO CONTRA UN DECRETO EXPROPIATORIO. DEBE RESTITUIRSE LA POSESIÓN MATERIAL DE LOS BIENES, EXCEPTO CUANDO PREEXISTA INCERTIDUMBRE JURÍDICA SOBRE ÉSTA O SU PROPIEDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL DOS DE ABRIL DE 2013)", pues el acto de molestia contemplado por los numerales impugnados, de ninguna manera constituye una expropiación. Como se ve, el retiro del vehículo propiedad del quejoso, en términos de las normas aquí tildadas de inconstitucionales, no resulta ser un acto privativo del cual se requiera de audiencia previa, ya que conforme a las características de éste, únicamente le reviste el de un acto de molestia, pues el retiro de la circulación persigue un fin válido y relevante para la seguridad de los ciudadanos al evitar que una persona que presente una cantidad de alcohol en su organismo no tolerado en la ley se resguarde en un lugar seguro hasta en tanto se cubran los gastos que generan esos actos, se cumpla la sanción del arresto y se pague la multa, de modo que no hay una privación del derecho de propiedad que anule el disfrute del bien mueble de forma definitiva. Por consiguiente, al resultar ser acto de molestia, conforme al diverso numeral 16 Constitucional, no se rige entonces por el artículo 14 del mismo ordenamiento jurídico, sino que únicamente debe de cumplir con las formalidades que prevé el citado 16, resultando aplicable al caso la tesis de jurisprudencia número P./J. 21/98, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página dieciocho, del Tomo VII, correspondiente al mes de marzo de mil novecientos noventa y ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con el rubro: "MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA". Así, las normas reclamadas en modo alguno violenta el derecho fundamental de audiencia, pues de ellas no se desprende que la conducta a sancionar, prive al quejoso de ejercer el derecho de audiencia establecido en el artículo 14 constitucional, dado que lo único que se establece es que en el caso de que la Secretaría de Seguridad Pública, por conducto de la policía vial o tránsito municipal, como medida de seguridad, podrá retirar el vehículo de la circulación y trasladarlo a un depósito público o privado, contra la voluntad del conductor o propietario, cuando, entre otros supuestos, se imponga al conductor, como sanción, el arresto administrativo. Asimismo, que para efectos de la liberación del automotor, es requisito presentar el acta de libertad emitida por el Centro Urbano de Retención Vial por Alcoholimetría o el lugar que determine el Juez calificador para los casos de los municipios o los previamente designados para este efecto, así como el pago de gastos y multas correspondientes. De manera que, en relación con lo argumentado por el promovente del amparo, en el sentido de que dicho numeral debe establecer un medio de defensa para hacerlo valer previo a la determinación de la desposesión del vehículo, debe decirse que el derecho de audiencia no es absoluto, sino que existen supuestos en que dada la actividad de la autoridad y la complejidad de las funciones que le son encomendadas, el derecho fundamental de ser oído y vencido, puede otorgarse con posterioridad a la emisión del acto de autoridad correspondiente, como en el caso ocurre, en el que se impuso al conductor del automotor propiedad del quejoso, un arresto administrativo por conducir con 1.14 miligramos de alcohol por litro de aire expirado, lo que ameritó ser trasladado al Centro Urbano de Retención Vial por Alcoholimetría y, en consecuencia, retirar de la circulación y trasladar a un depósito vehicular la unidad. Resulta ilustrativa sobre el tema en análisis, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia PC.VI.A. J/3 A (10a.) emitida por el Pleno en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que señala: "RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DEL PROPIETARIO DEL VEHÍCULO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 58 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE VIALIDAD PARA EL ESTADO DE PUEBLA, CON MOTIVO DE LA MULTA POR INFRACCIONES DE TRÁNSITO. AUNQUE IMPLICA UN ACTO PRIVATIVO, NO REQUIERE SE LE CONCEDA AUDIENCIA PREVIA A SU IMPOSICIÓN. Esta norma general dispone que tratándose de infracciones captadas por cualquier dispositivo o medio tecnológico, el propietario del vehículo con que se comete es responsable solidario para efectos del cobro de la falta. Sin embargo, a pesar de tratarse de un acto privativo, dado que queda obligado y debe responder con su patrimonio, no resulta exigible que la prerrogativa fundamental de audiencia se le otorgue en forma previa, porque de supeditarse la recaudación del ingreso respectivo a que previamente se le escuche, se causaría una afectación al Estado, dado que la obligación garantizada tiene la naturaleza de un aprovechamiento y, como tal, es un ingreso ordinario e integra la hacienda pública, según el Código Fiscal de esa misma entidad federativa. Además, la posibilidad de desahogar una fase previa, en que se dirima el punto jurídico relativo a la responsabilidad solidaria, operaría en detrimento de la eficacia de las diversas normas que sancionan las faltas y transgresiones a las disposiciones de la Ley de Vialidad y su Reglamento, lo que afectaría al interés colectivo, que se ve beneficiado con la seguridad en el tránsito y vialidad que dichas disposiciones buscan preservar. Así, basta con que, posterior a tenerlo con ese carácter, se le dé oportunidad de defensa, como se regula de manera sistemática en ese propio precepto y otros del mismo ordenamiento.". Luego, respecto a la manifestación que realiza la parte quejosa en el sentido que las leyes deben de contener procedimientos para que los particulares puedan ser oídos en todos los casos en que puedan resultar afectados, entendiendo como tal, la oportunidad de ofrecer pruebas y rendir alegatos, debe decirse que la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco establece como medios de impugnación el recurso de inconformidad, mismos que pueden hacer valer los particulares contra sanciones por infracciones a esa ley y su reglamento, que los interesados estimen antijurídicos, infundados o faltos de motivación, podrán ser impugnados mediante el recurso de inconformidad que deberán hacer valer por escrito, dentro de los veinte días hábiles contados a partir de aquél en que sean notificados o del que tengan conocimiento de la resolución, acuerdo o infracción de que se trate. Es aplicable, en lo conducente la tesis sustentada por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, octubre de 2010, página 3121, de epígrafe y texto siguientes: "MULTA POR INFRACCIÓN A REGLAMENTOS DE TRÁNSITO DE VEHÍCULOS. RESPECTO DE SU DETERMINACIÓN, NO NECESARIAMENTE TIENE QUE REGIR LA GARANTÍA DE AUDIENCIA PREVIA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en diversos precedentes que la mencionada prerrogativa, consagrada en el párrafo segundo del artículo 14 constitucional, no es de carácter absoluto, sino que existen supuestos en los que por la naturaleza de la actividad administrativa y su impacto en la esfera jurídica de los particulares, el derecho fundamental de ser oído y vencido en juicio, puede otorgarse con posterioridad a la emisión del acto de autoridad correspondiente. Criterio que resulta aplicable al ejercicio de la potestad sancionadora de la administración pública establecida en el artículo 21, párrafo cuarto, constitucional, que versa sobre la aplicación de sanciones por infracción a los reglamentos gubernativos y de policía, penas que únicamente pueden consistir en multa, arresto hasta por treinta y seis horas o trabajo a favor de la comunidad, dado el carácter ejecutorio de esas determinaciones, en tanto que imponen deberes y restricciones a los particulares, que deben hacerse efectivos aun contra su voluntad. En ese tenor, tratándose de la determinación de infracciones a los reglamentos de tránsito de vehículos e imposición de las sanciones correspondientes, no necesariamente debe regir la garantía de audiencia previa, por lo que el afectado puede ser escuchado en su defensa con posterioridad a la emisión del acto de autoridad; máxime que de no considerarse así, se afectarían gravemente las funciones relativas de la autoridad, al tener que instaurar, en todos los casos, un procedimiento previo, lo que incluso no sería acorde con la naturaleza ejecutoria de esos actos administrativos." En efecto, tratándose de la determinación de infracciones a los reglamentos de tránsito e imposición de las sanciones correspondientes, no necesariamente debe regir la garantía de audiencia en forma previa, pues atendiendo a la gran cantidad de vehículos que diariamente circulan en la ciudad, cuyos conductores podrían incurrir en infracciones o poner en riesgo a los restantes automovilistas y peatones, de implementarse un procedimiento administrativo previo a la imposición de la multa, como lo pretende el quejoso, se tornaría prácticamente imposible ejercer la facultad sancionadora de las autoridades encargadas de vigilar el cumplimiento de las disposiciones en materia de tránsito, haciéndola nugatoria. Esa distorsión de las funciones de las autoridades evidentemente reduciría los niveles del control del tráfico y redundaría en perjuicio de la eficiencia del servicio que tienen encomendado en materia de seguridad vial, el cual demanda atención inmediata, con motivo de que las conductas que se sancionan, se actualizan ipso facto en el momento en que las autoridades administrativas ejercen su facultad para detectar infracciones a la ley y reglamentos respectivos. De ahí que se justifica la imposición inmediata de la sanción. Lo anterior con apoyo en la tesis I.4o.A.828 A, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV-2, Febrero de 1995, página: 412 en la Octava Época, que señala: "MULTAS. GARANTIA DE AUDIENCIA. En el caso de imposición de multas por parte de la autoridad administrativa, basta con que el particular tenga la posibilidad de controvertir dicha sanción a través de los medios de defensa conducentes para tener por satisfecha la garantía de audiencia consignada en el artículo 14 constitucional, y no es necesario por tanto, que dicha garantía se le dé al particular previa a la imposición de la multa". Además, como ya se precisó en párrafos anteriores, el propietario y conductor del vehículo en que se cometan las infracciones en materia de movilidad, son solidarios responsables de las sanciones que le fueren impuestas, motivo por el cual, en el particular, el promovente del amparo reconoce haber autorizado la conducción del automotor de su propiedad, razón por la cual, ambos son responsables solidarios del resultado de la infracción vial impuesta. Cabe precisar que con el retiro de su vehículo no se configura de manera indeterminada, toda vez que el numeral 74 del Reglamento de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, prevé los requisitos para la devolución respectiva del vehículo que hubiese sido retirado; tampoco resulta ser confiscatorio, en la medida de que nuestro Máximo Tribunal ha sostenido que estos últimos actos resultan ser aquellos por medio de los cuales la autoridad se apropia de la titularidad de los bienes de un gobernado, sin contar con título legítimo ni contraprestación. En apoyo a lo anterior, se cita la tesis P. LXXIV/96 del Pleno del Alto Tribunal del País, visible en la página 55, Tomo III, Mayo de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "CONFISCACION Y DECOMISO. SUS DIFERENCIAS BASICAS. Confiscación y decomiso son dos figuras jurídicas afines, pero con características propias que las distinguen. Por la primera, debe entenderse la apropiación violenta por parte de la autoridad, de la totalidad de los bienes de una persona o de una parte significativa de los mismos, sin título legítimo y sin contraprestación, pena que se encuentra prohibida por el artículo 22 constitucional; en tanto que la última es aquella que se impone a título de sanción, por la realización de actos contra el tenor de leyes prohibitivas o por incumplimiento de obligaciones de hacer a cargo de los gobernados con la nota particular de que se reduce a los bienes que guardan relación con la conducta que se castiga, o sea, los que han sido utilizados como instrumento para la comisión de un delito o infracción administrativa, los que han resultado como fruto de tales ilícitos o bien los que por sus características, representan un peligro para la sociedad". En esas condiciones, los numerales que aquí se controvierten, únicamente contemplan un acto de molestia, consistente en el retiro temporal de la circulación de un vehículo automotor al conductor que se le imponga un arresto administrativo inconmutable. De ahí que se evidencie la calificativa de los conceptos en estudio y que no le aportan beneficio alguno las tesis que invoca en sustento a sus argumentos. Por otro lado, el quejoso sostiene que el numeral 186, fracción III, de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, establece una sanción pecuniaria, en contravención a lo dispuesto por la Constitucional Federal. Sin embargo, dicho motivo de inconformidad resulta ser inoperante, puesto que parte de una premisa incorrecta, tal como se advierte de la jurisprudencia 2a./J. 108/2012 (10a.) de la Segunda Sala del Máximo Tribunal, consultable en la página 1326, Tomo: Libro XIII, Octubre de 2012 Tomo 3, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del contenido siguiente: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE SUSTENTAN EN PREMISAS FALSAS. Los agravios cuya construcción parte de premisas falsas son inoperantes, ya que a ningún fin práctico conduciría su análisis y calificación, pues al partir de una suposición que no resultó verdadera, su conclusión resulta ineficaz para obtener la revocación de la sentencia recurrida". En efecto, como se puede corroborar del artículo y fracción en cita, el mismo establece que a las personas que conduzcan un vehículo automotor bajo la influencia del alcohol y se les detecte una cantidad mayor a 130 miligramos de alcohol por 100 mililitros de sangre o de 0.65 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, se les impondrá como sanción un arresto administrativo inconmutable de veinticuatro a treinta y seis horas. De modo que, contrario a lo que sostiene la parte quejosa dicho numeral no establece una sanción pecuniaria en caso de cometer la actuación que se sanciona; inclusive, la norma claramente establece que la infracción lo será el arresto administrativo inconmutable. Por ende, adverso a lo expuesto por la parte quejosa, no existe una sanción pecuniaria que establezca dicho precepto, ya que el mismo únicamente hace referencia a la infracción consistente en el arresto administrativo, de ahí que no pueda establecerse que existe una multa excesiva, puesto que no se define de tal modo la infracción que contempla tal numeral. Al resultar infundados e inoperantes los planteamientos vertidos a manera de conceptos de violación en lo que al tema de constitucionalidad se refiere, a su vez hace inaplicables las tesis invocadas en la demanda de amparo; además, al no advertirse que opere alguna de las hipótesis para que proceda la suplencia de la queja deficiente, en términos de lo dispuesto por el artículo 79 de la Ley de Amparo, se impone negar el amparo solicitado. En vista de la conclusión alcanzada en este apartado, lo que procede es estudiar la legalidad del acto de aplicación de las normas reclamadas, como en derecho corresponde. Cuestiones de legalidad. En los conceptos de violación el quejoso sostiene que no existe un mandamiento escrito atento al artículo 16 Constitucional, por el cual se ordene la desposesión de su vehículo. De igual forma, arguye que la autoridad no es la competente para efectuar el cobro de la sanción impuesta o condicionar la devolución del vehículo privado de la posesión al pago de aquélla, y que es omisa en asentar los motivos y fundamentos por los cuales impuso la infracción en comento. Son infundados los argumentos sintetizados. Como premisa fundamental se tiene que el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." El precepto constitucional, consagra a favor de los gobernados el derecho fundamental de legalidad que exige que cualquier acto de autoridad que pueda implicar una molestia en la esfera jurídica de aquéllos, es decir, aquellos que sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, deberán cumplir con los siguientes requisitos: Constar por escrito. Provenir de autoridad competente. Estar fundado y motivado. En esta tesitura, la porción normativa en cita condiciona a todo acto de molestia a la reunión de los requisitos de fundamentación y motivación de la causa legal del procedimiento, por la que se entiende el acto o la serie de actos que provocan la molestia en la persona, familia, domicilio, papeles o posesiones de un gobernado realizados por la autoridad competente y deben no sólo tener una causa o elemento determinante, sino que éste sea legal, es decir, fundado y motivado en una ley en su aspecto material, esto es, una disposición normativa general e impersonal, creadora y reguladora de situaciones abstractas. La fundamentación legal de la causa del procedimiento, consiste en que los actos que originen la molestia deben basarse en una disposición normativa general, es decir, que ésta prevea la situación concreta para la cual sea procedente realizar el acto de autoridad, que exista una ley que lo autorice. La fundamentación legal de todo acto de autoridad que cause al gobernado un menoscabo en los bienes a que se refiere el citado numeral, no es sino una consecuencia directa del principio de legalidad que consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite. La exigencia de fundar legalmente todo acto de molestia impone a las autoridades diversas obligaciones, que se traducen en las siguientes condiciones: I. Que el órgano del Estado del que provenga el acto esté investido con facultades expresamente consignadas en la norma jurídica (ley o reglamento) para emitirlo. II. Que el propio acto se prevea en dicha norma. III. Que su sentido y alcance se ajusten a las disposiciones normativas que lo rijan. IV. Que el acto derive de un mandamiento escrito, en cuyo texto se expresen los preceptos específicos que lo apoyen. Por su parte, la motivación de la causa legal del procedimiento implica que, existiendo una norma jurídica, el caso o situación concretos respecto de los que se pretende cometer el acto de autoridad, sean aquellos a que alude la disposición legal que lo funde, lo que significa que las circunstancias y modalidades del caso particular encuadren dentro del marco general correspondiente establecido por la ley. Esto es, para adecuar una norma jurídica legal o reglamentaria al caso concreto donde vaya a operar el acto de molestia, la autoridad respectiva debe aducir los motivos que justifiquen la aplicación correspondiente, motivos que deben manifestarse en los hechos, circunstancias y modalidades objetivas del caso para que éste se encuadre dentro de los supuestos abstractos previstos normativamente. La mención de esos motivos debe formularse precisamente en el mandamiento escrito, con el objeto de que el afectado por el acto de molestia pueda conocerlos y estar en condiciones de producir su defensa. Así lo sostiene la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 204, publicada en la página 166, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, que es del tenor siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.- De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Así, un acto de molestia emitido por autoridad competente se encuentra fundado cuando en él se citan con precisión los preceptos legales aplicables al caso particular y para reconocer que éste se encuentra motivado, la autoridad debe exponer todas aquellas circunstancias o hechos que consideró al momento de emitirlo, siendo necesario, además, que los hechos aducidos encuadren en la hipótesis normativa citada, si por el contrario la autoridad no cumple con dicho requisito, daría cabida entonces a declarar la inconstitucionalidad del acto. Por otro lado, es oportuno destacar que los numerales 171, 196 y 198 de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco disponen lo siguiente: "Artículo 171. La Secretaría de Seguridad por conducto de la policía vial o la policía de tránsito municipal, como medida de seguridad, podrán retirar un vehículo de la circulación y trasladarlo a un depósito público o, en su caso, privado sujeto a concesión, en contra de la voluntad de su propietario o conductor, en los supuestos siguientes: I. Participación en flagrante delito en el que el vehículo sea instrumento del mismo; II. Existencia de informe oficial de un delito o de su presunción fundada, en el que el vehículo sea objeto o instrumento; III. Acatamiento de una orden judicial; IV. Violación, por el conductor, de una medida de seguridad aplicada conforme a los artículos que anteceden; V. En los supuestos de los artículos 169 fracciones I, II y III de esta ley, cuando no demuestre la posesión o legal propiedad del vehículo, y VI. Cuando se imponga al conductor, como sanción, el arresto administrativo." "Artículo 196. Son autoridades competentes en movilidad, para la calificación y la aplicación de las sanciones administrativas previstas: I. El Gobernador del Estado por conducto de la Secretaría, y específicamente, su Titular, la Dirección General Jurídica y los jueces calificadores, y II. En los municipios, los presidentes municipales por conducto de la dependencia competente en materia de vialidad y tránsito; su personal operativo y los jueces municipales. Artículo 198. Para elaborar las cédulas de notificación de infracciones serán competentes, la autoridad municipal en materia de movilidad por conducto de los agentes de movilidad y la Secretaría de Seguridad por conducto de la policía vial. De igual forma, corresponderá a la Secretaría o a las autoridades municipales en su ámbito de atribuciones, la calificación e imposición de las sanciones correspondientes, así como las medidas de seguridad que procedan, según su competencia, quienes deberán fundar y motivar sus actos y notificarlos de conformidad con la presente ley y sus reglamentos. Las cédulas de notificación de foto infracción serán emitidas por el titular de la Secretaría de Seguridad o por el funcionario en el que se delegue esta atribución, las cuales deberán contener la clave electrónica del equipo correspondiente, la firma electrónica del funcionario y demás requisitos establecidos en los reglamentos de la presente ley. En el caso de las autoridades municipales, para las infracciones o foto infracciones así como para calificar e imponer las sanciones correspondientes al ámbito de su competencia, deberán sujetarse a lo establecido en la presente ley, a los reglamentos de ésta y a los reglamentos municipales correspondientes." A su vez, los ordinales 374, 375, 376 y 377 del Reglamento de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco establecen: "Artículo 374. Las medidas de seguridad y sanciones que prevé la Ley, deberán ser aplicadas en su caso, por los policías viales estatales, policía de tránsito municipal, mediante cédula de notificación de infracción o el acta correspondiente, y en su caso los jueces calificadores y el titular de la Unidad Administrativa en materia jurídica de la Secretaría. Las cédulas de notificación de fotoinfracción serán emitidas por el titular de la Unidad Administrativa en materia jurídica de la Secretaría o por el funcionario en que se delegue esta atribución, las cuales deberán contener la clave electrónica del equipo correspondiente, la firma electrónica del funcionario y demás requisitos establecidos en el presente Reglamento. Artículo 375. La Policía Vial Estatal o Policía de Tránsito Municipal, en el ejercicio de sus actividades deberá actuar siempre en apego estricto a la Ley y los Reglamentos correspondientes, cuidando que los hechos o actos que se le imputen al infractor estén plenamente acreditados. De igual forma deberán cuidar, informar y orientar a quienes transiten en las vías públicas del Estado, cuando se les requiera por parte de todos los sujetos de la movilidad sobre hechos concretos. Tratándose de los sujetos de la movilidad no motorizada la policía vial estatal o de tránsito municipal, estará obligada a vigilar la seguridad y respeto a estos sujetos, asimismo que los mismos cumplan con las disposiciones de la Ley y el presente Reglamento. Artículo 376. Cuando un policía vial estatal y tránsito municipal observe, en el ejercicio de sus funciones, que un conductor ha incurrido en alguna de las conductas sancionadas por la Ley, deberá sujetarse al siguiente procedimiento: I. Encenderá los códigos luminosos o sonoros, enviando señales manuales al conductor para que se detenga, en un lugar donde no se ponga en riesgo su integridad física o la del conductor y cuidando de no entorpecer el tráfico vehicular; II. Se acercará al vehículo tomando las precauciones necesarias de seguridad y portando el casco, gorra, moscova o el tocado reglamentario y su gafete de identificación a la vista de forma tal que se vea la foto y el nombre del servidor público; III. En forma atenta y respetuosa hará saber al conductor del vehículo la infracción que ha cometido citando el artículo de la Ley o del presente Reglamento en que se fundamenta la infracción, y lo exhortará a que baje, en caso de ser necesario a efecto de poder hacer la revisión física del vehículo de que se trate; IV. Solicitará al conductor la licencia de conducir, la tarjeta de circulación y póliza o constancia de seguro vial; V. Regresará a su unidad o se retirará prudentemente del vehículo del infractor, para proceder al llenado de la cédula de notificación, lo cual llevará a cabo de tal forma que no se demore el recorrido del conductor; VI. Le informará al conductor el monto en salarios mínimos de la sanción impuesta, el descuento que por ley tiene derecho, así como el recurso de inconformidad y el plazo para interponerlo. Acto continuo le solicitará que firme de recibido la misma, en caso de negativa del conductor, se asentará en la cédula que se negó a firmarla y le entregará el original de la cédula de notificación de infracción al conductor, y en caso de que se niegue a recibirla, quedara a su disposición en la Unidad Administrativa correspondiente de la Secretaría; y VII. Cuando se esté en el proceso de retirar de circulación vehículos como una medida de seguridad, el propietario o conductor podrá pagar el importe del servicio de grúa antes de que se concrete las maniobras y el arrastre, con el objeto de que otro conductor que el mismo designe y que cumpla con los requisitos que establece la ley y su estado físico lo permita, pueda llevarse su vehículo, esto cuando el conductor no esté en condiciones de hacerlo, será aplicable en los casos de: a) Estado de abandono del vehículo; b) Que el vehículo estuviera estacionado en lugar prohibido; o c) Detectarse al conductor alcohol, drogas, estupefacientes o psicotrópicos, y que sea objeto de arresto inconmutable; y d) Operar de acuerdo a los protocolos en materia de alcoholimetría cuando sean concurrentes. Artículo 377. En el caso del conductor que habiendo cometido alguna de las infracciones previstas por la Ley o el Reglamento, no se encuentre en el lugar del vehículo, el Policía Vial Estatal o Policía de Tránsito Municipal procederá a elaborar la cédula de notificación correspondiente, la que dejará en lugar visible y seguro del automotor. De los preceptos legal transcritos se aprecia, en lo que aquí interesa, que para elaborar las cédulas de notificación de infracciones serán competentes, la autoridad municipal en materia de vialidad y tránsito y la Secretaría de Movilidad por conducto de la policía vial, a quienes corresponderá la calificación e imposición de las sanciones correspondientes, así como las medidas de seguridad que procedan, según su competencia, quienes deberán fundar y motivar sus actos y notificarlos de conformidad con la presente ley y sus reglamentos. Asimismo, se desprende que cuando un policía vial estatal y tránsito municipal observe, en el ejercicio de sus funciones, que un conductor ha incurrido en alguna de las conductas sancionadas por la Ley, deberá aplicar la sanción correspondiente mediante cédula de notificación de infracción o el acta correspondiente. Igualmente, se aprecia el procedimiento para llevar a cabo la aplicación de dicha sanción, del que destaca que el policía vial en forma atenta y respetuosa hará saber al conductor del vehículo la infracción que ha cometido citando el artículo de la Ley o del presente Reglamento en que se fundamenta la infracción, y lo exhortará a que baje, en caso de ser necesario a efecto de poder hacer la revisión física del vehículo de que se trate; solicitará al conductor la licencia de conducir, la tarjeta de circulación y póliza o constancia de seguro vial; regresará a su unidad o se retirará prudentemente del vehículo del infractor, para proceder al llenado de la cédula de notificación, lo cual llevará a cabo de tal forma que no se demore el recorrido del conductor; le informará al conductor el monto en salarios mínimos de la sanción impuesta, el descuento que por ley tiene derecho, así como el recurso de inconformidad y el plazo para interponerlo. Acto continuo le solicitará que firme de recibido la misma, en caso de negativa del conductor, se asentará en la cédula que se negó a firmarla y le entregará el original de la cédula de notificación de infracción al conductor, y en caso de que se niegue a recibirla, quedara a su disposición en la Unidad Administrativa correspondiente de la Secretaría. Cuando se esté en el proceso de retirar de circulación vehículos como una medida de seguridad, el propietario o conductor podrá pagar el importe del servicio de grúa antes de que se concrete las maniobras y el arrastre, con el objeto de que otro conductor que el mismo designe y que cumpla con los requisitos que establece la ley y su estado físico lo permita, pueda llevarse su vehículo, esto cuando el conductor no esté en condiciones de hacerlo, será aplicable en los casos de: Detectarse al conductor alcohol, drogas, estupefacientes o psicotrópicos, y que sea objeto de arresto inconmutable. Expuesto lo anterior, de la cédula de infracción con número de folio 34446202-9, se desprende claramente que la autoridad responsable en términos de los numerales previamente destacados, como medida de seguridad, determinó el retiro de la circulación del automotor del aquí quejoso. Así, de la lectura de dicha actuación se puede corroborar que la responsable fundamentó su actuar entre otros artículos: 171, fracción VI, 196 y 198 de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, y en su carácter de Agente Vial adscrita a la Secretaría de Seguridad de esta entidad. Dispositivos que la facultan a la imposición de la sanción contenida en la cédula de notificación de infracción aquí impugnada, expresando los motivos por los cuales el conductor del vehículo marca MAZDA, línea: CX5, tipo: Sedan, modelo: 2019, número de serie: JM3KFAB79K0507982, le fue impuesta como sanción a la persona conductora del vehículo un arresto administrativo, al haberle sido practicada la prueba de alcoholimetría, misma que resultó positiva, arrojando un resultado de 0.81 miligramos de alcohol por litro de aire expirado, por lo que fue trasladada al Centro Urbano de Retención Vial por Alcoholimetría, retirando el vehículo de la circulación, tal como lo dispone el artículo 171, fracción VI, de la ley en cita. Luego, los motivos de disenso que esgrime la parte quejosa, devienen inoperantes, porque contrario a lo sostenido, la sanción impuesta a la conductora del vehículo propiedad del quejoso, consistió en un arresto administrativo, no así en una multa, como lo refiere, dado que los argumentos expuestos en aquellos se sustentan a partir de premisas falsas. Mismo calificativo merece el motivo de inconformidad en el que sostiene que la autoridad responsable violó lo previsto por la Carta Magna, porque en el folio de infracción que emitió aplicó una multa fija de ciento cincuenta a doscientas unidades de medida y actualización. Ello es así toda vez que acorde con la infracción reclamada, se reitera, se le impuso la sanción prevista por el artículo 186, fracción III, de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, que establece que a la persona que conduzca un vehículo y se le detecte una cantidad mayor a 130 miligramos de alcohol por 100 mililitros de sangre o más de 0.65 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, se sancionará con arresto administrativo inconmutable de veinticuatro a treinta y seis horas, es decir, se parte de la premisa no verídica sobre la imposición de una multa, cuando la sanción impuesta como medida de seguridad consistió en la desposesión del vehículo. Se afirma lo anterior, merced que la retención del vehículo resultó ser una consecuencia del arresto decretado al conductor del vehículo, tal como lo faculta la legislación en materia de movilidad, siendo que el retiro de la circulación persigue un fin válido y relevante para la seguridad de los ciudadanos al evitar que una persona que presente una cantidad de alcohol en su organismo no tolerado en la ley se resguarde en un lugar seguro hasta en tanto se cubran los gastos que generan esos actos, se cumpla la sanción del arresto y en su caso se pague la multa, de modo que tales argumentos defensivos devienen inoperantes al partir de un postulado no verídico. En otras palabras, la sanción que le fue impuesta consistió en arresto administrativo inconmutable de veinticuatro horas, y no como lo sostiene la parte quejosa, en el sentido que le fue impuesta una multa equivalente de ciento cincuenta a doscientas unidades de medida y actualización. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia XVII.1o.C.T. J/5 (10a.), cuyo epígrafe y contenido establecen: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE TIENEN COMO SUSTENTO UN POSTULADO NO VERÍDICO [APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 108/2012 (10a.)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia en cita, determinó que los agravios cuya construcción parte de premisas falsas son inoperantes, ya que a ningún fin práctico conduciría su estudio pues, al partir de una suposición no verdadera, su conclusión es ineficaz para obtener la revocación de la sentencia recurrida; principio que aplica a los conceptos de violación cuyo sustento es un postulado que resultó no verídico; de ahí que sea ocioso su análisis y, por ende, merecen el calificativo de inoperantes." En diverso orden, el quejoso en sus conceptos de sostiene que el acto reclamado conculca su derecho de propiedad y posesión, respecto del vehículo que le fue retirado de circulación. Tales conceptos de violación devienen inoperantes, ya que los hace descansar en la circunstancia de que no le fue respetada su garantía de audiencia, así como que el acto reclamado resulta ser privativo; sin embargo, dichas consideraciones ya fueron estudiadas con anterioridad en el presente fallo, en el que se estableció que la medida impuesta resulta ser únicamente un acto de molestia y con el cual no rige el derecho de audiencia. Por tanto, si ya fueron desestimados dichos conceptos de violación, deben declararse inoperantes los que controvierten el acto de aplicación en el mismo sentido, pues a ningún fin práctico conduciría. En sustento a lo anterior, se invoca la tesis XVII.1o.C.T. J/4 del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, consultable en la página 1154, Tomo XXI, Abril de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES LOS QUE PARTEN O SE HACEN DESCANSAR SUSTANCIALMENTE EN LO ARGUMENTADO EN OTROS QUE FUERON DESESTIMADOS. Si de lo alegado en un concepto de violación se advierte que la impugnación planteada se hace descansar, sustancialmente, en lo que se argumentó en otro u otros conceptos de violación que fueron anteriormente desestimados en la misma ejecutoria, en tanto que resultaron infundados, inoperantes o inatendibles, ello hace que aquél resulte a su vez inoperante, dado que de ninguna manera resultará procedente, fundado u operante lo que en dicho concepto se aduce, por basarse en la supuesta procedencia de aquéllos. Además, como se evidenció, dichos actos no resultan ser indefinidos, pues el numeral 174 del Reglamento a la citada Ley de Movilidad, prevé el requisito por medio del cual se le hará la devolución respectiva del vehículo que hubiese sido retirado de circulación. Por tanto, no resulta ser un acto que por tiempo indefinido o definitivamente desposea a su propietario del automotor, sino que una vez cumplido el requisito previsto en la normativa, le será devuelto. Por otra parte, aduce el quejoso que no existe norma alguna que prevea la desposesión del vehículo de su propiedad como sanción. Lo anterior es infundado, acorde a lo dispuesto por el numeral 171, fracción VI, de la citada Ley de Movilidad, en que se fundó el acto de molestia del que ahora se duele, que dispone: "Artículo 171. La Secretaría de Seguridad por conducto de la policía vial o la policía de tránsito municipal, como medida de seguridad, podrán retirar un vehículo de la circulación y trasladarlo a un depósito público o, en su caso, privado sujeto a concesión, en contra de la voluntad de su propietario o conductor, en los supuestos siguientes: (...) VI. Cuando se imponga al conductor, como sanción, el arresto administrativo". De lo que se colige que sí existe disposición expresa que autorice el retiro del vehículo al conductor, al encontrarse en el supuesto contemplado por la norma para ello. Además, en lo tocante a lo que aduce el quejoso respecto a lo que definió como la indebida e insuficientemente fundamentación y motivación por la autoridad responsable, se insiste que, en el acta de calificación de infracción e imposición de sanción administrativa, así como de la cédula de infracción se desprende que la policía vial que la levantó, citó diversos preceptos legales con la finalidad de sustentar su actuar, así mismo, señaló la razón del porqué el quejoso encuadró en los supuestos normativos invocados. También, la parte quejosa en sus motivos de disenso arguye que la autoridad no es la competente para efectuar el cobro de la sanción impuesta. En ese sentido, tal motivo de reproche es ineficaz, puesto que tiene razón el inconforme cuando dice que la policía vial no tiene facultades para cobrar multas, puesto que la autoridad encargada del cobro de las mismas es la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, ya que de conformidad con los artículos 26 y 198 de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, la Agente Vial que las impone, no tiene dicha facultad, sin embargo, ésta únicamente llenó el formato de la cédula de notificación de infracción, es decir, las fundamentó y motivó para su captura y posterior cobro; de ahí su ineficacia. Orienta lo anterior, la jurisprudencia de rubro texto y datos de localización siguientes: "COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, FRACCIÓN, INCISO O SUBINCISO, Y EN CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRESPONDIENTE. De lo dispuesto en la tesis de jurisprudencia P./J. 10/94 del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Número 77, mayo de 1994, página 12, con el rubro: "COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD.", así como de las consideraciones en las cuales se sustentó dicho criterio, se advierte que la garantía de fundamentación consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lleva implícita la idea de exactitud y precisión en la cita de las normas legales que facultan a la autoridad administrativa para emitir el acto de molestia de que se trate, al atender al valor jurídicamente protegido por la exigencia constitucional, que es la posibilidad de otorgar certeza y seguridad jurídica al particular frente a los actos de las autoridades que afecten o lesionen su interés jurídico y, por tanto, asegurar la prerrogativa de su defensa ante un acto que no cumpla con los requisitos legales necesarios. En congruencia con lo anterior, se concluye que es un requisito esencial y una obligación de la autoridad fundar en el acto de molestia su competencia, pues sólo puede hacer lo que la ley le permite, de ahí que la validez del acto dependerá de que haya sido realizado por la autoridad facultada legalmente para ello dentro de su respectivo ámbito de competencia, regido específicamente por una o varias normas que lo autoricen; por tanto, para considerar que se cumple con la garantía de fundamentación establecida en el artículo 16 de la Constitución Federal, es necesario que la autoridad precise exhaustivamente su competencia por razón de materia, grado o territorio, con base en la ley, reglamento, decreto o acuerdo que le otorgue la atribución ejercida, citando en su caso el apartado, fracción, inciso o subinciso; sin embargo, en caso de que el ordenamiento legal no los contenga, si se trata de una norma compleja, habrá de transcribirse la parte correspondiente, con la única finalidad de especificar con claridad, certeza y precisión las facultades que le corresponden, pues considerar lo contrario significaría que el gobernado tiene la carga de averiguar en el cúmulo de normas legales que señale la autoridad en el documento que contiene el acto de molestia, si tiene competencia por grado, materia y territorio para actuar en la forma en que lo hace, dejándolo en estado de indefensión, pues ignoraría cuál de todas las normas legales que integran el texto normativo es la específicamente aplicable a la actuación del órgano del que emana, por razón de materia, grado y territorio." De ahí que, si como se dijo, es de estimarse que el acto controvertido se encuentra debidamente fundado y motivado. Finalmente, deviene inoperante el último de los conceptos de violación en el cual el inconforme aduce que el artículo 174 del Reglamento de la Ley de Movilidad y Transporte, transgrede su derecho a la libertad personal con motivo de requerir el acta de liberación para que le sea devuelto su vehículo. Ello es así, puesto que si bien es cierto tal numeral establece que para que pueda ser emitida la carta de liberación, ésta debe ser expedida por el Centro Urbano de Retención Vial por Alcoholimetría; tal circunstancia deriva precisamente del arresto administrativo con motivo de dicho operativo. En esa tesitura, cabe recordar que en el presente asunto el quejoso impugna las normativas aquí contempladas con motivo de la aplicación de la cédula de infracción número 34446202-9, no así con motivo del arresto administrativo que le impuso al conductor del vehículo por parte del Juez Calificador. Así pues, si en esta instancia constitucional no fue reclamado el arresto administrativo que se le impuso al conductor del vehículo cuya propiedad defiende el aquí quejoso, los conceptos de violación que esgrime en contra de la norma por la cual se le requiere que se expida la carta de liberación por la autoridad encargada de vigilar dicho arresto, resultan ser una cuestión ajena a esta litis constitucional. De ahí que no se soslaye que la autoridad aplique de forma tácita el precepto en cita al momento de efectuar la infracción en comento por medio de la cédula descrita anteriormente; sin embargo, el numeral reclamado no se puede disociar del acto del que verdaderamente emana, como lo es el arresto administrativo, en tanto que a la presente justa constitucional, únicamente acude en contra de dicha infracción. En conclusión, no se puede analizar la constitucionalidad de tal precepto, al existir un impedimento técnico que no faculta su análisis mediante esta instancia. "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN. Conforme a los artículos 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83, fracción IV, 87, 88 y 91, fracciones I a IV, de la Ley de Amparo, el recurso de revisión es un medio de defensa establecido con el fin de revisar la legalidad de la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto y el respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento, de ahí que es un instrumento técnico que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función jurisdiccional, cuya materia se circunscribe a la sentencia dictada en la audiencia constitucional, incluyendo las determinaciones contenidas en ésta y, en general, al examen del respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento del juicio, labor realizada por el órgano revisor a la luz de los agravios expuestos por el recurrente, con el objeto de atacar las consideraciones que sustentan la sentencia recurrida o para demostrar las circunstancias que revelan su ilegalidad. En ese tenor, la inoperancia de los agravios en la revisión se presenta ante la actualización de algún impedimento técnico que imposibilite el examen del planteamiento efectuado que puede derivar de la falta de afectación directa al promovente de la parte considerativa que controvierte; de la omisión de la expresión de agravios referidos a la cuestión debatida; de su formulación material incorrecta, por incumplir las condiciones atinentes a su contenido, que puede darse: a) al no controvertir de manera suficiente y eficaz las consideraciones que rigen la sentencia; b) al introducir pruebas o argumentos novedosos a la litis del juicio de amparo; y, c) en caso de reclamar infracción a las normas fundamentales del procedimiento, al omitir patentizar que se hubiese dejado sin defensa al recurrente o su relevancia en el dictado de la sentencia; o, en su caso, de la concreción de cualquier obstáculo que se advierta y que impida al órgano revisor el examen de fondo del planteamiento propuesto, como puede ser cuando se desatienda la naturaleza de la revisión y del órgano que emitió la sentencia o la existencia de jurisprudencia que resuelve el fondo del asunto planteado." DECISIÓN En tales condiciones, ante lo infundado e inoperante de los conceptos de violación esgrimidos, lo que se impone es negar el amparo y protección de la Justicia Federal, respecto de los artículos 171, fracción VI y 186, fracción III, ambos de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, así como por lo que ve al numeral 174 del Reglamento de dicho cuerpo normativo y la cédula de notificación de infracción número 34446202-9. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por David Ernesto Rodríguez Alba, por propio derecho, en contra de los actos reprochados al Congreso y al Gobernador del Estado de Jalisco; Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco; Depósito Vehicular numero 2 dependiente del Director de Depósitos vehiculares, de la Secretaría de Administración del Estado de Jalisco, por conducto de su titular Hugo Alejandro Anaya Anaya, y Adolfo Eletvan Chávez Manzo, Director de Depósitos vehiculares, de la Secretaría de Administración, del Estado de Jalisco, de conformidad con los apartados VII y IX de este fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a David Ernesto Rodríguez Alba, contra los actos reclamados al Congreso, Gobernador del Estado de Jalisco; y Nayeli Lizeth Fausto Dávalos, Policía Vial, de la Comisaría Vial de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, en términos del apartado XI de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Lo resolvió y firma Tatiana Elizondo Piña, Jueza Decimotercero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, hoy treinta de junio de dos mil veintidós en que lo permitió la excesiva carga de trabajo de este Juzgado, ante María del Rosario Muñoz Macías, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe." Cúmplase. Lo proveyó y firma Tatiana Elizondo Piña, Jueza Decimotercero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, ante Jesús Janet Rodríguez Barrera, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma Tatiana Elizondo Piña, Jueza Decimotercero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, hoy treinta de junio de dos mil veintidós que lo permitieron las labores del Juzgado ante María del Rosario Muñoz Macías, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

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