David Enrique Castillo Sulu

Expediente 1542/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1542/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
20/12/2019

Partes del expediente

  • Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán
  • David Enrique Castillo Sulu

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veinte de diciembre de dos mil diecinueve. Atento a lo informado por la Secretaría en la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de revisión en contra del auto de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por lo tanto, con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de la Materia, se declara que aquella resolución ha causado estado, para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que en el aludido acuerdo se sobreseyó en el presente juicio de amparo, no obran agregados documentos originales y carece de relevancia documental, este asunto encuadra en el supuesto previsto en la fracción II del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción. Asimismo, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Juan Armando Cortés Carabias, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    AVISO-II.. Vista la cuenta que inmediatamente antecede, se tiene por recibido el informe justificado y anexo que acompaña rendido por la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, los cuales se ordena agregar a estos autos para que obren como legalmente correspondan. Ahora bien, de la lectura del informe de cuenta y constancias anexas al mismo, se advierte la existencia de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que señala: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En efecto, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa en esencia hizo consistir el acto reclamado, en la omisión por parte de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de dictar laudo en el expediente laboral 963/2018. Asimismo, del informe de cuenta y constancias anexas al mismo, las cuales tienen valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2o. de la Ley de Amparo, se advierte que en autos del expediente laboral 963/2018, el nueve de octubre de dos mil diecinueve la autoridad responsable emitió el proyecto de resolución en forma de laudo, mismo que fue elevado a la categoría de laudo el veintiuno de octubre de dos mil diecinueve y fue notificado a la parte quejosa el veintidós de noviembre del año en curso; esto es, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo que lo fue el treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve. En las relatadas consideraciones, es obvio que en el caso opera la causal de improcedencia, prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues habiéndose reclamado la omisión por parte de la responsable de dictar laudo en el juicio de origen 963/2018, es incuestionable que en la especie cesaron los efectos del acto reclamado, desde el momento en que la autoridad responsable el nueve de octubre de dos mil diecinueve emitió el proyecto de resolución en forma de laudo, mismo que fue elevado a la categoría de laudo el veintiuno de octubre de dos mil diecinueve y lo hizo del conocimiento del peticionario del amparo el veintidós de noviembre del año en curso; lo cual motiva el sobreseimiento en este juicio de amparo, por lo tanto, se sobresee en el presente juicio, con apoyo en el numeral 63, fracción V, de la invocada Ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior por similitud de razón, la jurisprudencia 2ª./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, visible en la página 38, cuyo rubro es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUÍDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI, y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En virtud de lo anterior se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con treinta minutos del trece de diciembre de dos mil diecinueve. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Juan Armando Cortés Carabias, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, agréguense los oficios signados por la Directora General Adscrita a la Unidad de Inteligencia Financiera, autoridad responsable en este asunto, mediante el cual la autoridad antes citada cumple con la prevención de dieciséis de octubre del año en curso, y manifiesta el tramite dado al cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente asunto, mismo que se reserva acordar lo conducente, hasta en tanto obren en autos la totalidad de informes a las autoridades requeridas en autos. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la secretaria licenciada Estefanni Romero Navarro, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, cuatro de noviembre de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido el oficio signado por la secretaria de acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, mediante el cual informa que la parte aquí quejosa promovió recurso de revisión en contra de la sentencia dictada por dicho Tribunal Constitucional, en autos del amparo en revisión 176/019 de su índice; en tal virtud, este juzgado queda enterado de lo anterior y se ordena agregar a estos autos el oficio de cuenta y anexo para que obren como legalmente corresponda. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargado del despacho por licencia del Titular, de conformidad con lo establecido en el párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la licenciada Bereniz Cortés Sandoval, secretaria que autoriza y da fe.

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