David Enrique Campos Baeza

Expediente 942/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
942/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
16/06/2021

Partes del expediente

  • David Enrique Campos Baeza

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciséis de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de Amparo, en contra del acuerdo de fecha dos de junio de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; lo anterior por cuanto dicho término de cinco días transcurrió del dieciocho al veinticuatro del actual mes. En tal virtud, se declara que el referido proveído ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes; en consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21, inciso d) del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que en el presente asunto se desechó de plano la demanda que dio origen al presente expediente, y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado numeral, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN. Por lo que, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha en que se ordena su archivo, se deberá destruir el expediente. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    SE NOTICFICA AL QUEJOSO DE CONFORMDIAD CON LOS ARTICULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO Mérida, Yucatán, dos de junio de dos mil veintiuno. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA Vista la demanda de amparo promovida por ********************, en contra de los actos que reclama de los Jueces Primero, Segundo y Tercero de Control del Primer Distrito Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, Juez Primero de Control del Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en Kanasín, Yucatán, Juez Primero de lo Familiar y Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo de Oralidad Familiar, todos del Primer Departamento Judicial del Estado, Secretario de Seguridad Pública y Subsecretario de la Policía Estatal de Investigación todas con sede en Mérida, Yucatán, que hizo consistir en: ACTO RECLAMADO La orden de aprehensión, comparecencia, arresto, ordenada en su contra y su ejecución. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE. Al respecto, se acuerda: fórmese expediente, regístrese con el número 942/2021-II-B, y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Ahora bien, vista la demanda de cuenta, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la misma, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En primer término, debe señalarse que la demanda que se analiza no se encuadra en alguno de los supuestos del artículo 15 de la Ley de Amparo, en relación con el 22 Constitucional, aunque así lo pretenda el promovente al solicitar la suspensión de plano en términos del numeral 126 de la ley de la materia; aunado al hecho de que el reclamo de un acto privativo de la libertad fuera de procedimiento debe ser actual, real y no una mera probabilidad de que así pudiera ocurrir.Pues precisamente la finalidad de la suspensión de plano es que cesen de inmediato los actos reclamados y dejen de producirse, por lo que resulta incuestionable que dichos actos deben estarse materializando en el momento de la presentación de la demanda, de otra manera no resultaría procedente una suspensión sobre actos que no se han llevado a cabo por las autoridades responsables y por consiguiente no pueden cesar hacia el futuro. De ahí que no resulte procedente conceder la suspensión solicitada en la forma en la que se plantea la demanda; pues, con independencia de que refiere que solicita la suspensión de oficio y de plano, los señalados como tales no se ubican en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, como ya quedó señalado. Máxime que la calificación de los mismos, es una atribución exclusiva del juez, quien atendiendo a la naturaleza del acto y no a enfoques subjetivos de las partes, es el único facultado para decidir si se está o no en presencia de uno que lo obligue a decretar la suspensión de plano, lo que en el caso no se surte. Son aplicables al caso, la jurisprudencia y la tesis siguientes: "SUSPENSIÓN DE OFICIO, CORRESPONDE AL JUZGADOR FEDERAL DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA. Constituyendo la suspensión de oficio una medida de carácter excepcional, autorizada en atención a la urgencia y gravedad del caso, la suspensión que llegare a decretarse en términos de la fracción I, del artículo 123 de la Ley de Amparo, únicamente surtiría efectos respecto de los actos que directamente pudieran causar al quejoso algunas de las lesiones descritas en la norma, es decir, que directamente pusieran en peligro su vida, permitieran su destierro, su deportación o la imposición de penas prohibidas por el artículo 22 constitucional, lo cual implica que es el juzgador federal como órgano encargado de aplicar las normas del juicio de amparo, quien debe siempre y en todo caso examinar si entre los hechos denunciados por el quejoso y los resultados dañinos temidos por éste, existe una relación de causalidad tal que justifique la adopción de la medida cautelar. En este orden de ideas, si bien es cierto que al momento de presentar la demanda y solicitar la suspensión de plano en la mayoría de los casos el quejoso no está en aptitud de acompañar las pruebas necesarias para acreditar de manera fehaciente la existencia o inminencia de los actos reclamados, también es cierto que, es al juzgador federal a quien corresponde analizar (valiéndose incluso únicamente de las manifestaciones del demandante), si la realización de los actos reclamados por el quejoso tendrían como consecuencia directa, obligada o forzosa, la privación de su vida, su destierro, deportación o la imposición en su perjuicio de penas prohibidas por la Constitución, surtiéndose así la procedencia de la suspensión de oficio en términos del artículo 123 de la Ley de Amparo." (Época: Octava Época, Registro: 229397, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Segunda Parte-2, Enero-Junio de 1989, Materia(s): Administrativa, Tesis: I. 3o. A. J/7, Página: 951). "SUSPENSIÓN DE PLANO. DERIVA DIRECTAMENTE DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO, NO DE LAS RAZONES QUE AL EFECTO ADUZCA EL QUEJOSO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley de Amparo, la suspensión de oficio de los actos reclamados en el juicio de garantías procede cuando se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o cuando se trata de actos que, si llegaren a consumarse, harían físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, de lo que se sigue que esta clase de suspensión deriva directamente de la naturaleza del acto reclamado, esto es, que para concederla es necesario atender al origen mismo del acto tildado de inconstitucional, ello en atención a que acorde con lo establecido en el precepto legal en comento, cuando se trate de un acto que importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 citado, que invariablemente sería de restitución físicamente imposible, o de un acto diverso que de consumarse igualmente haría físicamente imposible la restitución de la garantía violada en perjuicio del quejoso, la suspensión debe concederse de plano, es decir, sin que tengan que tomarse en consideración los requisitos previstos en el artículo 124 de la ley de la materia, en particular que la solicite el quejoso, motivo por el cual lo que éste manifieste al respecto no determina la procedencia o no de la suspensión de oficio, sino que ello es una atribución exclusiva del Juez de Distrito, quien atendiendo a la naturaleza del acto y no a enfoques subjetivos de las partes, es el único facultado para decidir si se está o no en presencia de un acto que lo obligue a decretar la suspensión de oficio." (Época: Novena Época, Registro: 179731, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Diciembre de 2004, Materia(s): Común, Tesis: VI.1o.A.19 K, Página: 1458). Por lo que al no actualizarse tales supuestos, es claro que el promovente no se ubica en el supuesto de excepción previsto en el último párrafo del artículo 3 de la Ley de Amparo, es decir, cuando el amparo se promueve en los términos del numeral 15 de la Ley de la materia. Sentado lo anterior, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 3° y 6° de la Ley de Amparo. Para arribar a lo anterior, debe señalarse en primer término que el artículo 3 de la Ley de Amparo, permite el empleo de las tecnologías de la información para la tramitación del juicio de amparo, mediante el uso de la "firma electrónica", en relación también con la regulación que para tal efecto emitió el Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, el mencionado precepto legal, señala que la firma electrónica, es: "...el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales". Por su parte, el Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, es el que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a Cargo del Propio Consejo, del cual es menester destacar el marco normativo necesario para acordar lo procedente en relación al presente juicio de amparo, en específico los artículos 14, 16, 45, 46 y 47 establecen lo siguiente: "Artículo 14. El Portal de Servicios en Línea es un sitio web a través del cual las partes, sus representantes y, según sea el caso, sus autorizados, podrán acceder electrónicamente a las OCC y a los órganos jurisdiccionales para presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como para acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en éstos. Las promociones de las partes recibidas en el Portal recibirán el mismo tratamiento que las presentadas en formato impreso, siempre que se cumpla con las disposiciones previstas en el presente Acuerdo General. El Portal de Servicios en Línea cuenta con los módulos para presentación de demandas, solicitudes y escritos iniciales, envío de promociones y recursos, acceso y consulta de expediente electrónico, generación de notificaciones, consulta de expedientes y lista de acuerdos. Los módulos del Sistema Electrónico del PJF deberán alojarse dentro de la infraestructura de almacenamiento y procesamiento de datos propiedad del CJF. Adicionalmente, en el Portal se establecerán los vínculos necesarios para que las personas justiciables tramiten su FIREL y tengan acceso a la normativa que rige el sistema. También se podrá acceder al listado de las firmas electrónicas o certificados digitales emitidos por otros órganos del Estado con los cuales el PJF haya celebrado convenio de coordinación para el reconocimiento de certificados digitales homologados, en términos del artículo 5, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013." "Artículo 16. Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el PJF a través de la Unidad en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 14 del presente Acuerdo General y se registren en el sistema. Para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (i) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (ii) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (iii) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo. El registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra." "Artículo 45. Para la presentación de solicitudes, demandas y otros escritos iniciales de manera electrónica, con excepción de las señaladas en la sección previa, las personas usuarias ya registradas deberán ingresar al Portal, señalando el "Nombre de Usuario y Contraseña" que generaron al momento de registrarse conforme al artículo 16 del presente Acuerdo General, o bien, lo harán con su Firma Electrónica vigente. Hecho lo anterior, ingresarán al módulo para presentar demandas, solicitudes y escritos iniciales, y elegirán el apartado para presentar escritos de demanda, donde señalarán el nombre del quejoso, una cuenta de correo electrónico en caso de contar con ella, y seleccionarán la OCC de los órganos jurisdiccionales a los que se solicite el amparo o, en caso de que no exista, la Oficialía de Partes del órgano jurisdiccional. Posteriormente, deberán ingresar el archivo electrónico que contenga la demanda, utilizarán el formato predeterminado o llenarán el cuadro de texto en blanco que se encontrará a su disposición. Finalmente, agregarán a la solicitud o escrito de demanda su Firma Electrónica vigente, capturarán un código de seguridad y lo enviarán. Asimismo, podrán enviar los archivos electrónicos que contengan documentos anexos al escrito de demanda. Artículo 46. Una vez enviada la demanda, el sistema generará un acuse de recepción electrónica en el que se señalarán los datos de identificación del promovente, el archivo electrónico que contenga su demanda y los archivos anexos, la fecha y hora de envío y recepción, así como un folio electrónico. En los casos en que se proporcione una cuenta de correo electrónico al momento de enviar la demanda, el acuse de recepción electrónica se remitirá automáticamente al correo." "Artículo 47. El número de folio electrónico vinculado al acuse de recibo podrá utilizarse para consultar en el Portal de Servicios en Línea, el órgano jurisdiccional al que fue turnado el escrito de demanda y el número de expediente asignado. No obstante, para consultar el Expediente electrónico será necesario que se haya formulado la solicitud respectiva y que ésta se haya acordado favorablemente, conforme a lo dispuesto en los artículos 35 y 36 del presente Acuerdo General." Del citado marco normativo es posible colegir que en los Juzgados de Distrito, la presentación de demandas de amparo indirecto, se realizarán a través de los sistemas tecnológicos del Consejo de la Judicatura Federal, como el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Para lo cual, es necesario que las personas interesadas cuenten con firma electrónica emitida o reconocida por el propio Poder Judicial de la Federación; de ahí que, el registro de cada usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Asimismo, una vez que se envíe alguna demanda o promoción, el sistema generará un acuse de recepción electrónica en el que se señalarán los datos de identificación del promovente, el archivo electrónico que contenga su demanda y los archivos anexos, la fecha y hora de envío y recepción, así como un folio electrónico. En el caso particular, debe destacarse que en el proemio de la demanda que nos ocupa, se señaló como promovente a ******************** por propio derecho (lo que incluso se asentó en la razón de cuenta secretarial que antecede); sin embargo, carece de la firma electrónica del accionante, pues no se advierte evidencia criptográfica alguna. Debido a tal circunstancia, se actualiza la citada causal de improcedencia, toda vez que el artículo 3° de la Ley de Amparo y la propia normatividad que regula el trámite de los juicios de amparo vía electrónica, establecen que la firma electrónica (FIREL), produce los mismos efectos que la signatura autógrafa; por ende, no es posible considerar que ********************, promueve la demanda en mención, al carecer de manifestación inequívoca de su voluntad de instar el juicio de amparo de que se trata. De ahí que, si es voluntad de ********************, por propio derecho, presentar la demanda de amparo indirecto vía electrónica, debe contar con el requisito indispensable para acceder a las tecnologías de la información que utiliza el Poder Judicial de la Federación, como es la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación. Por tanto, en el caso, ni siquiera se actualiza el principio de instancia de parte agraviada, que constituya la manifestación inequívoca de la voluntad de la parte quejosa - ******************** - de instar el medio de control constitucional de que se trata. Se cita en lo conducente, el criterio que a continuación dice: "DEMANDA DE AMPARO. NO FIRMADA POR EL DIRECTAMENTE INTERESADO. En el procedimiento escrito, la voluntad de las partes en el ejercicio de un derecho, se manifiesta a través de su firma, y cuando no saben, o no pueden firmar, lo hará otra persona a su ruego pero imprimirá su huella digital, pues de lo contrario no existe manifestación de voluntad del interesado en el ejercicio de ese derecho. Por lo tanto, si la demanda de garantías no fue firmada por el quejoso ni por su representante, debe estimarse que no existe instancia de parte agraviada, dado que no se encuentra exteriorizada la voluntad del directamente interesado en la promoción del juicio de garantías, por lo que, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 4o. del mismo ordenamiento legal, máxime que de admitir y tramitar esa promoción, se fomentaría la práctica viciosa de que cualquier persona, con cualquier firma o sin ella, presentara escritos en forma oportuna, para que después, en cualquier tiempo, el directamente interesado pretendiera subsanar la omisión de expresión de voluntad de promover, mediante una simple aceptación de que esa firma, que no corresponde a su puño y letra, es suya, lo cual evidentemente iría en perjuicio de las demás partes." Aunado a que, tal circunstancia no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir a la quejosa para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica, no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente; es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el órgano jurisdiccional está facultado para desecharla de plano. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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