David Encarnacion Marquez
Expediente 486/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 21 actuaciones registradas, la última del 25 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 486/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 25/08/2023
Partes del expediente
- David Encarnacion Marquez
- Directora General del Centro de Control de Confianza del Estado de Mexico
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
Toluca, Estado de México; veinticinco de agosto de dos mil veintitrés. CAUSA EJECUTORIA Vista la certificación que antecede y el estado procesal de los autos, se advierte que al día de hoy no se interpuso revisión contra la sentencia que sobreseyó el juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que ha causado ejecutoria. ARCHIVO En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) del Consejo de la Judicatura Federal. DESTINO DEL CUADERNO PRINCIPAL En acatamiento al artículo 20, fracción I, del "ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE VALORACIÓN, DESTRUCCIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRANSFERENCIA, RESGUARDO Y DESTINO FINAL DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES GENERADOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES", publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, una vez que transcurran tres años de archivado este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un expediente en el cual se sobreseyó en el juicio de amparo. Ahora, de conformidad con el artículo 15, del Acuerdo General referido, el presente expediente carece de relevancia documental. DESTINO DEL CUADERNO INCIDENTAL Asimismo, de conformidad con el artículo 20, fracción III del aludido Acuerdo General, el incidente de suspensión es destruible, toda vez que se declaró sin materia dicho cuaderno. En atención a que su destino es el mismo, se ordena glosar el cuaderno incidental al principal. GLOSAR COPIA AUTÓGRAFA Dado que el presente acuerdo califica el destino de los cuadernos incidentales, glósese copia autógrafa de éste a dichos expedientes. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Por otra parte, de la certificación que antecede se advierte que obran constancias por separado, enviadas por la Titular de la Unidad de Trasparencia del Centro de Control de Confianza del Estado de México; toda vez que no es necesaria su retención se ordena su devolución. Sin que sea necesario solicitar el acuse de recibo respectivo, pues bastará con que conste su recepción en la constancia de entrega correspondiente; por tanto, se instruye al Actuario Judicial de la adscripción para que se cerciore de que se anote esa circunstancia. ARCHIVO FÍSICO Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo físico el expediente en que se actúa. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo proveyó y firma Tania Rosalinda Méndez López, Jueza Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, asistida de Paola Lizzette Acosta Campos, secretaria que autoriza y da fe.
- Incidental
Toluca, Estado de México; veinticinco de agosto de dos mil veintitrés. CAUSA EJECUTORIA Vista la certificación que antecede y el estado procesal de los autos, se advierte que al día de hoy no se interpuso revisión contra la sentencia que sobreseyó el juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que ha causado ejecutoria. ARCHIVO En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) del Consejo de la Judicatura Federal. DESTINO DEL CUADERNO PRINCIPAL En acatamiento al artículo 20, fracción I, del "ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE VALORACIÓN, DESTRUCCIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRANSFERENCIA, RESGUARDO Y DESTINO FINAL DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES GENERADOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES", publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, una vez que transcurran tres años de archivado este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un expediente en el cual se sobreseyó en el juicio de amparo. Ahora, de conformidad con el artículo 15, del Acuerdo General referido, el presente expediente carece de relevancia documental. DESTINO DEL CUADERNO INCIDENTAL Asimismo, de conformidad con el artículo 20, fracción III del aludido Acuerdo General, el incidente de suspensión es destruible, toda vez que se declaró sin materia dicho cuaderno. En atención a que su destino es el mismo, se ordena glosar el cuaderno incidental al principal. GLOSAR COPIA AUTÓGRAFA Dado que el presente acuerdo califica el destino de los cuadernos incidentales, glósese copia autógrafa de éste a dichos expedientes. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Por otra parte, de la certificación que antecede se advierte que obran constancias por separado, enviadas por la Titular de la Unidad de Trasparencia del Centro de Control de Confianza del Estado de México; toda vez que no es necesaria su retención se ordena su devolución. Sin que sea necesario solicitar el acuse de recibo respectivo, pues bastará con que conste su recepción en la constancia de entrega correspondiente; por tanto, se instruye al Actuario Judicial de la adscripción para que se cerciore de que se anote esa circunstancia. ARCHIVO FÍSICO Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo físico el expediente en que se actúa. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo proveyó y firma Tania Rosalinda Méndez López, Jueza Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, asistida de Paola Lizzette Acosta Campos, secretaria que autoriza y da fe.L´ vos
- Principal
Audiencia constitucional Toluca, Estado de México; a las doce horas con diez minutos del cuatro de agosto de dos mil veintitrés, día y hora señalados para la audiencia constitucional en el juicio de amparo indirecto 486/2023-II-A, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se procede a celebrarla ante la presencia de Tania Rosalinda Méndez López, Jueza Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, quien actúa con Eduardo López Reyes, secretario que autoriza y da fe, sin la asistencia de las partes. Enseguida, el Secretario da lectura de las constancias que obran en autos, sin que sea necesario hacer mención de cada una de ellas, en atención a la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 185, tomo IV, primera parte, julio a diciembre de 1989, octava época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.". La Jueza acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias. Acto continuo y con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se abre el periodo probatorio y el Secretario da cuenta con las pruebas remitidas por las autoridades responsables. Asimismo, certifica: que no existen pruebas pendientes por admitir o desahogar. La Jueza acuerda: Se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas relacionadas, en razón de su propia y especial naturaleza; y al no existir diversa pendiente por desahogar, se cierra este periodo. En seguida se abre el periodo de alegatos y el Secretario certifica: Que la parte quejosa realizó manifestaciones al respecto. La Jueza acuerda: con fundamento en el artículo 124, de la Ley de Amparo, se tienen por expuestos los alegatos del quejoso, por lo que se cierra este periodo. No habiendo prueba por desahogar ni promoción por acordar, se tiene por celebrada la audiencia constitucional en términos de la presente acta y se procede a dictar la sentencia correspondiente: VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 486/2023-II-A; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Presentación de la demanda. Por escrito depositado en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca el cuatro de abril de dos mil veintitrés y turnado ese mismo día a este órgano jurisdiccional David Encarnación Márquez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal (fojas 3 a 8 del juicio de amparo). En auto de diez de abril de dos mil veintitrés se admitió la demanda, se requirió el informe justificado, se dio vista al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, y se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional (fojas 9 a 13 ídem). El dos de mayo de dos mil veintitrés, se tuvo por ampliada la demanda en lo relativo a la respuesta dada por la responsable a su petición de veintidós de febrero de dos mil veintitrés, se requirió el informe justificado y se dio vista al Agente del Ministerio Público Federal adscrito (fojas 164 a 165 ídem). Mediante acuerdo de catorce de junio de dos mil veintitrés, se dio vista a la parte quejosa a efecto de que, sí era su deseo, ampliara la demanda por diversa autoridad responsable (fojas 219 y 220 ídem). En determinación de veinte de junio de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la ampliación de demanda, se requirió el informe justificado, se dio vista al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, y se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional (fojas 229 a 231 ídem). Es importante precisar que no obstante que la naturaleza jurídica de los actos reclamados es administrativa, en razón de que David Encarnación Márquez se encuentra privado de su libertad este juzgado estimó pertinente designar una asesora jurídica que lo asistiera en el juicio de amparo; en ese contexto, se hicieron los trámites correspondientes y el veintitrés de junio del año en curso, se tuvo a Juana Betancourt Pérez, aceptando y protestado el cargo de asesora jurídica del impetrante de amparo (foja 237 ídem). Lo anterior de conformidad con el criterio jurisprudencial emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2020495, tesis 1a./J. 43/2019 (10a.), consultable en el Libro 69, Agosto de 2019, Tomo II, página 1301 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dispone: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc.-, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja.". Una vez sustanciado el juicio, previos diferimientos, se celebró la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo planteado, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracciones III, inciso b, de la Constitución General de la República; 1° fracción primera, 37 y 107 fracción V de la Ley de Amparo; 49 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y con el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse actos omisivos y declarativos que carecen de ejecución material y haberse exhibido la demanda de amparo ante este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Oportunidad. Respecto al acto reclamado primigeniamente reclamado a la Directora General del Centro de Control de Confianza del Estado de México, consistente en la falta de respuesta a la petición realizada por el gobernado se precisa que tiene un carácter omisivo, por lo que no se encuentra sujeto al plazo genérico de quince días que el artículo 17 de la Ley de Amparo establece para la presentación de la demanda. Es aplicable la tesis III.5o.C.21 K, emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Registro digital: 178476, Novena Época, Materias(s): Común, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXI, Mayo de 2005, página 1451, Tipo: Aislada, que establece: "DEMANDA DE AMPARO, TÉRMINO PARA INTERPONERLA TRATÁNDOSE DE ACTOS NEGATIVOS Y OMISIVOS. En los primeros la autoridad se rehúsa o rechaza expresamente obrar a favor de la pretensión del gobernado; en tanto que en los omisivos se abstiene de contestar la petición del particular ya sea en forma afirmativa o negativa. En ese contexto, se afirma que contra los actos negativos sí corre el término que prescribe el artículo 21 de la Ley de Amparo, en la medida de que el gobernado resiente una afrenta con la actitud de la autoridad de no complacerlo en los términos que éste pretende, situación que se consuma en el instante de la negativa y es lo que da la pauta para establecer, a partir de que se tenga conocimiento del mismo, el plazo a que alude el referido precepto; lo que no sucede con los actos omisivos, puesto que la abstención de actuar por parte de la autoridad, que es lo que produce el perjuicio, no se consuma en un solo evento, sino que se prorroga en el tiempo de momento a momento, razón por la cual en esta clase de actos no corre el término de referencia. Por tanto, la demanda se encuentra promovida en tiempo, dado que la naturaleza del acto reclamado de referencia es de tracto sucesivo, en razón que se trata de aspectos omisivos de actualización constante; por tanto, la demanda se puede presentar en tanto subsista la omisión. En lo atinente a las ampliaciones de demanda se proveerá lo relativo a la oportunidad de su presentación en el apartado correspondiente. TERCERO. Fijación del acto reclamado. En términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa los actos que se reclaman. En ese tenor, por así desprenderse del estudio integral de la demanda de amparo, se obtiene que la parte quejosa reclama lo siguiente: AUTORIDAD RESPONSABLE Directora General del Centro de Control de Confianza del Estado de México. ACTOS RECLAMADOS La omisión y silencio de dar contestación a la solicitud del quejoso presentada el veintidós de febrero de dos mil veintitrés. ACTO RECLAMADO A LA MISMA AUTORIDAD EN LA PRIMERA AMPLIACIÓN DE DEMANDA El oficio 206C0201000300S/UT/017/2023 de veintisiete de marzo mediante el cual la responsable dio respuesta a la solicitud del quejoso de veintidós de febrero de dos mil veintidós. SEGUNDA AMPLIACIÓN DE DEMANDA AUTORIDAD RESPONSABLE Titular de la Unidad de Transparencia del Centro de Control de Confianza del Estado de México. ACTO RECLAMADO La omisión y silencio de dar contestación a la solicitud del quejoso presentada el veintidós de febrero de dos mil veintitrés. El oficio 206C0201000300S/UT/017/2023 de veintisiete de marzo mediante el cual la responsable dio respuesta a la solicitud del quejoso de veintidós de febrero de dos mil veintidós. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. A efecto de una mejor comprensión es menester hacer una relación sucinta de los antecedentes que constituyen los actos reclamados, lo que se relaciona de la siguiente manera: El veintidós de febrero de dos mil veintitrés el quejoso David Encarnación Márquez, presentó escrito ante la autoridad responsable solicitando información pública relativa a las facultades de algunos servidores públicos (fojas 58 a 61 ídem). La omisión de la responsable de dar contestación a ese escrito, constituye uno de los actos reclamados en el juicio de amparo indirecto. El siete de marzo de dos mil veintitrés, la responsable emitió el oficio 206C0201000300S/UT/017/2023, mediante el cual dio respuesta a lo peticionado; dicha comunicación fue notificada el veintinueve de ese mes y año de forma personal al quejoso en el centro de reclusión donde se encuentra privado de su libertad (fojas 67 a 79 ídem). La emisión del oficio referido, constituye el diverso acto reclamado en el sumario constitucional. QUINTO Inexistencia de actos. La autoridad responsable Directora General del Centro de Control de Confianza del Estado de México (fojas 21 a 25) y la diversa Titular de la Unidad de Transparencia del Centro de Control de Confianza del Estado de México (fojas 256 a 274, al rendir sus informes justificados respecto al acto primigeniamente reclamado negaron su existencia toda vez que el veintisiete de marzo de dos mil veintitrés se expidió el oficio 206C0201000300S/UT/017/2023 notificado al quejoso el veintinueve siguiente, mediante el cual se dio contestación a la petición del quejoso de veintidós de febrero de dos mil veintidós. Asimismo, la autoridad Directora General del Centro de Control de Confianza del Estado de México (foja 172 a 188 ídem), negó la existencia del acto reclamado en la expedición del oficio 206C0201000300S/UT/017/2023 de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, mediante el cual dio contestación a la petición del quejoso de veintidós de febrero de dos mil veintidós. Documentales a las cuales se les otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, legislación de aplicación supletoria; por lo que ello, robustece lo determinado en el párrafo que precede. En ese contexto, es válido considerar que el acto reclamado a través de este juicio constitucional, consistente en la omisión de dar respuesta a la petición del quejoso exhibida el veintidós de febrero de dos mil veintitrés, no existe, ya es evidente que a la fecha de la presentación de la demanda ya había sido subsanada la omisión la responsable. En este tenor, es por demás claro que al cuatro de abril de dos mil veintitrés, en que se presentó la demanda de amparo, no existía la omisión reclamada; toda vez que desde el veintisiete de marzo de esta anualidad, la responsable ya había emitido el oficio 206C0201000300S/UT/017/2023, mediante el cual dio respuesta a la solicitud del quejoso y, se lo notificó personalmente en el lugar de su reclusión el veintinueve de marzo de dos mil veintitrés; lo que conlleva a decretar el sobreseimiento en este juicio, en virtud de que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la fracción IV, del diverso 63, ambos de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y, (.)". Ahora, los artículos 1° fracción I y 75° primer párrafo, de la Ley de Amparo disponen: "Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: "I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte..."; [.] "Artículo 75. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad.". Como se ve, el juicio de amparo procede contra actos de autoridad que violan derechos humanos, de lo que se infiere que el acto reclamado debe existir al momento de la presentación de la demanda. Este aserto se corrobora con lo dispuesto por el descrito artículo 75 del ordenamiento invocado, que establece que el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable. De lo anterior se sigue que los actos deben estudiarse atendiendo a la fecha de presentación de la demanda de amparo, esto es, debe probarse que existían a la presentación del líbelo. Por tanto, si el acto reclamado en la demanda de amparo presentada el cuatro de abril del año en curso, consiste en la omisión de la responsable de dar respuesta al quejoso en lo relativo a su petición de veintidós de febrero de dos mil veintitrés, y desde el veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, la responsable emitió el oficio 206C0201000300S/UT/017/2023, mediante el cual dio respuesta a la solicitud del quejoso y, se lo notificó personalmente en el lugar de su reclusión el veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, circunstancia que acredita con las documentales que adjuntó a su informe justificado, es evidente que procede el sobreseimiento en el presente juicio, respecto del acto reclamado en estudio, por no existir a la fecha de la presentación de la demanda. Esto, tomando en cuenta que del análisis del artículo 63, fracción IV, de la ley reglamentaria del juicio de garantías en armonía con los diversos 1º y 75, del mismo ordenamiento legal que han sido transcritos, la conclusión a que se arriba es en el sentido de que los actos reclamados deben analizarse atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, tomando en cuenta que, por regla general, todos los actos de autoridad que atentan contra las garantías de los gobernados, se emiten sin el consentimiento de éstos. La determinación que aquí se adopta se justifica porque la demanda de amparo, tiene como finalidad obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya al quejoso en el goce del derecho humano transgredido, y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como podría suceder en la hipótesis en que el perjuicio no exista al momento de ejercitar la acción, sino durante la tramitación del juicio. Criterio en contrario genera la posibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional, apoyada en expectativas y no en contra de actos concretos. O como en el caso en estudio, si bien pudo existir un plazo de tiempo en el que no se dio contestación a la petición del quejoso, lo cierto es que a la fecha de la presentación de la demanda la dilación reclamada ya no existía, por lo que ya no habría materia sobre la cual restituir al quejoso. Tiene aplicación la tesis de jurisprudencia 10, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, página 12, Tomo VI, común, Octava Época, del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja.". Ahora, en lo relativo al diverso acto reclamado consistente en la expedición del oficio 206C0201000300S/UT/017/2023 de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, mediante el cual dio contestación a la petición del quejoso de veintidós de febrero de dos mil veintidós, conviene precisar que en el juicio de amparo indirecto, ante la negativa de existencia del acto reclamado manifestado por esa autoridad, el quejoso tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar, en primer término, la existencia del acto reclamado, y en segundo término, la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de las autoridades responsables la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia del acto, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de amparo, acerca de la inconstitucionalidad del acto impugnado. Sirve de apoyo, la jurisprudencia VI.2o.J/308 (IUS 210769) del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, tomo 80, agosto de 1994, página 77, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." Ahora bien, la parte quejosa no aportó ningún medio de prueba para desvirtuar la negativa de la autoridad ante mencionada, e incluso se abstuvo de hacer manifestación alguna en la vista que se ordenó dar con el informe justificado, por lo que dicho acto debe tenerse por inexistente. Máxime que la autoridad señalada como responsable remitió copia certificada del oficio 206C0201000300S/UT/017/2023 de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, de donde se advierte que efectivamente no fue emitido por ella sino por la Titular de la Unidad de Transparencia del Centro de Control de Confianza del Estado de México. En tales circunstancias, ante la inexistencia de los actos reclamados en análisis, lo procedente es sobreseer el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la tesis VI.2º.451 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 556, tomo XV-II, correspondiente a febrero de 1995, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, registro IUS 208856, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO, ACTOS RECLAMADOS INEXISTENTES. Cuando las autoridades responsables niegan la existencia de los actos reclamados, recae en la quejosa la carga de demostrar lo contrario; de tal manera que, si no desvirtúa los informes justificados, procede el sobreseimiento del juicio en términos del artículo 74 fracción IV de la Ley de Amparo." SEXTO. Existencia de acto. La autoridad responsable Titular de la Unidad de Transparencia del Centro de Control de Confianza del Estado de México (fojas 256 a 274) aceptó la existencia del acto reclamado consistente en la expedición del oficio 206C0201000300S/UT/017/2023 de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, mediante el cual dio contestación a la petición del quejoso de veintidós de febrero de dos mil veintidós. Certeza que se corrobora con las constancias que anexaron las responsables a sus informes justificados, consistentes en copia certificada del escrito de petición del quejoso de veintidós de febrero de dos mil veintitrés y del oficio 206C0201000300S/UT/017/2023 de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés (fojas 58 a 79 ídem), a lo que se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. SÉPTIMO. Causas de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia ya sea las que hagan valer las partes o las que se adviertan de oficio por este juzgador en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto es importante precisar que cuando no se señala como responsable a aquella que hubiera emitido el acto reclamado, esta juzgadora se encuentra imposibilitada de analizar ese acto. Orienta al respecto, por su contenido jurídico la tesis 2a. CLXIV/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Enero de 1999, visible en la página 113, número de registro 194684, la cual establece: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, página 250, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento.". En ese contexto, a efecto de analizar el acto reclamado en análisis, y en razón de que el catorce de junio de dos mil veintitrés (fojas 219 y 220 ídem), se dio vista al quejoso a efecto de que señalará como responsable al Titular de la Unidad de Transparencia del Centro de Control de Confianza del Estado de México y, el diecinueve de junio siguiente el quejoso manifestó su deseo de hacerlo así, es hasta esa fecha en que se puede iniciar el estudio de lo reclamado en razón de que hasta ese momento se colmó el señalamiento de la autoridad que emitió la determinación reclamada. En ese contexto, esta juzgadora de oficio advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que la ampliación del juicio de amparo fue promovida de manera extemporáneo, y por ende, fue consentido dicho acto. A fin de demostrar lo anterior, se considera necesario precisar que la causa de improcedencia del juicio de amparo, relativa al consentimiento tácito de los actos reclamados, está fundada jurídicamente porque así lo exige el principio general de derecho de seguridad jurídica, pues sería absurdo que procediera el juicio de amparo después de que el quejoso, por su propia voluntad, omite promover el juicio dentro del término que establece la ley para tal fin. Se dice lo anterior, porque una de las formas que ha contemplado nuestra legislación y que denotan el consentimiento tácito del acto reclamado, es la no promoción del juicio, dentro del término establecido por la ley. En efecto, el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." De conformidad con el artículo transcrito, el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose como tales, aquellos contra los que no se promueva la demanda dentro de los términos legalmente establecidos. Al efecto, conviene transcribir el artículo 17 de la Ley de Amparo, que es del tenor siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". Del precepto anterior se deduce que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, es decir, contra los que no se promueve dentro del plazo genérico de quince días; con excepción de los casos en que: Se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días. Se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años. Se reclamen actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados. Se reclamen actos que impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Ahora bien, el acto reclamado no se encuadra en alguno de los casos de excepción mencionados en el artículo 17 de la Ley de Amparo, pues no se combate la constitucionalidad de una ley con motivo de entrada en vigor, ni la sentencia definitiva en un proceso penal que condena a una pena privativa de libertad, ni afecta la libertad personal, ni se dirimen cuestiones de un núcleo de población ejidal o comunal y tampoco se reclaman actos que pongan en peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Por otro lado, para determinar la forma en que debe computarse dicho plazo, debe acudirse al artículo 18 del mismo ordenamiento, que dispone: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". El numeral transcrito previene tres hipótesis a partir de las cuales da inicio el término para la promoción del juicio. La primera de ellas, relativa a que dicho término se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto reclamado. La segunda hipótesis consiste en que el término para la interposición de la demanda de amparo, iniciará a partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. La tercera y última estriba en que los quince días de referencia se computarán a partir del día siguiente al en que el quejoso se hubiese ostentado sabedor del acto reclamado. Así, el indicado artículo hace tres distinciones para el cómputo aludido, y los supuestos que menciona son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación; por tanto, es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de amparo fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Sin embargo, no debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición del quejoso respecto del acto reclamado, toda vez que para que éste se haga sabedor de dicho acto puede actualizarse la notificación, el conocimiento o la confesión, que al ser medios distintos que sirven de punto de partida para el cómputo respectivo, obviamente deben ser idóneos para cada caso determinado, porque no es lo mismo la notificación de un acto que tener conocimiento de él, en virtud de que aquélla es una actuación procesal que requiere formalidades y produce el conocimiento del acto, mientras que tal conocimiento no siempre proviene de una notificación. Esto es, tratándose de la notificación, la Ley se refiere a los procedimientos en que existe ese medio legal de dar a conocer determinada resolución; como lo es el caso de las personas que son parte en el procedimiento (o que instaron la petición que se acordó) las cuales pueden y deben ser notificadas, por lo que tratándose de estas, el término de la interposición de la demanda debe ser computado a partir de que surta efectos dicha notificación; en cambio, el conocimiento de la resolución se refiere a los diversos procedimientos en donde no se establece la notificación, así como a las personas que no hayan sido partes en un procedimiento, porque aun cuando lo previera la Ley, por la sola circunstancia de no haber sido partes, no podrían ser notificadas; de ahí que para ellas el cómputo para la interposición de la demanda deberá hacerse a partir del día siguiente al que se compruebe que hayan tenido conocimiento o en su caso al que se ostentaran sabedores. En el caso, el acto reclamado consistente en la expedición del oficio 206C0201000300S/UT/017/2023 de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, mediante el cual dio contestación a la petición del quejoso de veintidós de febrero de dos mil veintidós, el cual le fue notificado de forma personal al quejoso el veintinueve de marzo de dos mil veintitrés en el lugar en que se encuentra privado de su libertad (foja 67 ídem). Dicha diligencia, derivado de la naturaleza jurídica del acto reclamado y de la autoridad responsable se realizó conforme a lo dispuesto en el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. Así, en contenido del artículo 26, primer y tercer párrafos, dispone: "Artículo 26. Las notificaciones personales se harán en el domicilio físico o electrónico que para tal efecto se haya señalado en el procedimiento o proceso administrativo. Cuando el procedimiento administrativo se inicie de oficio, las notificaciones se practicarán en el domicilio registrado ante las autoridades administrativas. Para el caso de las notificaciones realizadas en el domicilio físico, estas se entenderán con la persona que deba ser notificada o su representante legal; a falta de ambos, el notificador dejará citatorio con cualquier persona que se encuentre en el domicilio para que se le espere a una hora fija del día hábil siguiente y de negarse a recibirlo, se efectuará por instructivo que se fijará en la puerta o lugar visible del propio domicilio. Si quien haya de notificarse no atendiere el citatorio, la notificación se hará por conducto de cualquier persona que se encuentre en el domicilio en que se realice la diligencia y, de negarse a recibirla, se realizará por instructivo que se fijará en la puerta de ese domicilio. En los casos en que el domicilio se encontrare cerrado, la citación o notificación se entenderá con el vecino más cercano, debiéndose fijar una copia adicional en la puerta o lugar visible del domicilio.". De la transcripción es dable colegir que las notificaciones personales se harán en el domicilio físico o electrónico que para ese efecto haya señalado el gobernado; lo que no impone un orden preferente a la autoridad ya que la conjunción "o", determina la potestad de hacerlo en cualquier de los dos domicilios. Asimismo, respecto a las notificaciones personales en domicilio físico, como en lo particular, se entenderán, entre otros supuestos, con la persona a quien se vaya a notificar. En lo que corresponde a la forma en que surten efectos esas notificaciones, el artículo 28, fracción I, prevé: "Artículo 28.- Las notificaciones surtirán sus efectos: I. Las personales, a partir del día siguiente hábil de la fecha en que fueren practicadas;.". De ahí se desprende que las notificaciones personales surtirán sus efectos a partir del día siguiente hábil al en que fueron practicadas. Ahora, de conformidad con las constancias remitidas por las autoridades responsables se advierte que, en su escrito de petición (fojas 58 a 61 ídem), el quejoso señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones: ".por lo cual solicito se me informe en copia certificada al suscrito sentenciado (s) dicha información pública, en el lugar de reclusión que me encuentro el suscrito el C. David Encarnación Márquez, cual se ubica en el interior del C.P.R.S. Tenango del Valle, México, lugar que señalo para oír, recibir todo tipo de notificaciones que origine la presente petición.tener autorizado el domicilio que señalo para oír y recibir notificaciones.". En ese sentido, el domicilio físico que señaló el quejoso para oír y recibir notificaciones fue el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Tenango del Valle, Estado de México. De las mismas constancias, respecto del oficio 206C0201000300S/UT/017/2023 (foja 67 ídem), se advierte una leyenda que dice: "RECIBÍ COPIA ORIGINAL Y ANEXO. DAVID ENCARNACIÓN MÁRQUEZ. 29-MARZO-2023 14:00 UNA FIRMA ILEGIBLE.". En consecuencia, es evidente que el oficio que el quejoso reclama, le fue notificado el veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, en el domicilio físico que señaló para oír y recibir notificaciones relativas a sus escritos de petición. Notificación que se encuentra firme, pues el quejoso no la reclamó en la instancia constitucional por vicios propios. En esa tesitura, el cómputo para la promoción del juicio de amparo debe realizarse a partir de dicha notificación pues se encuentra en la primer hipótesis que prevé el artículo 18 de la Ley de Amparo; por lo que tuvo que promover la demanda que dio origen al juicio de amparo en que actúa, dentro de los quince días siguientes a aquél en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación que se le hiciera de los oficios que reclama. En ese tenor, como ya se indicó debe tomarse como fecha para el cómputo para la presentación de la demanda la de la notificación del acto reclamado que fue el veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, la que surtió efectos el treinta siguiente, por lo que el plazo comenzó a partir del treinta y uno de marzo y feneció el veintisiete de abril, ambas de dos mil veintitrés, sin contar los días inhábiles. Luego, el término de quince días previsto en el numeral 17 de la Ley de Amparo, transcurrió sin que se hubiera presentado la demanda de amparo respecto del acto reclamado en estudio, porque como se aprecia de la constancia de notificación personal de diecinueve de junio de dos mil veintitrés (foja 228 ídem), donde el quejoso expuso su deseo de ampliar la demanda respecto a la autoridad responsable Titular de la Unidad de Transparencia del Centro de Control de Confianza del Estado de México, esto es con posterioridad a los quince días que el agraviado tuvo para impugnar, por medio del juicio constitucional el acto reclamado. Lo anterior es así, toda vez que si el impetrante del amparo tuvo conocimiento del acto reclamado desde el veintinueve de marzo de dos mil veintitrés y, como ya se precisó, el plazo comenzó a partir del treinta y uno de ese mes y año, feneció el veintisiete de abril de dos mil veintitrés, sin contar los días inhábiles. En esas condiciones, si la ampliación de demanda se presentó el diecinueve de junio de dos mil veintitrés, se concluye que no fue interpuesta dentro del término de quince días previsto por el artículo 17 de la Ley de Amparo, por lo que la misma resulta extemporánea, ya que transcurrió el término para su interposición. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 115/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 163172, Instancia: Novena Época, Materias(s): Común, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, Enero de 2011, página 5, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." En esas condiciones, si la parte quejosa consintió de manera tácita el acto reclamado en estudio, por no promover juicio de amparo en su contra dentro del término legal, es de estimarse que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, lo que obliga a decretar el sobreseimiento respecto del citado acto reclamado, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, por lo que se sobresee en el presente juicio de amparo. No es obstáculo a la anterior determinación que el catorce de junio de dos mil veintitrés (fojas 219 a 220 ídem) se dio vista al quejoso a efecto de que ampliara la demanda de amparo, lo que desahogó mediante la razón de notificación personal de ese auto, el diecinueve de junio siguiente (foja 228 ídem), evidentemente dentro del plazo de quince días otorgado en aquel auto. Sin embargo, como ya se explicó anteriormente, no debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición del quejoso respecto del acto reclamado, y en lo particular nos encontramos que el quejoso, con anterioridad a la vista que se le otorgó con la ampliación de demanda, el uno de noviembre de dos mil veintidós fue notificado de los oficios que reclama. Entonces, es evidente que al haber sido quien instó la petición que se acordó y se le notificó el veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, el término de la interposición de la demanda debe ser computado a partir de que surta efectos dicha notificación. Entonces, no es dable tomar en consideración la vista ya relacionada para que el quejoso ampliara su demanda, en virtud de que el plazo que ahí se le otorgó, con independencia de que desahogó el requerimiento en tiempo, dicho plazo es para el supuesto de que no existiera notificación al quejoso en relación al acto reclamado y esta sirviera como fecha de partida para estimar que a partir de ese momento tuvo conocimiento; sin embargo, en el caso sí existe constancia de notificación y al ser excluyentes entre sí, es la fecha de la notificación la que debe tomarse en cuenta; de afirmar lo contrario sería otorgarle un doble plazo al quejoso para presentar la demanda, lo que no está previsto en la Ley de Amparo. Máxime que, también desde el veintisiete de abril de dos mil veintitrés (foja 162 ídem) se dio vista al quejoso con el informe justificado y sus anexos, donde tuvo conocimiento pleno del contenido del oficio 206C0201000300S/UT/017/2023; asimismo, qué autoridad lo emitió; tan es así que en esa notificación amplió su demanda únicamente respecto del contenido del oficio, pero no en lo atinente a su emisora. Sirve de apoyo a o anterior la jurisprudencia P./J. 8/2018 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja 10, Libro 53, Abril de 2018, Tomo I de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2016652, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. MOMENTO EN EL QUE INICIA EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR SU AMPLIACIÓN, CON MOTIVO DE LA RENDICIÓN DEL INFORME JUSTIFICADO. El artículo 111, fracción II, de la Ley de Amparo incorpora expresamente la figura de la ampliación de la demanda de amparo, para los casos en que no hayan transcurrido los plazos para su presentación, o bien, cuando el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los reclamados en la demanda inicial, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional. Este segundo supuesto se actualiza cuando el quejoso tiene conocimiento de nuevos actos reclamados o autoridades responsables, o la necesidad de presentar conceptos de violación novedosos derivados de la fundamentación y motivación que no se conocía con anterioridad, siempre que exista una estrecha relación con los actos impugnados inicialmente. Ahora, si bien el supuesto es abierto, por lo regular el referido conocimiento deriva directamente de las constancias y del contenido de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables. En este caso, el cómputo del plazo para presentar la ampliación de demanda inicia al día siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo que tiene por recibido el informe justificado y ordena dar vista al quejoso, excepto cuando se acredite plenamente, que antes de la mencionada notificación, éste se ubicó en alguno de los supuestos previstos en el artículo 18 de la Ley de Amparo, esto es, que conoció con anterioridad la materia novedosa, en cuyo caso el cómputo inicia a partir del día siguiente a ese conocimiento; sin que lo anterior esté vinculado con la vista que se otorga a las partes para imponerse del contenido del informe justificado, por ser actos procesales diferentes con finalidades también distintas, esto es, por un lado se encuentra la posibilidad de: (i) ampliar la demanda ante el conocimiento de actos, autoridades o aspectos novedosos relacionados -incorporando a la litis del amparo elementos que no habían sido integrados al juicio y, por ende, es necesario solicitar un nuevo informe justificado, ya sea a la propia autoridad o a una nueva-; y, por otro, (ii) imponerse del contenido del informe justificado respecto de argumentos y pruebas relacionados con el acto reclamado por el que originalmente se admitió la demanda. Una interpretación en la que se asumiera que el plazo para ampliar la demanda debe computarse a partir del día siguiente al del fenecimiento de la vista para imponerse del informe justificado, traería consigo, como consecuencia, alterar el contenido del artículo 18 invocado, ampliando sin fundamento legal los plazos establecidos por el legislador." No se soslaya las manifestaciones de las responsables donde estiman la actualización de diversas causas de improcedencia respecto a los actos reclamados sobre los cuales se determina el sobreseimiento, sin embargo, al decretarse el sobreseimiento del presente juicio, en razón de las causales de improcedencia analizadas, es evidente que en nada variaría el sentido del presente fallo si las causales por ella invocadas se actualizan o no. Sirve de apoyo a lo anterior, por no contraponerse a la Ley de Amparo, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 414, Tomo VIII, agosto de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución." En el mismo tenor, se hace inconducente emprender el estudio de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa tal y como lo establece la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada bajo el número 509, consultable en la página 335, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Séptima Época, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio"." Sin que lo hasta aquí resuelto en este fallo implique una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, el cual consiste en un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así como al principio pro persona previsto en el artículo 1, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual consiste en que los derechos humanos se deben de interpretar conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas; toda vez que su aplicación no significa que en cualquier caso los órganos jurisdiccionales internos deban de resolver el fondo del asunto que se les plantea, en virtud de que existen presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del juicio de garantías, los que deben cumplirse por razones de seguridad jurídica, para una correcta y funcional administración de justicia, así como para la efectiva protección de los derechos de las personas; en tales condiciones el derecho humano y el principio antes referidos no pueden ser fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia del juicio de amparo. Tales consideraciones encuentran sustento en la jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, página 325, de la Décima Época, con registro digital 2005917, de rubro y texto siguientes: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano.". Así como en la diversa 1a. CCLXXVI/2012 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, página 530, de la Décima Época, con registro digital 2002359, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo.". En lo relativo a los alegatos expuestos por la parte quejosa, esta juzgadora no se encuentra obligada a realizar pronunciamiento al respecto, en virtud de que tales manifestaciones no forman parte de la litis. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 205449, tesis P./J. 27/94, consultable en el Núm. 80, Agosto de 1994, página 14 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que informa: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos." Conviene precisar que algunos de los criterios citados fueron emitidos de conformidad con la Ley de Amparo abrogada, empero al caso resultan aplicables pues no se oponen con lo previsto en la ley de la materia vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, de acuerdo con su transitorio sexto. Sostiene lo anterior, por su contenido jurídico, el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 190663, tesis P./J. 145/2000, consultable en el Tomo XII, Diciembre de 2000, página 16 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "JURISPRUDENCIA. SU APLICACIÓN NO VIOLA LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY. La Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Tribunales Colegiados de Circuito, al sentar jurisprudencia, no sólo interpretan la ley y estudian los aspectos que el legislador no precisó, sino que integran a la norma los alcances que, sin estar contemplados claramente en ella, se producen en una determinada situación; sin embargo, esta "conformación o integración judicial" no constituye una norma jurídica de carácter general, aunque en ocasiones llene las lagunas de ésta, fundándose para ello, no en el arbitrio del Juez, sino en el espíritu de otras disposiciones legales, que estructuran (como unidad) situaciones jurídicas, creando en casos excepcionales normas jurídicas individualizadas, de acuerdo a los principios generales del derecho, de conformidad con lo previsto en el último párrafo del artículo 14 constitucional; tal y como se reconoce en el artículo 94, párrafo sexto, de la Constitución Federal, así como en los numerales 192 y 197 de la Ley de Amparo, en los que se contempla a la interpretación de las normas como materia de la jurisprudencia. Ahora bien, tomando en consideración que la jurisprudencia es la interpretación que los referidos tribunales hacen de la ley, y que aquélla no constituye una norma jurídica nueva equiparable a la ley, ya que no cumple con las características de generalidad, obligatoriedad y abstracción, es inconcuso que, al aplicarse, no viola el principio de irretroactividad, consagrado en el artículo 14 constitucional.". Asimismo, la diversa jurisprudencia sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2010982, tesis 2a./J. 10/2016 (10a.), visible en el Libro 27, Febrero de 2016, Tomo I, página 705 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que indica: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA QUE LA EMITIDA CON ANTERIORIDAD A AQUÉLLA SE TORNE OBSOLETA. La citada reforma que dio origen a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, no implica que la jurisprudencia emitida en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo abrogada, con anterioridad a aquélla, se torne obsoleta, por el contrario, sigue vigente y es obligatoria. No obsta a lo anterior, el hecho de que tomando como sustento el cambio de parámetros que originó el nuevo contenido del artículo 1o. constitucional, los órganos autorizados para integrar jurisprudencia puedan variar algunos de los criterios sostenidos tradicionalmente, atendiendo para ello a las particularidades de cada asunto.". Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 124, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por David Encarnación Márquez, respecto de los actos reclamados, autoridades responsables y por los motivos precisados en el fallo constitucional. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo resolvió y firma Tania Rosalinda Méndez López, Titular del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, asistida de Eduardo López Reyes, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; dieciocho de julio de dos mil veintitrés. INFORME JUSTIFICADO Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe justificado en representación del Titular de la Unidad de Transparencia del Centro de Control de Confianza del Estado de México; por tanto, dese vista a las partes por un término continuo de ocho días para que manifiesten lo que a su interés convenga. DELEGADOS Y DOMICILIO. Con sustento en los numerales 9 y 26, fracción II, inciso a), de la ley de la materia, se tienen como delegados y domicilio para oír y recibir notificaciones, el que señala la autoridad responsable. MEDIO DE COMUNICACIÓN ALTERNO En términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene como "medios de comunicación alternos" (no procesal), el número telefónico que obra al calce del oficio que se atiende. PRUEBA Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza las pruebas documentales que remite la autoridad responsable; así como, la presuncional en su doble aspecto legal y humano y la instrumental de actuaciones; debiendo dar cuenta con ellas en la audiencia constitucional. Toda vez que los mismos no pudieron ser digitalizados conforme al "ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID 19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO", quedan a disposición de las partes, en caso que deseen consultarlos, mismos que se mantendrán en resguardo de la Secretaría que emite el presente proveído, lo anterior de conformidad con el artículo 263 del referido acuerdo. ANEXO Para su mejor manejo y dada la voluminosidad de las constancias que remite la oficiante, fórmese el anexo I. NOTIFICACIÓN POR CONDUCTO DE SU DEFENSORA. Por otra parte, de autos se advierte que la parte quejosa no se encuentra debidamente notificada de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables; por tanto, se comisiona al actuario judicial adscrito para que notifique la totalidad de los proveídos emitidos en el presente expediente al aquí quejoso por conducto de su asesora jurídica ********************, en el domicilio procesal señalado para tal efecto. Notifíquese como legalmente corresponda.
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