David Emmanuel Castaño Hernández

Expediente 912/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo. 6 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
912/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
03/08/2023

Partes del expediente

  • David Emmanuel Castaño Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    (2)...Visto el estado que guarda el presente expediente y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente haya recurrido el auto de diecinueve de julio de dos mil veintitrés (fojas 104 a 115), en que se desechó la demanda de amparo; por tanto, se declara que el auto de referencia ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese este juicio como asunto concluido. Asimismo, como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, en términos del artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que carece de relevancia documental. De igual forma, se destaca que en el presente juicio se ha desechado la demanda, por lo que de conformidad al numeral 20, fracción IV, del acuerdo general en cita, es susceptible de destrucción dentro de los tres años siguientes a la emisión de este auto, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  2. Principal

    (2) Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    (2) A las nueve horas del día de hoy, se tiene por legalmente notificada a la parte QUEJOSA. . ., del proveído de diecinueve de julio de dos mil veintitrés, toda vez que no se presentó a notificarse ante este Juzgado Federal, del propio proveído, como se le comunicó en citatorio de veinte del mes y año en curso, lo anterior, en términos del artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo. "proveído de diecinueve de julio pasado: I. Desahogo de prevención. Agréguese a los presentes autos el escrito signado por *** representante legal de ***, por medio del cual da cumplimiento a la prevención ordenada en acuerdo de tres de julio de dos mil veintitrés (fojas 69 a 72). Atento a lo anterior, se tiene por cumplida la prevención ordenada en el referido auto de tres de los actuales (fojas 69 a 72), dejándose sin efectos el apercibimiento ahí decretado. II. Fijación de lo reclamado. De un análisis integral de la demanda de amparo, ocurso aclaratorio y de sus anexos, se observa que la parte quejosa reclama: 1. La resolución de veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, dictada en el expediente ***, del índice del Juzgado Tercero Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tula de Allende Hidalgo, en la que se condenó al aquí quejoso al pago de ***, por concepto de déficit de pensiones alimenticias adeudadas de dos mil catorce a junio de dos mil dieciséis, en favor de su menor hija ***, y se actualizó la pensión alimenticia que debía pagar en dicho asunto. 2. La resolución de veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, dictada en el expediente ***, del índice del Juzgado Tercero Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tula de Allende Hidalgo, en la que se condenó al aquí quejoso al pago de *** por concepto de liquidación de pensiones alimenticias vencidas y adeudadas dentro del periodo comprendido entre junio de dos mil dieciséis y marzo de dos mil diecisiete, en favor de su menor hija *** 3. La resolución de diecinueve de mayo de dos mil veintidós, dictada en el expediente ***, del índice del Juzgado Tercero Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tula de Allende Hidalgo, en la que se condenó al aquí quejoso al pago de ***, por concepto de liquidación de pensiones alimenticias vencidas y adeudadas dentro del periodo comprendido entre abril de dos mil veinte y enero de dos mil veintidós, en favor de su menor hija *** 4. La resolución de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, dictada en el expediente ***, del índice del Juzgado Tercero Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tula de Allende Hidalgo, en la que se condenó al aquí quejoso al pago de ***, por concepto de pensiones alimenticias adeudadas, en favor de su menor hija *** 5. La falta de notificación personal del acuerdo de dieciocho de abril de dos mil veintitrés, dictado en el expediente ***, del índice del Juzgado Tercero Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tula de Allende Hidalgo, en el que se ordenó notificar de manera personal al aquí quejoso, la resolución de veintiséis de enero de este año; siendo que la misma fue practicada por lista diecisiete de mayo de dos mil veintitrés. III. Decisión sobre la acción de amparo. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo anterior, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán sobreseídos. En atención a lo anterior, se debe señalar que el numeral en comento fija el imperativo consistente en que para desechar una demanda de amparo no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. Apoya a la anterior consideración, la jurisprudencia que se cita: "Novena Época Registro: 193379 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo X, Septiembre de 1999 Materia(s): Común Tesis: I.6o.C. J/19 Página: 730 DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Del anterior criterio, se concluye que los lineamientos que rigen el desechamiento de una demanda son: a) Que debe encontrarse un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Tal motivo debe ser manifiesto, es decir, advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo; y, c) También debe ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Con base en un análisis integral a la demanda, esta juzgadora advierte un motivo de improcedencia que reúnen las diversas características exigibles para su desechamiento por ser manifiesto e indudable. Así, en el caso respecto de los actos reclamados consistentes en: 1. La resolución de veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, dictada en el expediente ***, del índice del Juzgado Tercero Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tula de Allende Hidalgo, en la que se condenó al aquí quejoso al pago de ***, por concepto de déficit de pensiones alimenticias adeudadas de dos mil catorce a junio de dos mil dieciséis, en favor de su menor hija ***, y se actualizó la pensión alimenticia que debía pagar en dicho asunto. 2. La resolución de veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, dictada en el expediente ***, del índice del Juzgado Tercero Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tula de Allende Hidalgo, en la que se condenó al aquí quejoso al pago de ***, por concepto de liquidación de pensiones alimenticias vencidas y adeudadas dentro del periodo comprendido entre junio de dos mil dieciséis y marzo de dos mil diecisiete, en favor de su menor hija *** 3. La resolución de diecinueve de mayo de dos mil veintidós, dictada en el expediente ***, del índice del Juzgado Tercero Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tula de Allende Hidalgo, en la que se condenó al aquí quejoso al pago de ***, por concepto de liquidación de pensiones alimenticias vencidas y adeudadas dentro del periodo comprendido entre abril de dos mil veinte y enero de dos mil veintidós, en favor de su menor hija *** Se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: - - - I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; - - - II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; - - - III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; - - - IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De acuerdo con la anterior transcripción, el juicio de amparo es improcedente si la demanda no se presenta en forma oportuna en relación con el plazo genérico de quince días. En efecto, el término general para la promoción del juicio de amparo es de quince días; asimismo, el inicio del cómputo de dicho término depende básicamente, según el segundo de los numerales transcritos, de la forma en que el quejoso se haya impuesto del acto reclamado, lo cual puede verificarse de tres maneras distintas: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados, o de su ejecución. En esas condiciones, es claro que el término para la promoción del juicio de amparo debe computarse a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de los tres supuestos referidos. Es importante destacar que los mencionados supuestos son excluyentes entre sí, es decir, no pueden coexistir simultáneamente dos o más formas de imponerse de un solo hecho o acto para computar el plazo correspondiente; verbigracia, si la parte impetrante tiene conocimiento de un acto por cualquier medio externo, o simplemente se ostenta pleno sabedor de éste con antelación a que se le efectúe la notificación correspondiente en un procedimiento y con posterioridad éste le es notificado formalmente, ambos medios de imposición no pueden surtir efectos a la par para computar el término para la promoción del amparo, sino que el primero de ellos subsiste sobre el segundo, por haber sido la primera hipótesis en que se actualizó el conocimiento del acto. Sustenta lo anterior, el precedente que enseguida se cita: "Época: Séptima Época Registro: 239520 Instancia: Tercera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 217-228, Cuarta Parte Materia(s): Común Tesis: Página: 105 DEMANDA DE AMPARO, TERMINO PARA LA PRESENTACION DE. SOLO CUANDO NO OBRE CONSTANCIA DE LA NOTIFICACION AL QUEJOSO DEL ACTO RECLAMADO, PUEDE EFECTUARSE EL COMPUTO DESDE EL DIA SIGUIENTE AL EN QUE HAYA TENIDO CONOCIMIENTO DEL MISMO O SE HAYA OSTENTADO SABEDOR DE TAL ACTO. El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que el término de quince días para la interposición de la demanda de amparo se cuenta desde el día siguiente al en que se haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución reclamada; al en que haya tenido conocimiento de la misma o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Ahora bien, la correcta interpretación de dicho precepto debe ser en el sentido de que las hipótesis segunda y tercera mencionadas son aplicables sólo cuando no obren constancias de la notificación al quejoso de la resolución que reclame, o esas situaciones se hayan producido con anterioridad, pues de otro modo, debe estarse a tales constancias y no a la fecha en que el quejoso afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado. " Asimismo, tiene aplicación al caso, mutatis mutandis, la tesis de jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto son: "Época: Décima Época Registro: 2016652 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 53, Abril de 2018, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 8/2018 (10a.) Página: 10 DEMANDA DE AMPARO. MOMENTO EN EL QUE INICIA EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR SU AMPLIACIÓN, CON MOTIVO DE LA RENDICIÓN DEL INFORME JUSTIFICADO. El artículo 111, fracción II, de la Ley de Amparo incorpora expresamente la figura de la ampliación de la demanda de amparo, para los casos en que no hayan transcurrido los plazos para su presentación, o bien, cuando el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los reclamados en la demanda inicial, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional. Este segundo supuesto se actualiza cuando el quejoso tiene conocimiento de nuevos actos reclamados o autoridades responsables, o la necesidad de presentar conceptos de violación novedosos derivados de la fundamentación y motivación que no se conocía con anterioridad, siempre que exista una estrecha relación con los actos impugnados inicialmente. Ahora, si bien el supuesto es abierto, por lo regular el referido conocimiento deriva directamente de las constancias y del contenido de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables. En este caso, el cómputo del plazo para presentar la ampliación de demanda inicia al día siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo que tiene por recibido el informe justificado y ordena dar vista al quejoso, excepto cuando se acredite plenamente, que antes de la mencionada notificación, éste se ubicó en alguno de los supuestos previstos en el artículo 18 de la Ley de Amparo, esto es, que conoció con anterioridad la materia novedosa, en cuyo caso el cómputo inicia a partir del día siguiente a ese conocimiento; sin que lo anterior esté vinculado con la vista que se otorga a las partes para imponerse del contenido del informe justificado, por ser actos procesales diferentes con finalidades también distintas, esto es, por un lado se encuentra la posibilidad de: (i) ampliar la demanda ante el conocimiento de actos, autoridades o aspectos novedosos relacionados -incorporando a la litis del amparo elementos que no habían sido integrados al juicio y, por ende, es necesario solicitar un nuevo informe justificado, ya sea a la propia autoridad o a una nueva-; y, por otro, (ii) imponerse del contenido del informe justificado respecto de argumentos y pruebas relacionados con el acto reclamado por el que originalmente se admitió la demanda. Una interpretación en la que se asumiera que el plazo para ampliar la demanda debe computarse a partir del día siguiente al del fenecimiento de la vista para imponerse del informe justificado, traería consigo, como consecuencia, alterar el contenido del artículo 18 invocado, ampliando sin fundamento legal los plazos establecidos por el legislador." En esa guisa, lo mismo ocurre cuando al quejoso, siendo parte en un procedimiento judicial o administrativo, le es hecha la notificación de un acto conforme a la legislación correspondiente y, con posterioridad a ésta, tiene conocimiento del hecho por cualquier otro medio, pues de ninguna manera puede ser considerada para la oportunidad de la presentación de la demanda de amparo la segunda fecha de conocimiento, ya que bastaría con que el quejoso se apersonara al asunto en la temporalidad que le convenga a imponerse de autos y aducir que en esa data tuvo conocimiento, para después promover el amparo dentro de los quince días siguientes, lo que equivaldría en dejar al total arbitrio del justiciable la temporalidad para la promoción del amparo. Excepción a lo anterior, cuando habiéndose efectuado una notificación al impetrante siendo parte en el procedimiento, este se entera con posterioridad del acto afecto y -a través del medio idóneo- impugna la notificación correspondiente, pues en ese caso deberá atenderse a la resolución del medio hecho valer, es decir, si el incidente o recurso resulta fundado, se deberá tomar en cuenta para computar el plazo para la presentación del amparo la fecha de la nueva notificación que en su caso se efectúe, en caso contrario, subsistirá la data de la primera notificación. Apoya lo anterior, por no oponerse a la Ley de Amparo vigente, las jurisprudencias de datos de localización, rubro y texto siguientes: "Época: Novena Época Registro: 163172 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIII, Enero de 2011 Materia(s): Común Tesis: P./J. 115/2010 Página: 5 DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." "Época: Décima Época Registro: 2014430 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 43, Junio de 2017, Tomo II Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 54/2017 (10a.) Página: 835 AMPARO DIRECTO EN MATERIA DE TRABAJO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, AL ESTUDIAR EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, DEBEN TOMAR EN CONSIDERACIÓN LA NUEVA NOTIFICACIÓN DEL LAUDO PRACTICADA CUANDO RESULTE FUNDADO EL INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES. Del artículo 18 de la Ley de Amparo se advierte que el plazo para presentar la demanda deberá computarse a partir: 1) del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución reclamado; o 2) a aquel en que haya tenido conocimiento; o 3) se ostente sabedor del acto o de su ejecución. Ahora bien, cuando se verifica la primera de las hipótesis referidas, esto es, cuando el quejoso tiene conocimiento del laudo reclamado, por primera vez, con motivo de la notificación practicada conforme a las reglas que prevé la Ley Federal del Trabajo, el Tribunal Colegiado de Circuito está obligado a tomar en consideración esa actuación para determinar la oportunidad de la presentación de la demanda y, en caso de ser impugnada mediante el incidente de nulidad de actuaciones, esperar al resultado de dicha incidencia, pues será hasta que se determine cuál notificación es válida, esto es, si la primera o la nueva que se emita en caso de declararse fundado, la que deberá considerarse para determinar si la demanda es oportuna, por ser la notificación la primera hipótesis que se actualizó en el conocimiento del acto. Por tanto, en aquellos casos en los que, con posterioridad a esa primera notificación, el quejoso tiene conocimiento del laudo por cualquier medio, esa fecha de conocimiento no puede ser tomada en consideración para establecer si la presentación de la demanda es oportuna, pues bastaría que el quejoso se acercara ante la autoridad responsable para tener conocimiento del acto, y enseguida presentara la demanda de amparo dentro del plazo de quince días, obviando la notificación del laudo, lo que es inadmisible, ya que ésta, al ser la primera hipótesis en que se verificó el conocimiento del acto, es la que debe prevalecer." En el caso, el quejoso reclama: 1. La resolución de veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, dictada en el expediente ***, del índice del Juzgado Tercero Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tula de Allende Hidalgo, en la que se condenó al aquí quejoso al pago de ***, por concepto de déficit de pensiones alimenticias adeudadas de dos mil catorce a junio de dos mil dieciséis, en favor de su menor hija ***, y se actualizó la pensión alimenticia que debía pagar en dicho asunto. 2. La resolución de veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, dictada en el expediente ***, del índice del Juzgado Tercero Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tula de Allende Hidalgo, en la que se condenó al aquí quejoso al pago de ***, por concepto de liquidación de pensiones alimenticias vencidas y adeudadas dentro del periodo comprendido entre junio de dos mil dieciséis y marzo de dos mil diecisiete, en favor de su menor hija *** 3. La resolución de diecinueve de mayo de dos mil veintidós, dictada en el expediente ***, del índice del Juzgado Tercero Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tula de Allende Hidalgo, en la que se condenó al aquí quejoso al pago de ***, por concepto de liquidación de pensiones alimenticias vencidas y adeudadas dentro del periodo comprendido entre abril de dos mil veinte y enero de dos mil veintidós, en favor de su menor hija *** En ese sentido, tales actos no encuadran en ninguna de las hipótesis previstas en las fracciones I, II, III y IV del transcrito artículo 17 de la Ley de Amparo, de ahí que el quejoso contaba con el plazo de quince días para presentar su demanda de amparo de conformidad con el párrafo primero, del citado numeral. Ahora, al respecto se actualiza el mencionado inciso a), de ahí que el término empieza a transcurrir a partir del día siguiente hábil en que se efectuó la notificación de las resoluciones reclamadas, lo cual aconteció de la siguiente manera: RESOLUCIÓN FECHA DE NOTIFICACIÓN 1. 24 de noviembre de dos mil dieciséis. 30 de noviembre de dos mil dieciséis. 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.f1.5e Anakarem Treviño Bravo 12 2. 29 de mayo de dos mil diecisiete. 30 de mayo de dos mil diecisiete. 3. 19 de mayo de dos mil veintidós. 24 de mayo de dos mil veintidós. De conformidad con lo que dispone el artículo 94 del Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Hidalgo1 ; según se observa de las constancias que anexó la parte quejosa a su escrito aclaratorio, lo que prueba plenamente en su contra en términos del artículo 200 de la ley del enjuiciamiento civil. Ahora, si el quejoso quedó notificado conforme a la ley de los actos reclamados, el treinta de noviembre de dos mil dieciséis, treinta de mayo de dos mil diecisiete y veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, respectivamente, de conformidad con lo que establece el citado numeral 94 del Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Hidalgo, el plazo de quince días que tenía para la presentación de la demanda transcurrió como se indica a continuación: RESOLUCIÓN FECHA DE NOTIFICACIÓN INICIO DE CÓMPUTO CONCLUSIÓN DE CÓMPUTO 24 de noviembre de dos mil dieciséis. 30 de noviembre de dos mil dieciséis. 1 de diciembre de dos mil dieciséis. 21 de diciembre de dos mil dieciséis. 29 de mayo de dos mil diecisiete. 30 de mayo de dos mil diecisiete. 31 de mayo de dos mil diecisiete. 20 de junio de dos mil diecisiete. 19 de mayo de dos mil veintidós. 24 de mayo de dos mil veintidós. 25 de mayo de dos mil veintidós. 14 de junio de dos mil veintitrés. Previo descuento de días inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo, luego si la demanda se depositó en buzón judicial el cinco de junio de la anualidad cursante, se concluye que su presentación fue extemporánea. En otro orden de ideas, respecto de los diversos actos reclamados consistentes en: 4. La resolución de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, dictada en el expediente ***, del índice del Juzgado Tercero Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tula de Allende Hidalgo, en la que se condenó al aquí quejoso al pago de ***, por concepto de pensiones alimenticias adeudadas, en favor de su menor hija *** 5. La falta de notificación personal del acuerdo de dieciocho de abril de dos mil veintitrés, dictado en el expediente ***, del índice del Juzgado Tercero Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tula de Allende Hidalgo, en el que se ordenó notificar de manera personal al aquí quejoso, la resolución de veintiséis de enero de este año; siendo que la misma fue practicada por lista diecisiete de mayo de dos mil veintitrés.Se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, precepto que en lo atinente señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. [.]." Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. (.)." Del texto apuntado se desprende medularmente que el juicio de amparo es improcedente contra actos de tribunales judiciales, respecto de los cuales proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. En efecto, el precepto invocado contiene el llamado principio de definitividad que rige al juicio de amparo, el cual encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias ordinarias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción. De ahí que, previo a la interposición de la demanda de amparo deben agotarse todos los recursos ordinarios o medios legales de defensa que tiendan a anular, modificar o revocar el acto reclamado, entendiendo por agotar esas instancias, la presentación del escrito en que se hagan valer y el desahogo del proceso o procedimiento respectivo en todas sus partes. Ahora bien, en el particular, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que, en lo que interesa, los actos reclamados se hacen consistir en: 4. La resolución de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, dictada en el expediente ***, del índice del Juzgado Tercero Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tula de Allende Hidalgo, en la que se condenó al aquí quejoso al pago de ***, por concepto de pensiones alimenticias adeudadas, en favor de su menor hija *** 5. La falta de notificación personal del acuerdo de dieciocho de abril de dos mil veintitrés, dictado en el expediente ***, del índice del Juzgado Tercero Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tula de Allende Hidalgo, en el que se ordenó notificar de manera personal al aquí quejoso, la resolución de veintiséis de enero de este año; siendo que la misma fue practicada por lista diecisiete de mayo de dos mil veintitrés. Acotaciones contra las cuales, el impetrante de amparo tuvo a su alcance los medios de defensa y/o impugnación ordinarios que prevé el Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Hidalgo, denominados incidente sobre de declaración de nulidad de lo actuado y apelación, a través de los cuales, los actos que en esta vía excepcional se combaten pueden ser revocados o modificados. En efecto, para dilucidar la existencia de los medios de defensa y/o impugnación que hace improcedente el presente juicio de derechos fundamentales, es preciso citar el contenido de los preceptos 58, 382, 383, 385, 386, 394 y 395 del Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Hidalgo, los cuales disponen: "Artículo 58. Las notificaciones que se hicieren en forma distinta de la prevenida en este código, serán nulas. La parte agraviada podrá promover el respectivo incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, tramitándose de acuerdo a la naturaleza del juicio en forma de incidente desde la notificación hecha ilegalmente. Igual derecho existirá en caso de omisión de notificación. Si la parte afectada se hubiere manifestado en juicio, sabedora de la providencia, sin promover la nulidad, la notificación surtirá desde entonces sus efectos, como si estuviese legalmente hecha." "Artículo 382. El recurso de apelación tiene por objeto que el Superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior. (.)" "Artículo 383. Pueden apelar: el litigante si creyere haber recibido algún agravio, los terceros que hayan salido al juicio y los demás interesados a quienes perjudique la resolución judicial. No puede apelar el que obtuvo todo lo que pidió; pero el vencedor que no obtuvo la restitución de frutos, la indemnización de daños y perjuicios o el pago de costas, podrá apelar también.". "Artículo 385. La apelación debe interponerse por escrito ante el juez que pronunció la resolución impugnada en la forma y términos que se señala en los artículos siguientes, salvo cuando se trate de apelaciones extraordinarias." "Artículo 386. El litigante al interponer la apelación ante el juez, expresará los agravios que considere le cause la resolución recurrida. Las apelaciones que se interpongan contra auto o interlocutoria, deberán hacerse valer en el término de seis días, y las que se interpongan contra sentencia definitiva, dentro del plazo de nueve días, contados a partir del día siguiente a aquél en que surtan efectos las notificaciones de tales resoluciones." "Artículo 394. Se admitirán en un sólo efecto, las apelaciones en los casos en que no se halle prevenido que se admitan en ambos efectos. Se admitirán también en un solo efecto: I. Las sentencias definitivas que hayan resuelto acciones sobre alimentos y/o custodia y/o convivencia de menores y/o, sobre diferencias conyugales respecto de la administración de bienes; y II. Las sentencias definitivas que hayan resuelto cualquier tipo de acción nominada e innominada, conjuntamente con acciones sobre alimentos y/o custodia y/o convivencia de menores y/o, sobre diferencias conyugales respecto de la administración de bienes". "Artículo 395. De los autos y de las sentencias interlocutorias de los que se derive una ejecución que pueda causar un daño irreparable o de difícil reparación y la apelación proceda en el efecto devolutivo, se admitirán en ambos efectos si el apelante lo solicita al interponer el recurso, y señalará los motivos por los que considera el daño irreparable o de difícil reparación. El juez deberá resolver si la admite en ambos efectos conforme a lo solicitado, exhibiendo garantía conforme a lo establecido en el Artículo 398 de este ordenamiento." De tales preceptos se advierte que en contra de la las notificaciones que se hicieren en forma distinta a la prevenida por la ley procesal familiar para el Estado de Hidalgo, serán nulas y la parte agraviada podrá promover el respectivo incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado. Además, se observa que contra autos e interlocutorias dictados dentro de los juicios familiares de los que derive una ejecución que pueda causar un daño irreparable o de difícil reparación, la legislación en comento prevé el recurso ordinario de apelación, en el entendido que si la apelación procede en el efecto devolutivo, se admitirá en ambos efectos si el apelante lo solicita al interponer el recurso, y señalará los motivos por los que considera el daño irreparable o de difícil reparación, resolviendo el juez si la admite en ambos efectos conforme a lo solicitado, exhibiendo garantía conforme a lo establecido en el artículo 398 de dicho ordenamiento. Entonces, la resolución de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, dictada en el expediente ***, del índice del Juzgado Tercero Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tula de Allende Hidalgo, en la que se condenó al aquí quejoso al pago de ***, por concepto de pensiones alimenticias adeudadas, en favor de su menor hija ***, puede ser modificado o revocada a través del recurso de apelación previsto en la legislación procesal de la materia Aunado a ello, la falta de notificación personal del acuerdo de dieciocho de abril de dos mil veintitrés, dictado en el expediente ***, del índice del Juzgado Tercero Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tula de Allende Hidalgo, en el que se ordenó notificar de manera personal al aquí quejoso, la resolución de veintiséis de enero de este año; siendo que la misma fue practicada por lista diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, puede ser modificado a través del incidente sobre de declaración de nulidad de lo actuado previsto en la legislación procesal de la materia. En ese contexto, al haber tenido conocimiento la parte quejosa de los actos combatidos y al no estar conforme con las actuaciones antes referidas, debió agotar el recurso de apelación y el incidente sobre de declaración de nulidad de lo actuado, previstos en la ley ordinaria, antes de la promoción del juicio de amparo en la vía indirecta. Lo anterior, máxime que conforme a lo previsto en los artículos 395 y 397 del Código de Procedimientos Familiares, el aquí quejoso, al interponer el recurso de apelación en contra de la resolución de veintiséis de enero de dos mil veintitrés y estimar que la ejecución de ella le puede causar un daño irreparable o de difícil reparación y la apelación proceda en el efecto devolutivo, puede solicitar al Juez se admita en ambos efectos, suspendiéndose su ejecución, y dicho juzgador en su caso deberá resolver si la admite en ambos efectos conforme a lo solicitado, exhibiendo garantía conforme a lo que establezca la normatividad procesal familiar. En consecuencia, si en el caso a estudio se está ante actos que son susceptibles de ser modificados o revocados, a través de los medios ordinarios mencionados, así como que con ellos se puede obtener la suspensión de su ejecución, es inconcuso que el amparo promovido en contra de aquellos resulta improcedente por no haberse agotado el principio de definitividad. Robustecen lo antes expuesto, por analogía y razones que exponen, la tesis y jurisprudencia de contenido siguiente: "Registro digital: 2018736 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Civil Tesis: 1a. CCXIV/2018 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, página 358 Tipo: Aislada PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. CONTRA EL AUTO QUE LA DECRETA, PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE DURANGO). De los artículos 79, 94, 673, 677, 685, 689, 973, 975, 983 y 984 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Durango, deriva que el recurso de apelación procederá contra los autos y las sentencias interlocutorias que no paralizan ni ponen fin al juicio en efecto devolutivo. Ahora bien, conforme a esta premisa, dicho código procesal dispone que la pensión alimenticia provisional podrá fijarse mientras se resuelve el juicio, por lo que puede concluirse que esa resolución trata de un auto que no paraliza ni pone fin al juicio, ya que ello acontecerá hasta el dictado de la sentencia definitiva. Luego, las resoluciones sobre alimentos que fueren apeladas no se refieren de forma exclusiva a sentencias, sino también a otro tipo de resoluciones judiciales como los autos; de lo que se infiere que en el Estado de Durango procede el recurso de apelación contra el auto que decreta la pensión alimenticia provisional." "Registro digital: 2010515 Instancia: Plenos de Circuito Décima Época Materias(s): Civil Tesis: PC.XXI. J/5 C (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo II , página 1428 Tipo: Jurisprudencia Pleno del Vigésimo Primer Circuito ALIMENTOS PROVISIONALES. CONTRA EL AUTO QUE LOS FIJA PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO). De la interpretación de los artículos 140, 375, 381, 386, 393, fracción III y 566 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, deriva que el auto que fija alimentos provisionales es impugnable mediante el recurso de apelación, y no a través del de reconsideración, en virtud de que este último excluye su procedencia respecto de aquellas determinaciones impugnables en apelación. Al respecto, de los citados artículos 393, fracción III, y 566, se colige que las resoluciones sobre alimentos que fueran apeladas (entre éstas, las que fijan alimentos provisionales) serán ejecutables sin necesidad de caución, lo cual revela la procedencia de dicho recurso en su contra; lo anterior, aunado a que la fracción V del numeral 238 del citado código señala que el auto de entrada a la demanda es apelable en el efecto devolutivo, momento procesal en que precisamente se fijan los alimentos provisionales, sin que trascienda que tal regla esté dirigida a los juicios ordinarios, en virtud de que, conforme al diverso artículo 524 de ese mismo ordenamiento legal, en todo lo no previsto y en cuanto no se oponga a lo ordenado en el título relativo, se aplicarán las reglas generales del propio código." En mérito de lo anterior, es inequívoco que previo a la presentación de este juicio se debió agotar el principio de definitividad de los actos reclamados, a través de la interposición del recurso de apelación y del incidente sobre de declaración de nulidad de lo actuado; pues éstos son idóneos para modificar o revocar lo combatido. Por tanto, al actualizarse de modo manifiesto e indudable las causas de improcedencia en estudio, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo intentada. Al respecto, resulta oportuno precisar que los actos reclamados a través de esta vía excepcional no son de aquéllos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; tampoco se trata de una orden de aprehensión o reaprehensión, de algún auto que establezca providencias precautorias o imponga medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; del mismo modo, en el caso que nos ocupa, no se advierte que el promovente sea persona extraña al procedimiento; y, no se reclama un auto de vinculación a proceso. No obsta a lo anterior, que en el particular la parte quejosa se ostente como tercero extraño a juicio, por equiparación; sin embargo, de las manifestaciones efectuadas bajo protesta de decir verdad, en el escrito de demanda, ocurso aclaratorio y de sus anexos, se observa que éste es quien presentó la demanda que dio origen al juicio ***, del índice del Juzgado Tercero Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tula de Allende Hidalgo, por lo cual se desvirtúa el carácter con el que pretende acudir a esta instancia constitucional (tercero extraño a juicio, por equiparación). Ello es así, puesto que sus manifestaciones constituyen una confesión que para esta Juzgadora son un medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo2 . Es aplicable a lo anterior, por las razones que la sustentan, la Jurisprudencia del contenido y datos de localización que siguen: "Registro digital: 2023029 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 5/2021 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 85, Abril de 2021, Tomo I, página 506 Tipo: Jurisprudencia DEMANDA DE AMPARO. PROCEDE DESECHARLA POR ACTUALIZARSE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, CUANDO EL JUEZ DE DISTRITO TIENE A SU ALCANCE MEDIOS PROBATORIOS SUFICIENTES PARA CONCLUIR QUE LA PARTE QUEJOSA NO TIENE EL CARÁCTER DE TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. Hechos: Al resolver diversos recursos de queja, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes se pronunciaron sobre si procede o no el desechamiento de una demanda de amparo por actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, cuando quien promueve con el carácter de tercero extraño a juicio por equiparación no acredita tener tal carácter. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que procede desechar la demanda de amparo por actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, cuando el Juez de Distrito tiene a su alcance medios probatorios suficientes para concluir que el quejoso no tiene el carácter de tercero extraño al juicio por equiparación. Justificación: De conformidad con los artículos 107, fracciones III, inciso c), y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo procede contra actos u omisiones, dentro o fuera de juicio, que afecten a personas extrañas al juicio. Por otra parte, se tiene que el tercero extraño por equiparación es el sujeto que siendo parte formal de la controversia, por ser el demandado, no fue llamado al juicio, o bien, que fue defectuoso el emplazamiento y que, por ello, no pudo comparecer al procedimiento en defensa de sus intereses. En otro orden, se tiene que el Juez de amparo no podrá admitir a trámite la demanda relativa, en caso de existir una causa manifiesta e indudable de improcedencia en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. Luego, cuando el juzgador de amparo que conoce de la demanda tiene a su alcance los elementos probatorios suficientes que le permiten deducir que el promovente no tiene el carácter de tercero extraño al juicio por equiparación, es legalmente válido que deseche la demanda de amparo, en tanto que aun cuando se tramitara el juicio no se llegaría a una conclusión distinta."

  4. Principal

    (2) Notifíquese personalmente a la parte quejosa

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