David Eliseo Monterrosa Alemán

Expediente 1054/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1054/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
12/04/2023

Partes del expediente

  • Erika Johana Lemus de Lara
  • David Eliseo Monterrosa Alemán

Actuaciones

  1. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, doce de abril de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el escrito signado por Arturo Omar Gamboa********************, por medio del cual hace diversas manifestaciones, en tanto agréguese únicamente para que obre como corresponda, en virtud de que en fecha diez de abril de dos mil veintitrés, se tuvo por no presentada la demanda de amparo, ordenándose el archivo definitivo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante Domingo Alberto Martínez Nava, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el escrito signado por ********************, en su carácter de autorizado de la parte quejosa, en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, por medio del cual solicita que se requiera al Gerencia General, Comisario, y General Comercial, todos de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, y Presidente Municipal, residentes en esta ciudad, en términos del artículo 121 de la ley de la materia, para que proporcione las copias certificadas que dice solicitó ante dicha autoridad, para ofrecerlas como prueba en este juicio de amparo, en virtud de que la misma no se las ha expedido. En mérito de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 121 de la Ley de Amparo, con copia de las solicitudes de referencia requiérase a las mencionadas autoridades, a fin de que en un plazo que no exceda de diez días, remitan copia certificada de las constancias que les solicitó el autorizado de la parte quejosa en sus escritos presentados el diecinueve de diciembre de dos mil veintidós; seis de enero y veintisiete de marzo del año en curso, con la finalidad de que dichas documentales sean ofrecidas como prueba en este expediente, o bien manifieste la imposibilidad que tengan para ello; en la inteligencia que de igual forma deberá testar la información que considere pertinente, esto, para salvaguardar la información que estime como reservada de la víctima u ofendido del delito, o de otras personas, para no violentar el secreto y confidencialidad que en ellas debe imperar. [...] Por último, por lo que hace al ofrecimiento de las pruebas que menciona, en el incidente de suspensión, dígasele que deberá presentar un diverso escrito en el que ofrezca las pruebas documentales en dicho incidente, en virtud de que el mismo se tramita por cuerda separada.

  3. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, tres de abril de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio 1543/2023, enviado por la Junta Especial número sesenta de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, por conducto de su Presidente, por medio del cual en atención al requerimiento realizado el proveído de veintisiete de marzo del año en curso, remite copia certificada del proveído donde se admite a trámite el conflicto de competencia, del juicio laboral ********************téngase a la autoridad oficiante dando cumplimiento al requerimiento mencionado. En mérito de lo anterior, debe decirse que en el presente juicio de amparo resulta innecesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional y dictar sentencia en la que deba analizarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado por la parte quejosa, ya que no se entrará al estudio de tal cuestión, toda vez que, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que constituye una cuestión de orden público y estudio preferente, atento al diverso numeral 62 de le ley de la materia, y a la jurisprudencia II.1o. J/5, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultada en el Semanario Judicial de la Federación, donde aparecen como datos la página 95, del Tomo VII, relativa a Mayo de 1991, Octava Época, Materia Común, cuyos rubro y texto son los siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". En efecto, el artículo y fracción en comento textualmente establecen: "61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; ." Sentado lo anterior, tenemos que la parte quejosa se duele básicamente de que la autoridad responsable, se ha abstenido de remitir al Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito en turno la totalidad de las constancias del expediente laboral 1011/2022 para que resuelvan el conflicto de competencia suscitado entre la responsable la Junta Especial de la local de Conciliación y Arbitraje número cinco, en la ciudad. Dentro de ese contexto, tenemos que la responsable mediante oficios 1391/2023 y 1543/2023 anexó a copias certificadas de diversas constancias que obran dentro del juicio laboral de origen, las cuales al estar referidas a una actuación judicial se les otorga valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se advierte que el diecisiete de marzo del presente año la junta responsable ordeno la remisión de los autos que integran el juicio laboral 1011/2022 al Tribunal Colegiado en turno para substanciar el conflicto competencial suscitado en dicho juicio de origen y mediante oficio 2300/2023, el Segundo Tribunal Colegiado en esta ciudad, admitió trámite dicho conflicto bajo el número 10/2023, con posterioridad a la fecha de presentación de la demanda de amparo, que lo fue el diez de febrero del año que transcurre. De lo antes expuesto, es claro que el estado de incertidumbre en que se encontraba la parte quejosa hasta antes de la presentación de la demanda ha desaparecido, por lo que quien aquí provee considera que ha sido restituida en el goce del derecho fundamental que estimó violado. Asimismo, la aludida restitución es equivalente a la que hubiese obtenido la parte quejosa en el supuesto de haber obtenido sentencia favorable en el presente juicio de amparo, pues en ese evento se hubiese ordenado a la responsable que en cumplimiento a la misma, subsanara la omisión reclamada. En tales condiciones, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado. Lo anterior es así, ya que en la especie ningún efecto práctico tiene esperar a que se celebre la audiencia constitucional, para darle la oportunidad a la parte quejosa de ofrecer y desahogar las pruebas conducentes a demostrar la existencia e inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que la causal de improcedencia subsistirá y el sentido del fallo correspondiente será el mismo, puesto que al ser ésta manifiesta e indudable no es posible que con los elementos de prueba que se ofrezcan sea desvirtuada y se tenga que emitir una resolución en sentido diverso. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Junio de 1999, tesis 2ª./J.59/99, página 38, registro 193758, bajo el rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que aun sin hacerlo destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenía antes de la violación constitucional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto la razón que justifica la procedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Igualmente, es aplicable la jurisprudencia 2ª./J.10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Tomo XVII, marzo de 2003, página 386, registro 184572 que es del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Se ordena cancelar la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, lo que deberá hacerse del conocimiento de las partes en el juicio. En mérito de lo anterior, y en cumplimento a lo ordenado en el auto admisorio de la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara la firmeza del presente proveído. En consecuencia, archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se desprende que son susceptibles de destrucción sólo los sobreseimientos dictados en sentencia o fuera de audiencia, autos que desechan o tienen por no interpuesta la demanda de garantías, y los que declinan la competencia, así como los incidentes que niegan la suspensión provisional y la definitiva, al ser sobreseimientos o proveídos que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido. En consecuencia, el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en el artículo 21, incisos a), de dicho Acuerdo, al ser un asunto en el que se sobreseyó fuera de audiencia; asimismo, carece de información reservada ya que no fue objeto de solicitud de acceso a la información; no tiene documentos originales, y carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del propio Acuerdo General; valoración que deberá constar en la carátula de este expediente en términos del artículo 35, párrafo segundo, del mismo Acuerdo. Con fundamento en los artículos 21, penúltimo párrafo, y 24 del Acuerdo en comento, este expediente debe conservarse por un término de tres años, contado a partir de esta fecha. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes treinta días, este juzgado deberá destruir el expediente, y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado, y en el sistema integral de seguimiento de expedientes, incluyendo la de la destrucción respectiva, conforme al artículo 23 del Acuerdo General de trato. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante Ana Marina Lineth Fuentes Hernández, Secretaria que autoriza y da fe.

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