David Eduardo Perez Huerta

Expediente 605/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 9 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
605/2018
Año
2018
Actuaciones
9
Última actuación
26/11/2018

Partes del expediente

  • David Eduardo Perez Huerta

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se acuerda: Teniendo en consideración que, conforme a las constancias de notificación del proveído de dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, por el que se declaró cumplida la ejecutoria de amparo, transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de inconformidad; y que en el libro de recibo de correspondencia oficial que se lleva en este juzgado, no obra registrada promoción mediante la cual se interponga dicho recurso; en consecuencia, se declara consentido el acuerdo de referencia. Por otro lado, toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Ahora bien, acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que por sentencia de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, por una parte sobreseyó y por la otra se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, misma que causó ejecutoria el veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, este expediente es susceptible de depuración una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto; sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. De igual manera y toda vez que en el presente asunto se tramitó incidente de suspensión del acto reclamado, en el cual se concedió la medida cautelar; en consecuencia, glósese el cuaderno original de dicho incidente, mismo que también es susceptible de depuración. Lo señalado con anterioridad, deberá efectuarse una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto, sin que en el caso obre en el citado expediente algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Ahora bien, archívese por separado el duplicado respectivo, y con fundamento en el punto vigésimo, fracción III, del referido Acuerdo, es susceptible de destrucción, al obrar su original y no existir documentos originales en tal cuaderno; lo que ocurrirá al transcurrir más de seis meses contados a partir del dictado de la resolución interlocutoria respectiva. Glósese copia autorizada del presente proveído, en el duplicado del cuaderno incidental que deriva del presente asunto; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General número 1/2009. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciocho de octubre de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo y tomando en consideración los elementos de prueba que obran en este expediente, procede a analizar si la ejecutoria dictada en el mismo se encuentra cumplida. A efecto de iniciar el estudio propuesto, es menester precisar que el treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, se dictó sentencia en la que por una parte sobreseyó y por la otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado: Deje insubsistente la resolución de quince de julio de dos mil dieciséis, emitida en el toca penal 356/2016, que modificó la determinación de veintinueve de enero de esa misma anualidad, dictada por el Juez Sexto del Ramo Penal de esta ciudad, en los autos de la averiguación judicial número 07/2016; así como su ejecución. Lo anterior, únicamente en lo relativo al aquí quejoso David Eduardo Pérez Huerta, en términos del artículo 73, párrafo primero, de la Ley de Amparo. 2. En su lugar con libertad de jurisdicción, atendiendo a los lineamientos indicados a lo largo de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, emita nueva resolución en la que reiterando lo que no es materia de la concesión, se pronuncie nuevamente respecto de la orden de aprehensión que se solicitó contra David Eduardo Pérez Huerta, respecto del delito de homicidio calificado en grado de tentativa, purgando los vicios de que adolecía la anterior. Tales vicios consistieron en: a) ".es evidente que existe imprecisión inicial en la delimitación de la conducta material del delito por el cual se libró la orden de aprehensión reclamada por el peticionario de amparo, pues conforme a la descripción legal prevista en el artículo 19, del Código Punitivo Estatal, la a).- intención dirigida a cometer un delito; b).- la ejecución de actos realizados por el agente del delito, que deben ser de naturaleza ejecutiva; y c).- un resultado no verificado por causas ajenas a la voluntad del sujeto activo, no son elementos objetivos fundamentales del delito de homicidio, sino que constituyen exigencias para la consumación en grado de tentativa. De allí que, era indispensable que se precisaran primero los elementos que integran el cuerpo del delito de homicidio, o en su caso realizar remisión a diverso apartado en que ya se hubiese hecho para poder efectuar un verdadero análisis del material probatorio y establecer con cuáles pruebas se acredita cada uno de ellos y qué es lo que se advierte de los mismos.." b) ".la autoridad responsable debió explicar de que forma llegó a la conclusión de que el objeto conocido como "cachimba" puede ser considerado como "arma de fuego" y en su caso, con base en qué pruebas o consideraciones arribó a esa clasificación o bien, partir de la base de que se trata de algún otro objeto o artefacto bélico, que también pudiera ser uso letal, derivado del impacto que tuvo en el cuerpo de las víctimas, así como las razones de tal conclusión, sin embargo, al no haberlo hecho, es que resulta sustancialmente fundado el concepto de violación analizado.". c) ".con relación al citado elemento de la tentativa también existe una deficiente motivación. la sola cita de los nombres de los testigos así como de las circunstancias de día, hora y lugar no pueden considerarse suficientes para satisfacer el requisito constitucional de adecuada motivación, toda vez que ello impide al quejoso saber con exactitud cuáles fueron los indicios incriminatorios que se obtuvieron de tales medios de convicción para demostrar la conducta que se sanciona. Pero sobre todo, hizo depender de la conducta de "diversos activos" la presunción de que el aquí quejoso también tenía la intención de privar de la vida a Juan José Gallegos López y Roberto Grimaldo Flores, al dispararles directamente con un objeto denominado "cachimba"; lo cual no es otra cosa que una falacia de generalización en perjuicio del amparista. Por lo cual, era indispensable que expresara qué dato advirtió de cada uno de los deposados en relación con la conducta atribuida a David Eduardo Pérez Huerta y, en su caso, con cuál se acreditaba cada uno de los elementos de la figura jurídica de tentativa, en relación con los correspondientes al tipo penal que le sirva de referencia; por lo que, al no haberse hecho así, tal circunstancia lo deja en estado de indefensión jurídica, porque no tiene oportunidad de conocer tales datos y poder así preparar adecuadamente su defensa jurídica, a fin de combatirlos a través de los medios legales que resulten pertinentes.". d) ".debió precisar cuál es la conducta en particular del indiciado, con la que aparezca probada su probable responsabilidad en el ilícito imputado, describiendo los elementos probatorios de los que se deduce cómo realizó la conducta material, incluyendo las circunstancias de modo, tiempo y ocasión, de manera, que de la estructura de la resolución se advierta con claridad la actualización de la probable responsabilidad del indiciado en su comisión; lo que en el caso no aconteció, por lo que se está en presencia de una violación a la garantía de debida motivación otorgada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.". Todo ello con la debida fundamentación y motivación que exige el artículo 16 constitucional. 3. Por su parte, las autoridades ejecutoras deberán acatar materialmente esa sentencia y dejar sin efectos la ejecución de la orden de aprehensión. Por proveído de veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, se declaró ejecutoriada la citada resolución y se requirió a la autoridad responsable para que diera cumplimiento a la misma. En acatamiento a lo anterior, el Magistrado Presidente de la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, mediante oficio recibido en este juzgado el uno de octubre del año en curso, remitió copia certificada de la resolución dictada en esa data, de la que se advierte que, por una parte, dejó insubsistente la diversa resolución de quince de julio de dos mil dieciséis, dictada en el toca penal 356/2016; de lo que se advierte que se cumplió con el punto 1 de la ejecutoria de amparo. En dicha resolución la autoridad determinó lo siguiente: "PRIMERO.- En debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo pronunciada por el Juez Sexto de Distrito en el Estado, dentro de los autos del Juicio de amparo número 605/2018-VI se deja insubsistente la parte considerativa y su correlativo de la resolución dictada por esta Sala el 15 quince de julio del 2016 dos mil dieciséis, que modifica el fallo del 29 veintinueve de enero de 2016 dos mil dieciséis, pronunciado por el Juez Sexto del Ramo Penal de este Distrito Judicial, dentro de la averiguación judicial número 07/16; únicamente en lo relativo a David Eduardo Pérez Huerta; y en su lugar, se dicta la presente resolución con sujeción a los requisitos señalados en dicha ejecutoria, en los siguientes términos: SEGUNDO.- Este Tribunal resultó competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos del considerando segundo. TERCERO.- Se declaró desierto el recurso de apelación interpuesto contra la negativa de librar orden de aprehensión en contra de David Eduardo Pérez Huerta alias "El Coy", por el antisocial de Asociación Delictuosa en su modalidad de pandillerismo, al no expresarse ningún motivo de inconformidad al respecto CUARTO.- Se MODIFICA la resolución de fecha 29 veintinueve de enero de 2016 dos mil dieciséis, pronunciada por el Juez Sexto del Ramo Penal de este Distrito Judicial, mediante la cual negó librar Orden de Aprehensión en contra de David Eduardo Pérez Huerta alias "El Coy", por la comisión del delito de Homicidio Calificado en grado de tentativa, en agravio de Juan José Gallegos López y Roberto Grimaldo Flores, dentro de la averiguación judicial número 07/16; para efecto de que señale fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, prevista en el artículo 155 del Código de Procedimientos Penales para el Estado, en virtud de haberse variado la clasificación inicial del ilícito de Homicidio Calificado en Grado de Tentativa, por el que realmente se acredita, que en el caso, lo es, el de Lesiones, y una vez lograda la verificación de tal evento, y de lograrse o no la avenencia de aquellos, pronuncie la resolución que corresponda. QUINTO.- Envíese copia certificada de la presente resolución al Juez Sexto de Distrito en el Estado, y hágase saber que en términos de la misma, esta Sala considera haber dado debido cumplimiento a su ejecutoria dentro del juicio de amparo indirecto penal número 605/2018-VI. De la lectura integral de la resolución en comento, se advierte que la Sala responsable, estimó procedente modificar el delito de homicidio calificado en grado de tentativa y reclasificarlo como lesiones, previsto y sancionado por el artículo 136, fracciones I y II, del Código Penal vigente en el Estado, exponiendo los motivos y fundamentos legales que consideró aplicables al caso, para determinar que se debía señalar fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia de conciliación entre las partes, y de lograrse o no la avenencia de aquellos, pronuncie la resolución que corresponda el juez penal que conoce del proceso; de lo que se advierte que se acató el punto 2 de la ejecutoria de amparo. Resulta aplicable a lo anterior la Jurisprudencia publicada con la clave 2ª./CXIV/97, en la página 414, del Tomo VI, octubre de 1997, Novena Época, Materia Común del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Por otra parte, el Fiscal General del Estado de San Luis Potosí, mediante oficio DA/MJA/1295/2018, informó que dejaba sin efectos la ejecución de la orden de aprehensión dictada por la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. De igual manera, mediante oficio recibido en este Juzgado el dos de octubre de dos mil dieciocho, el Coordinador de Apoyo Legal de la Policía Ministerial del Estado, en suplencia del Director General de dicha dependencia, manifestó que sería respetuoso de estricto derecho a la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; lo que evidencia que se cumplió con el punto 3 de la ejecutoria. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase cumplida la ejecutoria, sin que se estime que se incurrió en exceso o defecto al dar cumplimiento a la misma. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa y terceros interesados.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA Y A LOS TERCEROS INTERESADOS, LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE DICE:"San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciocho de octubre de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo y tomando en consideración los elementos de prueba que obran en este expediente, procede a analizar si la ejecutoria dictada en el mismo se encuentra cumplida. A efecto de iniciar el estudio propuesto, es menester precisar que el treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, se dictó sentencia en la que por una parte sobreseyó y por la otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado: Deje insubsistente la resolución de quince de julio de dos mil dieciséis, emitida en el toca penal 356/2016, que modificó la determinación de veintinueve de enero de esa misma anualidad, dictada por el Juez Sexto del Ramo Penal de esta ciudad, en los autos de la averiguación judicial número 07/2016; así como su ejecución. Lo anterior, únicamente en lo relativo al aquí quejoso David Eduardo Pérez Huerta, en términos del artículo 73, párrafo primero, de la Ley de Amparo. 2. En su lugar con libertad de jurisdicción, atendiendo a los lineamientos indicados a lo largo de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, emita nueva resolución en la que reiterando lo que no es materia de la concesión, se pronuncie nuevamente respecto de la orden de aprehensión que se solicitó contra David Eduardo Pérez Huerta, respecto del delito de homicidio calificado en grado de tentativa, purgando los vicios de que adolecía la anterior. Tales vicios consistieron en: a) ".es evidente que existe imprecisión inicial en la delimitación de la conducta material del delito por el cual se libró la orden de aprehensión reclamada por el peticionario de amparo, pues conforme a la descripción legal prevista en el artículo 19, del Código Punitivo Estatal, la a).- intención dirigida a cometer un delito; b).- la ejecución de actos realizados por el agente del delito, que deben ser de naturaleza ejecutiva; y c).- un resultado no verificado por causas ajenas a la voluntad del sujeto activo, no son elementos objetivos fundamentales del delito de homicidio, sino que constituyen exigencias para la consumación en grado de tentativa. De allí que, era indispensable que se precisaran primero los elementos que integran el cuerpo del delito de homicidio, o en su caso realizar remisión a diverso apartado en que ya se hubiese hecho para poder efectuar un verdadero análisis del material probatorio y establecer con cuáles pruebas se acredita cada uno de ellos y qué es lo que se advierte de los mismos.." b) ".la autoridad responsable debió explicar de que forma llegó a la conclusión de que el objeto conocido como "cachimba" puede ser considerado como "arma de fuego" y en su caso, con base en qué pruebas o consideraciones arribó a esa clasificación o bien, partir de la base de que se trata de algún otro objeto o artefacto bélico, que también pudiera ser uso letal, derivado del impacto que tuvo en el cuerpo de las víctimas, así como las razones de tal conclusión, sin embargo, al no haberlo hecho, es que resulta sustancialmente fundado el concepto de violación analizado.". c) ".con relación al citado elemento de la tentativa también existe una deficiente motivación. la sola cita de los nombres de los testigos así como de las circunstancias de día, hora y lugar no pueden considerarse suficientes para satisfacer el requisito constitucional de adecuada motivación, toda vez que ello impide al quejoso saber con exactitud cuáles fueron los indicios incriminatorios que se obtuvieron de tales medios de convicción para demostrar la conducta que se sanciona. Pero sobre todo, hizo depender de la conducta de "diversos activos" la presunción de que el aquí quejoso también tenía la intención de privar de la vida a Juan José Gallegos López y Roberto Grimaldo Flores, al dispararles directamente con un objeto denominado "cachimba"; lo cual no es otra cosa que una falacia de generalización en perjuicio del amparista. Por lo cual, era indispensable que expresara qué dato advirtió de cada uno de los deposados en relación con la conducta atribuida a David Eduardo Pérez Huerta y, en su caso, con cuál se acreditaba cada uno de los elementos de la figura jurídica de tentativa, en relación con los correspondientes al tipo penal que le sirva de referencia; por lo que, al no haberse hecho así, tal circunstancia lo deja en estado de indefensión jurídica, porque no tiene oportunidad de conocer tales datos y poder así preparar adecuadamente su defensa jurídica, a fin de combatirlos a través de los medios legales que resulten pertinentes.". d) ".debió precisar cuál es la conducta en particular del indiciado, con la que aparezca probada su probable responsabilidad en el ilícito imputado, describiendo los elementos probatorios de los que se deduce cómo realizó la conducta material, incluyendo las circunstancias de modo, tiempo y ocasión, de manera, que de la estructura de la resolución se advierta con claridad la actualización de la probable responsabilidad del indiciado en su comisión; lo que en el caso no aconteció, por lo que se está en presencia de una violación a la garantía de debida motivación otorgada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.". Todo ello con la debida fundamentación y motivación que exige el artículo 16 constitucional. 3. Por su parte, las autoridades ejecutoras deberán acatar materialmente esa sentencia y dejar sin efectos la ejecución de la orden de aprehensión. Por proveído de veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, se declaró ejecutoriada la citada resolución y se requirió a la autoridad responsable para que diera cumplimiento a la misma. En acatamiento a lo anterior, el Magistrado Presidente de la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, mediante oficio recibido en este juzgado el uno de octubre del año en curso, remitió copia certificada de la resolución dictada en esa data, de la que se advierte que, por una parte, dejó insubsistente la diversa resolución de quince de julio de dos mil dieciséis, dictada en el toca penal 356/2016; de lo que se advierte que se cumplió con el punto 1 de la ejecutoria de amparo. En dicha resolución la autoridad determinó lo siguiente: "PRIMERO.- En debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo pronunciada por el Juez Sexto de Distrito en el Estado, dentro de los autos del Juicio de amparo número 605/2018-VI se deja insubsistente la parte considerativa y su correlativo de la resolución dictada por esta Sala el 15 quince de julio del 2016 dos mil dieciséis, que modifica el fallo del 29 veintinueve de enero de 2016 dos mil dieciséis, pronunciado por el Juez Sexto del Ramo Penal de este Distrito Judicial, dentro de la averiguación judicial número 07/16; únicamente en lo relativo a David Eduardo Pérez Huerta; y en su lugar, se dicta la presente resolución con sujeción a los requisitos señalados en dicha ejecutoria, en los siguientes términos: SEGUNDO.- Este Tribunal resultó competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos del considerando segundo. TERCERO.- Se declaró desierto el recurso de apelación interpuesto contra la negativa de librar orden de aprehensión en contra de David Eduardo Pérez Huerta alias "El Coy", por el antisocial de Asociación Delictuosa en su modalidad de pandillerismo, al no expresarse ningún motivo de inconformidad al respecto CUARTO.- Se MODIFICA la resolución de fecha 29 veintinueve de enero de 2016 dos mil dieciséis, pronunciada por el Juez Sexto del Ramo Penal de este Distrito Judicial, mediante la cual negó librar Orden de Aprehensión en contra de David Eduardo Pérez Huerta alias "El Coy", por la comisión del delito de Homicidio Calificado en grado de tentativa, en agravio de Juan José Gallegos López y Roberto Grimaldo Flores, dentro de la averiguación judicial número 07/16; para efecto de que señale fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, prevista en el artículo 155 del Código de Procedimientos Penales para el Estado, en virtud de haberse variado la clasificación inicial del ilícito de Homicidio Calificado en Grado de Tentativa, por el que realmente se acredita, que en el caso, lo es, el de Lesiones, y una vez lograda la verificación de tal evento, y de lograrse o no la avenencia de aquellos, pronuncie la resolución que corresponda. QUINTO.- Envíese copia certificada de la presente resolución al Juez Sexto de Distrito en el Estado, y hágase saber que en términos de la misma, esta Sala considera haber dado debido cumplimiento a su ejecutoria dentro del juicio de amparo indirecto penal número 605/2018-VI. De la lectura integral de la resolución en comento, se advierte que la Sala responsable, estimó procedente modificar el delito de homicidio calificado en grado de tentativa y reclasificarlo como lesiones, previsto y sancionado por el artículo 136, fracciones I y II, del Código Penal vigente en el Estado, exponiendo los motivos y fundamentos legales que consideró aplicables al caso, para determinar que se debía señalar fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia de conciliación entre las partes, y de lograrse o no la avenencia de aquellos, pronuncie la resolución que corresponda el juez penal que conoce del proceso; de lo que se advierte que se acató el punto 2 de la ejecutoria de amparo. Resulta aplicable a lo anterior la Jurisprudencia publicada con la clave 2ª./CXIV/97, en la página 414, del Tomo VI, octubre de 1997, Novena Época, Materia Común del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Por otra parte, el Fiscal General del Estado de San Luis Potosí, mediante oficio DA/MJA/1295/2018, informó que dejaba sin efectos la ejecución de la orden de aprehensión dictada por la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. De igual manera, mediante oficio recibido en este Juzgado el dos de octubre de dos mil dieciocho, el Coordinador de Apoyo Legal de la Policía Ministerial del Estado, en suplencia del Director General de dicha dependencia, manifestó que sería respetuoso de estricto derecho a la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; lo que evidencia que se cumplió con el punto 3 de la ejecutoria. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase cumplida la ejecutoria, sin que se estime que se incurrió en exceso o defecto al dar cumplimiento a la misma. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa y terceros interesados."

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, dos de octubre de dos mil dieciocho. Vistos los oficios de cuenta signados por el Magistrado Presidente de la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Fiscal General del Estado de San Luis Potosí y Coordinador de Apoyo Legal de la Policía Ministerial del Estado, en suplencia del Director General de dicha dependencia, con un anexo que acompaña el primero de los mencionados, por los que informan respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con su contenido y anexo, dese vista a la parte quejosa y terceros interesados para que dentro del plazo de tres días, manifiesten lo que a su derecho convenga, corriéndoles traslado con copia de los oficios y anexo de que se trata; en la inteligencia que transcurrido dicho término, con el desahogo de la vista o sin ella, este órgano constitucional resolverá sobre el cumplimiento de la sentencia. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa y terceros interesados.

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