David Eduardo Flores Cornejo
Expediente 1208/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 7 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1208/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 28/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- David Eduardo Flores Cornejo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, a quien en dado caso le pudieran perjudicar las determinaciones que aquí se dicten, haya interpuesto recurso de revisión conforme a los diversos numerales 88 y 89 de la citada legislación, en contra de la sentencia dictada el diecinueve de julio de dos mil veintiuno, en la cual se determinó sobreseer el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente como asunto concluido. Asimismo, hágase saber a las partes que cuentan con el plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. De conformidad con los artículos 21, primer párrafo, inciso a) tercer párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales s/n, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto sobreseído que no tiene relevancia documental para su conservación. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, desde esta fecha, procédase a la destrucción del expediente dentro del plazo de treinta días siguientes y a remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa.
- Principal
S E N T E N C I A Este Juzgado Primero de Distrito del Decimoctavo Circuito tiene vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 1208/2020, de su índice. R E S U L T A N D O 1. Presentación de la demanda. Mediante escrito depositado el siete de diciembre de dos mil veinte, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido ese mismo día por razón de turno a este Juzgado Primero de Distrito en dicha entidad; David Eduardo Flores Cornejo, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra las autoridades responsables y actos siguientes: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: - Fungen como autoridades responsables en el presente juicio de garantías las siguientes: 1) Presidente Municipal de Cuernavaca, Morelos. 2) Ayuntamiento del Municipio de Cuernavaca, Morelos. 3) Tesorero Municipal de Cuernavaca, Morelos. IV.- ACTOS RECLAMADOS: a) Del Presidente, Tesorero y Ayuntamiento del Municipio de Cuernavaca, todos del Estado de Morelos, en el ámbito de sus respectivas competencias, la aplicación del artículo 14 de la Ley de Ingresos del Municipio de Cuernavaca, Morelos, para el ejercicio fiscal 2019, a través de una recaudación indirecta a cargo de la Comisión Federal de Electricidad, Suministrador de Servicios Básicos, materializado en los avisos-recibos 0000058997, 0000002142, 0000103565, 0000021506, 0000006375, 0000039402, 0000057787, 0000009924, 0000057614, 0000018709, 0000034390, 0000020399, 0000072533, 0000053140, 0000002011, 0000017785, 0000033862, 0000008770, 0000034558, 0000009750, 0000013999, 0000004527, 0000003672, 0000068745, 0000019549, 0000030353 (mismos que se anexan al presente libelo como elementos probatorios), en los que aparecen los cobros por concepto de derecho de alumbrado público a cargo del quejoso. Ahora bien, con los recibos previamente señalados, emitidos por la Comisión Federal de electricidad por los años 2019 a 2020 se acredita los actos de aplicación de las normas tildadas de inconstitucionales. (.)". Asimismo, mediante escrito presentado el dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, dicho quejoso, en cumplimiento a una prevención, señaló como autoridades responsables al Congreso y Gobernador del Estado de Morelos, de quienes reclamó el artículo 14 de la Ley de Ingresos del Municipio de Cuernavaca, Morelos para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve. Actos que estimó violatorios, entre otros, de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14, 16, y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2. Trámite del juicio de amparo. El diecinueve de febrero de dos mil veintiuno este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda, solicitó los informes justificados, dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y señaló fecha para la audiencia constitucional, la cual celebró conforme al acta que antecede. C O N S I D E R A N D O I. Competencia legal. Este juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación, por tratarse además de un acto en materia administrativa, cuyo acto de ejecución tuvo verificativo dentro de la jurisdicción de este Juzgado. II. Fijación del acto reclamado. Conforme a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados consisten en: 1).- El artículo 14 de la Ley de Ingresos del Municipio de Cuernavaca, Morelos, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, referente al Derecho de Alumbrado Público. 2).- El cobro y recaudación de las cantidades generadas por concepto de derecho de alumbrado público, respecto a los servicios de suministro de luz: 0000058997, 0000002142, 0000103565, 0000021506, 0000006375, 0000039402, 0000057787, 0000009924, 0000057614, 0000018709, 0000034390, 0000020399, 0000072533, 0000053140, 0000002011, 0000017785, 0000033862, 0000008770, 0000034558, 0000009750, 0000013999, 0000004527, 0000003672, 0000068745, 0000019549, 0000030353, actos atribuidos al Ayuntamiento, Presidente y Tesorero, todos del municipio de Cuernavaca, Morelos. Los actos que anteceden son reclamados por vicios propios y como acto de aplicación de la norma general precisada en el inciso que antecede. III. Actos reclamados existentes. Se tiene la certeza de la existencia de la norma general reclamada a las autoridades legislativas señaladas como responsables pues, independientemente de lo que manifestaron al rendir su informe justificado, las leyes no son objeto de prueba, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de acuerdo a su artículo 2. También es cierto el cobro del derecho de alumbrado público reclamado al Ayuntamiento, Tesorero y Presidente, todos del Municipio de Cuernavaca, Morelos pues, además de que la segunda autoridad lo aceptó al rendir su informe justificado y aunque la primera y la última lo negaron, su negativa queda desvirtuada al ser superiores inmediatos del referido Tesorero, además de que dicho cobro fue realizado por la Comisión Federal de Electricidad, como un particular que únicamente actuó en auxilio de las autoridades municipales recaudadoras en cita, al tenor del convenio celebrado entre ambas; por lo que tal cobro sí es imputable a esas autoridades municipales. Además, lo anterior así se aprecia del informe rendido por el Jefe de la Oficina del Departamento de Asuntos Jurídicos de la División Comercial Centro Sur de CFE Subadministrador de Servicios Básicos, en el que dicha Comisión señala que efectivamente actuó como un particular en auxilio de la autoridad recaudadora al tenor del convenio celebrado entre ambas. Constancia a la que se le confiere valor probatorio, en términos de los artículos 129, 133, 136, 197, 202, 203 y 205 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, aseveraciones y documentales que se estiman suficientes para acreditar su existencia. Lo expuesto es acorde con el artículo 146 Bis de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, del que se aprecia que el cobro del Derecho de Alumbrado Público es directamente una atribución de los ayuntamientos, quienes pueden celebrar convenios con las entidades encargadas de suministrar el servicio de energía eléctrica, como precisamente ocurrió en este caso, con la Comisión Federal de Electricidad. Razones que evidencian la existencia del cobro reclamado a las autoridades responsables municipales por conducto de su auxiliar -Comisión Federal de Electricidad que actuó como particular auxiliar de la autoridad recaudadora-, pues esa recaudación conforma la hacienda pública municipal. Es decir, el pago del derecho de alumbrado público de que se habla no constituye una autodeterminación ni autoliquidación efectuada por la parte quejosa, sino que fue determinado y requerido de pago por la autoridad municipal, por conducto y/o a través de la Comisión Federal de Electricidad -con apoyo en el convenio celebrado entre ambos- que, se reitera, actuó como un particular de derecho privado pero en auxilio de la autoridad fiscal municipal; de ahí que el acto reclamado sí es imputable a las autoridades municipales de referencia. Y se afirma lo anterior porque: 1).- en ningún momento el particular tuvo oportunidad alguna de elegir la forma en que determinaría y liquidaría la contribución de referencia, 2).- la falta de pago de dicha contribución necesariamente implicaría la imposibilidad de pagar el suministro de energía eléctrica, por no poder pagarse por separado, lo que ocasionaría su corte y 3).- porque atendiendo a la lógica y forma natural en que ocurren las cosas en este tipo de situaciones, ningún particular intentaría pagar una contribución de manera distinta a la que señala la ley y de una manera que le perjudique. En apoyo a lo anterior, es aplicable el criterio contenido en la tesis XXVII.3o.12 A (10a.), del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con registro 2008600 y rubro y texto siguiente: "ALUMBRADO PÚBLICO. EL AYUNTAMIENTO Y EL TESORERO DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO, SON AUTORIDADES RESPONSABLES EN EL AMPARO CONTRA EL COBRO DEL DERECHO RELATIVO, ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 113 DE LA LEY DE HACIENDA MUNICIPAL. En términos del artículo 4 de la Ley de Hacienda del Municipio de Benito Juárez, del Estado de Quintana Roo, la recaudación y administración de los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos establecidos en ésta, son competencia del Ayuntamiento, quien ejerce dichas facultades a través de la Tesorería Municipal. Por su parte, el artículo 113 de la ley referida prevé que la prestación del servicio y mantenimiento de alumbrado público a favor y en beneficio de los habitantes del Municipio indicado es objeto del cobro del derecho relativo por el Ayuntamiento, quien está facultado para acordar con la Comisión Federal de Electricidad su recaudación y el entero en forma mensual o bimestral. En estas condiciones, corresponden al Ayuntamiento y a su tesorero la recaudación y administración del derecho de alumbrado público en las formas siguientes: a) directamente la Tesorería Municipal está facultada para realizar el cobro de la contribución, en el supuesto de propietarios o poseedores de predios rústicos, suburbanos o urbanos que no estén registrados en la Comisión Federal de Electricidad y cuenten con el servicio de alumbrado público; y, b) indirectamente, por conducto de la Comisión Federal de Electricidad, quien a través de un convenio de colaboración actúa como sustituto del acreedor principal, mediante su cobro en cada recibo de servicio de energía eléctrica que se expida a los usuarios, sin que esta última hipótesis dé lugar a que se considere que el Ayuntamiento y su tesorero no realizan el cobro de ese derecho, pues formalmente ambos ostentan las calidades de acreedor y administrador y, por tanto, tienen la facultad originaria de realizar el cobro material, la cual, por disposición legal, la delegan a un tercero mediante un acuerdo de colaboración. En ese orden, el Ayuntamiento y el tesorero mencionados son autoridades responsables en el juicio de amparo promovido contra el cobro del derecho de alumbrado público establecido en el artículo 113 de la ley citada". Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 71/2018 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2017214 y rubro y texto siguiente: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 112/2006 SIGUE SIENDO APLICABLE A LOS ACTOS QUE REALIZA EN RELACIÓN CON LA DETERMINACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL PAGO DE DERECHOS POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO, CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013. La anterior integración de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la Comisión Federal de Electricidad no realiza actos de autoridad para efectos del juicio de amparo cuando determina y recauda el pago de derechos por el servicio de alumbrado público, en observancia a diversas leyes locales y conforme al convenio que celebre con las autoridades de ese nivel de gobierno. A pesar de que dicho criterio fue emitido conforme a la Ley de Amparo de 1936 abrogada, sigue siendo aplicable en términos del artículo sexto transitorio de la Ley que la sustituyó, porque a pesar de que ésta prevea la posibilidad de promover un juicio de amparo contra actos de particulares que sean equivalentes a los de autoridad, ambas legislaciones coinciden en condicionar su procedencia a la existencia de una función prevista en una norma jurídica, y cuyo efecto repercuta de manera unilateral y obligatoria en el ámbito de derechos de cierta persona. Esta situación no se actualiza cuando la Comisión Federal de Electricidad da a conocer las cantidades que el gobernado debe pagar por concepto de derechos por el servicio de alumbrado público en el aviso-recibo, pues esa facultad no implica otorgarle atribuciones para ejecutar el cobro, mismas que se reservan a las autoridades municipales". IV. Improcedencia del juicio. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia, por consentimiento tácito -debido a la extemporaneidad en la presentación de la demanda de amparo-, contenida en el artículo 61, fracción XIV, primer y segundo párrafo, en relación con el 17, primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo. Acorde a los numerales en comento la acción de amparo contra actos y normas generales que se impugnan con motivo del primer acto de aplicación debe ejercitarse en el plazo de quince días, el cual, en términos del artículo 18 del ordenamiento en comento, debe computarse, entre otros casos, a partir del día siguiente en que el quejoso haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado. En el caso la quejosa tuvo conocimiento de los actos reclamados -cobro y recaudación de las cantidades generadas por concepto de derecho de alumbrado público de los servicios de suministro de luz señalados en el capítulo de precisión de los actos reclamados- en el momento en el que realizó cada uno de los pagos de dichos conceptos y del primer acto de aplicación de las normas generales reclamadas, en el momento en que realizó el primero de dichos pagos. Ahora bien, el último de dichos pagos fue realizado el diez de septiembre de dos mil veinte, según lo informó la Comisión Federal de Electricidad a través del su informe rendido el diecisiete de marzo de dos mil veintiuno; por lo que, en el mejor de los casos es está fecha la que puede ser tomada en cuenta para realizar el cómputo de la presentación de la demanda de amparo. Sin que obste que la quejosa haya referido que tuvo conocimiento de las normas generales reclamadas hasta el dos de diciembre de dos mil veinte en que se enteró que dichos pagos resultaban inconstitucionales, pues como se vio tuvo conocimiento con anterioridad. Así, el plazo de quince días para presentar su amparo, previsto en el citado artículo 17 de la Ley de Amparo, transcurrió a partir del día hábil siguiente al diez de septiembre de dos mil veinte, por lo que si la demanda de amparo se presentó hasta el siete de diciembre de dos mil veinte, esto es casi tres meses después, ésta fue promovida de manera extemporánea. Sin que en el caso resulte aplicable la jurisprudencia PC.XXI. J/4 A (10a.), del Pleno del Vigésimo Primer Circuito, con registro 2010432, rubro: "DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO. DEFINICIÓN DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY NÚMERO 132 DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ DEL ESTADO DE GUERRERO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 28 DE DICIEMBRE DE 2012, VIGENTE A PARTIR DEL 1O. DE ENERO DE 2013", que básicamente señala que el primer acto de aplicación una norma general lo constituye el momento en que nace la obligación tributaria, que es precisamente cuando se realiza el pago de esa obligación -lo cual se sostiene en este fallo- pero que para ello es necesario que se cite expresamente el fundamento de dicho pago -criterio que no se comparte-. En efecto, tal criterio fue superado por el diverso contenido en la jurisprudencia 2a./J. 83/2019 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2020056, rubro y texto siguientes: "AMPARO CONTRA LEYES TRIBUTARIAS. EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR LA DEMANDA CONTRA LAS NORMAS QUE REGULAN EL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y LOS DERECHOS POR INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE MORELOS, ASÍ COMO LOS IMPUESTOS ADICIONALES CORRESPONDIENTES, CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN REALIZADA POR UN NOTARIO PÚBLICO, INICIA A PARTIR DE QUE EL CONTRIBUYENTE TIENE CONOCIMIENTO DE LA AFECTACIÓN PATRIMONIAL RESPECTIVA. Si se pretende impugnar en amparo la constitucionalidad de las normas generales que regulan esas contribuciones con motivo de su pago realizado por conducto de un notario público, debe tomarse en cuenta que el contribuyente tiene noticia de la afectación patrimonial respectiva desde el momento en el que decide entregar a éste los recursos económicos para cubrir los montos correspondientes y, por ende, el plazo de 15 días para presentar la demanda, previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, inicia al día siguiente a aquel en que tuvo lugar esa afectación, ya que esas erogaciones se realizaron con base en recursos que se encuentran a disposición del quejoso, de donde se sigue que desde ese momento conoce la afectación patrimonial que constituye el acto de aplicación de la normativa que la sustenta y, además, se encuentra en la posición jurídica y material de realizar su pago sólo si el tercero que actúa en auxilio de la administración hace de su conocimiento la fuente jurídica de esa afectación; en la inteligencia de que la circunstancia de que en el documento en el que conste el acto de pago al notario público o la formalización del acto jurídico que lo genera, no se citen las normas generales que rigen el o los tributos respectivos, no modifica el conocimiento cierto que el quejoso tiene de la afectación patrimonial que se le causa, en primer lugar, porque dentro del margen legal para ello decide erogar los recursos correspondientes y, en segundo, porque la participación del fedatario que recibe el pago de los tributos en auxilio de la administración no se da en una relación de supra a subordinación, sino de coordinación, en la que este último no impone su voluntad al contribuyente; sin que esta conclusión se oponga a lo sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 47/2013 (10a.), de rubro: "DERECHOS POR INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD EN EL ESTADO DE MORELOS. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 77 DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA DE LA ENTIDAD, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE EL NOTARIO PÚBLICO HAGA LA RETENCIÓN CORRESPONDIENTE, SIEMPRE QUE SE ACREDITE QUE EL QUEJOSO TUVO PLENO CONOCIMIENTO DE SU APLICACIÓN.", pues de la lectura de la sentencia respectiva se advierte que el punto de contradicción materia de análisis y la conclusión a la que se arribó se refiere a la fecha de inicio del plazo para impugnar el artículo 77 de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, no a la del plazo para controvertir su acto de aplicación, es decir, la afectación patrimonial que tiene origen en la entrega de recursos realizada por el contribuyente, ante lo cual se concluyó, lógicamente, que el cómputo del plazo para impugnar el precepto de mérito sólo puede comenzar cuando se tiene conocimiento de su aplicación expresa, lo que constituye un aspecto procesal diferente a determinar cuándo inicia el plazo para impugnar en amparo la afectación patrimonial que constituye el acto de aplicación del numeral indicado y que tiene lugar con la entrega de los recursos que tiene a su disposición el contribuyente". Al actualizarse la causal de improcedencia en estudio, acorde al artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio. Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 73, 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio, promovido por David Eduardo Flores Cornejo, respecto de los actos reclamados precisados en el II considerando, por los fundamentos y motivos señalados en esta sentencia. Notifíquese personalmente y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resuelve y firma Benito Eliseo García Zamudio, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Macario Oviedo González, quien autoriza y da fe, el diecinueve de julio de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del juzgado.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintidós de marzo de dos mil veintiuno. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el INFORME JUSTIFICADO que rinde el Director General de Asuntos Constitucionales y Amparo de la Consejería Jurídica en representación del Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, con residencia en esta ciudad; dese vista a las partes para que procedan en los términos legales correspondientes. Por otro lado, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 9° de la Ley de la Materia, se tienen como delegados a las personas que designa. Por último, en relación a la petición que formula relativa a que se le permita el uso de medios electrónicos, para la toma de imágenes, deberá estarse a lo decretado en auto admisorio. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diecinueve de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio signado por el Jefe de Oficina del Departamento de Asuntos Jurídicos de la División Comercial Centro Sur de CFE Suministrador de Servicios Básicos, mediante el cual en cumplimiento a lo ordenado en proveído de diecinueve de febrero del presente año, remite la información solicitada; al respecto, con el contenido de dicho oficio y anexos, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho corresponda. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas las documentales que adjunta la autoridad oficiante a su informe de cuenta, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación al momento de resolver en definitiva el presente asunto. Notifíquese.
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