David Eduardo Diaz Garcia

Expediente 258/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
258/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
20/05/2019

Partes del expediente

  • David Eduardo Diaz Garcia

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, veinte de mayo de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Secretario del Decimoséptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por el cual la superioridad remite el testimonio de la resolución dictada el dos de mayo de dos mil diecinueve en el recurso de queja Q.A.117/2019, con motivo del recurso interpuesto en contra del proveído de catorce de marzo del año en curso, dictado por este órgano jurisdiccional, hágase del conocimiento de las partes que el referido tribunal, resolvió: "ÚNICO. Es procedente pero infundado el recurso de queja." Realícense las anotaciones respectivas, acúsese de recibo. Archivo del asunto como total y definitivamente concluido En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y toda vez que el expediente en que se actúa se encuentra debidamente integrado, con fundamento en el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, archívese como asunto total y definitivamente concluido, previa verificación de la correcta integración electrónica con la totalidad de las constancias que integran el expediente judicial, consideradas como tales únicamente las promociones y actuaciones judiciales. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I. 1o.A.E.6 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, mayo 2014, Tomo III, página 1994, cuyo rubro y texto son: "EXPEDIENTE JUDICIAL. CONSTANCIAS QUE LO INTEGRAN. De la interpretación correlacionada de los artículos 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles; punto segundo, fracción XX, del Acuerdo General Conjunto Número 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, y artículo 12, incisos d) y e), del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de los órganos mencionados y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, el expediente judicial es el conjunto ordenado o recopilación de documentos en los que constan los actos procesales, es el legajo donde deben coleccionarse o compilarse promociones, documentos adjuntos -específicamente, los base de la acción-, tales como poderes y, de manera especial, acuerdos, actuaciones y resoluciones, en la medida que acreditan lo actuado por las partes y el tribunal, cuyo contenido se guarda como memoria o testimonio en el propio órgano. En otras palabras, es el registro histórico del proceso. Por otra parte, existen evidencias o pruebas que se presentan por las partes ante tribunales para apoyar o dar crédito a sus manifestaciones, elementos que temporalmente se relacionan o asocian con el expediente judicial y deben estar disponibles para consulta de juzgadores, secretarios, partes y auxiliares, como son los peritos o testigos, durante la secuela judicial. Algunas de las evidencias presentadas en autos, si es que resultan relevantes y esenciales para probar la decisión, pueden ser citadas o incluso guardarse testimonio de ellas, lo que acontece con ciertas copias, fotografías, esquemas u otros supuestos generados mediante alguna otra tecnología, que razonablemente puedan ser agregadas al expediente. Sin embargo, concluida la instancia y recursos, se devuelven a las partes o autoridades responsables las pruebas exhibidas, por lo que nunca llegan a convertirse en parte del expediente judicial. En este orden de ideas, las constancias que integran el expediente judicial son exclusivamente las promociones y actuaciones judiciales." Destino del Expediente Por otra parte, conforme al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos relativos a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diciembre de dos mil doce, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el punto Vigésimo Primero, fracción I, del mencionado Acuerdo General Conjunto, pues se trata de un sumario constitucional en el que se desechó la demanda de amparo, y a consideración del suscrito, carece de relevancia documental para su conservación, ya que no se ubica en alguna de las hipótesis previstas en el último párrafo del punto y Acuerdo General Conjunto invocados; en consecuencia, procédase a su cumplimiento, una vez que haya trascurrido el plazo de cinco años a que se refiere el punto Vigésimo Primero, párrafo primero, del referido Acuerdo. Atento lo ordenado en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del referido acuerdo, háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente en que se actúa. Devolución de documentos originales Hágase del conocimiento de las partes que en caso de haber exhibido documentos originales y/o documentos que estimen relevantes, deberán acudir al local que ocupa este juzgado federal con identificación oficial vigente dentro del plazo de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a recogerlos, en el entendido de que de no hacerlo, serán destruidos junto con el sumario en que se actúa. Ahora bien, toda vez que el legajo de pruebas que remite el Tribunal son copias certificadas de las constancias que obran en original en este expediente las cuales fueron remitidas para la substanciación del aludido recurso de queja, procédase a su destrucción. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejoso Vía electrónica Ministerio Público Federal Por lista Decimoséptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito Por oficio

  2. Principal

    Ciudad de México, veintiséis de marzo de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio que remite el Decimoséptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por medio del cual acusa recibo del diverso con el que se remitió el original y copia del escrito de expresión de agravios relativo al recurso de queja y un legajo de copias certificadas correspondientes al juicio de amparo en que se actúa; asimismo informa que lo registró con el número Q.A. 117/2019 y lo admitió a trámite. De lo anterior, se toma conocimiento, para los efectos legales conducentes. Parte Tipo de notificación Quejoso Por lista Autoridades responsables Por lista Tercero interesado No existe Ministerio Público Federal Por lista

  3. Principal

    Ciudad de México, veinte de marzo de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el escrito presentado por **********, quejoso en el juicio de amparo en que se actúa; por medio del cual interpone recurso de queja en contra del auto de catorce de marzo de dos mil diecinueve, en el que se proveyó el desechamiento de la demanda de amparo por haberse actualizado de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contenida en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con los artículos 1, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, remítase a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito, para que se envíe al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en turno, las constancias que este órgano jurisdiccional estima pertinentes, entre ellas, la copia de la demanda de amparo, del auto recurrido, la constancia de notificación, así como el original del escrito de queja y de expresión de agravios, para la sustanciación del referido medio de impugnación, solicitando atentamente el acuse de recibo respectivo. Sin que resulte procedente notificar a las demás partes y requerirles por el plazo de tres días a efecto de que señalen las constancias que en copia certificada deberán remitirse al Tribunal de Alzada, conforme lo establecido en el primer párrafo del artículo 101 de la ley de la materia, toda vez que el auto recurrido solo afecta al promovente de la demanda de amparo, ya que al ser un desechamiento de la misma, aún no se ha dado intervención a diversa parte que aquél, lo anterior, encuentra sustento por analogía en la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "RECURSO DE QUEJA CONTRA EL AUTO QUE DESECHA O TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO. SI EL RECURRENTE OMITIÓ EXHIBIR LAS COPIAS DE TRASLADO, ES INNECESARIO REQUERIRLO PARA QUE LAS EXHIBA Y NOTIFICAR A LAS PARTES LA INTERPOSICIÓN DE AQUÉL. De los artículos 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo se colige que cuando el recurso de queja se promueva mediante escrito impreso (no por vía electrónica) su tramitación exige, entre otros aspectos que: a) el recurrente exhiba sendas copias del recurso para su traslado a las demás partes; y, b) el a quo notifique a las demás partes la interposición del recurso con las copias (incluyendo al Ministerio Público de la Federación), para que en el plazo de tres días señalen las constancias que estimen necesarias para integrar el testimonio de la queja; por lo que si el Tribunal Colegiado de Circuito en turno advierte que el Juez de Distrito no realizó alguna de las anteriores obligaciones, deberá ordenar la regularización del procedimiento a fin de que aquél integre correctamente el expediente para estar en aptitud de resolver. Sin embargo, conforme al principio de economía procesal y la pronta impartición de justicia derivados del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando la queja se interpone contra el auto que desecha o tiene por no interpuesta la demanda de amparo, no amerita dicha regularización, porque aún no se ha dado intervención a parte diversa a la promovente de la demanda y porque sólo a ésta afecta la determinación recurrida; por ello, es innecesario requerir las copias de la queja, pues éstas son para notificar a las demás partes y tal notificación es irrelevante porque el fin de tal conocimiento es que aquéllas señalen las constancias que consideren deben ser remitidas al ad quem, las cuales no podrían ser otras que las relativas a la demanda de amparo, sus anexos, el auto recurrido y su constancia de notificación, las que, invariablemente, deben ser remitidas por el Juez Federal, ya que constituyen la materia sobre la que versa la queja y, al menos para ese momento, no hay actuaciones diversas para resolver." En ese contexto, toda vez que se cuenta con la totalidad de las constancias relativas al recurso de queja de mérito, con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, en vía de informe justificado comuníquese al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en turno, que es cierto el acto que se reclama, cuya emisión se apoya en las consideraciones contenidas en el acuerdo impugnado. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Electrónicamente Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito, para que se envíe al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en turno. Por oficio

  4. Principal

    Ciudad de México, catorce de marzo de dos mil diecinueve . Acepta competencia y avocamiento Por recibido el oficio signado por el Secretario adscrito al Juzgado Sexto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, por medio del cual remite el expediente relativo al juicio de amparo 1258/2018 de su índice promovido por **********, por derecho propio, toda vez que, en cumplimiento a lo ordenado en la resolución de queja Q.C. 354/2018 del índice del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, determinó carecer de competencia para conocer de la demanda, por considerar que su estudio compete a un Juez de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. Atento a lo anterior, este Juzgado Auxiliar acepta la competencia planteada y asume el conocimiento de la demanda de amparo. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Registro Vista la demanda de amparo promovida por **********; por propio derecho; fórmense el expediente físico y electrónico de amparo, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo e instrúyase a la Secretaria de acuerdos que deberá dar fe en lo sucesivo de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. Asimismo, anótese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con los siguientes datos: REGISTRO OCC EXPEDIENTE NNEUN PARTE QUEJOSA 6922/2019 258/2019 24565201 ********** Autorizados en términos amplios, para oír y recibir notificaciones, así como para la utilización de medios electrónicos en la consulta del expediente La parte quejosa no designó autorizados en términos de los artículos 12 y 24 de la Ley de Amparo. No obstante lo anterior, conforme a la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes para que se impongan de las actuaciones de este expediente con la utilización de medios electrónicos. Consulta vía electrónica de las constancias que integran este sumario constitucional Asimismo; atento a la certificación de cuenta, se autoriza al quejoso **********, con clave de usuario **********, la consulta vía electrónica de las constancias que integran este sumario constitucional, a través del portal de internet del Consejo de la Judicatura Federal. En atención a ello, se instruye a la analista jurídica encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0), a fin de que realice los movimientos informáticos necesarios para tal efecto. Domicilio dentro de la jurisdicción Asimismo; atento a la certificación de cuenta, con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y con apoyo en los artículos 60, 87, 96 y 97 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, se autoriza realizar las notificaciones a la parte quejosa vía electrónica, por lo que, se instruye a la analista jurídica encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0), así como al área de actuaria, a fin de que realicen los movimientos informáticos necesarios para tal efecto. Autoridades responsables y actos reclamados Previamente a proveer sobre la demanda de amparo, debe destacarse que es criterio reiterado del Alto Tribunal que el referido ocurso es un todo, por lo que su estudio integral no debe limitarse únicamente al escrito de demanda, sino que debe comprender los documentos y anexos que se acompañan. En ese sentido, es obligación de los juzgadores de amparo analizar e interpretar la demanda respectiva en su integridad, atendiendo a lo que en ella se pretende desde el punto de vista material y no únicamente formal; por lo que dicha tarea incluye el análisis del ocurso inicial y de sus anexos. Establecido lo anterior, del análisis integral de la demanda de amparo y documentos anexos, se tienen como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes: Autoridad responsable Acto reclamado 1. **********, Director General de Seguros Grupo Nacional Provincial GNP a) La falta de respuesta a los escritos de petición de cuatro y quince de octubre de dos mil dieciocho. 2. **********, Presidente del Consejo del Grupo Nacional Provincial GNP a) La falta de respuesta a los escritos de petición de cuatro y quince de octubre de dos mil dieciocho. 3. **********, Directora de Servicios y Operaciones del Grupo Nacional Provincial GNP a) La falta de respuesta a los escritos de petición de cuatro y quince de octubre de dos mil dieciocho. 4.**********, Director de Siniestros del Grupo Nacional Provincial GNP a) La falta de respuesta a los escritos de petición de cuatro y quince de octubre de dos mil dieciocho. 5.**********, Director Siniestros Autos Grupo Nacional Provincial GNP a) La falta de respuesta a los escritos de petición de cuatro y quince de octubre de dos mil dieciocho. Desechamiento El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con ello, lo manifiesto se presenta cuando el motivo de improcedencia se desprende en forma patente y clara de la lectura de la demanda de amparo y de los documentos que a ésta se anexen. Asimismo, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. En ese sentido, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Bajo esas circunstancias, se advierte que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, en atención a que el acto que reclama no tiene las características de un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Para justificar la postura a la que se arriba, conviene precisar que el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, establece: ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Asimismo, los artículos 1°, fracción I, 11 y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." La interpretación sistemática de los citados artículos permite establecer, entre otras cosas, que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, sea esta federal, estatal, municipal, etcétera, sin importar si se trata de autoridades legislativas, administrativas o judiciales, entendiéndose por aquellos actos la conducta positiva, negativa u omisiva de un ente público (sea órgano de Estado, un organismo público descentralizado o un órgano público autónomo) o privado, cuando actúa de manera unilateral frente a un gobernado y, en su caso, en cumplimiento de una de las funciones propias del gobierno del Estado. Así, la acción constitucional puede enderezarse, por ejemplo, contra actos ley, actos administrativos y actos judiciales, cuando alguno de éstos es considerado contrario al texto de la Constitución General de la República y, en particular, violatorio de los derechos humanos del gobernado, ya que todos ellos son actos de autoridad en el sentido más amplio; por ende, atento a la finalidad del juicio de amparo, debe concluirse que en éste medio de control constitucional se excluye la posibilidad de que los Jueces Federales puedan conocer de las controversias que se suscitan entre los particulares y que son ocasionados por actos que, a su juicio, pueden resultar ilegales. Ahora bien, sobre el concepto de autoridad responsable, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que es autoridad para efectos del juicio de amparo, el ente de hecho o de derecho que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. De lo que se sigue que autoridad es todo aquel ente público que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Pero siempre partiendo de la premisa fundamental de que no debe tratarse de un particular. En efecto, de acuerdo con el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Nación, es dable aseverar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión de los actos de particulares. Esto es así, dado que la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo apuntan a sostener que éste sólo procede contra actos de autoridad, no así de particulares. De tal manera, en el caso resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro, para lo cual es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de "las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación". De acuerdo con esa teoría, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estimó que las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano; es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas en la ley, de tal modo que ambas están en el mismo nivel; de ahí que exista una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado; entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de derechos como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad, sin necesidad de acudir a los tribunales, porque con base en disposiciones legales o de hecho, impone obligaciones, modifica las existentes o limita los derechos humanos de los particulares. Finalmente, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, regulados también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, como es el caso de las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Estas breves precisiones ponen de manifiesto que la Segunda Sala del Máximo Tribunal de la Nación concluyó que para definir el concepto de autoridad, para efectos del juicio de amparo, debe atenderse a si la relación que se somete a la decisión de los órganos de control constitucional de amparo, se ubica dentro de las denominadas de "supra a subordinación", la cual tiene como presupuesto, según se explicó, que el promovente tenga el carácter de gobernado y el órgano estatal señalado como autoridad actúe en un plano superior. Lo anterior encuentra sustento en la tesis 2a. XXXVI/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 307, del Tomo IX, Marzo de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES.- La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado. Ahora bien, respecto de los actos reclamados indicados, se actualiza la causa de improcedencia en estudio, ya que debe ser atendida desde la perspectiva de una relación de supra a subordinación, y no de actos ley, actos administrativos, o actos judiciales y en el caso concreto, 1) el origen del acto que reclama deriva de un acuerdo de voluntades donde el prestador del servicio y el usuario adquieren derechos y obligaciones recíprocas, por lo que se recurre a las formas del derecho privado para regular la relación entre proveedor y particular; 2) la relación jurídica existente entre las partes no corresponde a la de autoridad y gobernado (supra a subordinación), sino a una relación de coordinación entre la sociedad mercantil y el particular usuario del servicio; y, 3) la omisión de dar contestación a los escritos de petición de cuatro y quince de octubre de dos mil dieciocho, no genera que la relación de coordinación se transforme en una de supra a subordinación. En ese sentido, no todo acto emitido por un particular constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, sino solamente aquellos que conlleven el ejercicio de una potestad administrativa, que otorgue a la autoridad atribuciones de tal magnitud que actualicen una relación de supra a subordinación frente al particular. Ahora bien, de conformidad con el marco legal expuesto, a partir del tres de abril de dos mil trece, día en que entró en vigor la Ley de Amparo por disposición del artículo primero transitorio del decreto respectivo, para definir cuándo se está en presencia de una autoridad para los efectos del juicio de amparo, debe tenerse en cuenta: a) La existencia de un ente y organismo del Estado, independientemente de su naturaleza formal. b) Que emita actos jurídicos, desde luego, derivados de las facultades que les confiera una norma jurídica u omita hacerlos y, c) Que cree, modifique o extinga una situación jurídica en forma unilateral y obligatoria. d) Los particulares tendrán calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad. Como puede advertirse, la definición de autoridad para efectos del juicio de amparo que ofrece el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, resulta ser más flexible que la ley abrogada, debido a que acepta la posibilidad de que los actos de particulares sean considerados de autoridad, cuando afecten derechos fundamentales de las personas y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En ese contexto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 14/2000-PL, sostuvo, entre otras cosas, que el análisis de la naturaleza de la relación existente entre el gobernado y el servidor público es preponderante, en la medida en que es necesario que la relación jurídica entablada sea de supra a subordinación, para determinar la procedencia del juicio de amparo como medio de salvaguarda de los derechos humanos. Conforme a lo anterior, para definir si en el caso concreto **********, Director General de Seguros, **********, Presidente del Consejo, **********, Directora de Servicios y Operaciones, **********, Director de Siniestros y **********, Director Siniestros Autos, todos del Grupo Nacional Provincial GNP, bajo el nuevo modelo de autoridad, reúnen las características apuntadas, procede establecer que ese grupo es una sociedad que se rige con base a sus estatutos y no por medio de procesos legislativos o bien decreto, característico de la leyes generales; asimismo, debe atenderse a las siguientes notas distintivas: a) La existencia de un órgano del Estado que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al órgano del Estado de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad; c) Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales ni precisa de consenso de la voluntad del afectado. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis 2a. CCIV/2001, sustentada por la citada Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 39 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Noviembre de 2001, Novena Época, del tenor siguiente: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. En el caso a estudio no se acredita ninguno de dichos supuestos. Lo anterior es así, pues las personas mencionadas no son un órgano del Estado, ni podrían tener una relación de supra a subordinación con un particular, sino que tanto ellos, como la sociedad mercantil para la cual laboran también son gobernados o particulares. La relación entre las personas que señala como autoridades, con la parte quejosa, no tiene su nacimiento en la ley, aunado a que no tienen facultades administrativas, ni tienen potestad de naturaleza pública, sino que deriva de una relación meramente comercial de prestación de servicios a favor del quejoso. En efecto, ese tipo de relación, difiere sustancialmente de la que se entabla entre autoridad y gobernado y al darse entre dos gobernados -relaciones de coordinación- la fórmula para contravenir las desavenencias es acudiendo ante la potestad común y no mediante el amparo, en virtud de que la decisión de una de las partes al formular una petición, aunque sea unilateral no tiene el carácter de acto de autoridad y, al efecto, resulta conveniente acudir al concepto de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo. Además, se estima que los actos que celebran frente a terceros y los efectos de los mismos, no son consecuencia de una norma, sino de un acuerdo de voluntades suscrito entre las partes. Por ende, tampoco está reunido el requisito identificado bajo el inciso "c" porque los contratos que firman con terceras personas se suscriben en un plano de igualdad y coordinación y por ende éstos no pueden crear, modificar o extinguir una situación jurídica de forma unilateral, sino únicamente con el consentimiento de su contratante. Al respecto cabe destacar que, es verdad que este concepto ha ido evolucionando a lo largo de la historia del juicio de garantías y se abandonó la figura tradicional del uso de la fuerza pública; ello debido a que las atribuciones del Estado Mexicano se incrementaron con el curso del tiempo, y de un estado de derecho pasamos a un estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que motivó cambios constitucionales que dieron paso a la llamada rectoría del estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapaban al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado, lo mismo que a los órganos desconcentrados o incluso a la presencia de particulares que realizan funciones delegadas del Estado con base en una norma que los habilita para ello. Ello condujo, a estimar que los gobernados quedaran indefensos, pues esos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis P. XXVII/97, de rubro y texto siguientes: AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. Por tanto, se estima que la falta de respuesta a las peticiones planteadas por el quejoso, que se destaca como acto reclamado no se puede considerar como un acto equivalente a los de autoridad para efectos del juicio constitucional, porque, de conformidad con lo previsto en los artículos 1o., último párrafo, y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, los actos de particulares tienen el carácter de actos de autoridad para efectos del juicio de amparo cuando crean, modifican o extinguen una situación jurídica de forma unilateral y obligatoria, siempre que su actuación esté prevista en una norma general y afecte directamente algún derecho fundamental, o bien, omite dictar el acto que de realizarse produciría tal afectación. En esa tesitura, válidamente puede afirmarse que el acto que reclama el quejoso, no constituye, de acuerdo a su naturaleza, actos de autoridad para efectos del juicio constitucional, porque el origen de sus escritos se da en consecuencia a un acuerdo de voluntades firmado por las partes en un plano de igualdad. Por los motivos expuestos anteriormente, y al actualizarse de manera manifiesta e indudable el motivo de improcedencia consignado en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, quien resuelve determina desechar la demanda de amparo. Notificación al Ministerio Público Conforme al artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese la intervención que corresponde al Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado. Habilitación de días y horas inhábiles Se habilitan días y horas inhábiles para que se practique cualquiera de las notificaciones que se ordenen en este expediente, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo. Transparencia Se hace del conocimiento de la parte quejosa que tiene expedita la posibilidad para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a la publicación de sus datos personales, siempre que en esta última hipótesis lo informe de manera expresa, de conformidad con los artículos 31, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Jurisprudencia La jurisprudencia y las tesis aisladas citadas, que hayan sido emitidas durante la Novena Época, son válidamente aplicables en términos del Transitorio Sexto de la Ley de Amparo, así como de la jurisprudencia 2a./J. 10/2016 (10ª), la cual establece: JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA QUE LA EMITIDA CON ANTERIORIDAD A AQUÉLLA SE TORNE OBSOLETA. La citada reforma que dio origen a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, no implica que la jurisprudencia emitida en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo abrogada, con anterioridad a aquélla, se torne obsoleta, por el contrario, sigue vigente y es obligatoria. No obsta a lo anterior, el hecho de que tomando como sustento el cambio de parámetros que originó el nuevo contenido del artículo 1o. constitucional, los órganos autorizados para integrar jurisprudencia puedan variar algunos de los criterios sostenidos tradicionalmente, atendiendo para ello a las particularidades de cada asunto. Jurisprudencia 2a./J. 10/2016, Registro 2010982. Domicilio del juzgado Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que este órgano jurisdiccional auxiliar, así como la Oficina de Correspondencia Común a la que pertenece, se encuentran dentro del edificio sede del Poder Judicial de la Federación en San Lázaro, ubicado en Eduardo Molina número 2, acceso 9, nivel plaza, colonia Del Parque, Ciudad de México, Alcaldía Venustiano Carranza, código postal 15960. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Electrónicamente Ministerio Público Federal Por lista Juzgado Sexto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México Por oficio

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